Por: Danna Rodríguez

INVESTIGACIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

Introducción

La Guajira se encuentra en una situación crítica debido a la ausencia o debilitamiento progresivo de las estructuras institucionales que garantizan el bienestar de la población civil. En este sentido, el contrabando de combustible desde la República Bolivariana de Venezuela representa un objetivo problemático de primer nivel para el Estado colombiano, ya que esta actividad comercial constituye uno de los pilares básicos para la economía de subsistencia del ciudadano común, pero también, para el establecimiento de grupos armados o bandas criminales mediante dinámicas ilegales asociadas con el clientelismo, la corrupción, el desplazamiento forzado, la extorsión, el lavado de activos y la evasión de impuestos. Por ende, el siguiente informe plantea la necesidad de llevar a cabo un análisis de las relaciones y prácticas derivadas del tráfico de gasolina en la región fronteriza para así obtener: 1. Un diagnóstico integral de sus componentes históricos, económicos, políticos y culturales 2. Una serie de lineamientos administrativos (gubernamentales, empresariales y colectivos) que contribuyan a la proposición de un plan de desarrollo adecuado para las condiciones propias de la sociedad guajira.

Contexto Departamental

La Guajira está ubicado en la región caribe de la costa norte colombiana (limita al norte con el mar Caribe, al suroccidente con el departamento del Magdalena, al sur con el departamento del Cesar y al suroriente con Venezuela) y posee una superficie territorial de 20.848 km² en la que se sitúan 15 municipios: Riohacha, Uribia, Manaure, Maicao, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar; 44 corregimientos y 26 resguardos indígenas, para un total de 1.067.063 Habitantes (datos Terridata 2019). El 54.8% de la población (584.927 habitantes) se ubica en el área urbana y el 45,2% (482.136 habitantes) en la zona rural.

Por su parte, los indicadores económicos registran condiciones de pobreza del 52,6% y líneas de pobreza extrema del 14,7%; además de un índice de desempleo del 6,5% y una tasa de informalidad laboral del 61.9% para la ciudad de Riohacha, lo cual se corresponde con una participación departamental de apenas el 1,3% del PIB nacional [1].

 En cuanto a los indicadores sociales, los datos señalan:

1. Se registra una tendencia decreciente en la cobertura bruta de educación en la ciudad de Riohacha, pues la educación básica primaria cuenta con un 85,18%, disminuye a un 70,22% en educación básica secundaria y a un 45,46% en educación media. Al mismo tiempo, La Guajira sólo tiene un alcance del 21,8% para la educación superior y una tasa de analfabetismo del 32,70%.
2. El 83,97% de los habitantes del departamento están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): 134.432 en el régimen contributivo, 719.714 en el subsidiado y 14.400 en el de excepción. No obstante, existen 16.792 que no tienen cobertura en salud.
3. El déficit habitacional es de 98.256 viviendas; es decir, un 76,35% de las viviendas censadas. De estas, 30.854 (23,99%) presentan déficit cuantitativo y 67.382 (52,36%) presentan déficit cualitativo.
4. El Índice de Competitividad Departamental es de 2,82 sobre una escala de 10, dándole a La Guajira el puesto 26 entre 27 departamentos evaluados.

En suma, el bajo rendimiento de estas cifras demuestra las dificultades operativas que enfrenta hasta el momento el departamento para coordinar programas eficaces que permitan el mejoramiento de la calidad de vida en materia de oportunidades laborales, educación, salud, vivienda y seguridad.

Circunstancias históricas y actores políticos implicados en el contrabando de combustible

El Estado colombiano se ha caracterizado históricamente por una presencia diferenciada en el espacio nacional que impidió la consolidación de un entramado institucional que regulara las conductas sociales en las zonas periféricas. Así, esta incapacidad (por desinterés o exclusión deliberada del poder central) para ejercer control sobre el territorio y los límites fronterizos del departamento de La Guajira, ha ocasionado el surgimiento de fenómenos de ilegalidad como el contrabando (el cual es percibido por la sociedad autóctona como una fuente de ingresos tradicional y legítima ante la falta de un sistema de producción convencional), y el control territorial por parte de distintos grupos armados no estatales que basan su autoridad en el uso de la violencia [2].

