Quién da menos
Columna de opinión semanal
La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-, aprobó a principios de marzo, el nuevo reglamento de promoción y asignación de áreas para Colombia, consignado en el acuerdo 2 de 2017. El cambio más importante radica en que se dejan de lado el esquema de rondas y se pasa a uno de adjudicación permanente de bloques petroleros. Este cambio, aunque por ahora solo es para ofertar 20 bloques en los departamentos de Córdoba, Sucre y las cuencas de los Llanos y el Magdalena Medio, debe generar preocupación a los colombianos.
Desde la caída de los precios internacionales del barril de petróleo, países fuertemente dependientes de las rentas extractivas, como Colombia, donde el 50% de las exportaciones y cerca del 6% del PIB dependían de la producción de petróleo, iniciaron un proceso denominado: “la carrera hacia el fondo”, el cual consiste en una competencia entre los diferentes países para atraer la inversión extranjera en el sector minero-energético y así compensar la disminución en los ingresos fiscales. Sin embargo, para lograr dicho objetivo, los gobiernos han producido una serie de políticas que relajan los estándares tributarios, ambientales y sociales.
La adjudicación permanente de bloques, está íntimamente ligada con esta “carrera”. En el modelo inicial, cada dos años la ANH realizaba rondas donde ofertaba a la industria los mejores bloques; este era adjudicado a la empresa que cumpliera con los mínimos de inversión requeridos por la Agencia y ponía más recursos adicionales que sus contrincantes. Con el nuevo esquema, es la empresa la que decide el bloque de su interés y determina el monto de inversión, el papel de la ANH será avisarle al mercado y esperar un mes para que otros interesados hagan su propuesta; ganará la mejor oferta, la cual no será tasada en dinero, sino de acuerdo a los objetivos exploratorios que plantee.
Este nuevo modelo preocupa por varias razones. Primero, porque en el afán del gobierno de atraer más inversión y competir con países como Ecuador, México, Perú, entre otros de la región, está dejando en mano de las compañías petroleras los montos de inversión, que pueden, y probablemente serán, bajos; pues los precios del crudo no permiten que las empresas asuman grandes riesgos y gasten a manos llenas como en el pasado.
Segundo, en las regiones donde se ofertarán los bloques, no se han adelantado procesos de socialización y consulta con las comunidades; al gobierno le sigue pasando por alto que muchas poblaciones están fuertemente en contra de los proyectos hidrocarburíferos y se pueden presentar niveles aún más altos de conflictividad social, que comprometan la integridad de los habitantes de estas zonas y obliguen a las compañías a adelantar procesos jurídicos contra el Estado por incumplimiento de los contratos.
Por último, de ser exitoso el proceso, nos enfrentaremos a un mayor número de proyectos extractivos en diferentes partes del país, que de no ser ejecutados de manera responsable, por falta de instituciones con legitimidad local y compromiso de ambas partes, pueden poner en mayor riesgo comunidades vulnerables como los indígenas y los afro, y el medio ambiente.
Campo Caño-Limón lleva más de 40 días sin bombear
En los campos de Caño Limón y Caricare en Arauca se podrían suspender 900 contratos laborales, por motivos de fuerza mayor según la Occidental de Colombia, ya que desde hace 40 días no hay transporte de crudo en los oleoductos, por atentados a la infraestructura petrolera.
Pablo Rojas Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera USO- regional Arauca, expresó que los campos llegaron a su máxima capacidad de almacenamiento, sólo hay un generador funcionando para el consumo interno de energía y ninguno de los pozos está en producción, aún así, el líder sindical señaló que el oleoducto es propiedad de Ecopetrol por lo que la medida debe ser rigurosamente examinada por la Occidental.
“Invitamos al gobierno, a los grupos insurgentes para que se logren los mejores acuerdos y diálogo, se genere un cese de hostilidades y así este país pueda progresar más. Consideramos que tenemos todas las capacidades del pueblo colombiano para poder progresar más en una clase trabajadora que ha sido reconocida no solo a nivel Colombia, sino a nivel del mundo y todo esto afecta negativamente a las familias colombianas, a los trabajadores del departamento y al país en general”, expresa Rojas Palma.
Proyecto petrolero afectaría recursos hídricos en Cúcuta
Campesinos de Banco de Arena y Palmarito, entablaron una acción popular contra Turkish Petroleum Company, por querer realizar una exploración petrolera que pondría en riesgo los recursos hídricos, afectando el suministro de agua a 6.000 habitantes en el área rural de Cúcuta.
El proceso jurídico se llevó al Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la compañía extranjera Turkish Petroleum, donde los miembros de la comunidad expresan un caso de vulneración contra el derecho al suministro mínimo de agua.
La comunidad argumenta que aunque no se encuentran directamente en el área de influencia del proyecto de exploración petrolera, si se verían afectadas las fuentes de agua como quebradas y ríos que necesitan los campesinos para rociar los cultivos de palma de aceite, arroz y cítricos.
Para solucionar este problema, Corponor comenzó un estudio sobre la zona para realizar un informe que será publicado la próxima semana, donde se mida el impacto en el ambiente que generaría la ejecución del proyecto de exploración. La organización también resalta que no habían sido notificados de la acción popular.
