Por: Alejandro López

 

Introducción

 

El municipio que registra la mayor producción de hidrocarburos en el país es Puerto Gaitán, es el más extenso del Meta y alberga la mayor parte de la población indígena del departamento. Su importancia en la economía nacional es fundamental porque allí se encuentra el campo petrolero más grande del país: Rubiales, su aporte durante 2019, por ejemplo, representó el 13,4% de todo el petróleo producido en Colombia.

 

A pesar de su relevancia económica, Puerto Gaitán también se caracteriza por los altos índices de conflictividad social asociados no solo a la industria petrolífera, sino también al creciente sector agroindustrial y forestal que se ha ido extendiendo en el territorio en la última década, luego del descenso productivo de crudo y la caída de los precios internacionales desde este recurso. Además, según las fuentes consultadas, el auge del sector empresarial de estas industrias contrasta con las precarias condiciones socio-económicas de la población local, evidenciadas en altos índices de pobreza, deficiente acceso a servicios públicos, desempleo, precarias condiciones laborales, asimetría judicial y desestructuración cultural de las poblaciones indígenas.

 

 

La intención de este trabajo es ofrecer un panorama de las complejas dinámicas sociales y económicas que existen en Puerto Gaitán, a partir de diferentes informes institucionales y trabajos académicos que han abordado desde múltiples perspectivas las problemáticas que allí se viven. Además, los análisis esbozados se complementan con la información recogida en campo, realizada durante octubre de 2020 en el casco urbano del municipio, en la que se pudo conversar con diferentes actores locales de la institucionalidad municipal y las organizaciones indígenas.

 

Panorama socio-económico de Puerto Gaitán

 

Puerto Gaitán es el municipio más extenso de Meta con 1´750.000 hectáreas y el quinto de mayor área de todo el país, está ubicado en la denominada Altillanura que se extiende desde Puerto López hasta la desembocadura del Orinoco en Vichada. Está dividido administrativamente en 27 veredas y contiene áreas de 9 resguardos indígenas legalmente constituidos que se traslapan o colindan con diferentes bloques de exploración y producción de hidrocarburos. Su población aproximada es de 41 mil habitantes, de los cuales el 65% habita en zonas rurales y cerca de 12 mil pertenecen a las comunidades indígenas, principalmente de la etnia Sikuani [1].

 

El gobierno colombiano ha venido implementando desde 2001 el proyecto de convertir la Altillanura en un polo de desarrollo agrícola, petrolero y minero, que ha traído como consecuencia drásticos cambios en el uso, tenencia y cobertura del suelo, al igual que la llegada de empresarios de diferentes regiones del país, lo que todo junto a derivado en una profunda transformación del ordenamiento social y productivo de la región [2]. Gran parte de estas empresas se han instalado en las cercanías de los resguardos indígenas, lo que ha ocasionado que sus actividades se superpongan al territorio de estas comunidades.

 

Cabe resaltar además, que debido al rápido crecimiento de la industria de hidrocarburos durante la primera década del siglo XXI, Puerto Gaitán vivió un “boom” petrolero que derivó principalmente en un aumento acelerado de la población colona (no-indígena), que se ha visto duplicada en los últimos 15 años.  Otro gran cambio derivado de la explotación de petróleo fue el exacerbado incremento en la asignación de regalías, puesto que entre 2004 y 2011 tuvo un incremento de 2281 % en estos recursos, asociado a la enorme producción del campo Rubiales y al aumento de los precios internacionales de crudo en 2010 [3].

 

De manera paralela, en la última década se ha evidenciado un aumento del interés por la tierra en el municipio por parte del sector agroindustrial, concretamente por la ganadería y la cría de cerdos, las plantaciones de palma aceitera, caucho y maíz, así como por los recursos maderables. En este escenario surgen dos modelos económicos contrapuestos: los megaproyectos y la explotación intensiva del suelo, frente a las prácticas tradicionales de subsistencia de la población indígena, campesina y colona. De modo que, las reivindicaciones sobre el territorio y la exigencia de los derechos colectivos se han visto amenazados dentro del nuevo esquema económico regional, en el que los grupos armados organizados (GAO) han jugado un papel determinante [4].

 

Los enclaves económicos en América Latina han sido descritos como aquellas intervenciones de capital privado para la extracción de materias primas, que establecen sus nodos de producción en lugares geográficos alejadas de los centros administrativos y políticos de un país, sin integrarse en el mercado local [5].  Distintos estudios han descrito a Puerto Gaitán como un enclave económico petrolero por el emblemático caso de Rubiales, que ha sido el campo más productivo del país desde febrero de 2009, cuando registró en promedio 56 mil barriles diarios (BPDC) y siguió creciendo hasta alcanzar su punto máximo en 2105 al llegar a 210 mil BPDC. Desde entonces su producción ha ido disminuyendo hasta bajar a 106 mil BPDC en el primer semestre de 2020, cifra inferior a la de la primera mitad de 2019, con 120 mil BPDC. 