En el caso del contrabando de gasolina, el negocio inicia en la década de los ochenta cuando familias wayúu como los Uriana, González o Epiayú acarreaban combustible en pequeña escala desde estaciones de servicio venezolanas. Luego, en la década de los noventa, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, quien asumió el dominio total del contrabando del combustible en La Guajira a través del denominado Frente de Contrainsurgencia Wayúu. Para este propósito creó Ayatawacoop, cooperativa encargada de agrupar a los contrabandistas minoritarios provenientes de otras tres cooperativas que ya habían obtenido un permiso legal para introducir, transportar, almacenar y abastecer estaciones de servicio colombianas con gasolina adquirida en Venezuela. La estrategia de ‘Jorge 40’ era clara: utilizar los vehículos de la empresa para continuar el ingreso de gasolina ilegal y la manipulación de los cupos de combustible disponibles para la venta en complicidad con funcionarios aduaneros y policiales. De hecho, esta estructura dio lugar a nuevos patrones políticos y financieros de carácter ilegal en el territorio [3]:

1. El vínculo entre agentes estatales y organizaciones criminales provocó una Captura del Estado; es decir, el proceso de apropiación ilícita de los espacios y bienes públicos mediante el clientelismo, la corrupción y la violencia para satisfacer intereses particulares. Un ejemplo concreto está en la colaboración de Jorge Noguera, director del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que filtró información sobre líderes y opositores políticos, y obstaculizó las investigaciones emprendidas contra miembros del grupo paramilitar de ‘Jorge 40’ a cambio de sobornos y cierta participación económica en los réditos del monopolio paramilitar [3].
2. La instauración de las ‘caravanas de la muerte’, un conjunto variable de entre 150 y 200 vehículos (algunos con la capacidad para llevar hasta 4 000 litros de combustible) cargados de gasolina de contrabando que atravesaban a toda velocidad la frontera por caminos secundarios sin detenerse en ningún puesto de control, lo cual conlleva un alto riesgo de explosión [4].
3. El cobro de un “impuesto de seguridad”; es decir, la extorsión sistemática de cada eslabón del contrabando de gasolina. Por ejemplo, en el año 2003 el precio de una pimpina de gasolina era de $12.000 pesos, de los cuales 6.000 estaban destinados al pago de dichos servicios de vigilancia. Aquellos que se negaban a realizar el pago eran reprimidos violentamente.

Finalmente, la desmovilización de los paramilitares en 2006 significó el ascenso del Frente 59 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), que para 2014 cobraban $500 dólares por cada carrotanque (con capacidad entre 3 000 y 7 000 galones) que transitaba por la frontera. No obstante, Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’, sería el máximo heredero de los nexos políticos ya alcanzados por los paramilitares, pues llevó a cabo una etapa superior de captura del Estado gracias a su alianza con el exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien posibilitó la cooptación de procesos electorales y cargos públicos distintos (jueces, agentes aduaneros, policías, militares, concejales, alcaldes, etc.) con la condición de que ‘Marquitos’ financiara candidaturas o eliminara a los contrincantes políticos. La estrategia de ‘Marquitos’ añadió un eslabón a la cadena comercial paramilitar: no sólo utilizaban cooperativas para introducir a territorio nacional combustible ilegal, sino que poseían estaciones de servicio en el municipio de La Paz (Cesar) para lograr ganancias más abultadas con la venta de gasolina a precio oficial. Con la captura de ‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos’ en 2013 y 2014 respectivamente, además del proceso de paz que desmovilizó a las FARC-EP, el contrabando de combustible pasó y sigue actualmente en manos del Cartel del contrabando, especie de conglomerado de diferentes bandas criminales, cuyo modus operandi radica en el envío de carros por caminos irregulares (trochas) con una carga promedio de 47 galones (3,7 litros por galón). Esto estaría generando el ingreso de 117.500 galones (434.750 litros) diarios a La Guajira [5].

El negocio y sus ganancias: el traslado, distribución y venta del combustible de contrabando

Una vez explicado el juego de poder detrás del contrabando de hidrocarburo en el departamento de La Guajira, el próximo paso recae en entender este fenómeno como un ciclo socioeconómico de alta complejidad, de modo que un análisis operativo requiere la identificación de sus tres fases elementales:

1. Las causas específicas que hacen de esta práctica un negocio tan lucrativo.
2. El mapa logístico necesario para efectuar el traslado del combustible desde Venezuela hasta La Guajira.
3. El esquema de precios, consumo y ganancias que reporta la venta de gasolina ilegal en territorio colombiano.