Vía: El Tiempo “Piden revocar proyecto petrolero en Cúcuta vía acción popular”. 16/03/2017
Juicio de responsabilidad fiscal: funcionarios de Ecopetrol y Reficar señalados por millonarios sobrecostos
El contralor general de la República Edgardo Maya, mostró los nombres de más de 30 directivos pertenecientes a Ecopetrol y Reficar que están involucrados en los millonarios sobrecostos de la Refinería de Cartagena. La Contraloría lleva casi dos años investigando los que se estiman serían más de 6.000 millones de dólares en detrimento patrimonial, que tiene en vilo la megaobra y sus directivos.
La Contraloría dejó en evidencia las razones de los millonarios sobrecostos por compra de materiales, cambios en la planeación del proyecto y la pérdida de productividad, todo sumado al freno de las operaciones por parte de los trabajadores en septiembre de 2013, donde el desarrollo del proyecto tuvo que asumir un costo adicional de 565 millones de dólares.
Por cada peso que aportaron los accionistas de Reficar, esta sociedad debe 7 pesos, estos millonarios sobrecostos han causado que Reficar y Ecopetrol, este último su acreedor directo por 484 millones de dólares e indirecto por 1.983 millones de dólares a través de Ecopetrol Capital AG, tengan una demanda ante los tribunales internacionales por 2.000 millones de dólares contra CB&, contratista del proyecto.
Entre los que deben responder al llamado del ente de control: expresidentes de la Refinería, Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reynoso; de igual forma el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry; Javier Gutiérrez, expresidente de la compañía y Mauricio Cárdenas, actual ministro de Hacienda.
Campesinos e indígenas del Bloque Platanillo denuncian acciones de Amerisur ante embajador británico
Comunidades campesinas de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, denunciaron los riesgos de permanencia de sus comunidades en el sector y los impactos socio-ambientales que puede causar la presencia de la petrolera Amerisur, en el Putumayo.
En la denuncia, las comunidades tocaron varios puntos: primero, el rechazo al avance de la industria petrolera en su territorio. Segundo, hablaron sobre los 10 años que se lleva realizando la explotación petrolera en el Bloque Platanillo, el cual según afirman, no ha contribuido al desarrollo de las comunidades de la zona. Tercero, exigieron la reparación de pasivos ambientales y sociales que han generado los proyectos petroleros de Amerisur.
Además la comunidad denunció la estrategia de la empresa británica el 14 de marzo, donde se presentó ante la delegación británica con falsos representantes de los grupos indígenas y campesinos. Por último culparon al Estado colombiano por el abandono histórico en el que se encuentran sus agrupaciones.
Para finalizar, la comunidad solicitó al embajador británico que insista al Estado colombiano para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales a los pueblos indígenas y agrupaciones campesinas, además que vigile constantemente a la empresa británica para que sigan las normas internas y externas que se comprometieron respetar.
Pronunciamiento: Sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe exige transparencia socio-ambiental en las industrias extractivas
Somos representantes de organizaciones de sociedad civil trabajando en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana, reunidos del 06 al 10 de marzo, en el marco del XIII Foro Latinoamericano sobre las Industrias Extractivas de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) y de la reunión del Consejo Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Como integrantes del EITI –espacio internacional conformado por gobiernos, empresas y sociedad civil de 51 países, que busca transparentar información sobre la industria extractiva (minería, petróleo y gas) en toda la cadena de valor–, creemos que esta iniciativa es una oportunidad para promover la más amplia transparencia en dicho sector.
Si bien diversos países miembros vienen implementando el nuevo estándar EITI, con diferente grado de avance, no se puede ni debe invisibilizarse la demanda local, regional y global de la sociedad civil y poblaciones que viven en los ámbitos donde se realizan actividades extractivas: MAYOR TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN TODOS LOS PROCESOS VINCULADOS A ESTA INDUSTRIA. En este sentido, las organizaciones y actores sociales involucrados en esta Iniciativa están llamando a que los procesos EITI nacionales incluyan compromisos concretos para incluir la divulgación de este tipo de información.
Nuestros países atraviesan un nuevo contexto político y económico marcado por la caída de los precios internacionales de las materias primas y la disminución de las inversiones. Los gobiernos han respondido flexibilizando los estándares socio-ambientales, criminalizando la protesta ciudadana, retrocediendo en los niveles de transparencia y rendición de cuentas, disminuyendo el derecho ciudadano de libre acceso a la información y otorgando privilegios fiscales. Además, estamos viviendo gran conflictividad social en el sector extractivo y graves hechos de corrupción que involucran a empresas privadas, altos funcionarios y expresidentes en Latinoamérica y en el Caribe.
Por ello, como representantes de la sociedad civil en los grupos multipartícipes de nuestros países, observadores y participantes en los procesos EITI, suscribimos el presente pronunciamiento y demandamos que nuestros gobiernos incorporen la transparencia socio-ambiental dentro de los procesos nacionales. Creemos que la inclusión de esta información en los reportes nacionales EITI, será un aporte que contribuirá con la disminución de los conflictos sociales, una mejor gobernanza de los recursos naturales y la promoción de los derechos humanos.
Más información sobre el comunicado, la iniciativa y las organizaciones firmantes en: http://www.dar.org.pe/noticias/p_msgeiti/
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