¿En qué va el Fracking en Colombia? Informe 2018

Noviembre, 2018

¿En qué va el Fracking en Colombia?: informe 2018 

 

Periodista: Andrés Vargas Ferro

Asistente de comunicaciones: Maria Fernanda Cortázar

 

En 2018, la agenda sobre “Sí” o “No” al fracking  ha retomado con más fuerza y crispa la opinión en un entramado de nuevas jugadas de poder que le plantean nuevamente a Crudo Transparente publicar una actualización del primer informe “Fracking: ¿Una decisión por construir?, para saber cómo va el país en un ring público, que tiene mucho por conquistar, entre pro-fracking y resistencia. Esto con un precedente donde la Contraloría General de la República señaló el Principio de Precaución ante su uso público por: “El riesgo latente para el patrimonio ambiental” y evocando la Sentencia de la Corte Constitucional T-360 de 2010, como Precaución en tanto hay: “Falta de certeza científica”. El siguiente es el panorama actual.

 

¿Fracking? No hay a la fecha, pero sí están en explotación los primeros 15 pozos de gas en Yacimientos No Convencionales (YNC) del país, a manos de la multinacional Drummond en el Cesar, en aproximaciones a los municipios de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná (del cual profundizaremos más adelante). Aunque no haya fracking, sí se están estimulando pozos no convencionales que se entiende como una antesala para el fracturamiento hidraúlico; más aún cuando se otorgó la licencia ambiental Resolución 1655, que da paso para este tipo de proyectos en el país, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

 

No obstante, en la plaza pública, el uso del fracturamiento hidráulico se encuentra en un debate actual, sobre cómo impulsar el sector petrolero, con el interés de estimular nuevos campos que inflarían las reservas. Los cálculos más optimistas le dan a Colombia petróleo para 7 años, los cuales pasarían a 16, si fracking sí, con aproximadamente 5.000 o 6.000 millones de barriles adicionales (1).

 

Por otro lado, el no fracking, aún sigue una línea ciudadana de movilización social que lo descarta como una opción viable para sus territorios entendiendo que es la última frontera extractiva; una técnica más invasiva ambientalmente, que logra extraer el petróleo mediante la inyección a presión de agua y químicos como bactericidas o ácidos (2), varios de ellos con reserva industrial, para desprender el petróleo que se encuentra “pegado” en las rocas mediante tuberías normalmente en forma de “L”, o perforación horizontal, que imprimen mini-sismos en el subsuelo. Esto también es conocido como fracturación hidráulica y muchos lo catalogan como un “raspado de olla”.

 

El exvicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, Nicolás Mejía, en una entrevista con el diario La Nación, explica que en Colombia se ofertaron bloques (varios de ellos como parte de la ronda 2014) inicialmente en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas y Norte de Santander (3).

 

 

Fuente: Contagio Radio

 

Ahora la Drummond, quien tradicionalmente ha manejado el mercado del carbón en Colombia desde la década de los 90 prioritariamente en producción y exportación del mineral, es la pionera en trabajar, con licencia ambiental en mano, los yacimientos no convencionales.

 

Son YNC, pero no es fracking. El vocero de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, explica que: “No es fracking, por que se trata de gas asociado a mantos de carbón, en los cuales es necesario desarrollar actividades de fracturamiento hidráulico, pero principalmente en pozos verticales y desviados. Debemos recordar que el argot técnico fracking es una técnica que se aplica a yacimientos no convencionales tipo tight o gas shale, en los cuales se desarrolla fracturamiento hidráulico en pozos horizontales multietapas, que es lo que se conoce como tal y por ende no se aplicaría a este tipo de yacimiento, que no obstante también es no convencional”.      

 

En un documento público la empresa explica el interés en explotar gas metano en el área del Cesar conocida como Caporo Norte -próximo al municipio de La Jagua de Ibirico- y bajo un contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2004, el cual, tras aprobar la viabilidad comercial del proyecto, el 21 de diciembre de 2015 es otorgada la Licencia Ambiental como una “Licencia Global”, que da su visto bueno para la explotación de los yacimientos no convencionales en Colombia, previa presentación del Plan de Manejo Ambiental, y concede la autorización para la estimulación o fracturamiento hidráulico, en este caso sobre gas de mantos de carbón, tipificado como un Yacimiento No Convencional, el cual es el primero en etapa de producción.