 

Rubiales es uno de los 22 contratos petroleros vigentes dentro del municipio, de los cuales 13 corresponden a áreas de exploración operadas por 7 compañías, y los otros 9 de producción, a cargo de 6 empresas operadoras, como se puede ver las tabla 1. Además, Rubiales también es uno de los 27 campos que actualmente están produciendo petróleo en Puerto Gaitán, los cuales en su conjunto han registrado 181 mil BPDC entre enero y junio de 2020, equivalentes al 43 % de lo producido en Meta y al 25 % del total nacional en este mismo semestre [6]. (ver tabla 2).

 

Tabla 1. Contratos Petroleros en Puerto Gaitán

Fuente: Elaboración propia con datos de ANH

 

 

 

Tabla 2. Producción Fiscalizada de Petróleo de enero a junio de 2020

Producción	BPDC	% Nacional	% Departamental	% Municipal
Nacional	812.954	100
Meta	414.101	50,9	100
Puerto Gaitán	181.529	22,3	43,8	100
Rubiales	106.891	13,1	25,8	58,9

Fuente: Elaboración propia con datos de ANH

 

 

 Actores armados en el territorio

 

Sin el ánimo de ser exhaustivo, es importante contextualizar el panorama de Puerto Gaitán a la luz de algunos antecedentes históricos relacionados con el proceso de colonización y el conflicto armado en la región. Se resaltan, pues, los referentes más significativos encontrados en las fuentes consultadas, estableciendo como punto de enlace los aspectos relacionados con la industria petrolera.

 

A grandes rasgos, se puede decir que después del Bogotazo el éxodo campesino del centro del país empieza extender la frontera agrícola hacia la Altillanura a partir de 1950, lo que configura centros poblados, alejados de la región andina, caracterizados por la ausencia del Estado y en donde las extintas FARC consolidaron un poder territorial que, en el caso de Puerto Gaitán, duró hasta la década de 1990 [7]. A partir de esta fecha, estructuras paramilitares herederos de los “Carranceros” que constituyeron la seguridad del esmeraldero Víctor Carranza, crean las denominadas Autodefensas del Meta, que luego pasaron a llamarse Autodefensas campesinas del Meta y el Vichada (ACMV), retoman el control territorial sobre la ganadería, la siembra de coca, así como para contrarrestar la expansión de las FARC de aquella época [8].

 

Para el año 2000, varias estructuras paramilitares se habían consolidado en la región, como las Autodefensas del Meta y el Vichada, que ejercieron un mayor control socio-territorial en Puerto Gaitán, en donde cometieron masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Este periodo de violencia de la primera década del siglo XXI, coincide con la ola expansionista de la industria de petrolífera, que al mismo tiempo impulsó el aumento de la presencia militar y civil del Estado en respuesta al nuevo flujo de recursos económicos, especialmente por las regalías provenientes del petróleo [9]. 

 

Puesto que es el mayor productor de petróleo, Puerto Gaitán también es el ente territorial que más regalías ha recibido desde la reforma al SGR en 2012 hasta junio de 2020 (696 mil millones de pesos)[10], tal dinamismo económico y fiscal siempre ha sido atractivo para los diferentes GAO. De acuerdo con el Observatorio Internacional del Desarme, Desmovilización y Reintegración: 

 

En los municipios petroleros de la región, la captación ilegal de regalías por parte de las Autodefensas fue una situación medianamente generalizada. El trasfondo de esta práctica ilegal era la aplicación de acuerdos electorales entre políticos y grupos armados ilegales, donde una vez posesionados los candidatos de su interés, éstos debían devolver los “favores recibidos” mediante contratos, a través de los cuales pudieran entregarles una parte de recursos de las regalías petroleras girados a los municipios. [11]

 

Cabe anotar que gran parte de los grupos de autodefensas de la región no hicieron parte de la desmovilización de estas estructuras promovida por el gobierno colombiano en 2005; por el contrario, similares grupos con nuevos nombres surgieron en años posteriores y desde entonces se han venido disputando el control territorial sobre narcotráfico, la ganadería y los “servicios de seguridad” a empresas agroindustriales, petroleras y comerciantes [12]. Según la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada en abril de 2020, los habitantes de Puerto Gaitán sienten que los controles violentos en el territorio y la vulneración de sus derechos fundamentales aún persisten. La permanencia y adaptación de subsecuentes generaciones de GAO, sucesores del fenómeno paramilitar en la Altillanura, “se exacerba o intensifica según las contingencias, reacomodamientos y purgas por las que atraviesan las estructuras armadas en el territorio” [13]. 

