Investigación trimestral 2019

Por: Alejandra Sanabria

Introducción:

En América Latina las Industrias Extractivas han obtenido un papel preponderante dentro de las economías nacionales, sobre todo, en la última década. Dicho auge se explica en gran medida por los precios internacionales de las materias primas que llegaron a rangos históricos: el barril de petróleo en 2008 alcanzó los 145 dólares y la onza de oro los 1.923 en 2011. Por este motivo, las ganancias que resultaban de la explotación de los recursos naturales permitieron en ese entonces manejar la crisis económica global de manera positiva y, además, obtuvieron rentas importantes que fueron base para el crecimiento de las economías de la región sobre todo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (CEPAL, 2012).

Debido a estos grandes ingresos, parte de la región decidió apoyar el desarrollo de las industrias extractivas. En Colombia se definió el sector minero-energético como base y pilar de la economía y se llevaron a cabo varias reformas con dicho objetivo.

Con información recueprada de: http://www.eiticolombia.gov.co/

Sin embargo, en la actualidad, la situación de América Latina y el mundo se encuentra en un escenario completamente diferente. Los precios del petróleo se mantienen alrededor de los 50 dólares por barril y el oro en 1.200 dólares por onza. En adición a la baja de los precios internacionales de estos commodities, en la región se han empezado a detectar debilidades en lo concerniente a la capacidad de administración de los Estados, en especial, en lo que respecta a las rentas y ganancias de la explotación de estos recursos. Tanto a nivel nacional como a nivel subnacional hay deficiencias a la hora de captar y de redistribuir de manera equitativa y eficiente los recursos provenientes de la explotación de minas e hidrocarburos.

Lo anterior ha propiciado el aumento de la conflictividad alrededor del sector extractivo, en especial en relación a los altos índices de corrupción en el manejo de los recursos. Surgen entonces debates fragmentados sobre los beneficios e impactos reales en términos de desarrollo que tiene la explotación de materias primas, teniendo en cuenta que, dichas actividades, pueden dejar secuelas ambientales y sociales irreparables.

Por este motivo, en la actualidad más que nunca los países se ven en la necesidad de enfrentar y solucionar los retos de gobernanza en un contexto de gran volatilidad. Se hace fundamental fortalecer la institucionalidad orientada no al fin de la industria sino a la reinversión de sus rentas para fomentar el desarrollo y crecimiento de otros sectores de la economía, sobre todo de aquellos que tengan potencial de generar empleo estable.

Mejorar la gobernanza del sector extractivo y del manejo de recursos requiere, entre muchas otras cosas, construir una visión compartida entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil de que los recursos son bienes públicos y en esa medida generan ganancias públicas que beneficien a toda la sociedad. Teniendo esto en cuenta, en 2002 gracias a la campaña “Publish What you Pay” nace la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), de la que Colombia hace parte desde 2014.

Dicha iniciativa internacional promueve la transparencia de los pagos de las empresas extractivas y de los ingresos de gobiernos en los países mediante el cotejo de ambos. La sociedad civil es parte fundamental de este proceso, participa en los debates sobre el contenido de la información que debe ser recolectada e informada y, del mismo modo, monitorea y retroalimenta su proceso y resultado.

Por lo tanto, esta iniciativa tiene como objetivo principal la transparencia del sector pero, de manera indirecta busca también solucionar y prevenir los conflictos por la extracción de recursos no renovables, disminuir la corrupción y mejorar la condición en general de aquellos sectores que de alguna manera están involucrados en estas actividades o se ven afectados por las mismas.

Por esto para Crudo Transparente es de gran importancia apoyar y profundizar esta iniciativa internacional. Además de ser uno de los representantes de la sociedad civil, considera que es un espacio de debate sobre el manejo de los recursos naturales y su futuro, de esta manera se visibilizan las dificultades del sector en el país, pero de manera paralela se construyen herramientas para solucionarlas. La EITI debe ser vista como el inicio de un trabajo multiactor a partir del cual se propicia una construcción y sinergia en el sector minero energético.

Contexto energético del mundo y Colombia

La realidad energética en el mundo está sufriendo cambios importantes que requiere de una revisión para entender bajo qué contexto se encuentra América Latina en general y Colombia en particular. La demanda mundial de energía incrementa a la par que la población y, sin embargo, el precio de las principales materias primas muestra decrecimiento. De acuerdo con las predicciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA) los recursos fósiles seguirán siendo los primeros en la producción global, aunque estos se vean acompañados de la generación de fuentes renovables (IEA, 2017).

Sin embargo, el contexto a corto y mediano plazo seguirá siendo de demanda energética fósil, para 2040 se espera que el consumo mundial incremente un tercio, liderado especialmente por países y regiones de gran cantidad de población y de economías más industrializadas como India, China, África, Oriente Medio y Sudeste Asiático.  

Lo anterior se ve reflejado en el aumento de precios de los commodities en los últimos dos años. Durante el 2017 y el 2018 el índice de precios de las materias primas según el Fondo Monetario Internacional, creció un 16,9% entre agosto de 2017 y febrero de 2018 (FMI, 2018). Este aumento se debe en gran medida al alza de los precios de petróleo (cuyo punto más alto fue de 86,29 dólares por barril entre los meses de septiembre y noviembre) y del gas natural.

De cara al futuro, el aumento en los precios de los commodities que se vivió en el segundo semestre de 2017 y se mantuvo a lo largo de 2018 ha permitido que los países exportadores consoliden márgenes de recolección fiscal más continuos a pesar que no saldan completamente el deterioro en los costos por la baja de precios que se vivió de 2014 a 2016 a nivel mundial. En adición a lo anterior, los conflictos e inseguridad política interna siguen representando un tema a resolver que afecta la actividad económica de varios países productores.

En este sentido, en el año que pasó, los precios del petróleo aumentaron a más de 65 dólares desde inicio del año, el precio más alto registrado desde 2015 teniendo en cuenta las diferentes dificultades en la costa del Golfo de Estados Unidos, en Libia, en el mar del Norte y en Venezuela. Esto en gran medida al acuerdo al que llegaron los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)  sobre el recorte a la producción orientado al fortalecimiento del crecimiento económico mundial y particularmente a incentivar el aumento en el precio del barril de petróleo.