 

Según una carta de la empresa publicada el 07 de septiembre de 2018, “A la fecha, se han perforado 15 pozos verticales de producción de gas en mantos de carbón y todas las instalaciones de producción asociadas, en estricto cumplimiento de las autorizaciones contenidas en la licencia ambiental, así como las otorgadas por la ANH y el Servicio Geológico Colombiano”(4).

 

 

Recuperado de: http://www.drummondltd.com/wp-content/uploads/cartilla_caporo_drummond_ALTA.pdf

 

También y como se profundizó en: “Fracking: ¿una decisión por construir?”, a partir de 2015 aparece otro proyecto piloto en Colombia, el más sonado en medios de comunicación y redes sociales, a manos de la empresa ConocoPhillips -para ser desarrollado también en el Cesar-, cuando se firma el Contrato Adicional de Exploración y Producción E&P -Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos, entre la multinacional Conocophillips y la ANH, y que fue cedido por la Shell. Este proyecto aún espera la licencia de la ANLA.

 

 

Como se mencionó, hay 15 pozos verticales de producción en yacimientos no convencionales en Colombia, que da pie para afirmar que es el proyecto más avanzado de explotación no convencional conocido en el país y que aunque fuera de la técnica característica de tubería horizontal del fracking, sí es claro la tipificación no convencional (mantos de carbón) del proyecto de la Drummond, por el tipo de yacimiento clasificado de la misma manera por la Asociación Colombiana de Petróleo -ACP (5).

 

Ahora, otro avance pro-fracking: en octubre (2018) y en relación a la participación ciudadana, un fallo de la Corte Constitucional abrazó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo de poner límites a los alcances de la consulta popular en tanto estas no pueden vetar proyectos de orden extractivo, ratificando al Estado como dueño único del subsuelo.

 

Mientras, los anti, mediante la coalición de más de 30 congresistas del Partido Liberal, Conservador, Alianza Verde, Polo Democrático, la U, Decentes, Cambio Radical, MAIS, y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y en compañía de la Alianza Colombia Libre de Fracking, se llevó a cabo el pasado 1 de agosto la presentación ante el Congreso de la República del proyecto de ley que tiene como fin la prohibición de técnicas de exploración y explotación no convencionales de hidrocarburos en Colombia.

 

 

Así mismo una Acción Popular fue interpuesta por el gobernador de Boyacá ante el Tribunal Administrativo del mismo departamento, para que se prohíba definitivamente la exploración y la posible puesta en marcha del fracking. También el mecanismo fue llevado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De igual manera, y en parte por la protesta ciudadana que se vivió en Boyacá, se llevó a la terminación del contrato suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y la empresa polaca Geofyzica Torum Services, que se encontraba realizando actividades exploratorias de sísmica en el departamento, para identificar el potencial de hidrocarburos.

 

Además de las acciones populares radicadas para detener el avance del fracturamiento hidráulico y del proyecto de ley que busca su prohibición, se sumó una medida más: una demanda presentada por el Grupo de Litigio e Interés Público (GLIP) de la Universidad del Norte ante el Consejo de Estado que busca anular el Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, por medio de los cuales se establecen las pautas y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía.

 

El último de los avances para el movimiento ha sido, que gracias a una petición firmada por más de 120 organizaciones de 11 países en Colorado (EUA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) autorizó una audiencia para revisar los casos de violencia contra los pobladores, que no ven el fracturamiento hidráulico como opción, debido al abuso de la fuerza del ESMAD y la oleada de líderes sociales, muchos de ellos asesinados en Colombia por temas ambientales, que deja una alerta crítica. Revisa la ponencia y denuncias de los manifestantes en: “Doris Gutierrez ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos sobre Fracking”.

 

Revisa la línea de tiempo con los nodos del debate:

 

Clic

 

Movilización digital y off-line

 

“Las comunidades virtuales en Internet también son comunidades, es decir, generan sociabilidad, generan relaciones y redes de relaciones humanas” (6). Ahora si a esto se le incluye formas de acercarse a lo político con un interés concreto sobre lo público y factores de incidencia, con la multiplicación de un mensaje de resistencia y que en últimas busca un reordenamiento, en este caso de la política minera, se sienta el campo para lograr la construcción de una plaza pública digital que se expresa activamente con el fin de consolidar un nuevo orden deseado. “La colectividad se festeja así misma. Es una forma de transformar el poder social en orden” (7).