 

Además, el poder e injerencia de estas agrupaciones se ha fortalecido e incrementado a tal punto que han logrado permear la institucionalidad municipal con la intención de extraer recursos del erario, debido a las grandes sumas de dinero que se administran por las regalías petroleras. Un ejemplo es el caso del exalcalde Alexander fierro (2016-2019), investigado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en un contrato de 4 mil millones de pesos [14], investigado también por supuestos vínculos con el grupo paramilitar Libertadores del Vichada, a raíz de las declaraciones ante la Fiscalía de un excombatiente que aseguró que hubo una alianza entre las partes para el apoyo de la campaña electoral a cambio del 3 % de los contratos municipales [15].

 

Durante la visita a campo que Crudo Transparente adelantó en el casco urbano de Puerto Gaitán para la elaboración de este escrito, se pudo constatar varias “pintas” en las paredes de viviendas y establecimientos comerciales que decían “AGC presente”, referentes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El informe de Defensoría señala que este grupo, identificado por las autoridades policiales como Clan del Golfo, es el principal responsable del control social y de las actividades productivas, culturales y políticas de la población municipal, quien ha venido denunciando estos hechos desde mediados de 2019 [16]. Sin embargo, las AGC no es el único GAO presente en la zona, también se tiene conocimiento de otras estructuras paramilitares como los Puntilleros Bloque Meta y el Ejército Revolucionario Antisubversivo Colombiano (ERAC). Por si fuera poco, el Ministerio Público también ha recibido información que señala posibles alianzas entre Facciones Disidentes de las extintas FARC y células del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes han comenzado a tener injerencia en la parte suroccidental de Puerto Gaitán donde colinda con Mapiripán [17].

 

Ahora bien, los informes institucionales y académicos referenciados en este trabajo coinciden en señalar la injerencia que han tenido las acciones violentas de los GAO, principalmente de los paramilitares, sobre el fenómeno del despojo y el acaparamiento de tierras en la Altillanura, particularmente en el vasto municipio de Puerto Gaitán. Entre las estrategias utilizadas por estas estructuras delincuenciales está la compra y posterior venta de predios para la inversión en negocios agroindustriales como la siembra de palma.

 

De acuerdo con Hermina Lozando, habitante y líder social de Puerto Gaitán, con quien Crudo Transparente habló el 5 de octubre de 2020, ella fue víctima del engaño de Pacific y del despojo de su finca a manos de hombres armados que intimidaron a su familia para que abandonaran el predio, en la vereda santa Helena, en el área de influencia del campo Quifa. El engaño consistió en que nunca se cumplió el acuerdo de compraventa de un área de la finca que supuestamente se la iban a pagar a 3 millones de pesos por hectárea, y el despojo aconteció luego de que ella y su esposo interpusieron una denuncia por el ingreso a su propiedad con maquinaria y la contaminación de una acuífero de donde se surtían de agua potable. 

 

Es más, estos despojos hacen parte de una dinámica aún más compleja porque combina la usurpación de tierras de resguardos indígenas y de colonos legítimos, con el robo de tierras del Estado mediante ocupación y titulación de baldíos, tanto de actores armados, como de testaferros repobladores y aliados locales y foráneos que no son sujetos de reforma agraria [18]. Estas dinámicas, aunadas con factores como la corrupción, rezagos y vacíos de información institucional, así como el origen irregular de la propiedad a lo largo de la colonización regional condicionada por el conflicto armado, han influido directamente en el desplazamiento forzado, el despojo y abandono de tierras, los cuales han facilitado la concentración del suelo y su uso por parte de inversionistas nacionales y extranjeros [19].  

 

Puede decirse entonces, de acuerdo con la investigación Conflicto Armado e Implementación del Extractivismo de las investigadoras Jimena Ñáñez y Laura Calle [20], que el conflicto armado y particularmente el fenómeno paramilitar ha servido a los intereses de la implementación de un modelo económico regional basado en la explotación de hidrocarburos y la agroindustria. Por lo tanto, estiman que el conflicto social y armado en esta parte del país ha sido funcional al proceso de contrarreforma agraria, emprendido por el Estado desde el siglo XIX, y que se ha potenciado con la llegada de una serie de agentes ligados al capital financiero, el extractivismo y el narcotráfico.