Para el 2018 en términos de producción y exportación de petróleo Estados Unidos encabezó la lista con 78.200 millones de barriles, continuó Rusia con 74.500 millones de barriles, y en tercer lugar se ubicó China con 32.200 millones. En la categoría de explotación no convencional (más conocida como fracking), Argentina cuenta con 16.220 millones de barriles, lo que convierten al país sudamericano en una de las más importantes productores del mundo en esta materia. Únicamente cuatro cuencas superan dicha cantidad de barriles, una que se ubica en Rusia (Barzhenoz Central), otra en los Emiratos Árabes Unidos (Shilaif), en Libia (Sirte/Rachmat) y en la Faja del Orinoco en Venezuela.          

Bajo este contexto de demanda y abastecimiento internacional América Latina, a lo largo de la historia, se ha posicionado como proveedor de materias primas. Ejemplo de esto es que para 2012, la industria extractiva representó para Perú el 34,6% de la recaudación fiscal (CooperAcción 2010: 9) siendo la segunda más relevante en la economía, luego del sector de los servicios que significó el 37,7%. En Bolivia, entre 2004 y 2009 esta misma industria generó el 31,1% de los ingresos públicos (CEPAL, 2013). En otros países, como Chile, llegó a representar incluso el 62% de todos los ingresos del país en el 2010, principalmente de la exportación de productos mineros (DERA, 2011: 49).

Según la OPEP las reservas de petróleo certificadas en el mundo (1.467.012 miles de millones de barriles) América Latina posee 334.811 millones de barriles, y Venezuela acumula el 88% de ese total (2010). Por otro lado, estudios de la CEPAL (2013) afirman que en América Latina se encuentra el 65% de las reservas mundiales de litio, el 42% de las de plata, el 38% de las de estaño, el 21% de las de hierro, el 18% de las de bauxita y el 14% de las de níquel. Dicho estudio asegura que los países que más han recibido inversión extranjera para el sector extractivo se encuentran en esta región, en 2013 alcanzó los 7.800 millones de dólares, cifra 8,5 veces mayor que 2002 y 1,7 veces mayor que 2010 (CEPAL, 2012). Este modelo extractivista se ha visto acompañado por profundas reformas que afectan las economías nacionales, orientadas principalmente hacia la privatización de las empresas estatales de exploración y explotación minera y en el mejoramiento de las condiciones para la Inversión Extranjera Directa (IED).

En Colombia, estas reformas se dieron en dos momentos particulares: finalizando el periodo presidencial de Andrés Pastrana, en 2001, se hizo un cambio al código de minas el cual tuvo tres consecuencias importantes. En primer lugar, se favoreció la eliminación de barreras fiscales [1] y comerciales que promovieron la inversión local y la IED eliminando casi que completamente el control municipal sobre los procesos de extracción en sus territorios y otorgando numerosos títulos mineros a diferentes multinacionales en extensas zonas de Colombia. En segundo lugar, no incluye las medidas que controlan y regulan actividades de comunidades y pueblos dedicados a la minería artesanal y a la pequeña minería por lo que este tipo de prácticas, debido al limbo legal en el que se encuentran, se consideran en muchos casos como actividades ilegales. Por último, se impuso a minorías -especialmente grupos indígenas y afrodescendientes- barreras que entorpecían el desarrollo económico y social en sus territorios.

Coherente con la reforma realizada en el gobierno anterior, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), apoyándose en el nuevo Código Minero liquidó empresas nacionales. Con el decreto 520 del 2003 se liquidó CARBOCOL, paralelamente, durante este año se reformó la empresa nacional Ecopetrol pasando de manejar contratos de asociación a regresar a los contratos de concesión y abriendo su estructura al ámbito privado lo que paulatinamente llevó a que se convirtiera en 2007 en una empresa accionaria. Finalmente, por medio del Decreto 254 de 2004 se liquidó la empresa MINERCOL.

Con el Decreto 2310 de 2003 que, como se mencionó anteriormente, regresaba a los ya abandonados contratos de concesión, eliminaba a las empresas extranjeras la obligación de asociarse con la estatal Ecopetrol, y le otorgó a la recién creada Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el papel de administrador de las reservas de crudo y de gas [2]. Dicha agencia se encargaría, desde entonces, de establecer los términos de los contratos para la exploración y explotación de las reservas actuales y las futuras.

Por supuesto, estas medidas promovieron el desarrollo del sector extractivo en el país, pero de manera desordenada.  Los títulos de explotación minera no cumplían con los requisitos básicos de regulación ambiental ni de consulta previa con las comunidades. En 2011 se registraron 114 títulos de áreas menores a 0.5 hectáreas, imposibles de explotar y, por lo tanto, inviables. Debido a las circunstancias el Ministerio de Minas y Energía ordenó la suspensión de las solicitudes en febrero de 2011 y para 2013 ya se habían evacuado el 58% de las solicitudes (Villamil, 2015).

En adición a lo anterior, la poca regulación de estos requisitos afectó negativamente a las comunidades. Además de las denuncias sobre la violación de derechos humanos, para 2011, ya se habían expedido 168 títulos en zonas de resguardos indígenas y 236 títulos en territorios afrocolombianos sin conocimiento de los grupos asentados en dichas áreas (Martínez, Peña, Calle & Velásquez, 2013). A esta adjudicación incontrolada de títulos se le sumó el abuso de las reglas para el pago del canon superficiario [3], que aunque inicialmente fueron creadas para favorecer a la pequeña minería, resultó en el fraccionamiento de enormes extensiones de territorios por medio de contratos de concesión para pagar menos dinero. Ejemplo de lo anterior es que para 2010, la empresa Anglo Gold Ashanti tenía 125 títulos en áreas entre 2 mil y 5 mil hectáreas, 21 títulos en áreas entre 5 mil y 10 mil hectáreas y 6 títulos en áreas superiores a 10 mil hectáreas (Martínez, Peña, Calle & Velásquez, 2013).

A pesar que la legislación colombiana “protegía” zonas ambientales como parques y páramos en la pasada década, durante el gobierno de Uribe, se otorgaron 38 títulos (36.400 hectáreas) en parques nacionales; 71 títulos (14.708 hectáreas) en reservas forestales; 416 títulos (106.118 hectáreas) en páramos y 41 títulos (9.013 hectáreas) en áreas Ramsar [4] (Pulido 2011).