 

El concepto anterior, que además rompe con la forma tradicional vertical en el manejo de la información y las comunicaciones al acentuarse la idea de comunidad y de una sociedad abierta de la información, también se sustenta en la manifestación pública no digital. Para el caso del proyecto de fracking en Colombia, tras el ciclo de violencia manifestado en 2016, entre la resistencia y el ESMAD, con los nodos más críticos en abril, octubre y diciembre; parte de la comunidad consolidó un ejemplo de lucha social en Colombia con una capacidad de convocatoria, lobby y alcance del mensaje #NoAlFrackingenColombia transformando la violencia del Estado, en capacidad de posicionamiento de su mensaje en redes y prensa.

 

 

Canal de Youtube de Cordatec. Video 6: “ESMAD agrede a comunidad de San Martín, Cesar, que protesta contra el FRACKING”.

 

Así, el llamado social a la cabeza de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y -Ecosistemas (Cordatec) y de la mano de uno de sus principales voceros, Carlos Santiago, han ubicado, mediante una capacidad de actuar estratégicamente en el corto plazo, un entramado de alianzas nacionales e internacionales, que han llevado la causa, al centro de la política colombiana en 2017 y 2018.

 

Dos años después de las protestas en San Martín, en la pasada “twitteraton” del 12 de septiembre, promovido por la Alianza Colombia Libre de Fracking, fuera de lo off line (o manifestación in situ), muchos de los usuarios participaron no sólo con hashtags y mensajes, también presentaron más de 100.000 firmas que recogieron a través de la plataforma change.org, que fueron radicadas ante el Senado de la República apoyando directamente la prohibición. Ese día el #ColombiaLibredeFracking fue tendencia nacional, además de llegar a una audiencia de más de 1.419.000 usuarios.

 

Por otro lado, el gremio difundió el #FrackingResponsable que logró una audiencia de 868.455, también el 12 de septiembre, con un alcance de un 38% menos en el posicionamiento digital frente al de su contrincante. No obstante el #FrackingResponsable tiene un mayor número de vistas, entre menos usuarios (audiencia) pero con un 73% más de impresiones entre usuarios, equivalente a  7´930.031.

 

Cabe resaltar que además de la expresión digital, que ha ganado opiniones a favor y en contra del fracking y que ha sido un tema generalizado en redes sociales la movilización social digital ha encontrado fuertes aliados simbólicos. Apoyan el gremio de artistas, influenciadores de opinión y políticos en Colombia.

 

Tomado de: https://joanpa.com/2016/04/actores-aca-dicen-no-al-fracking-en-san-martin-noalfrackingensanmartin/

 

Resaltan ídolos y rockstars, que aunque no son especialistas en el tema como el grupo de música Aterciopelados, el actor Julián Román y la excandidata a la vicepresidencia de Colombia en la contienda de 2018, Claudia López, por la Alianza Verde, quien ha manifestado su apoyo incondicional para prohibir el fracking en Colombia, como también, la Congresista Angélica Lozano (representante de la Alianza Verde); el Representante a la Cámara, César Pachón (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y el excandidato a la presidencia (2018), Gustavo Petro.

 

Dicha movilización social digital, para el caso del fracking, ha sido un soporte transversal de esta lucha social y ha ganado terreno en el “ágora digital”, con el viento de la opinión pública a favor de la causa en un presente hiperconectado y en donde las comunidades de red concede a la resistencia, la capacidad de trascender fronteras espaciales y mantener el espíritu de una ciudadanía activa unida por un mismo mensaje. Es decir, la resistencia contra el fracking no es única del movimiento ciudadano en San Martín, o del coletivo www.naofrackingbrasil.com.br en donde ya se prohibió la fracturación hidráulica en más de 70 ciudades del país oriental, es una corriente global, que se gesta desde lo local, y que se conecta por un interés común; en esta caso el rechazo a la técnica, con una valor predominante que destaca la defensa del ambiente, sobre la explotación.

