El Departamento del Meta es el que más crudo produce en Colombia. A pesar de ser una región prometedora para la producción, las empresas enfrentan las mismas dificultades que en otros departamentos petroleros. Donde hay petróleo, hay ataques a la infraestructura y el Meta no es una excepción a esta regla. En el año 2014 y a principios del año 2015, se reportaron atentados al acueducto, a la infraestructura vial, energética (en particular a las torres eléctricas), de telecomunicaciones, obstaculizando la producción de crudo. Los atentados apuntan sobre todo a las vías del sur del departamento, especialmente la vía Villavicencio – San José del Guaviare. Por otro lado, parece que la presencia de la industria petrolera, con la riqueza que trae, ha desembocado en luchas de poder, conflictos económicos y sociales y hasta tragedias humanas, como lo muestran las amenazas y asesinatos de líderes sindicales del sector.
Una fuerte dependencia del sector petrolero
El Meta es el departamento petrolero más importante del país. Los dos mayores campos de producción, el campo Chichimené y el campo Castilla, operados por Ecopetrol, producen más de 170 mil barriles por día, un 17 por ciento de la producción nacional. Además de lo que produce, el Meta representa un gran potencial para la industria. Así, Ecopetrol perfora nuevos pozos exploratorios, el año pasado, recibió el permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para desarrollar actividades de prospección en el Bloque Caño Sur.
Sin embargo, la reciente caída de los precios del petróleo ha impactado a la economía de los municipios del Meta. Al ser el principal departamento productor del país ha sido el departamento más afectado por la crisis. Según nuestra fuente del sector público, la caída de los precios ha traido como consecuencia, la reducción en la contratación de mano de obra, de servicios y de bienes locales, principalmente en los sectores hotelero, de transporte, restaurantes, etc.
La petrolera Repsol, actualmente con bloques asignados, pero sin actividad productiva en el departamento, confirma la desaceleración de las operaciones de la región por la caída de los precios, conflictos sociales o retrasos en la expedición de permisos. Una de las consecuencias de esta desaceleración es el incremento de la economía informal.
En este contexto, la empresa tuvo que revisar presupuestos y actividades para garantizar el mayor retorno de las inversiones y, en consecuencia, los contratistas han tenido que revisar y optimizar su estructura de costos también. De la misma manera, las empresas operadoras tuvieron que recortar sus inversiones.
Para la USO, la crisis del petróleo es una excusa de algunas empresas para despedir personal y subraya que en Puerto Gaitán 7.000 trabajadores han sido despedidos. Pero la industria sigue siendo uno de los negocios más rentables del mundo; en otras palabras, las empresas ganan menos pero no pierden.
El conflicto social es fuerte y cotidiano
Al llegar a los municipios, la industria petrolera trae nuevas oportunidades y actividades, que a pesar de las grandes expectativas, no alcanzan a todos los miembros de una comunidad. Atrae trabajadores de otras regiones, sin que los municipios cuenten con la infraestructura y los servicios sociales suficientes para acogerlos. Puede modificar relaciones económicas y de poder. La industria puede provocar una transformación socio-económica negativa, con el incremento poblacional, problemas de prostitución, corrupción, aumento de la criminalidad, pues actores de todo tipo buscan aprovechar la riqueza traida por la industria.
A la USO, le preocupa la soberanía minero-energética, en su lectura, si la industria fuera gestionada por el Estado, habría más oportunidades, garantías e ingresos. La población, en palabras de una fuente del sector público, tiene una mezcla de expetativas y preocupaciones. Por un lado, un parte de la comunidad tiene expectativas económicas; por el otro, quienes no viven de la industria padecen sus impactos negativos, como el encarecimiento del costo de la vida en la región y; finalmente, hay una preocupación de los ambientalistas.
Como en otras regiones, esto genera frustraciones expresadas en protestas y conflictos sociales. En el Meta, se reporta una conflictividad fuerte y cotidiana. El tema de mayor preocupación para las comunidades es la contratación de trabajadores locales y el uso de bienes y servicios del municipio. El año pasado, en el municipio de Vista Hermosa, las comunidades organizaron un bloqueo a la vía a Piñalito como protesta por el incumplimiento de la exigencia de la contratación de trabajadores locales así como de bienes y servicios locales por parte de la compañía Petrominerales. En 2014, se emitió el decreto 2089, que obliga las empresas del sector a contratar 100% de mano de obra no calificada y 30% de mano de obra calificada residente del municipio.
Las contestaciones surgen entonces por el incumplimiento de las empresas con sus compromisos. Por ejemplo, en San Martín, los comerciantes y trabajadores protestaron por los sueldos y otras deudas que no ha pagado la empresa Vector Geophysical S.A.S., contratista de Ecopetrol.