En segundo lugar, otro de los grandes cambios se dio en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Prosperidad para todos: La locomotora del desarrollo minera y la expansión energética”. Bajo dicho programa se creó el Sistema General de Regalías (SGR) que pretendía, por medio de un sistema más complejo de recolección de recursos, redistribuir las ganancias por la explotación minera y petrolera, no sólo en los municipios explotadores, sino en todo el territorio nacional, lo que en la época fue conocido como “la mermelada”. Bajo dicho programa se cambió la proporción en las cifras de distribución de recursos pues en el tiempo anterior a la reforma el 80% se destinaba a los municipios productores y el 20% se repartía en el resto de la nación. Actualmente los municipios productores reciben únicamente de manera directa los impuestos territoriales y el resto de recursos fiscales se reparten en diferentes fondos que las destinan a proyectos de inversión a lo largo de todo el país.

El SGR se conforma por la Comisión Rectora, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía; el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Estas organizaciones, basadas en los recursos disponibles, elaboran un plan de inversión que es sometido a aprobación en el Congreso de la República. Una vez las regalías son recaudadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) son luego distribuidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre los proyectos de inversión escogidos a lo largo de todo el territorio nacional (EITI, 2015).

En resumen, nos encontramos por un lado en una coyuntura extractiva rodeada por la ilegalidad (el 80% de la explotación minera es ilegal), donde las barreras para que los mineros nacionales se legalicen son cada vez mayores y, por otro lado, en un superávit extractivo de hidrocarburos que se representó en la concesión de licencias en todo el territorio nacional sin discriminar aquellos que tenían condiciones especiales. Lo anterior, sumado a un sistema de regalías que ha generado malestar en las zonas petroleras y a una regulación estatal flexible, ha sido el escenario propicio para el surgimiento de una oleada de protestas y movilizaciones de grupos que exigen espacios en la decisión sobre sus territorios demandando procesos democráticos de participación ciudadana y haciendo presencia en diferentes escenarios.

Luego de la crisis internacional de los noventa, con las cifras del petróleo en 14 dólares por barril y el oro en 1.200 por onza, y la inversión local y extranjera, se alcanzó un crecimiento económico positivo cercano al 5% anual (BID, 2016) en América Latina. Lo anterior se representó en un auge económico; entre el 2004 y el 2007, la economía colombiana vivió el crecimiento económico más grande de las últimas tres décadas (5.9%) (BID, s.f). Dicha dinámica se sostuvo; según informes del Banco Mundial, desde 2010 hasta el 2012, se registró una tasa de crecimiento mundial promedio al 2,4% pero en América Latina y el Caribe se registró alrededor de 4,33%. En Colombia, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) el crecimiento del sector minero energético fue del 4,9% seguido por el sector de construcción que representó el 9,8% (DANE, 2014).

Sin embargo, en la gran mayoría de los países que han basado parte de su economía en el extractivismo, no han reinvertido la renta y ganancia que queda de estas actividades en otros sectores que fomenten otras industrias y nuevos empleos.  En cambio, se crean programas sociales a corto plazo que, mitigan la pobreza, pero que no disminuyen los conflictos que se generan en el sector (Hogenboom, 2012). No existe entonces una estrategia que recoja los costos y los riesgos, sociales y ambientales, ligados a los procesos de explotación minera e hidrocarburífera.

Por lo tanto, no es un secreto que las industrias extractivas traen consigo conflictos sociales e impactos ambientales y sociales; John Reggie (2006) autor del “Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas” para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció que dos tercios de las violaciones a los derechos humanos que se denunciaban tenían su fuente en el sector extractivo. Dichas violaciones, afirma Reggie, incluyen asesinatos con el fin de proteger establecimientos petroleros y mineros, corrupción y violación de derechos humanos especialmente de población vulnerable como grupos afrodescendientes e indígenas.

En Colombia particularmente, del total de conflictos que se registraron en el país, el CINEP (2012) (Centro de Investigación y Educación Popular) informó que entre los años 2000 y 2011 se presentaron 274 conflictos que se vinculan de alguna manera a la extracción tanto de minerales como de hidrocarburos. Este fenómeno impulsó la expresión de la “maldición de la abundancia” dentro de la academia (Acosta, 2009; Collier, 2007) como un modo de bautizar la relación que existe entre la abundancia de las materias primas y el bajo desarrollo socioeconómico de los países.

Mientras que, en países ricos en materias primas, como Colombia, se desregularizó el sector para aprovechar el aumento de precios y demandas internacionales; en el escenario internacional se generalizaba una opinión en torno a la concientización de los conflictos generados por el mal manejo del sector. Esta presión social incrementó la búsqueda por reducir los conflictos y, de la mano, los costos y los riesgos de las actividades extractivas. Las ONG iniciaron campañas de demandas y reclamos, orientados al respeto de los derechos humanos y por un manejo transparente de los recursos naturales. Grandes organizaciones como el Banco Mundial (BM), instituciones estatales e incluso empresas e inversores se unieron e involucraron en medidas económicas y políticas.

A continuación, se presenta un cuadro que permite entender los desafíos en la gobernanza del sector extractivo en Colombia y cómo estos obtuvieron respuesta desde diferentes iniciativas tanto nacionales como internacionales. Dentro de éste se resalta como problemática la transparencia en el sector minero energético y la iniciativa EITI.

 Cuadro 1. Desafíos de gobernanza en el sector extractivo

Historia de la EITI

Bajo este contexto surge la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias extractivas (EITI por sus siglas en inglés). La EITI es un estándar global al cual se pueden adherir los países interesados en promover la transparencia de la información en el sector extractivo. Lo anterior, por medio de un debate entre Estado, empresas y sociedad civil que permita identificar dificultades y puntos en común. A pesar de que surge en un primer momento como una iniciativa enfocada hacia la comparación de los pagos realizados por las empresas extractivas y lo recibido por los gobiernos nacionales y locales, ha logrado avanzar en incluir otros elementos propios de la cadena de valor de la industria como la cantidad de trabajo que producen dichos proyectos o los beneficios que a partir de ellos se han implementado en las comunidades.

Su surgimiento, sin embargo, se remonta a la campaña “Publiquen lo que Pagan” (Publish What you Pay) surgida en 2002 en Europa. Esta campaña nace como una petición en un informe que hace Global Witness en 1999 respecto a la Industria Bancaria y del petróleo en Angola. En consecuencia, para junio de 2002, seis organizaciones londinenses (Global Witness, CAFOD, Open Society Institute, Oxfam, Save The Children y Transparency International)  se asociaron y exigieron a las empresas extractivas publicar sus pagos, iniciativa que tuvo rápida acogida en todo el mundo pues, a pesar de nacer en países que son más consumidores que productores el abastecimiento de la demanda energética y el buen manejo del sector son desafíos que involucran y afectan a todo el globo.