En primer lugar, se señala que la oferta y el precio diferencial son los principales factores que incentivan el contrabando. En efecto, existen dos opciones para comprar combustible venezolano:

• Estaciones Nacionales de Venezuela que, según datos de 2018, vende la gasolina a un precio subsidiado de 10 bolívares soberanos (300 pesos colombianos) por litro para la de 91 octanos y 15 bolívares soberanos (450 pesos colombianos) por litro para la de 95 octanos. Todo esto con un acceso máximo de 200 litros (52,84 galones) por cada vehículo registrado con el carnet de la patria, lo que es particularmente atractivo para el contrabandista debido a su margen de beneficio, pues en Colombia la gasolina de contrabando es comercializada en un precio que oscila entre los 2.030-10.154 pesos colombianos por cada 5 litros [6] [7].
• SAFEC (Servicios de Atención Fronterizo para el Expendio de Combustibles), que venden la gasolina a un precio internacional de 30 bolívares soberanos (900 pesos colombianos) para la de 91 octanos y de 35 bolívares soberanos (1.050 pesos colombianos) para la de 95 octanos. Todo esto con un máximo de 10.000 litros (2.642 galones) por persona. Aunque mucho menos rentable, sigue siendo más barata que la gasolina colombiana.

Aquí es notable como un hecho concreto del nivel de oferta global de estas estaciones, tanto en su número como en el volumen del producto que pueden administrar, sobrepasa el consumo potencial unificado de las poblaciones venezolanas y colombianas más cercanas. Entonces, al añadir a esto el bajo costo, el combustible se convierte en un bien asequible con relativa facilidad para cualquier persona con los medios idóneos. Por ejemplo, en 2016 un litro de gasolina tenía un costo de 1 bolívar (0,35 pesos colombianos) para la de 91 octanos y 6 bolívares (2,1 pesos colombianos) para la de 95 octanos en las Estaciones Nacionales, y podía venderse en Colombia por 6.000 pesos; es decir, más de 1.800 bolívares; incluso, si la gasolina era comprada en SAFEC por 83 bolívares el litro, mantenía una línea de ganancia considerable [8].

Frente a esta problemática, el Estado colombiano desarrolló un marco legal configurado por la Ley 1430 de 2010 (Artículo 9), Ley 1607 de 2012 (Artículo 173) y Ley 1819 de 2016 (Artículo 220), que reglamentan una tarifa diferencial de gasolina en ciudades fronterizas, además de la Resolución 41174 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía [9], que amplía el cupo de abastecimiento de gasolina para el departamento de La Guajira. Sin embargo, estas disposiciones se muestran inefectivas en la medida que la gasolina colombiana sigue sin ser competitiva, ya que el suministro para La Guajira no es suficiente y tampoco hay manera de establecer un precio equivalente o por debajo al ofrecido por los contrabandistas.

A propósito, la Unidad de Planeación Minero Energética [10] entregó en 2014 información importante al respecto, dado que en la ciudad de Riohacha subyace un parque oculto (vehículos que tanquean por medios fuera de las estaciones de servicio autorizadas) preponderante:

Estas estimaciones mínimas demuestran que gran parte de la demanda de combustible en La Guajira es asumida por el contrabando y que la proporción del parque oculto sería aún mayor el día de hoy si se toma como referencia que, si bien se decretó la extensión en el cupo de combustible de cada municipio, este no alcanza a cubrir la necesidad total en tanto que la ciudad de Riohacha tiene un consumo de 2 millones de galones de combustible mensuales para el 2019, que contrastan con los 2.219.207 de galones asignados a finales de 2018, y de los que apenas llegan 1.748.460 galones para su venta departamental a partir de ese mismo período:

Por otro lado, el transporte del combustible de contrabando desde Venezuela se realiza de múltiples formas: 1. Vehículos con una capacidad de hasta 120 litros (es bastante común el uso de compresores de aire para expandir el tanque y alojar 20 litros extras). Cada uno lleva pasajeros desde Maracaibo hasta Maicao y, una vez en su destino, descargan el excedente y vuelven con las reservas justas por otro viaje. 2. Motocicletas con el mismo método. 3. Vehículos pesados con una capacidad de hasta 4 000 litros.

Imagen 2. Rutas del contrabando de gasolina en La Guajira

También se utilizan los aproximadamente 200 caminos rudimentarios e irregulares denominados ‘trochas’, que se encuentran disponibles a lo largo de los 249 kilómetros de frontera que comparte La Guajira con Venezuela. La elección entre una y otra ruta tiene una razón económica, pues en cada puesto de control se pagan como mínimo 6.000 bolívares a la Guardia Bolivariana, mientras que en las trochas controladas por indígenas wayúu se paga entre 100 y un tope de 500 bolívares; pero, así como las cuotas se vuelven más altas, el valor monetario de la gasolina va aumentando con cada puesto de control o trocha superados [11].

