Abordar los conflictos socioambientales de la industria petrolera pasa por asumir las responsabilidades propias

El primer trimestre de 2023 ha estado marcado por la conflictividad social asociada a la industria petrolera. Arauca, Casanare, Caquetá y Meta son los departamentos más recientes donde las comunidades y los grupos armados se han manifestado en contra de los proyectos extractivos. Las principales motivaciones de estos hechos están relacionadas con la ausencia estatal y a la falta del cumplimiento de acuerdos entre las compañías petroleras y las comunidades. Para transformar estos conflictos, es necesario que tanto el Estado como las empresas asuman su responsabilidad y cumplan con sus deberes. 

Por un lado, el Estado debe reconocer su ausencia e incapacidad histórica para proveer bienes y servicios en todo el territorio nacional, especialmente en las regiones más apartadas del país que suelen ser las de mayor producción de hidrocarburos. El Estado está en deuda de garantizar los derechos fundamentales y la participación en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos que conviven con los proyectos extractivos; y no es un tema de recursos, es falta de voluntad política. 

El centralismo en la toma de decisiones que caracteriza al Estado colombiano no permite conocer y reconocer las necesidades que tienen los ciudadanos en las zonas rurales. Además, el Estado, por su marcada debilidad institucional, falla en hacer seguimiento constante y efectivo a los compromisos que las empresas extractivas contraen cuando firman los contratos de exploración y explotación; un ejemplo claro de esto es la cantidad de pasivos ambientales que están dispersos en todo el país y que ninguna compañía asume.

Las comunidades que conviven con los proyectos extractivos han sufrido por décadas los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que la extracción de petróleo y gas trae a los territorios. La renta extractiva que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales, no ha sido invertida de manera efectiva y eficiente en las regiones de producción. Cuántas veces tendremos que seguir presenciando bloqueos de vías, manifestaciones y demás expresiones de descontento social, para comprender que la presencia estatal no puede ser medida solamente en pie de fuerza y en indicadores de desempeño económico; es necesario garantizar el pleno goce de derechos para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. 

Por otro lado, las compañías están en el deber de cumplir y respetar la legislación nacional en materia jurídica, ambiental y social. Así mismo, es necesario que partan por reconocer que su actividad económica sí genera impactos negativos (como toda acción humana) y que, por lo tanto, tienen que implementar la mejor tecnología disponible para prevenir, mitigar y compensar los daños en los ecosistemas donde realizan su labor. Es claro que su misión no es sustituir al Estado, pero sí necesitan mantener una buena relación y cumplir a cabalidad sus acuerdos con las comunidades, así como también viabilizar su inversión social de acuerdo con los programas de desarrollo territorial. 

La transformación de los conflictos asociados a la industria petrolera necesitan ser tramitados de manera distinta y para eso el Estado y las compañías deben asumir sus responsabilidades. Si lo que se busca es el cambio, necesitamos que este empiece por ustedes. El respeto y garantía de derechos no es potestativo, es un deber.