 

Conviene destacar esto último, ya que según la periodista y politóloga Ivonne Rodríguez:

 

“en Colombia los intentos de reforma agraria no han garantizado derechos de propiedad estables, porque los mecanismos legales para lograr una distribución de la tierra fueron cooptados por una coalición de actores legales e ilegales, con conexiones desde la región hacia el poder central, sumado a un ejercicio persistente de la coerción que impidió que los beneficiarios de la reforma pudieran permanecer en las parcelas que el instituto de tierras les tituló”. [21]

 

También apunta que en Puerto Gaitán esta inestabilidad en los derechos de propiedad se manifestó de muchas maneras, tanto legales como ilegales, que condujo a una transformación tanto jurídica como material en la apropiación de tierra; lo que comenzó con parcelas cultivadas con pancoger y terminó en grandes extensiones de tierra donde se desarrollan proyectos agroindustriales a gran escala [22].

 

Conflictividad y Protesta  

 

Una de las expresiones que más se manifiestan en este municipio es el alto nivel de conflictividad social entre las comunidades, campesinas e indígenas, y las empresas petroleras o agroindustriales, principalmente alrededor del tema laboral, la contratación de mano de obra local, inversión en proyectos de impacto social, adquisición de bienes y servicios, compensaciones e incumplimientos. La mayor parte de los conflictos que se registran, involucra a comunidades indígenas y empresas petroleras, generalmente por irregularidades y falta de garantías en el proceso de consulta previa, por incumplimientos de acuerdos, y por mantener una dinámica clientelar que, como se verá más adelante, favorece los intereses de quienes promueven los reclamos, bloqueos y demás movilizaciones indígenas.

 

Desde el auge petrolero, en Puerto Gaitán se ha registrado un significativo incremento de las protestas y movilizaciones sociales en el territorio. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en esta región se registraron 28 casos de luchas sociales entre 1981 y 2015, de los cuales 23 acontecieron desde 2007, año en que Pacific entra en escena [23]. De acuerdo con la base de datos de Crudo Transparente, entre 2017 y octubre de 2020, Puerto Gaitán es el segundo municipio que registra más casos (9 en total) asociados a la conflictividad social e incidentes de orden público (bloqueos, protestas, amenazas a líderes), por detrás de Barrancabermeja que ha registrado 16 en ese mismo periodo. Por lo general, las movilizaciones (frecuentemente lideradas por la USO), terminan en la firma de acuerdos entre ciudadanos, autoridades y sector privado pero que luego de los plazos estipulados no se cumplen en su mayoría, lo que genera nuevamente la participación en otras manifestaciones de trabajadores y comunidades.

 

Actualmente el Ministerio Público en Puerto Gaitán “ha tenido que atender numerosas solicitudes tanto de las autoridades territoriales, de las empresas afectadas, como también de las mismas comunidades indígenas que solicitan su acompañamiento” [24]. En tanto las protestas escalan a mayor grado se presentan hechos de violencia que generalmente ocasionan pérdidas económicas en la producción de hidrocarburos, afectaciones a vehículos y personas, entre otros daños. La respuesta suele ser la represión policial que buscan levantar los obstáculos de quienes representan y lideran esas protestas; como consecuencia, se han presentado violaciones de los derechos humanos sobre los manifestantes derivadas de las acciones de contención implementadas por la fuerza pública.

 

Como respuesta estatal, principalmente de los ministerios de Minas y del Interior, la ANH, Gobernación Departamental), han planteado diferentes estrategias de gestión, creación de mesas de trabajo y firmas de acuerdos y agendas, que buscan la manera de manejar y prevenir estos conflictos sociales porque representan altos costos en pérdidas y afectan la cadena productiva de la industria. Un ejemplo de estas medidas fue la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos (ETH) que comenzó en 2013, con el doble propósito promover la visión del desarrollo sostenible en regiones productoras de crudo, y plantear la iniciativa como instrumento para la construcción de paz desde los territorios; estuvo liderada por la ANH y contó con la asistencia técnica y metodológica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [25].

 

A nivel regional también se han adelantado algunas acciones interinstitucionales, como la creación de la Mesa de Acción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Puerto Gaitán, que como instancia adscrita a la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Meta, se encarga de promover “el diálogo participativo, asesorar y concertar estrategias, planes, proyectos y medidas sobre temas de interés de los pueblos indígenas del municipio”. Este espacio de diálogo y participación, se concretó en 2016 como consecuencia de las continuas movilizaciones de los 9 resguardos de Puerto Gaitán desde 2013, cuando hicieron parte de la gran Minga Nacional, Social, Indígena y Popular. Recientemente en 2019, se expidió un nuevo Decreto en el que se renueva y modifica la Mesa, al incluir más miembros permanentes y garantizar la presencia del Ministerio Público (Defensoría y Procuraduría), para facilitar la interlocución de estas comunidades y generar mejores consensos sobre las decisiones que se tomen en favor de esta población [26].