En ese mismo año el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, anunció en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de la ONU la creación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Luego, en 2003, países, empresas y representantes de la sociedad civil se reunieron en la Conferencia de la Casa Lancaster realizada en Londres por el Reino Unido. En dicho espacio se suscribió la “Declaración de Principios” con el objetivo de aumentar la transparencia en el pago e ingresos del sector extractivo. Estos principios se conocerían luego como los “Principios de la EITI” y constituyen aún hoy la columna principal de la iniciativa (EITI, 2016). 

 A pesar de que es un estándar de adopción voluntaria para los países, tiene un valor agregado en la medida en que es fuente generadora de confianza y de acuerdos. Opera sobre una legitimidad que le es otorgada por parte de todos los actores que participan en ella, y ofrece incentivos positivos para quienes actúan bajo su estándar: mayor acceso a los mercados, mejores condiciones comerciales, reducción de conflictos y mayor operatividad en el sector.      

            En palabras del Estándar, la EITI “es una coalición global de gobierno, organismo de la sociedad civil y compañías privadas, que busca garantizar que las cuentas sobre los recursos mineros y de hidrocarburos sean transparentes” (EITI Colombia, 2015). Esta iniciativa requiere que los diferentes países realicen informes detallados que incluyan, además de un contexto legal sobre el sector minero-energético del país, la difusión de los ingresos que obtiene el Gobierno y todos los pagos más importantes para el país que realicen las empresas dedicadas a las actividades extractivas. Una vez se divulga la información, un administrador independiente (una persona natural y/o firma, aparte de los sectores involucrados en el proceso [5]) debe cotejar la información mostrando las incongruencias y diferencias entre lo reportado por las diferentes entidades gubernamentales y lo pagado por las empresas. Todo esto con la supervisión del Comité Tripartita en el que, además de las instituciones y las empresas, participa la sociedad civil.

            La primera muestra de voluntad de Colombia para ingresar a la iniciativa se dio en abril del 2012 bajo la primera Cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) en Brasilia, Brasil. Luego, en la Conferencia Global de EITI en Australia Natalia Gutiérrez, quien en ese momento era la Viceministra de Minas, anunció oficialmente que el gobierno colombiano se sumaba a la iniciativa por lo que empezaría a gestionar las actividades necesarias para presentar la candidatura frente al Consejo Internacional de EITI. Dentro de dicho anuncio aclaró que éste era un paso dentro del objetivo del gobierno por mejorar la gobernanza de los recursos naturales y del sector.

            Esta afirmación deja ver que la decisión y trabajo por hacer del sector extractivo un sector transparente no nació de manera espontánea. Dicha decisión hizo parte de una propuesta completa por parte del gobierno nacional que se veía cada vez más interesado en integrar al país en el marco de las normas internacionales, y de aprender de otros para lograr mejores prácticas. Este objetivo necesariamente requiere el fortalecimiento internacional y la articulación de los diferentes sectores de la sociedad.

En Colombia estas reflexiones sobre la dependencia del Gobierno del sector extractivo, y el deterioro social y ambiental por dicha dependencia, se materializaron en octubre de 2015. El Ministerio de Minas y Energía junto con 18 empresas del sector minero – energético presentaron un acuerdo de adhesión que fue el inicio del trabajo del Gobierno por presentar el primer reporte, con cifras del 2013, en diciembre del 2015. Debido al gran resultado y avance que tuvo este primer reporte, en 2017 se presentó el segundo informe abarcando los años 2014 y 2015 (Propuesta Ciudadana, 2017).

            Con la adhesión de Colombia a la EITI, se crea un compromiso por parte del Gobierno Nacional, de las empresas y de la sociedad civil por establecer un debate abierto y un seguimiento responsable de los ingresos que se obtienen de la explotación de recursos no renovables. Por parte del Gobierno, hacen parte de la representación El Ministerio de Minas y Energía (MME) – responsable del manejo del sector minero- energético del país -, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -encargado de la recaudación de impuestos- y el Departamento Nacional de Planeación- que a su vez ejerce la secretaría técnica de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. En la industria extractiva, son representantes Ecopetrol S.A, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM). De la sociedad civil, son actuales representantes la Asociación CT Crudo Transparente, el Observatorio de Minería de la Universidad del Rosario y la Alianza por la Minería Responsable (ARM).

            De esta manera se establece el Comité Tripartita Nacional (CTN) colombiano cuyas tareas son principalmente cuatro: i) produce información bajo el marco del objetivo principal de la iniciativa ii) divulga dicha información respetando y garantizando el cumplimiento del Estándar y los principios de la EITI iii) Promueve y diseña estrategias de comunicación para alcanzar públicos diferenciados a nivel nacional pero también a nivel local y iv) Finalmente, presenta herramientas que incentivan el uso de la información divulgada para el mejoramiento y desarrollo responsable del sector.

            A partir del trabajo de este Comité, Colombia lleva adelantando desde entonces un programa de fortalecimiento institucional en el sector minero energético que atacó tres problemas principales. En primer lugar, la deficiencia de autoridad minera a nivel nacional. En segundo lugar, busca disminuir el desconocimiento alrededor de la fiscalización y formalización minera. Por último, es un puente de comunicación entre múltiples actores a través de la EITI. Colombia ha innovado al poner el frente de estas reformas y proyectos la tecnología al interior de la iniciativa. Ejemplo de lo anterior es que el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) creó, desarrolló e implementó en la plataforma web el MapaRegalía, herramienta que aporta a la transparencia y trazabilidad de todos los recursos provenientes del sector (BID, 2017).

            Estas mejoras, que se describen más detalladamente en el Informe “Colombia: Mejorando la gestión del sector extractivo”, son una muestra de que actualmente Colombia está preparada para profundizar en la agenda EITI en las márgenes del estándar de manera que se logre automatizar las divulgaciones que éste exige apoyadas de los sistemas de información que se han ido creando y que contienen datos actualizados que pueden ser comparables entre diferentes entidades gubernamentales y por las diferentes organizaciones sociales. 