Durante el mes de mayo de 2015, las comunidades del municipio de Puerto Gaitán – principal productor de petróleo en el país – convocaron a un paro indefinido para protestar por los incumplimientos de la empresa Pacific Rubiales en cuanto a la contratación de mano de obra local. En respuesta al paro, se inició una mesa de diálogo con la participación de las comunidades, la empresa, las autoridades locales (Gobernación, Defensoría) y nacionales (Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, entre otros). La mesa todavía está en curso.
Además de la preocupación laboral, surge la preocupación ambiental. En abril de 2014, fue presentado un proyecto de oleoducto entre Meta y Caquetá, rechazado por los Parques Naturales Nacionales (PNN) porque pretendía atravesar el parque natural Los Picachos. Más recientemente, la comunidad en el municipio de Granada manifestó su desacuerdo con trabajos de perforación exploratoria, que podrían dañar las fuentes hídricas, pues deben realizarse a las orillas del río Ariari. Alan Jara, gobernador de Meta, ya había denunciado la falta de rigor con la cual se expiden las licencias ambientales.
Por otro lado, una fuente del sector público señala que en el Meta hay muchos resguardos y comunidades indígenas que ven afectada su cultura y sus lugares sagrados, con la explotación petrolera. Aunque hay una discusión permanente con las petroleras, muchas veces los procesos de consulta previa son rápidos y poco rigurosos.
Por su parte, la Repsol afirma que: “Frente al tema del empleo y bienes y servicios, los conflictos surgen con ocasión de la distribución de los cupos de mano de obra y los proveedores encargados de abastecer las operaciones. Para solucionar estos inconvenientes relacionados con empleo, anteriormente se establecía un sistema conjunto de selección de personal, de tal forma que las mismas comunidades, a partir de un debate interno, definieran los nombres de las personas llamadas a trabajar para las operaciones. Ahora con la entrada del Servicio Público de Empleo, se acude a las plataformas diseñadas para tal efecto, con el fin de proporcionar las vacantes que necesitan los proyectos. Lo mismo acontece con el manejo de bienes y servicios, en donde se implementan procesos de selección transparentes, los cuales son concertados con las comunidades y autoridades locales, evitando en todo momento figuras de intermediación.”
Sin embargo, aunque la intermediación laboral es prohibida, es difícil evitarla y es motivo de conflicto, porque grupos ilegales tratan de controlar estos mecanismos.
Lucha de poderes y asesinatos selectivos
En el contexto del conflicto, la presencia de la industria petrolera puede agudizar la situación de inseguridad, dado que es un objetivo de los actores armados al margen de la ley (ataques a la infraestructura por ejemplo), como también una fuente de financiación (extorsiones, presiones, alianzas con líderes locales, etc.). Esta situación vulnera los Derechos Humanos de la población, en particular de los líderes comunitarios y sindicales, como lo muestra el caso del Meta.
Según Camilo Acero, director de Asuntos Jurídicos de la USO en el Meta “En el 2011, se libró una lucha sin precedentes en el municipio de Puerto Gaitán, cuyo objetivo fundamental consistía en la reivindicación de los derechos laborales individuales y colectivos; y la búsqueda de condiciones dignas para el trabajo. (…) Llegaron las amenazas de muerte, las agresiones, la judicialización de los dirigentes, la criminalización de la protesta”, lo que llevó el sindicato a cerrar su oficina en Puerto Gaitán hasta el 2014.
En el 2012, Milton Rivas, un miembro de la USO, fue asesinado por sicarios. En agosto de 2014, fue asesinada la líder sindical Edith Santos. Era la presidenta de una asociación comunitaria y Fiscal del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), que agrupa a escoltas y guardas de seguridad en toda Colombia.
La investigación de la Policía y de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía sobre el homicidio de Edith Santos condujo a la captura de seis personas entre enero y marzo, y otras nueve durante este mes de junio. Entre las personas arrestadas, se encuentran el presunto sicario, dos representantes de la empresa de transporte de crudo Sumitransportes Esterling y líderes comunales. Los presuntos responsables habrían formado una alianza con la banda criminal de los Llanos “el bloque Meta”, banda remanente del paramilitarismo, que recibía una parte financiera. En 2014, la empresa Sumitransportes Esterling compartía un millonario contrato con las empresas ITL y Transmulticarga. Según la Policía, Edith Santos fue asesinada porque había manifestado su intención de renovar el contrato con la empresa Transmulticarga.