 

No obstante la desinformación lamentablemente para la construcción de una democracia mejor informada reina en las comunidades virtuales y los argumentos, de líderes de opinión, no necesariamente se acercan a la realidad.

 

Por ejemplo, uno de los mayores desastres ambientales en la historia petrolera de Colombia, el alarmante caso de La Lisama en Santander, donde se desbordaron cientos de barriles de petróleo y 120.000 de lodo sobre las quebradas Caño Muerto y La Lisama en marzo de 2018 (8) llevó a que los señalamientos de la causa de la emergencia dieran como antagonista al fracking, cuando en realidad fue la erupción de un pozo convencional abandonado, operado por Ecopetrol.

 

¿Pero por qué hay tanta resistencia y se mira al fracking como si fuera el fondo de todos los males? Muchos países lo han prohibido debido a que sus impactos son más hostiles con el ambiente. Hay distintos estudios que sugieren una alerta en 3 temas generales: salud en poblaciones aledañas o de los trabajadores, impactos y competencia de los recursos naturales y sismicidad. Destaca por ejemplo: “A Public Health Review of High Volume Hydraulic Fracturing for Shale Gas Development” (2014) realizado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que relaciona el uso del fracking con probables impactos en la calidad del aire, en el agua potable, derrames de químicos, sismos inducidos e impactos a la comunidad.

 

De igual manera compilamos una serie de estudios como: “La necesaria evaluación de impacto en salud de la explotación de gas esquisto” de Susana Isabel García, Presidenta en Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA) en el cual argumenta que para los YNC o fractura hidráulica es necesario el cálculo profundo de los impactos a través de la evaluación de las sustancias en servicio del procedimiento y el monitoreo para estimar la implicancia en los efectos sobre la calidad del aire y del agua, como temas que preocupan a las comunidades (9). Acceso al cuadro de seguimiento Crudo Transparente sobre estudios de impacto o recomendaciones ante el fracking.

 

No obstante, hay otro lado cercano a la empresa estatal Ecopetrol como la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet) la cual reitera que: “Con la implementación de nuevas técnicas como el fracking, el país podría aumentar su producción entre 250.000 y 400.000 barriles diarios, alargando su autosuficiencia más allá de los 16 años, además, sería un proyecto a realizarse en los próximos 10 años, con inversiones entre US$16.000 millones y US$42.000 millones” (10). Para profundizar sobre ventajas económicas del fracking revisa: “La industria petrolera salió del closet”.

 

En agosto de 2018 el nuevo gobierno del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, tomó posesión y con eso un clima de una mejor certidumbre para los que le apuestan al sector de hidrocarburos en el país; debido a que su principal contendor con un enfoque de izquierda-centro, Gustavo Petro, proponía una cambio inminente hacia energías alternativas, el desmonte paulatino del fósil y el rechazo sí o sí del fracking.

 

Ahora Iván Duque durante su campaña movió su postura, “en octubre del año pasado él fue muy enfático en decir que esa técnica le parecía una oportunidad para garantizar el autoabastecimiento, sin embargo, después de que ganó la consulta interpartidista, fue moderando su discurso y terminó sus declaraciones afirmando que lo importante era potenciar la exploración y explotación de todos los convencionales que hubiera en el país”, explica Yessica Prieto, coordinadora de Proyectos e Investigaciones de Crudo Transparente (11).

 

En conversación con Carlos Santiago (líder de la resistencia), afirma que el colectivo anti-fracking espera que el actual Presidente de la República cumpla sus últimas promesas de campaña y que deje fuera de la prioridad, la explotación no convencional para Colombia. Una decisión difícil, ya que Duque es cercano a los gremios económicos tradicionales del país quienes esperan un desarrollo de todo el espectro del sector de hidrocarburos, más aún cuando los precios han rondado los 80 USD, un precio del barril que favorece comercialmente la viabilidad de la técnica que es más costosa que la convencional.

