Un resumen y recomendaciones al Estudio:

Conflictos Locales y Recursos Naturales: Un juego de equilibrio para los Gobiernos de Latinoamérica. (disponible aquí) Por: Lisa Viscidi and Jason Fargo 

El Diálogo Interamericano – un centro de pensamiento ubicado en Washington- ha publicado un informe sobre energía y conflicto en América Latina. Se han enfocado en Perú, Colombia, Chile y México (los cuatro países que conforman la Alianza del Pacifico cuyo desempeño macroeconómico es positivo). En su investigación mencionan que por su dependencia económica en los recursos naturales y el crecimiento de la clase media en estos países, existen desafíos importantes para balancear las necesidades de las poblaciones con las importantes inversiones en hidrocarburos. Dan recomendaciones a los distintos gobiernos para reducir los conflictos en las zonas de explotación, teniendo en cuenta sus contextos.

Cabe mencionar que dentro de los contribuyentes al programa de energía de Diálogo Interamericano se encuentran: Exxon Mobil, Chevron, Shell, Anglo American, Sempra Energy, Holland & Knight y la Corporación Andina de Fomento.

Sobre Colombia, este informe -que no es exclusivamente sobre la industria petrolera – indica, entre otros, que:

• La mayoría de las protestas ocurren a raíz de la insatisfacción de las comunidades locales por los beneficios económicos que reciben de los proyectos mineros y de hidrocarburos.
• La ley de regalías de 2011 ha creado problemas entre los departamentos productores y no productores de petróleo y justamente fue desarrollada para prevenir temas de corrupción.
• El impulso que el gobierno ha dado a la industria minera aumenta de manera significativa el trabajo que las agencias regulatorias y ambientales. Estos organismos gubernamentales “no tienen suficiente personal y cuentan con una cantidad importante de trabajo pendiente”.  
• Las comunidades tienen capacidad limitada para evaluar el impacto de los proyectos y los procesos de consulta previa son lentos y generan desazón entre las comunidades.
• Menciona también los desafíos que enfrenta el gobierno con los bajos precios del petróleo y las limitadas reservas con las que cuenta el país.

En Crudo Transparente nos parece positivo que centros de pensamiento de prestigio enfoquen su atención a los temas de conflicto e hidrocarburos en Colombia. Si bien concordamos con muchos de los puntos del informe del Diálogo Interamericano, nos parece oportuno hacer algunas precisiones sobre el mismo:

Los conflictos no solamente ocurren entre las comunidades locales y las empresas petroleras. Es importante incluir en el documento redactado por el Diálogo Interamericano el impacto que la presencia y acción de los actores armados no estatales tienen en los asuntos energéticos. Si bien los ataques contra la infraestructura minero-energética disminuyeron durante los últimos 10 años, estos siguen concentrándose en zonas de explotación minera y petrolera.  El fin de la tregua unilateral de las FARC y la resistencia del ELN a entablar negociaciones formales con el gobierno, significan un riesgo para la infraestructura petrolera, por eventuales ataques de estos grupos, para presionar resultados en la mesa de negociación de la Habana.

El impulso del gobierno a la industria y su presión para desarrollar “licencias ambientales exprés” puede debilitar la gestión de los reguladores al dar mucho trabajo a realizar en poco tiempo, lo cual perjudicaría la efectividad de su gestión, que ya es cuestionada por comunidades locales y grupos ambientales.

Como mencionamos en nuestro informe sobre las perspectivas y retos del actual gobierno en política petrolera, “Será difícil conciliar los intereses de todos los grupos involucrados, pero, dado el incremento de la contestación social, el Gobierno no puede ignorar las reivindicaciones de las comunidades, y es urgente restablecer vínculos de confianza con las comunidades, garantizando así el establecimiento de una paz regional e integral.” Concordamos con Dialogo Interamericano que el Gobierno debe incrementar su capacidad para consultar previamente con las comunidades locales  (condición de la Sentencia T-462A/14 de la Corte Constitucional al igual que laConvención No. 169 de la OIT) desde el inicio de los proyectos. No obstante, se ha demostrado que la gestión en esta materia tiene mucho por mejorar. 

Sergio Guzmán