            Esta iniciativa se une a otras como la Alianza para el Gobierno Abierto y se enmarcan bajo un momento de apertura y reforma del Gobierno Nacional, principalmente bajo el mandato de Juan Manuel Santos; periodo que estuvo marcado, como se mencionó anteriormente por el debate y la movilización en torno a los proyectos extractivistas. Bajo esta coyuntura se han hecho más visibles los problemas y vacíos que existen en Colombia en el sector extractivo y la baja información tanto empresarial como gubernamental que existe sobre este (Foro Nacional por Colombia, 2015).

            Así las cosas, la divulgación de información que se relaciona a los gastos sociales y los impactos del extractivismo en las comunidades y en el medio ambiente se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo del mismo. En la medida en que se ofrece una información actualizada, real y accesible a todos los interesados se puede iniciar realmente un proceso de evaluación respecto a los impactos sociales, económicos y ambientales y si éstos son o no, los deseados. En caso de que la respuesta sea negativa, llevará también a que estos mismos sectores realicen acciones conjuntas con el objetivo de que los recursos que provienen de la industria extractiva efectivamente incidan positivamente en la calidad de vida de los territorios productores.

            En este sentido “EITI en pocas palabras es una medida de buenas prácticas que garantiza un diálogo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, que además funciona como un sello de garantía internacional de transparencia que fomenta la inversión extranjera directa, e incrementa la confianza entre los sectores” (El Economista América, 2016).  La dependencia que ha desarrollado el Gobierno de los ingresos de la industria extractiva ha generado un deterioro de la prestación de servicios públicos, el aumento en algunos lugares de la corrupción y el bajo desarrollo de otros sectores económicos. Ante esto, la EITI apunta a trabajar este problema aportando con el aumento de la información pública y facultando a las comunidades para que exijan al gobierno local y nacional un rendimiento de cuentas sobre los ingresos provenientes de las materias primas.

            A lo anterior se le adicionan otros beneficios de la implementación de esta iniciativa además de la transparencia en los datos de ingresos. Dentro de estos resaltan la mejora de la recaudación y administración de los servicios públicos; el fortalecimiento de un escenario de inversión más atractivo; la creación de confianza entre gobierno, empresa y comunidad; y finalmente la implementación de un espacio de discusión sobre variedades de temas que están directamente implicados en la formación y procedimiento de las industrias extractivas (Natural Resource Governance Institute, 2016).

            En el último proceso de validación, Colombia ha sido el primer país de América en lograr obtener una calificación de “proceso satisfactorio” bajo el estándar de la iniciativa. Lo que lo ubica dentro del grupo de los cinco países que han logrado dicho estatus dejando a 46 países restantes de todo el mundo  pertenecientes a la iniciativa que aún se encuentran en el proceso para lograr éste nombramiento. Según Francisco París, director de América Latina del EITI “Colombia es el primer país en la región en lograr un progreso satisfactorio en menos de cuatro años” lo que paulatinamente “permitirá generar nuevas políticas públicas en pro del sector extractivo, afianzará la confianza entre actores y ayudará a madurar el debate público”.

            Esto toma especial relevancia cuando se tiene en cuenta que la escala valorativa del EITI tiene solamente cinco categorías bajo las cuales se nombra y califica a los países siendo éstas sobresaliente, satisfactorio, significativo, inadecuado y sin progreso. Colombia está en situada en la segunda calificación más importante, sin embargo, en temas específicos como las políticas de divulgación de contratos, la gestión de ingresos y gastos, la contribución económica y la accesibilidad de los datos obtuvo la máxima calificación siendo catalogado su trabajo como sobresaliente. El único rubro que mantuvo una calificación menor fue el de trasferencias subnacionales, punto en el cual se seguirá trabajando y profundizando.

            Lo anterior es muestra del compromiso que se tiene frente a la iniciativa internacional y el trabajo alrededor de ella. En términos generales para las comunidades, la EITI puede ser el medio por el cual éstas puedan asegurar un manejo responsable y transparente de los recursos de modo que sea de conocimiento público las actividades y objetivos que tienen las diferentes empresas en los territorios, por lo que se hace necesario su conocimiento, divulgación y envolvimiento. Por otro lado, la sinergia que se puede obtener entre los diferentes actores de la iniciativa puede permitir, a un largo plazo, que los planes de desarrollo municipales estén alineados con las intenciones nacionales y la inversión empresarial. Esto, con el objetivo de lograr una buena alineación y una real eficiencia entre la inversión social y las necesidades, creencias y procesos de la población.

EITI en otros países

En América Latina, sumados a Colombia, sólo hacen parte de la iniciativa dos países más: Perú y República Dominicana, además de Trinidad y Tobago que está en proceso de ser país cumplidor. Perú, en el 2004 fue invitado a formar parte de la iniciativa contando con el estatus de país suscriptor en el 2005. El primer estudio de cotejo de información a nivel nacional que contiene información de pagos y de ingresos de 2004 – 2007 se publicó en 2009. El segundo estudio de cotejo contiene información de 2008 – 2010 bajo el cual Perú obtuvo la confirmación de país cumplidor en materia de transparencia.

            En Perú, la Comisión EITI-Perú es de carácter permanente y se conforma por tres representantes de cada sector; en el 2011 se reconoció legalmente bajo el Decreto Supremo No. 028-2011-EM. En el año 2009 se concluyó el primer informe con la participación de 33 empresas, particularmente del sector minero. Sin embargo, este informe elaborado por la consultora Ernst & Young (la misma contratada por Colombia) fue calificada como insuficiente por el Consejo Internacional de la EITI.

            En el segundo informe que abarcaba los años 2008 – 2010, participaron 51 empresas, las cuales representaban alrededor del 85% del valor total de producción minera y de hidrocarburos. Un mayor alcance y una mejor calidad de dicho informe permitió que Perú lograra el estatus de país cumplidor bajo los estándares del Consejo Internacional.

            La implementación de esta iniciativa en el país vecino se ha dado su lugar participando en el descubrimiento de irregularidades en los pagos e inversiones. A finales de julio de 2013, los gobiernos regionales, junto con las municipalidades, recibieron la transferencia del canon minero (impuesto que se entrega directamente a los territorios productores) que correspondía a lo generado en el 2012. Sin embargo, lo recibido fue mucho menor a las que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les había asignado en el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los gobiernos regionales y municipalidades.

            Inicialmente el monto del canon minero que se había programado al interior del MEF para el 2013 era de 4,761 millones de soles, de los cuales sólo se entregaron 3,631 millones; lo que representa una diferencia de 1,130 millones. Una de las municipalidades más afectadas fue el Espinar, territorio que recibió 5 millones cuando lo que se había establecido eran 65 millones.