 

Ya son 5 minero-energéticas interesadas en los proyectos de fracking en el país. Además de la Drummond y ConocoPhillips están Ecopetrol, Exxon y Parex Resources (12). La Estatal a través del presidente de la compañía, Felipe Bayón, explicó que el fracturamiento hidráulico, “se puede hacer de manera responsable” y que “las preocupaciones son válidas, pero necesitamos hacer las exploraciones, entenderlas, que todo el mundo pueda participar y hacer una cosa científica” (13) . La multinacional, con participación privada y del Estado, afirma que pueden llegar a inventariar aproximadamente 1.000 millones de barriles. “Ecopetrol tiene cuatro proyecto listos: VMM 16 en Anapoima, CAT 3VMM5, VMM 29 y Cor 62 estas dos en asocio con Exxon Mobile” (14).

 

Otro de los puntos que llama la atención es que los coqueteos al fracking vienen de manera oblicua de parte de Ecopetrol, pero también de la ministra de Minas, Maria Fernanda Suárez quien declaró: “Tengo que convencer al presidente Duque sobre el Fracking”, así como el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli: “Estamos listos para que el Ministerio de Ambiente haga la evaluación final de esas solicitudes de licencias ambientales para iniciar la exploración de los proyectos de estimulación hidráulica en Colombia… son 10 años de trabajo continuo, de preparación y de investigación sobre estos proyectos de exploración de estimulación hidráulica en el resto del mundo, en Argentina, en Estados Unidos y en los países donde más se ha desarrollado esta tecnología. De manera que estamos listos y tenemos esa legislación robusta y estamos preparados para arrancar en el período de exploración de estos proyectos petroleros” (15).

 

Hacen ruido las manifestaciones de los líderes del sector, pero ¿por qué no se ha pronunciado Iván Duque al respecto y sigue hablando a través de sus directores y Ministros?

 

LO ÚLTIMO

 

En las últimas semanas se dieron a conocer dos decisiones importantes que ponen, por el momento, un alto al fracking dentro del país.

 

El pasado 23 de octubre, la ANLA, por medio del Auto N° 06445, negó la licencia ambiental a la empresa ConocoPhillips Colombia para llevar a cabo la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, en el Área de Perforación Exploratoria – Ape Plata, del bloque VMM3 localizado en los municipios de San Martín y Aguachica, Cesar.

 

Como requerimiento de la ANLA para otorgar una licencia ambiental, se hace necesario presentar ante esta un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por el cual se determina si el proyecto contempla y se hace cargo de los efectos ambientales que este provoca, por medio de la mitigación, reparación y compensación.

 

En el EIA presentado por la ConocoPhillips se propone a la empresa GEOAMBIENTAL S.A., para que realice el tratamiento, transporte y disposición final de los fluidos de retorno y aguas de producción asociadas a la implementación del fracking. Ante esto, la ANLA solicita a la Corporación Autónoma Regional  del Cesar (CORPOCESAR) pronunciarse sobre la capacidad que tiene GEOAMBIENTAL S.A., para realizar estos procedimientos.

 

Según el Auto 06445 (2018) de la ANLA, en su pronunciamiento, CORPOCESAR resalta el hecho que la GEOAMBIENTAL si cuenta con la licencia para realizar ese tipo de actividades, sin embargo, en la solicitud de la ConocoPhillips se mencionan sustancias químicas como el arsénico o cromo usados en la posible implementación del fracking y de los cuales no se tiene certeza científica que corresponda al manejo y disposición final de los desechos líquidos, esto quiere decir que la licencia ambiental concedida a GEOAMBIENTAL S.A., no tiene alcance sobre el manejo, tratamiento, transporte y disposición final de fluidos de retorno y aguas asociadas a yacimientos no convencionales. Es por esto que la ANLA decide aplicar el principio de precaución y niega la licencia ambiental.

 

El principio de precaución, que tiene como fin prevenir y evitar daños graves e irreversibles en el medio ambiente, se encuentra consagrado en la Ley 99 de 1993, en donde se explica que:

 

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Ante esta decisión, el 9 de noviembre del presente año, la ConocoPhillips Colombia publicó un comunicado de prensa en donde afirma que ha intentado los recursos de reposición correspondientes, con el fin de controvertir la decisión de la ANLA, considerando que cumplieron con los requisitos regulatorios del gobierno para la obtención de la licencia ambiental.

