El movimiento de protesta en Putumayo está vivo, frente a la caída de los precios del petróleo, la inestabilidad continuará en 2015.
2014 fue un año complejo para la industria petrolera en Putumayo. Por un lado, se reportaron 66 atentados en contra de la infraestructura petrolera, especialmente en contra de los puentes y oleoductos. Además, 29 tractomulas fueron detenidas por presuntos guerrilleros de las FARC, que abrieron los grifos de las cisternas para derramar el crudo. Estos ataques causaron daño medioambiental, por la contaminación del agua potable y afectación a los sistemas de abastecimiento de las comunidades.
La situación se hizo insostenible en julio de 2014, con el incremento de los atentados, y la aprobación de la licencia ambiental a la empresa petrolera Vetra, que proyecta expandir el número de pozos perforados a más de 100 y que no cumplía con las reglamentaciones mínimas de transporte.
Esta situación generó protestas por parte de las comunidades locales, en particular de los campesinos e indígenas de la región. Entre los motivos estaban la fumigación de los campos de coca con glifosato, que afectaban todos los cultivos y la salud de la población, además del deterioro del medio ambiente y de la infraestructura. La población reclamaba mejores condiciones de vida, sobre todo en educación, salud y energía.
En Putumayo, de cada diez viviendas seis no son idóneas para ser habitadas. La tasa de desempleo es de 73 por ciento. De cada diez campesinos del Putumayo nueve viven en la pobreza total. La cobertura de energía no supera el 72 por ciento. El servicio de acueducto es muy bajo, y el servicio de agua potable es cero. La taza de homicidio es cinco veces superior a la del resto del país.
Según los manifestantes, los beneficios de la explotación del petróleo en la región no alcanzaban a compensar los perjuicios, las regalías no son suficientes, ni tampoco la inversión social. Para la población, la industria petrolera trajo consigo la militarización creciente de la región, la presencia de actores armados, la inseguridad general por los ataques, la presencia de minas antipersonal, la contaminación ambiental, etc. Además, se reportaron
Después de más de dos meses de protestas, durante los que se reportaron violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en contra de la población; se llevó a cabo en septiembre de 2014 un consejo de seguridad que tomó medidas inmediatas y se instaló una mesa de negociación interinstitucional, conformada por el Gobierno Nacional, autoridades locales, líderes y organizaciones sociales del departamento. El resultado de esta mesa fue mayor presencia y acción militar en la zona así como la firma de un acuerdo de seis puntos para mejorar la situación socioeconómica del departamento.
Los seis puntos acordados fueron: un plan de sustitución de los cultivos de coca; la revisión de las solicitudes de licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como revisión de las consultas previas con comunidades indígenas; el envío de la una comisión de alto nivel para revisar las garantías de derechos humanos; la revisión de los acuerdos firmados con el Gobierno desde 1996; revisión de las necesidades de inversión social para incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo para 2014-2018; y la instalación de una mesa interinstitucional permanente de diálogo y concertación.
Además, a nivel de regalías, se decidió una mayor compensación a los departamentos productores. Se aprobó destinar un billón adicional para los departamentos productores como Putumayo. En noviembre, el Presidente Juan Manuel Santos visitó Putumayo y anunció la inversión de 30.000 millones de pesos para la construcción de vías y de un hospital en el departamento, así como el fin de las fumigaciones de los cultivos ilícitos.
El Presidente Santos señaló que la meta del millón de barriles diarios se cumplió durante el mes de enero de 2015 y que debe mantenerse para poder hacer inversión social.
En estos momentos en el departamento existen 24 campos de producción que generan 51 mil barriles día y se proyecta alcanzar la explotación de 200 mil barriles día.
A pesar de estas decisiones y si bien, la presencia de la fuerza pública contribuyó a controlar la situación de órden público (se logró prevenir algunos ataques, se incautaron explosivos, desmantelaron refinerías ilegales), la población no estaba satisfecha con los resultados y siguió manifestando su inconformidad.
En este ambiente de tensión, la caída de los precios del petróleo y la consecuente disminución de inversión en la zona empeoró una situación ya inestable, pues muchos contratos laborares no se han renovado. En 2015, la situación no da signos de estabilizarse. En marzo, surgieron nuevas protestas como rechazo a los recortes de personal. De los 10 mil trabajadores despedidos por la industria el 30% son de Putumayo. El área de transporte de hidrocarburos está también muy afectada.
La caída del precio del petróleo tiene como consecuencia que las regalías previstas para financiar los proyectos de inversión social en la zona disminuirán. El departamento se encuentra en riesgo, dado que más de 50% de su economía depende de la industria petrolera. Este mes, Ecopetrol anunció una reducción del 30% en el presupuesto de gastos e inversiones para este año en Putumayo, por lo que urge el departamento de diversificar sus planes económicos y buscar alternativas de ingreso.
En entrevista para Crudo Tranparente, el Director de Transpetroleros, Jorge García explicó que la caída de los precios del petróleo se refleja en todas las empresas y a todos los niveles, en particular en la disminución del empleo. La mano de obra no calificada, que es la que más se contrate en la región, es también la que es más afectada por la crisis. Según él, las protestas han disminuido mucho, lo que confirma el Defensor del Pueblo. Sin embargo, advierte: “si no hay una solución entre mayo y julio, van a empezar las protestas”.
Con respecto a los acuerdos que se firmaron en 2014, tanto el Defensor del Pueblo, Diego Gutierrez, como el Director de Transpetroleros afirman que no se están cumpliendo los compromisos. En este tema, Amanda Camilo, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, resalta también que sectores como comunidades afrodescendientes, indígenas y mujeres no están participando en el diálogo.
Para Amanda Camilo la industria no responde a las expectativas de la comunidad, además de dañar el medio ambiente y agudizar la situación de los Derechos Humanos. Expresa también que la industria petrolera está feminizando la pobreza, porque son más los hombres que encuentran empleo en este sector y hacen falta oportunidades y programas de inversión dirigidos a las mujeres. Según ella, se deben revisar los planes de acción sin daño y de responsabilidad social de las empresas para que la inversión aumente y que se creen mayores oportunidades para la población local.
Según el Defensor del Pueblo, el desarrollo efectivo de la industria es una oportunidad, pero el Estado debe acompañar la inversión social. Subraya también que hay que invertir mucho más en el Departamento, dada la caída inesperada de los precios del petróleo.
En el tema del diálogo entre las empresas, las autoridades y las comunidades, el Defensor del Pueblo confirma que es difícil. Dado el alto porcentaje de pobreza en la zona de influencia de la industria, la gente carece de todo y pide a las empresas lo que es deber y responsabilidad del Estado como educación, salud, infraestructura, etc. En este sentido, cree que sería fácil para la industria incidir positivamente en estos temas. En este sentido, el Gerente de Transpetroleros confirma que se debería mejorar la coordinación para un mayor impacto en la región. Según él, las empresas trabajan bajo la presión de las protestas y paros, sin articulación con las autoridades nacionales y locales. Además, subraya una falta de interés y un desconocimiento de la región por parte del Gobierno Nacional, lo que tiene como consecuencia que los proyectos pueden ser mal diseñados.
Los mayores desafíos que enfrenta la industria petrolera según los tres entrevistados, son la generación de empleo y el aumento y eficiencia de la inversión social en el departamento de Putumayo.
Jasmine Cozic & Catalina Jiménez
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