 

A pesar de los recursos invertidos en la primera iniciativa y del despliegue institucional en la segunda, sigue habiendo un gran desafío sobre todo en materia de prevención de conflictos. Esas instancias son objeto de presiones de las empresas y otras partes interesadas en que el negocio de estación de crudo no se detenga ni sea afectado. La Defensoría ha advertido sobre los riesgos que tienen los líderes, voceros, periodistas y demás actores que defienden los derechos colectivos y difunden las condiciones en las que se producen los acontecimientos. Algunos de estos riesgos se materializan en un aumento de la criminalización de la protesta social a través de la aplicación arbitraria del aparato judicial y en el uso de la excesivo de la fuerza, en una clara tendencia a privilegiar los intereses empresariales, infringiendo los DDHH de los grupos afectados y debilitando la confianza en el Estado. Además, las condiciones del territorio son propicias para aprovechar la vulnerabilidad de las comunidades y en esta situación los GAO actúan de acuerdo a su conveniencia, advierte la Alerta Temprana de abril de 2020. 

 

Abusos del aparato judicial:

 

Varios informes y documentos públicos de múltiples organizaciones, han mostrado la manera en que las protestas sociales generan una respuesta represiva por parte de las autoridades. Muchos son los casos denunciados, así como los testimonios de trabajadores, líderes, periodistas que señalan, por ejemplo, el evidente abuso del aparato judicial y la celeridad con que actúan sus funcionarios en las investigaciones donde las empresas ostenta la calidad de víctimas; mientras que la situación se invierte cuando las compañías son las acusadas y los casos denunciados quedan en la impunidad. 

 

Un referente que marca el inicio de una tendencia que aún persiste son las protestas realizadas entre 2011, alimentadas por una serie de denuncias sobre la militarización del territorio, la restricción de la movilidad de vías y caminos veredales, ingreso del Ejército a fincas y resguardos sin autorizaciones y control militar de los campamentos y reuniones de los trabajadores. Dichas protestas, que alcanzaron manifestaciones violentas, enfrentamientos con el ESMAD y el rechazo de gran parte de la población local, terminaron en un acuerdo entre las partes cuando la parálisis de la actividad petrolera fue insostenible [27].

 

Esta y las demás protestas subsiguientes, como la de julio de 2015 cuando hubo despidos masivos en los campos operados por Pacific, fueron los precedentes de múltiples detenciones arbitrarias, amenazas y estigmatizaciones en contra de trabajadores, organizaciones sociales y líderes indígenas. Tanto los daños ocasionados por las empresas operadoras y sus contratistas, como los incumplimientos de los acuerdos para la reparación de daños ambientales y pago por servidumbres, han sido las principales causas de del “eterno retorno” de la manifestación y la protesta. Además, en cuanto a la persecución sindical y la violación al derecho asociativo, a compañías como Pacific y Meta Petroleum las autoridades nacionales las absolvieron en 2013 porque vinculaban a sus empleados por medio de terceros, y por tanto quedaron libres de cualquier responsabilidad legal.

 

Privatización de la Seguridad:

 

Otro aspecto relacionado con el anterior, es el aumento del rol protagónico que el sector privado asume con relación a la seguridad de las regiones del país donde las inversiones del sector extractivo son más altas. En términos generales, hay dos modalidades en que las empresas invierten en seguridad: los convenios de cooperación firmados con fuerza Pública, Ministerio de Defensa y Fiscalía; y también la contratación directa de empresas que prestan servicios de “protección especializada en instalaciones de alto riesgo”, como ISVI Ltda., que cuenta dentro de sus clientes con compañías como Ecopetrol, Pacific, Meta Petroleum Oxy, Cepsa, Equión, entre otras [28].

 

Los informes consultados para este trabajo consideran que la asimetría judicial está influenciada en buena medida por los Convenios de Colaboración que, tanto Fiscalía como Fuerza Pública, han firmado con algunas empresas petroleras. Así por ejemplo, en 2014 Pacific ocupaba el primer lugar en los pagos por este concepto entre empresas minero-energéticas y el Ministerio de Defensa; entre 2007 y 2014 esta compañía invirtió cerca de 70 millones de dólares, incluidos aportes en la seguridad de los oleoductos [29].