En noviembre de 2014, dos meses después del asesinato de Edith Santos, Nelson Medina Ortega fue asesinado en Villavicencio cerca de la zona de la refinería de Apiay. Era el presidente de ARCA, (Asociación de Regiones del área Circunvecina de Apiay), una organización comunitaria que agremiaba a empleados de las áreas petroleras y manejaba cupos para trabajadores para empresas contratistas de Ecopetrol. Estas asociaciones sufren de amenazas por parte de bandas criminales, porque quieren tomar el control de la contratación.
Al respecto, Camilo Acero afirmó: “Tenemos conocimiento de presencia paramilitar en todo el departamento del Meta, organizaciones criminales que tejen sus hilos en las relaciones comerciales de la industria petrolera, y su disposición indeclinable de retomar el control territorial y quizás político que han perdido en los últimos años”.
Diálogo entre actores locales y responsabilidad social de las empresas
¿Cómo actuar en un contexto tan complejo como el de Meta? ¿Cómo se desarrolla el diálogo entre los actores locales? ¿Cómo responden las empresas frente a su responsabilidad social, ambiental y laboral en el Meta?
Son las preguntas que hicimos a representantes del sector público, de la sociedad civil y de la industria.
Nuestra fuente del sector público nota un cambio positivo en el diálogo con las empresas. Antes, las relaciones eran mínimas. Hoy, se están generando prácticas de diálogo e intercambio entre las empresas y las autoridades, con el objetivo de trabajar con un enfoque de acción sin daño en el territorio. Sin embargo, las relaciones entre las empresas y las comunidades están por mejorar.
Según la petrolera Repsol, el diálogo es una herramienta de interlocución importante para evitar la generación de falsas expectativas y se define anticipadamente los mecanismos de solución de controversias. Al final de la ejecución de los proyectos, la empresa presenta una redición de cuentas, que identifica oportunidades de mejora en las relaciones entre los actores.
Según la USO, las relaciones entre las empresas y autoridades fluyen con armonía, mientras las comunidades se ven obligadas a presionar para ser escuchadas. Sin embargo, “Se han generado algunos espacios de interlocución como la mesa municipal del empleo, donde participa el Alcalde de Villavicencio, Comunidades, la USO, la CUT, algunas entidades de control y vigilancia del Estado y el empresariado, que tiene como función discutir y buscar soluciones a las problemáticas que surgen en el acceso al trabajo en la capital del Meta. Estos espacios pueden ser fundamentales para discutir las políticas en relación con las comunidades y prevenir confrontaciones futuras, por lo que se hace necesario replicar este escenario en cada uno de los municipios del Departamento.”
A nivel de responsabilidad social, Camilo Acero de la USO considera que es un “concepto difuso que requiere de mayor claridad sobre su alcance por parte del Estado, en cada una de las zonas de influencia petrolera”. También dice que los millones de pesos de regalías no se ven reflejados en las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades que sufren de los impactos negativos de la industria. Subraya sin embargo una excepción: en Castilla la Nueva, Ecopetrol asume la operación de los campos petroleros desde el año 2000 (antes era Chevron) y se notó un gran cambio positivo en la inversión social y laboral.
Por otro lado, nuestra fuente del sector público nota que existe una diversidad de protocolos de responsabilidad social por parte de las empresas y entonces que no se puede generalizar en el tema. Sin embargo, subraya que se ha avanzado, porque hoy la responsabilidad social de las empresas está vista como una obligación, una verdadera responsabilidad ante la población local, y no como un regalo.
Repsol afirma que se definen los proyectos de inversión social mediante el diálogo con las comunidades y autoridades y de acuerdo con los planes de desarrollo y gobierno de los municipios y/o regiones. Por ejemplo, en el Meta, está prevista la implementación de un proyecto de cooperación entre la empresa, el gobierno canadiense y la ONG canadiense SOCODEVI que busca promover el desarrollo rural de la región. Así, el proyecto pretende apoyar a seis asociaciones mediante capacitación técnica, administrativa y organizacional en los municipios de Acacias, Guamal, Cubarral, El Dorado y San Martin.
Conclusión
Actores de la sociedad civil, de la industria y del sector público tienen intereses y visiones muy diferentes, lo que conlleva a una pluralidad de opiniones y discursos. Reflejan la compleja y conflictiva situación de la industria petrolera en el Meta.
El gran desafío, tanto para la industria como para las autoridades locales y nacionales, es hacer sustentable la industria y responder a los grandes cambios socio-económicos que llevó a la región, pues comunidades locales quieren ser compensadas por los impactos negativos que genera la industria petrolera.
Hasta el momento, nadie se ha encargado de esta tarea en el departamento.
Jasmine Cozic
Sin comentarios aún