            Al programar las obras y compromisos con el territorio y su población sobre el presupuesto inicialmente anunciado los gobiernos regionales y los municipios no pudieron concretar los proyectos programados, lo que produjo un malestar general en la comunidad. Bajo el Estándar EITI se establece que las empresas que hagan parte de la iniciativa deben publicar sus pagos al Estado, con la implementación de esta medida municipios como el Espinar sabrían cada año, a partir de lo que hayan pagado las empresas de Impuesto a la Renta, lo que les corresponde por canon minero.

            En el informe EITI también se establece la publicación de proyecciones de producción, precios y posibles ingresos (tanto impuestos como regalías) que se espera recibir de la minería y de los hidrocarburos. En este orden de ideas, las regiones y municipios pueden realizar y revisar estas proyecciones de modo que sean verificables los montos del canon que el MEF transfiere.

            Bajo esta misma línea, en el 2012 a mitad de año la Comisión de Energía y Minas (CEM) dio un dictamen favorable al proyecto de ley No. 713/2011 – CR denominado “Ley de Transparencia y acceso a la información de las industrias extractivas de recursos naturales no renovables”. A pesar de que la Comisión de Economía produjo un dictamen desfavorable, con lo que el proyecto de ley ha sido paralizado, este busca hacer obligatorio, para todas las empresas, la publicación de información sobre los pagos que éstas realizan por la explotación tanto de minerales como de hidrocarburos de manera desagregada y especificando el uso de estos en los territorios.

            Otro de los grandes avances de la implementación de la EITI en Perú fue el establecimiento de la descentralización de la información como uno de los grandes objetivos. Esto se definió bajo la idea de que la EITI no sólo ayudaba a transparentar los pagos de las empresas y lo que reciben el Estado; sino que también existe el interés de entender la distribución y el uso de estos recursos en los territorios productores.

            La primera experiencia de EITI territorial en Perú fue en Cajamarca; ciudad en el cual se llevó a cabo un piloto regional. En dicho periodo el gobierno Regional de Loreto aprobó la Ordenanza Regional No. 032-2012-GRL-CR del 14 de diciembre del 2012 bajo la cual se establece la implementación de la EITI en ésta región. Con tal objetivo, la ordenanza autoriza la creación de la Comisión Regional Multisectorial Permanente en las que están las empresas que desarrollan proyectos en Loreto, la sociedad civil y las entidades gubernamentales.

            En adición a lo anterior se llevará a cabo la conformación de la Comisión Regional que estará a cargo de trasladar la Iniciativa a la distribución y uso de los recursos del canon petrolero. Del mismo modo el EITI regional peruano estableció mesas de diálogo multiactor a nivel regional y de este modo publica informes sobre los datos de pagos y las transferencias que hace el gobierno nacional a los gobiernos regionales, municipales y locales según lo que establece la ley. Hoy, el gobierno está trabajando para establecer un sistema en línea para que estas divulgaciones alcancen 26 regiones de manera continua.

            Sin embargo, la iniciativa ha sido acogida también en otras partes del mundo, según el Banco Mundial en Nigeria a partir de 2007 se logró la Ley EITI. Según esta ley la iniciativa tiene un amplio margen de acción con el objetivo de fortalecer la transparencia a partir de auditorías de gran alcance en la industria del petróleo y de gas. Una investigación que se realizó desde 1999 hasta 2008 sobre el sector permitió descubrir ingresos pendientes que alcanzaban la cifra de 9.800 millones de dólares, parte de los cuales se recuperaron. Este logro animó la realización de auditorías adicionales en la industria de explotación de minerales desde 2007 hasta 2011 examinando incluso el uso y distribución de los recursos.

Por otro lado, en Liberia se ha presentado una implementación y progreso de la iniciativa más importantes del mundo. Este país inició EITI en 2006 – 2007 reportando su primer informe de cotejo en 2009, cubriendo los años anteriormente mencionados. Dichos informes no sólo incluyen otros sectores: silvicultura, minería y agricultura, sino que se incorporó además una auditoría especial sobre “lo que deben pagar” estas industrias al Gobierno, según la ley en Liberia. Este trabajo conjunto se ha reflejado en el índice de percepción de la corrupción de la Transparencia Internacional donde se ve una mejora en el país; éste ha pasado de ocupar el número 137 entre 158 países en el 2005, a ocupar el lugar 97 entre 180 países en 2009 y el 75 entre 176 naciones en 2012.

Por último, en Mongolia se implementó la iniciativa en 2005, desde entonces ha publicado 5 informes. El último informe incluyó el pago de 200 empresas en comparación a las 25 incluidas en 2006. Desde el primer informe se puede ver la disminución de las diferencias entre lo que reportan las empresas y lo que reporta el Estado y se ha mejorado la recopilación de datos al incluir mayor cantidad de empresas en la Iniciativa. Al igual que Perú, Mongolia busca ir más allá de lo establecido en el Estándar y han ido incluyendo dentro de los informes reportes sobre las licencias, el desempeño de las plantas mineras, gastos de recuperación del entorno natural y donaciones (tipos de donaciones, valor monetario, tipo de transferencia y territorios de destino). Al igual que Liberia Mongolia también mejoró su posición en el índice de Transparencia Internacional, pasando de ocupar el lugar 120 en 2011, al 94 en 2012.

            Tal ha sido el impacto de la iniciativa que la obligatoriedad de los informes EITI llevó a que en 2010 se descubriera una discrepancia de 26 millones de dólares entre los pagos realizados y los ingresos reportados. En Liberia la obligación de la transparencia cubrió también los contratos, proceso en el cual se descubrió que 68 contratos de concesión de un total de 72 no coincidían con la legislación nacional, por lo que debían ser modificados.

Los ciudadanos han visto también en esta Iniciativa reflejados y defendidos sus intereses y aspiraciones en lo que se refiere a los recursos que provienen de las actividades extractivas y llegan al Estado por diferentes vías, en la medida en que éstos deben traducirse en beneficios reales y visibles para ellos quienes son, al fin y al cabo, los que sufren las consecuencias y afectaciones de éstas actividades.