Frente a lo anterior la Policía ha establecido puestos de control en puntos estratégicos de la geografía Guajira [12]:

Imagen 3. Puntos de control aduanero

• Pca Paraguachón ubicado en el kilómetro 86 + 400mts vía Riohacha – Paraguachón
• Pca Cuatro vías ubicado en el Km 56 + 800mts vía Riohacha – Paraguachón
• Pca Mayapo ubicado en el Km 5 + 500mts vía Riohacha – Paraguachón
• Pca Ebanal ubicado en el Km 55 + 700mts vía Palomino – Riohacha
• Pca la S ubicado en el Km 17 vía Albania – Maicao
• Pca Chivo feliz ubicado en el Km 40 vía Distracción – Cuestecita

Imagen 4. Evolución de los precios de la gasolina

Por último, el precio de venta de la gasolina depende de su tipo de comercialización, porque si es mayorista, este es introducido a las estaciones nacionales colombianas con la táctica del ‘carrusel’ (utilizar la misma documentación legal como artículo importado para varios cargamentos ilegales) y vendido al precio oficial del mercado, que actualmente es $7.000 pesos por galón; si es minorista, lo más probable es que el combustible sea conducido a Cuestecitas, uno de los mayores centros de acopio, desde donde se distribuye a las ciudades donde será vendido en valores que oscilan entre los $0,80 y $3,7 centavos de dólar. En ganancias netas, el contrabando de gasolina produce hasta $243.000 dólares al día y $7 millones de dólares al mes, y más de $360.000 dólares al día y $11 millones de dólares al mes si es comercializada fuera de La Guajira.

Aunque existen circunstancias agravantes como las crisis y cierres fronterizos que desatan un voraz mercado especulativo. Por ejemplo, en 2015 el precio de una pimpina de gasolina (24 litros) pasó de $16.000 a $35.000 pesos tras el cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro [13]. En mayo de 2019, a raíz de la escasez de combustible en Venezuela, el precio de una pimpina de gasolina pasó de $35.000 a $100.000 pesos, un récord histórico que refleja la inestabilidad política venezolana y la ineficacia del Estado colombiano para abastecer a La Guajira [14].

Durante el recorrido de observaciones emprendidas por Crudo Transparente el 9 de agosto de 2019, pimpineros entrevistados hablaron sobre el negocio: el precio de la pimpina (24 litros) oscila entre los $32.000 y $34.000 pesos, que se pueden dividir en botellas de gaseosa de 3 litros con un valor de $4.000 pesos y un margen de ganancia de $2.000 en la ciudad de Maicao; en Riohacha una botella de gasolina tiene un costo de $11.000 pesos. Estos precios descienden hasta los $3.500 y $3.000 pesos a medida que se acerca a la frontera.

Ahora, según La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las ventas del contrabando de combustible a nivel nacional tienen una participación del 15%; es decir, 500 millones de galones son de origen ilegal; al mismo tiempo, el contrabando de hidrocarburo tiene unas ganancias anuales de $5 billones de pesos; por los que el Estado deja de percibir cada año $1,2 billones en materia de impuestos, es decir, el recaudo presupuestario habría aumentado en $865.000 millones para el gobierno nacional y $412.000 millones para gobiernos locales en 2018 [15].

Las consecuencias sociales del contrabando de combustible

Hasta aquí se han evaluado los participantes, el mercado de compra-venta y la huella fiscal que deja el contrabando de combustible en La Guajira. No obstante, existen una serie de impactos sociales muchos más profundos y duraderos que deben ser puestos a consideración para proyectar no sólo la erradicación de esta práctica a nivel estructural, sino también la construcción de alternativas que reparen el tejido colectivo.

En particular, destaca la figura del pimpinero, el agente más bajo dentro de la pirámide socioeconómica criminal del contrabando de combustible. El pimpinero se define como aquella persona que se dedica a la comercialización callejera de gasolina ilegal procedente de Venezuela, por lo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad al estar expuesto a secuelas de salud por intoxicación (ingesta o inhalación de emanaciones), riesgo de incendio y muerte por calcinación, exposición a las altas temperaturas climáticas, además de la precariedad económica que significa estar sujetos a una economía de precios cambiante y que no produce muchos dividendos por su carácter minorista [16].