 

De acuerdo con información de primera mano obtenida por Indepaz, el departamento de seguridad de Pacific argumenta que con la instalación del Batallón Especial Energético y Vial N° 15, “han disminuido las acciones violentas contra la industria petrolera y ha servido además para disuadir a grupos al margen de la ley de atentar contra las comunidades”. No obstante, las poblaciones aledañas a los campos custodiados han manifestado, según los testimonios recogidos por la FIDH e INEPAZ, que la presencia y acción cívica militar ha ocasionado que sean estigmatizadas y consideradas como un riesgo para las operaciones de las facilidades petroleras, lo cual restringe su movilidad en el territorio y los constriñe de reclamar o denunciar cualquier irregularidad, lo que ha ocasionado agresiones, amenazas, y persecuciones judiciales.

 

Si bien estos convenios existen desde 1996, solo fueron regulados por el Ministerio de Defensa en 2014. Cuando se celebran con la fuerza Pública, contemplan aportes en dinero y especie a las instituciones a cambio de que presten seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas; cuando son con la Fiscalía, esta institución se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de las empresas. La Fiscalía cumple su compromiso mediante sus Estructuras de Apoyo (EDA), las cuales ampliaron su campo de acción desde 2013 en Arauca, Casanare y Meta para investigar delitos de terrorismo, secuestro, violación de la libertad de trabajo, concierto para delinquir y obstrucción a vías que afecten el orden público [30].

 

La red periodística Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio, ha documentado historias de activistas ambientales y sindicales de Puerto Gaitán que aseguran haber sido v´ctimas de abusos y persecuciones por parte de la Fuerza Pública, además de haber sido judicializados por supuestos actos terroristas, tras criticar las actuaciones de Pacific rubiales cuando operó en el territorio [31]. Sin embargo, la Fiscalía no pudo demostrar la relación entre los delitos y los líderes, quienes no están en igualdad de condiciones jurídicas cuando hay estos convenios están vigentes, los cuales “son una excusa para privatizar la justicia y deslegitimar los procesos organizativos de los líderes en la región”, según el análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo [32].

 

En la tabla 3 se relacionan los convenios de cooperación firmados que se desarrollan total o parcialmente en Puerto Gaitán, con el valor, empresas involucradas y plazo de ejecución [33]. Así mismo, con el propósito de contribuir a la transparencia de la información pública, se incluye el hipervínculo en el número de convenio para que el lector tenga acceso al documento original y conozca más detalles sobre estos acuerdos.

 

Tabla 3. Convenios de Seguridad en Puerto Gaitán

Convenio	Institución Prestadora del Servicio	Valor (pesos)	Vigencia	Empresas Relacionadas
18-017	Ejército Nacional	2.340’000.000	19-nov-2018 a 31-dic-2018	Frontera Energy
18-024	Ejército Nacional	707’743.830	29-nov-2018 a 29-dic-2019	Frontera Energy
18-014	Ejército Nacional	2.152’974.695	16-nov-2018 a 31-dic-2018	Frontera Energy
18-032	Fuerza Aerea Colombiana	2.940’867.992	29-nov-2018 a 31-dic-2019	Hocol S.A.
01-3012514	Policía Nacional	18.418’013.831	10-dic-2018 a 31-dic-2020	Ecopetrol
17-026	Ejército Nacional	2.772’712.500	2-oct-2017 a 2-may-2019	Hocol S.A.
16-028	Ejército Nacional	330’000.000	5-ago-2016 a 4-ago-2017	Cepsa
16-030	Fuerza Aerea Colombiana	240’000.000	17-ago-2016 a 31-ago-2017	Cepsa
712015	Ministerio de Defensa	desconocido	27-oct-2015 a 21-dic-2015	Meta Petroleum
54-2015	Ejército Nacional	180’000.000	21-jul-2015 a 31-dic-2015	Tecpetrol
14-045	Ejército Nacional	540’000.000	20-ene-2014 a 30-jun-2014	Tecpetrol
5212220	Fuerza Aerea Colombiana	11.331’715.408	20-ene-2014 a 31-dic-2014	Ecopetrol
14-014	Ejército Nacional	860’000.000	17-ene-2014 a 31-dic-2015	Meta Petroleum
14-016	Ejército Nacional	423’500.000	17-ene-2014 a 31-dic-2014	Cepsa
13-105	Ejército Nacional	1.301’474.560	27-dic-2013 a 31-dic-2014	Meta Petroleum
013-103	Ejército Nacional	353’920.000	27-dic-2013 a 31-dic-2014	Meta Petroleum

Fuente: Elaboración propia con datos de Liga Contra el Silencio y documentos oficiales

 

 

Dinámicas Indígenas

 

De acuerdo con la investigación de la antropóloga Laura Calle Alzate, realizada en 2016 en el resguardo indígena Wacoyo, los recursos económicos que las empresas petroleras han puesto a circular en el territorio se han convertido en la nueva base económica que alimenta las redes clientelares comunitarias e indígenas, y en la causa de tensiones y disputas políticas entre sus líderes [34]. Buena parte de este análisis, se corrobora con la información obtenida en campo con las entrevistas realizadas a la líder y asesora indígena, Rosalba Jiménez, y con el enlace municipal de asuntos étnicos de Puerto Gaitán, Benjamín Unda, en octubre de 2020.