Recomendaciones

Se hace evidente, sin embargo, que el camino a lograr la completa transparencia y responsabilidad en el sector extractivo es largo y debe buscar alternativas para superar los obstáculos que se le presentan. En este sentido, la iniciativa debe consolidar sus requisitos y enfocar sus esfuerzos en lograr que la EITI deje de ser burocrática y se integre más y mejor con los gobiernos. De esta manera, el trabajo se puede focalizar en transformar las recomendaciones en reformas y mejorar la calidad de la información y del debate que se genere alrededor de ésta (EITI, 2016). Por lo tanto, se hace necesario avanzar en el camino de la divulgación de información de modo que la EITI se convierta en una herramienta real que permita un compromiso de todos los sectores de los países involucrados en el proceso.  

            Es decir, la divulgación de los datos e información sobre los pagos que se realizan en el sector de la industria extractiva se pueden convertir en herramientas poco útiles en la medida en que no se genera alrededor de ésta una real conciencia pública, conocimiento y comprensión de los datos reportados y las cifras divulgadas. Uno de los requisitos, e incluso objetivos de la iniciativa EITI, está relacionado con el resultado del proceso de cotejo y el impacto que éste puede llegar a tener en el manejo del sector. Para lo anterior, según el validador independiente, es fundamental que se “garantice que su compromiso se mantenga entre las distintas administraciones políticas, incluso a través de la provisión de fuentes de financiamiento sostenibles” (2018).

            Los informes anuales EITI únicamente pueden contribuir al desarrollo de un sector extractivo transparente en Colombia si son un insumo real para el debate público. Esto no podrá ser posible sin que la información sea comprendida y difundida a nivel territorial, ya que desde la verdad y la transparencia se puede iniciar realmente un proceso de construcción y sinergia entre los diferentes sectores sociales por un sector extractivo más responsable.

 Es también necesario que las lecciones que se aprendan en el proceso de implementación de la iniciativa sean aplicadas no sólo para que el trabajo del consejo tripartita de EITI Colombia sea más efectivo y eficiente, sino también para que los resultados que se obtengan involucren cada vez más zonas del país y entidades gubernamentales que partan de los mismos hechos y caminen hacia el mismo objetivo.

En un corto plazo, los desafíos principales que tiene Colombia en ésta materia se pueden dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, se debe prestar especial atención a la gestión y el acceso a la información tanto pública como privada que es exigida en el Estándar de manera más detallada. En otras palabras, al ser el EITI una herramienta de divulgación y cotejo de información debe procurar la desagregación de ésta para no basarse solamente en el reporte de cuánto pagan las empresas y cuánto recibe el Estado, sino que se debe hacer un seguimiento real a toda la cadena de valor de los ingresos por explotación de recursos dando cuenta del destino de los recursos y los proyectos en los que fueron invertidos.

            Por otro lado, hay un salto importante que la iniciativa debe dar si se quiere a partir de esta tener un impacto real más allá de ser un medio comunicativo: pasar de los reportes a las reformas. Dentro de éstas se hace particularmente relevante lograr que la iniciativa sea obligatoria para todas las partes (tanto a nivel nacional como a nivel subnacional), así como la permanencia del comité y el grupo multipartícipes; lograr rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y regionales; y finalmente, llevar a cabo procesos de formalización sobre todo en temas de minería artesanal y pequeña y media minería.

            Aplicar estas recomendaciones representa un desafío aún más grande en los niveles subnacionales. Por lo tanto, se hace fundamental la creación y desarrollo de mecanismos que fortalezcan las entidades regionales y municipales para que éstas tengan una mayor capacidad de administración y control sobre los recursos que obtienen, pero sobre todo para que la misma población tenga herramientas que les permitan exigir una mayor rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos y los beneficios que derivan de éstos para el desarrollo social, económico y ambiental de sus territorios. Un claro ejemplo es el MapaRegalías cuya construcción requirió del esfuerzo de múltiples entidades que dejaron también visto las brechas que existen en términos de las capacidades que tienen los diferentes gobiernos subnacionales, hecho que incluso complejiza el proceso de recolección de información, reporte y cotejo.  

Según el validador independiente se “recomienda al grupo de multipartícipes y al Gobierno que exploren manera de ampliar la presentación de información al EITI sobre gastos sociales tanto obligatorios como voluntarios con vistas a destacar la transparencia sobre cuestiones fundamentales de interés para partes interesadas locales”.

            Iniciativas internacionales como la EITI que buscan regular los procesos de explotación de minerales y de hidrocarburos ofrecen a los países enfoques y alternativas orientadas a amortizar los posibles impactos negativos que este tipo de actividades pueden conllevar, sobre todo en términos de resolución de conflictos y mediación entre las comunidades, las empresas y los gobiernos. Sin embargo, estas iniciativas por sí solas no construyen un modelo internacional de política sobre las materias primas, por lo que cada país por sí mismo debe construir y reproducir un marco legal y político bajo el cual se pretenda un sector extractivo transparente y responsables.

            Teniendo en cuenta que Colombia ha sufrido transformaciones en el sector extractivo en materia de contratación y regalías que ha generado un malestar en las comunidades especialmente en aquellas que se asientan en territorios productores. No es de extrañar, que las demandas más grandes e importantes  de información se de en los escenarios subnacionales, en los que valdría la pena incluir también temas relacionados con el nivel de producción de las empresas que se ubican allí, la cantidad de empleo que éstas generan y los proyectos de inversión que tengan planeados para el territorio. Del mismo modo en que en el Perú se creó una comisión dedicada específicamente a hacer seguimiento a los territorios, en Colombia se debería crear una comisión destinada a desarrollar un espacio de debate sobre las ganancias territoriales, que trascienda el cotejo nacional y que empodere a las comunidades comunicándolas con las empresas y las entidades institucionales.

            En pocas palabras, acercar la iniciativa EITI a las personas. Hoy, no hay un nexo claro ni ningún tipo de correlación entre la información que revelan los informes y los Estudios de Conciliación con la mejora de la calidad de vida o de algunos indicadores de desarrollo social en ningún territorio colombiano. En este sentido, se recomienda que se refuerce la concientización y comprensión de las comunidades sobre el proceso de la renta extractiva en Colombia (la función del Sistema de Regalías, los porcentajes de distribución y el proceso de transferencia de la renta) para que se pueda crear un vínculo entre la importancia del pago por la explotación de recursos y el gasto y desarrollo en ámbito local, especialmente sobre su impacto en la calidad de vida de sus habitantes. Por lo que, aunque aún no se ha desarrollado, se requerirá de un nuevo esfuerzo para diseñar indicadores mediante los cuales se pueda medir el impacto.           