Por ende, las circunstancias de inestabilidad educativa y laboral en el departamento de La Guajira son aprovechadas por el contrabando de combustible para absorber a los niños y jóvenes que desertan de las escuelas para unirse directa e indirectamente a esta actividad a través de empleos informales como venta de la gasolina o como ‘moscas’, personas encargadas de estar atenta a la llegada de la policía o militares.

En efecto, la lucha por contrarrestar este flagelo ha sido dada por parte de las autoridades, los operativos de la División de Gestión y Control de Riohacha han arrojado los siguientes resultados en el primer semestre de 2019:

Tabla 3. Resultado Operativos de Aprehensión de Combustible de Contrabando

Sin embargo, la estrategia represiva debe acompañarse de un plan de intervención comunitaria que conlleve a una transformación significativa de la realidad de los pimpineros y sus familias a partir de la introducción de nuevos modelos de producción, puestos laborales, emprendimientos, oportunidades de estudios, capacitaciones técnicas y asesorías financieras para brindar estabilidad económica en la transición de una economía ilegal a una legal.

Al respecto, es importante mencionar un precedente sobre los programas de reconversión laboral que se han ordenado gubernamentalmente a partir de una encuesta de percepción realizada a expimpineros de La Paz, Cesar. Algunos datos son bastante dicientes: 1. La totalidad de los pimpineros se encuentran entre los estratos 1, 2 y 3, en proporciones de 40%, 53,3% y 6,66% cada uno. 2. El 69,3% de los encuestados afirmó que el contrabando de combustible trajo ‘poco beneficio’ permanente al municipio. 3. El 45,3% de los encuestados cree que el daño social ocasionado por el contrabando de combustible es ‘irreparable’, mientras que el 36% cree que ‘remediable’. Aquí es preciso resaltar que consideran como daño el deterioro físico de las calles por los camiones de carga pesada que transportaban la gasolina, la invasión y el riesgo del espacio público por las pimpinas de gasolina, la deserción escolar de jóvenes que se dedicaban al comercio de gasolina, y la mala inversión de las ganancias en licor, drogas y armas. 4. El 48% de los encuestados admite haber reincidido en la venta de combustible ilegal por la presión de una mala situación económica, pues los programas gubernamentales de reconversión no han sido constantes en sus esfuerzos. 5. Dentro de las razones para reincidir predominan: Falta de oportunidades laborales (42%), Mayor rentabilidad (35%), y Rechazo social (23%).

En este sentido, los programas de reconversión no han cubierto las necesidades financieras y expectativas de los ex pimpineros, además de que no es posible conseguir otros empleos en función de la falta de las competencias en áreas profesionales especializadas [17].

Frente a estos obstáculos, en el presente de la Guajira se ha ido avanzando con la acción conjunta entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), encabezada por el Mayor Arlium Ferney Rojas Real, jefe de esta división; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Trabajo, la Cancillería de la República, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Gobernación de La Guajira, la Universidad de La Guajira y los líderes de las Asociación Nacional de Pimpineros (ASOPIM) en el municipio de  Maicao y los corregimientos de Cuestecitas, y Porciosa. Estas instituciones y organizaciones han sumado esfuerzos para sacar adelante proyectos productivos y que garanticen un cambio en la vida de los actores involucrados en el flagelo del contrabando ilegal de gasolina. Muestra de ello fue la primera reunión realizada el 30 de julio del año en curso en el corregimiento de Cuestecitas.

Ese encuentro fue denominado como un suceso “histórico”, pues la Policía y los pimpineros solo habían compartido, hasta entonces, espacios de confrontación y enfrentamientos. El motivo de la reunión fue llegar a un acuerdo para el sostenimiento del programa “Entornos para crecer – hacia una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencien todos nuestros talentos”, que busca la formalización e integración de los pimpineros a entornos laborales y productivos de calidad basados en los principios de una cultura de la legalidad, seguridad social y políticas de empleo digno. Así mismo, se ratificó mediante un documento el compromiso por parte de la empresas público – privadas y personas miembros de la Asociación Nacional de Pimpineros en sumar esfuerzos en el diseño de estrategias encaminadas a la formalización laboral en el marco del pacto nacional por el emprendimiento, la formalización y la productividad.