 

Dentro de los límites de Puerto Gaitán, las tierras de los nueve resguardos indígenas tienen alrededor de 332 mil hectáreas y albergan aproximadamente 11 mil habitantes, distribuidos en 161 comunidades principalmente de la etnia Sikuani (ver tabla 4). Todas estas áreas de resguardo, se traslapan con las áreas de exploración y producción (E&P) que la ANH tiene disponible en su mapa de tierras [35], de manera que esta intersección representa para las empresas cumplir con el requerimiento del proceso de consulta previa. (ver mapa 1)

 

Tabla 4. Resguardos indígenas de Puerto Gaitán

RESGUARDOS	Área dentro del municipio (has)	N° Comunidades por Resguardo	Población del Resguardo
Unuma Meta	182.600	46	2.458
Vencedor Pirirí	40.000	13	1.032
Domo Planas	37.925	22	2.349
Awaliba	20.700	14	631
El Tigre	27.361	13	423
Corozal Tapaojo	8.200	9	907
Wacoyo	9.530	24	1.537
Waliani	4.652	6	366
Iwiwi	1.167	14	423
Total	332.135	161	10.126

Fuente: Elaboración propia con datos de Plan de Vida Sikuani

 

 

 

Mapa 1. Áreas de resguardos indígenas y bloques petroleros en Puerto Gaitán

Fuente: FIDH (2016)

 

Las ‘negociaciones’ alrededor de la consulta previa es, precisamente, uno de los factores que más protestas, reclamos y exigencias genera entre los líderes indígenas. Para la jurisprudencia colombiana, estos procesos son una “oportunidad para que los organismos estatales y concesionarios del Estado puedan explicar de forma concreta y transparente cuáles son los propósitos de la obra y la comunidad pueda exponer cuáles son sus necesidades y puntos de vista frente a la misma” [36]. Empero, esta posibilidad de diálogo se torna ilusoria debido a las asimetrías de poder y porque nunca logra satisfacer los derechos de las comunidades, de modo que esto ha conducido a una errónea aplicación del proceso y a una percepción distorsionada por parte de los líderes indígenas, quienes la asumen como un escenario del cual obtener algún tipo de compensación.

 

Más del 90 % de la población indígena es de la etnia Sikuani y casi todos los resguardos hacen parte de la Asociación Unuma, que es la estructura organizativa que reúne a sus gobernadores, quienes a su vez fueron elegidos entre los líderes o representantes de las comunidades que componen determinado resguardo. De acuerdo con Calle Alzate, los diferentes gobiernos Sikuani que existen en el territorio están consolidados en cuatro niveles: familiar, comunitario, regional y nacional, en los que la figura del Gobernador juega un papel relevante puesto que desempeña una doble función, puesto que estos líderes:

 

A nivel interno, controlan y acompañan a los miembros de la comunidad y son quienes velan por la cohesión familiar y por el bienestar general; a nivel externo, su función es coordinar acciones con las instancias representativas, como las instituciones estatales, las ONG, los grupos religiosos, las organizaciones indígenas, entre otros. Gran parte de estas acciones están ligadas a la presentación de proyectos y la gestión de recursos para invertir en el Resguardo. [37]

 

Ahora bien, el tipo de economía de enclave que existe en este territorio tiene grandes impactos sobre las poblaciones aledañas, debido a su carácter extractivo sustentado en la concentración de la actividad productiva y la mano de obra. Con la llegada de empresas como Pacific y Fazenda, por citar apenas 2 ejemplos, y tantas otras del sector petrolero y agroindustrial, ha surgido un flujo inusitado de dinero y se han entablado relaciones de diferente índole con las comunidades. Sean empleos para los habitantes de los resguardos, proyectos de inversión ligados a la “responsabilidad social corporativa” o financiación de procesos de consulta previa, hay una fuente de recursos que están siendo invertidos en los territorios indígenas [38].