            En la medida en que la EITI se acerque más a la gente y sea una respuesta viable a las expectativas, demandas y problemas que existen actualmente en los diferentes territorios, mayores van a ser los grupos de actores sociales que propicien la participación y recurran a la información que se plasma en los informes y en los Estudios de Conciliación. Así las cosas y teniendo en cuenta que la EITI en Colombia aún no cuenta con el alcance subnacional deseado, puede buscar vías de articulación con iniciativas, organismos, organizaciones y entidades que, si bien son externas al Comité Tripartita o al grupo multiactor se acerquen a temas que complementen y trasciendas las fronteras de la EITI y, de este modo, lograr que el alcance de los impactos del trabajo que se realiza a interior de la iniciativa aumente.

            Adicional a lo anterior, es importante que, así como el EITI se acerca a las comunidades, se difunda su existencia identificando públicos y objetivos específicos de grupos y sectores que puedan trabajar en pro del objetivo de la iniciativa. Se recomienda que el Comité Tripartita  realice un plan de incidencia en los que se reconozcan los actores relevantes, dentro de los cuales se incluyan: tomadores de decisiones públicos, tanto naciones como subnacionales incluyendo autoridades y funcionares públicos locales; medios de comunicación y líderes de prensa que puedan difundir la existencia de la iniciativa; investigadores y academia que conjuntamente profundicen en las alternativas y medios de desarrollo de la iniciativa internacional; Organizaciones No Gubernamentales tanto regionales como nacionales que puedan ser un brazo y aliado de la iniciativa; finalmente, no se puede obviar ni dejar de resaltar como actores relevantes a aquellos que pertenecen a organizaciones sociales cuyo objetivo de lucha sea la transparencia y la responsabilidad extractiva.

            Para Renzo García líder social de la consulta popular en contra del proyecto de explotación minera de la empresa AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, en entrevista concedida a Crudo Transparente afirmó que “necesitamos de herramientas mucho más profundas ubicadas en los territorios, tener la posibilidad, por ejemplo, la ciudadanía de conocer de primera mano cuáles son los actores que están tratando de implementar este tipo de iniciativas”. Agregó además que “una cosa es el formalismo, en donde algunas de las empresas reportan algunas situaciones de inversiones las dinámicas de sus financiamientos, pero otra cosa es la realidad de los que ellos están implementando en cada uno de los territorios en donde están los objetivos extractivistas”; resalta entonces el obstáculo de la información y del acercamiento a las comunidades donde se hace cada vez más relevantes la desagregación de la información y el seguimiento a los territorios.

            A modo de ejemplo explica García que “en el caso del Tolima por más de que la empresa habla de reportes voluntarios, de ciertas normas en el tema de empresas y derechos humanos lo que vemos es lo que nunca le llegó a la comunidad con información veraz y oportuna, entonces justamente producto de la presión y toda la tensión que hubo en su momento tratando de incluso que reconociera que iban a implementar una mina a cielo abierto que eso podía tener algunos impactos severos en el territorio en las reservas y demás”. La falta de información en los territorios no sólo se presenta en las cifras de los pagos que hacen las empresas a los gobiernos, sino también incluso en los proyectos que se realizan en la misma región.

            Para García lo que hace falta no es sólo reportar los datos y las cifras de los pagos “ante todo es necesario que se reconozcan los derechos de la gente, por aquí lo que se ve es que se prima sólo el interés de un actor, un actor sobre todo externo a los territorios que va a desdibujar por completo los intereses de las comunidades”. Se vive en Colombia un ambiente de conflicto en la medida en que las comunidades se sienten atacadas por las empresas y poco protegidas y respaldadas por las entidades gubernamentales.

 En adición a lo anterior, hay una percepción negativa respecto a los impactos del sector extractivo, para García “no se reconoce la posibilidad por ejemplo del aporte que hace el sector agrícola y pecuario en el país porque siempre nos meten el cuento de que es la minería la que sostiene a los colombianos, el petróleo cuando en la práctica uno analiza cuánto es el aporte que hay por ejemplo en el impuesto de la renta de las minerías y esa no supera el 1,8% en comparación con el 22% que están pagando todos los colombianos y demás multinacionales a ese respecto. Entonces estamos viendo que hay unos desequilibrios gigantescos de que hay un modelo extractivista que tiene unos beneficios exagerados”.

Por ahora, la comunidad observa la iniciativa con una faltante de “una especie de moratoria que de la posibilidad que los tres actores que están vinculados en este tipo de iniciativas que son el estado colombiano, la comunidad y las empresas que puedan definir unas reglas de juego claras en donde se respeten los derechos de cada cual, pero consideramos que no se puede pasar por encima de un derecho fundamental que es la participación porque son justamente los actores que viven en los municipios los que van a soportar los impactos positivos o negativos que puede traer esa industria”, sostiene García.

 El ingreso de Colombia a la iniciativa EITI ha sido la muestra de una intención por parte del gobierno para trabajar por un sector cada vez más transparente y responsable. De esta misma manera ha sido una iniciativa bien recibida por la comunidad y por las empresas quienes se han adherido a esta y han trabajado codo a codo con las mismas. Es necesario, sin embargo, trazar un camino de profundización y de acercamiento a la gente, que trascienda la iniciativa y que genere un impacto real y positivo a nivel local.

Notas

[1] El Código de Minas a pesar de establecer una clasificación de acuerdo a las áreas y la actividad de producción que orientaba la titulación según la actividad de explotación que se realizara; no permitía unificar estos requisitos y obligaciones de dichas actividades. Se presentó entonces el carrucel de las contrataciones en el que básicamente cualquier persona podía obtener un título de explotación.

[2] En este sentido, más del 60% de las concesiones de explotación que existen actualmente en Colombia, fueron adjudicados durante este periodo, la gran mayoría, a empresas transnacionales dedicadas a la explotación de oro y de carbón (Villamil, 2015).

[3] Se define como una compensación monetaria que se le da al Estado mientras una mina se encuentra en estado de exploración, montaje y construcción dependiendo del área que abarque el título minero (El Congreso Colombia, 2001). Se asemeja a un arriendo por el uso del suelo.

[4] Zonas de humedales y diversidad biológica. Su nombre se debe a la Convención de Ramsar (ciudad iraní) en honor al tratado internacional para su cuidado y protección.

[5] En Colombia el actual administrador independiente es EY (Ernst & Young). Dicha empresa es una de las cuatro empresas más importantes del mundo en temas de auditoría, impuestos finanzas y contabilidad.

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