Precisamente, en entrevista con Crudo Transparente, el Mayor Rojas reiteró su compromiso por mantener una cooperación comunitaria y reconoce que con frenar el delito no es suficiente, asimismo, enfatiza que atacar el contrabando no es suficiente, pues “va a dejar de verse la venta de hidrocarburo porque no existe, pero se va a afectar el tema de delincuencia precisamente porque el tema social está desamparado, no hay educación, no hay trabajo, no hay oportunidades y a eso súmele el problema migratorio de estos momentos. Y efectivamente el hidrocarburo si tuvo su impacto económico y social en su momento, sabemos que acá existieron las caravanas de la muerte donde entraban veinte carros cargados de combustible y no respetaban. Hoy tenemos pimpineros, estamos haciendo un acercamiento con la Policía, pero necesitamos el apoyo de todos los que quieran hacer parte de este cambio” [18].

También llama la atención su preocupación por la defensa de la población indígena wayúu, grupo social que ha sido golpeado con dureza por la dinámica del contrabando de combustible. Sobre esto sostiene: “Este tema es de un análisis muy profundo. De los indígenas se han aprovechado muchas personas, por ejemplo, hoy tenemos dos capturas con dos indígenas que por desconocimiento de la norma y queriendo suplir necesidades, nosotros nos vemos obligados a hacer la captura, pero usted se sienta a hablar con estas personas y usted está como en contravía de muchas situaciones que se presentan en este contexto. Hoy está siendo afectada La Guajira no sólo por los controles, sino por la ausencia de hidrocarburos. Entonces ya que está pasando esto que bueno que las instituciones que hacen parte de los ministerios de Minas y todo lo que tiene que ver con este sector hagamos una mesa de trabajo, ojalá con unos puestos de mando unificados con un único fin, que es intervenir de una manera social a estos departamentos y se pueden tener experiencias de verdad fabulosas y el interés debe ser de ellos para que nos preparemos para cuando algún día Venezuela tenga un cambio y que ojalá sea pronto y un cambio afortunado para las personas que habitan ese país y para los que están acá; pero este es el momento de sentar un precedente, hacer una mesa de trabajo, salvar vidas y prepararnos para lo que se viene más adelante y fortalecernos”.

Por otro lado, un expimpinero entrevistado también dio sus opiniones del panorama actual. Manuel (nombre cambiado para proteger la identidad), ejerció esta actividad por 22 años y hoy se dedica a sacar a otros pimpineros de esa dinámica criminal, afirma: “Desde el 2013 yo me salí, antes de la ley anti contrabando. Yo sufrí extorsión, amenazas. Desde entonces nos organizamos en una asociación queremos hacer proyectos productivos, la idea es crear una o dos empresas aquí, la gente tiene capacidades, ganas de salir adelante pero no tiene oportunidades. Hoy día tenemos una esperanza grandísima en la institucionalidad, en la Polfa. Queremos formar una empresa con productos derivados del maíz, esta tierra es apta para el maíz. Anteriormente no teníamos ningún relacionamiento con la Polfa, todo era choque y enfrentamiento, pero luego de la pérdida de un policía y la llegada del anterior y el nuevo comandante a la Polfa hemos tenido acercamientos. Nos hemos organizado en asociaciones de pimpineros con el objetivo de cambiar de actividad, de buscar proyectos productivos campo-empresa” [19]. Con lo anterior, Manuel señala un aspecto primordial para el mejoramiento de la situación en La Guajira: la capacidad productiva del campo y la consolidación del enlace rural-urbano para darle continuidad a la iniciativa.

Frente a todo este panorama se desarrolló una segunda reunión, el pasado 12 de agosto de 2019, donde se adelantaron mesas de trabajo con el Jefe Polfa Guajira, Mayor Rojas; la delegada del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Docentes de la Universidad de la Guajira, la representante del Ministerio de Trabajo del Departamento de la Guajira y los líderes de la Asociación Nacional de Pimpineros de cuestecita, porciosa y Maicao. En este encuentro cada una de las partes asistentes a este evento expusieron a través de una videoconferencia ante el Doctor Diego Fernando Rubio de la seccional de empleos del Ministerio de Trabajo algunas estrategias de trabajo para la transformación socio laboral de estos comerciantes de hidrocarburo ilegal. Empresas como el Cerrejón afirman que es importante que estas personas se capaciten para poder así tener un empleo formal y que ellos mismo están dispuestos a emplearlos, el gremio de ganaderos también apoya esta iniciativa aportando la idea de que se puede crear una fábrica de quesos tipo exportación y en temas de agricultura se podría pensar en la siembra de cultivos de maíz y trigo [20].

De esta manera se evidencia el compromiso de los diferentes actores por fortalecer el proceso de reconversión socio laboral y por la búsqueda de nuevos mecanismos de participación ciudadana. 