 

Por otro lado, el Consejo de Estado decidió suspender los actos administrativos en donde se fijaban las pautas para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Estamos haciendo referencia al Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución N.° 90341 del 27 de marzo de 2014, que disponen lo siguiente:

 

El Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 define lo que es un yacimiento no convencional y da un plazo de seis meses a partir de su expedición, para que el Ministerio de Minas y Energía emita las normas técnicas y procedimientos relacionados con la integridad de pozos, estimulación hidráulica, inyección de agua de producción, fluidos de retorno y demás asuntos técnicos relacionados con el fracking.

 

Por su lado, la Resolución N.° 90341 del 27 de marzo de 2014 traza las exigencias técnicas y los procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, con el fin de que la implementación de esta técnica garantice el desarrollo sostenible.

 

Como lo aclara el Consejo de Estado, ninguno de los actos administrativos mencionados se pone en duda la existencia de posibles perjuicios al medio ambiente por parte del fracking, por tanto, se da a entender que confirman el hecho de que esta técnica trae consigo riesgos de daños ambientales y para la salud humana.

 

Al igual que la ANLA, el Consejo de Estado decide aplicar el Principio de Precaución, dando como principal argumento que la aplicación de estos actos administrativos, que contienen el primer paso para dar vía a esta técnica dentro del país, puede generar un daño irreversible en el medio ambiente y la salud humana, ya que no hay certeza de que las medidas adoptadas como protección sean suficientes.

 

En un contexto donde el trabajo que ha realizado el Gobierno Nacional, principalmente nombrando una comisión de expertos que tienen como tarea principal determinar el futuro de la fracturación hidráulica en Colombia, el Consejo de Estado hace una suspensión provisional de estos actos administrativos, hasta que se adopten las medidas efectivas para que los daños y riesgos potenciales en el medio ambiente y la vida humana, sean mitigables.

 

Conclusiones

 

No hay fracking en Colombia, pero son claras las intenciones que tienen diferentes empresas como la Drummond, ConocoPhillips, Ecopetrol, Exxon y Parex Resources, y de instituciones del Estado como el Ministerio de Minas y Energía de avanzar en el tema. Esto, motivados por el aumento de las reservas que en el mejor de los casos los cálculos alcanzan a triplicar los números existentes -unos 6.000 millones de barriles adicionales-.

 

Si fracking no, Colombia tendría que importar buena parte del crudo que consume, y reemplazar los ingresos que genera la industria afectando directamente la caja del país y podría plantear una nueva serie de reformas tributarias.

 

No se pueden ignorar los diferentes efectos que tiene esta técnica sobre el medio ambiente, la salud pública y la sismicidad, como lo han evocado estudios internacionales. Es por esto que surge la necesidad que el Estado escuche las principales preocupaciones de las comunidades y haga los diferentes estudios locales -en las áreas de influencia- que determinen un clima de seguridad ambiental, social y energético.

 

Si bien fracking no hay, sí se ha adelantado la explotación de gas no convencional en mantos de carbón en el Cesar. Por lo que hacemos un llamado especial a la compañía Drummond, quien adelanta este proyecto, a que socialice y profundice de manera permanente sobre la información relacionada con las actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, ya que los avances que haga la compañía con respecto a esta práctica reordena, influye y alimenta el debate nacional.   


Por otro lado, el aspecto de las movilizaciones sociales han encontrado en la plaza digital y en los mecanismo de participación ciudadana tácticas efectivas que podrían lapidar la posibilidad del fracking en el país; las más destacada el proyecto de ley que radicaron el 01 de agosto, para su prohibición, con el apoyo de organizaciones sociales y alrededor de 10 partidos políticos en el Congreso. Sumado al último pronunciamiento de la ANLA.

 

El tema en redes sociales ha sido, una táctica de “guerra” de alto impacto, a tal punto que la palabra fracking llegó al centro del debate nacional y se ha quedado en el radar durante los últimos 3 años, gracias al trabajo de la resistencia que además ha logrado posicionar el rechazo con una estratégia de valor simbólico, a través del respaldo de importantes líderes sociales, políticos y otras organizaciones internacionales que han confluido en respaldar una misma causa.

 

Bibliografía

 

 

Recuperado de: https://www.lanacion.com.co/2014/09/03/fracking-se-abre-paso-en-el-pais/https://www.lanacion.com.co/2014/09/03/fracking-se-abre-paso-en-el-pais/