Conclusiones

El contrabando de combustible en La Guajira ha significado un desgaste profundo de las instituciones legales y legítimas que sirven de soporte a la sociedad. De esta manera, se ha convertido en un fenómeno que construye una organización para-estatal en la medida que crea todo un aparato que se contrapone a las relaciones y prácticas del buen gobierno, el cual tampoco ha logrado establecer un plan de desarrollo para una zona regional con problemas endémicos de tipo político, cultural, económico, social y ambiental. Todas estas circunstancias son el caldo de cultivo para la conformación del contrabando como una salida para mantener un nivel de vida necesario dentro de la mayoría de la población.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se establecen los principales actores políticos inmiscuidos en el contrabando de combustible, por lo que se señaló a los paramilitares como el primer grupo armado organizado que montó una red comercial a gran escala, seguidos luego por las FARC-EP, el ELN y disidencias del EPL, bandas criminales de diverso tipo y la clase política guajira, la cual permitió la captura del Estado, ya que estos actores criminales influyeron en los procesos públicos para cumplir objetivos particulares de enriquecimiento en donde explotaban a la población o la reprimía violentamente con la extorsión, la intimidación o el asesinato.

Una vez definidos estos actores, se expuso de manera minuciosa el ciclo socioeconómico del contrabando de combustible para tener una idea concreta acerca de los expendedores y precios de compra en las estaciones de servicio venezolanas, el transporte de la gasolina hasta la frontera, la introducción de la misma por diversos medios, la distribución en sus centros de acopio y la posterior puesta en venta con los proveedores mayoritarios o minoritarios. De este ciclo se pudo entender las ganancias de este comercio, pero también los riesgos especulativos a los que se ve sometido cuando existe crisis política o económica en Venezuela, dado que la demanda cubierta por el combustible de contrabando es lo suficientemente alta como para causar una crisis en La Guajira.

De igual modo, se pudo tener una comprensión de los lineamientos estatales colombianos para frenar esta problemática, pues hacen falta leyes más adecuadas al contexto fronterizo. Por último, se entregó una breve descripción del pimpinero como un actor vulnerable dentro de la cadena productiva del contrabando de combustible, ya que no cuenta con la estabilidad necesaria para dedicarse a otro oficio o profesión en la medida que no cuenta con la preparación académica o profesional, cuestión que se deriva de la falta de oportunidades de estudio y empleo en La Guajira. No obstante, las recientes reuniones con la Polfa y la voluntad política y social de los miembros de la Asociación Nacional de Pimpineros para trabajar de manera conjunta deja entrever una perspectiva más abierta a nuevas opciones, dentro de las cuales resalta la alternativa rural, pues la reactivación agrícola permitiría la creación de empleos y un entorno sostenible tanto social como ambiental para los habitantes de muchos de los municipios que históricamente estuvieron ligados a una actividad ilegal.

Recomendaciones

En el departamento existen problemas económicos y sociales, que promueven la actividad ilícita del contrabando de gasolina. Frente a esto, el Gobierno nacional debe fortalecer los programas de reconversión laboral como se viene adelantando, pero deben ser proyectos que trascienden a políticas públicas permanentes que perduren en el tiempo y no sea solo un asunto del administrador de turno, pues es evidente la inestabilidad de la autoridad y la corrupción política en esta zona del país.  Apostarle a la industrialización del campo, a la creación de empresas, sería un gran impulso para las comunidades en este territorio.

Así mismo, empresas como Cerrejón y Ecopetrol deben participar en iniciativas que promuevan la vinculación laboral de personas dedicadas a la venta ilegal de combustible o dirigir sus programas sociales al apoyo a las pequeñas microempresas que se puedan crear a partir del proceso de reconversión.

Finalmente, las comunidades deben ser conscientes que esta es una problemática que impacta no solo la economía de la región, sino que también pone en riesgo su seguridad física y social; además que incentiva la ilegalidad y el patrocinio de grupos armados no estatales. Organizarse como lo han venido haciendo es la clave para unificar esfuerzos que les permita salir del contrabando y sus impactos.

Referencias Bibliográficas

[1]. Cámara de Comercio de La Guajira (2019), “Informe socioeconómico de La Guajira. Estudio sobre el desempeño económico territorial 2018”, [en línea], disponible en: http://www.camaraguajira.org/publicaciones/informes/informe-socio-economico-la-guajira-2018

[2]. Trejos, Luis & Luquetta, David (2014), “Una aproximación a la ilegalidad, el crimen organizado y ausencia estatal en la frontera colombo-venezolana. El caso del departamento de La Guajira en Colombia”. Memorias, Revista digital de historia y arqueología desde el caribe colombiano, Número 24. [en línea], disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/memor/n24/n24a08.pdf

[3]. Corporación Nuevo Arcoíris (2012), “Frontera Caliente: así se quedó “Jorge 40” con la gasolina de La Guajira”, [en línea], disponible en: https://www.arcoiris.com.co/2012/04/frontera-caliente-asi-se-quedo-jorge-40-con-la-gasolina-de-la-guajira/

[4]. Chica, Adriana (2018), “Cómo funciona el monumental contrabando de gasolina en caravana entre Venezuela y Colombia”, [en línea], disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2018/09/22/como-funciona-el-monumental-contrabando-de-gasolina-en-caravana-entre-venezuela-y-colombia/

[5]. Villalba, Javier (2018) “Un nuevo grupo criminal controla contrabando de gasolina en la frontera Colombia-Venezuela”. Insight Crime. [en línea], disponible en: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/un-nuevo-grupo-criminal-controla-contrabando-de-gasolina-en-la-frontera-colombia-venezuela/

[6]. El Colombiano. (6 de septiembre de 2018), [en línea], disponible en: https://www.elcolombiano.com/internacional/no-inicio-plan-de-venta-de-gasolina-FM9284070

[7]. Liga contra el silencio (2018), “El botín de la gasolina corrompe la frontera con Venezuela”, [en línea], disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-botin-de-la-gasolina-corrompe-la-frontera-con-venezuela/

[8]. Infovías. (14 de Marzo de 2016), [en línea], disponible en: http://www.destinoseguro.net/nuevositio/infovias/cierre-fronterizo-no-frena-contrabando-de-hidrocarburos-con-venezuela

[9]. Ministerio de Minas y Energía (2018), “Resolución 41174 de 2018”, [en línea], disponible en: http://www.sicom.gov.co/apc-aa-files/495052435f5052454445465f30303231/La_Guajira_Noviembre_2018_Resolucion_Incremento.pdf

[10] UPME – Unidad de Planeación Minero Energética (2014), “Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional”, [en línea], disponible en:https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/001/1062/1/Informe%20final%20UPME%20DD%20Combustibles%20-%20VF.pdf

[11]. El País (2017), “Crimen sin frontera”, [en línea], disponible en: https://www.elpais.com.co/especiales/venezuela-crimen-sin-frontera/

[12]. Diario del Norte (30 de Mayo de 2019), [en línea], disponible en: https://www.diariodelnorte.net/judiciales/3630-fortaleceran-6-puestos-de-control-en-vias-de-la-guajira-para-atacar-la-delincuencia.html

[13]. Revista Semana (14 de Septiembre de 2015), [en línea], disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/gasolina-la-turbia-ruta-del-contrabando-en-la-guajira/442534-3

[14]. El Informador (31 de Mayo de 2019), [en línea], disponible en: http://www.elinformador.com.co/index.php/region-caribe/77-la-guajira/204606-pimpineros-hacen-su-agosto-ante-escasez-de-combustible-en-riohacha]

[15]. Portafolio (10 de Marzo de 2019), [en línea], disponible en: https://www.portafolio.co/economia/contrabando-de-combustibles-mercado-de-5-billones-al-ano-527291

[16]. Egea, Carmen & Soledad, Javier (2013), “La venta informal de combustible en la frontera Colombia-Venezuela: El papel de los pimpineros como grupo vulnerable”, Revista de Ciencias Sociales, Volumen XIX, N.º 1. [en línea], disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/280/28026467014.pdf

[17]. Moscote, Estefany & Durán, Leda (2018), “Nivel de satisfacción de los antiguos expendedores de gasolina ilegal con las políticas de integración social implementadas por la alcaldía del municipio de la paz cesar y su incidencia en la administración pública”,

[en línea]

, disponible en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/14075]

[18]. Entrevista realizada el 8 de agosto de 2019 al Jefe de la Polfa Guajira, Mayor Arlium Ferney Rojas Real.

[19]. Entrevista realizada el 9 de agosto de 2019 a expimpinero.

[20]. Policía Nacional (13 de agosto de 2019), “Boletín de Prensa: Polfa Realiza La Primer Mesa De Trabajo Para La Reconversión Laboral De Los Pimpineros”.