 

Este aspecto refuerza las redes clientelares en la medida en que los líderes asumen a las empresas como fuentes de financiación, como vías alternativas a las que brinda el estado, que costean y financian diferentes proyectos. La gestión de éstos está determinada por las relaciones, generalmente volubles, que tienen los habitantes de una comunidad con la empresa, puesto que se mueven entre el conflicto, la negociación y el acuerdo y marcadas por posiciones desiguales de poder.

 

Si bien la labor del gobernador de resguardo es principal, este tipo de gestiones las realiza él únicamente sino que cada uno de los líderes intenta gestionar proyectos de manera bilateral (con Estado y empresas) para beneficiar a su propia comunidad, lo cual mantiene su estabilidad política entre los comuneros y refuerza también la dinámica clientelar. Esto fue corroborado por Rosalba Jiménez con la información levantada en campo [39], quien relató que durante su acompañamiento en diferentes procesos de consulta previa y asesoría con instituciones, líderes de los resguardos Domo-Planas, Awalibá y Alto Unuma desconocen o retan la autoridad de los gobernadores elegidos por la mayoría y buscan negociar directamente con las empresas ejerciendo, por lo general, algún tipo de presión con medidas de hecho o amenazas de bloqueos de vías.

 

Un aspecto que se debe resaltar y que ayuda a entender las constantes manifestaciones y movilizaciones de esta población, es el hecho de que los recursos obtenidos en las gestiones benefician a un sector de la comunidad, no a todos los habitantes en su conjunto. Las lealtades de parentesco son sumamente importantes, porque gran parte de la clientela hace parte de la familia extensa del líder, en la que además pesa mucho el factor generacional. Así por ejemplo, en conversación con el enlace étnico municipal de Puerto Gaitán [40], el funcionario explicaba que el actual representante indígena que preside la Asociación Unuma (que agrupa los gobernadores de los resguardos del municipio) no fue quien ganó en las elecciones comunitarias. Fue por su influencia en los mayores y sus alianzas con otras figuras de autoridad, que asumió de facto el cargo y destituyó a quien había ganado en principio, que a su vez hacía parte de su familia extensa pero por su juventud no fue reconocido por los capitanes mayores.

 

Por último, vale la pena mencionar una situación generalizada que se presenta en la organización comunitaria de los resguardos, y es el surgimiento de los jóvenes como nuevos líderes y gestores capacitados técnicamente en la redacción, trámite y administración de los proyectos. Esto ha generado que un grupo de jóvenes escolarizados se estén vinculando a los gobiernos indígenas por lo estratégico que resulta contar con ellos, puesto que tanto empresas como administración municipal prioriza la participación de los jóvenes y porque, al haberse formado dentro del sistema educativo nacional, manejan un lenguaje común con los diferentes agentes de la sociedad mayoritaria.

 

No obstante, esta situación ha generado también desintegración de las comunidades y ha profundizado el desarraigo cultural de los pueblos. Rosalba Jiménez enfatizó en que “los jóvenes han sentido su sentido de pertenencia étnica, su manera de pensar ya no corresponde a la cosmovisión de sus generaciones anteriores y ven a las empresas como una posibilidad de mejorar sus condiciones socio-económicas”. Así, es frecuente que los jóvenes que salen a trabajar en las compañías luego ya no quieren retornar a sus resguardos, porque experimentan una nueva forma de vida y encuentran “una oportunidad de camuflarse entre los mestizos del pueblo y de escapar del racismo estructural al que han estado sometidos” [41].

 

Conclusiones

 

Cabe preguntarse, en primer lugar, ¿Cuál es la cuota de responsabilidad del Estado colombiano en toda la situación de vulnerabilidad de derechos, precariedad socio-económica y despojo de tierras que se ha descrito para el caso de Puerto? ¿son suficientes los marcos regulatorios y de control sobre las industrias extractivas, en especial para la del petróleo, para prevenir y mitigar buena parte de las irregularidades y abusos que se presentan en el territorio? 

 

Por otra parte, las fuentes consultadas coincidieron en señalar, que hay un evidente patrón  de persecución judicial en contra de participantes de manifestaciones y líderes ambientales y sindicales, que han sido protagonistas en la organización y ejecución de las movilizaciones. Hay indicios de la responsabilidad estatal por permitir la criminalización y judicialización de los mencionados actores, desconociendo el contexto político y social de la conflictividad generada por la actividad petrolera en la región.

 

Lo anterior está relacionado con la serie de convenios de cooperación en Seguridad que las empresas privadas y Ecopetrol tienen con las fuerzas Armadas y Fiscalía para apoyar la investigación de delitos contra la industria de hidrocarburos y proteger sus intereses. Hace falta un análisis más amplio para determinar los índices de abuso del aparato judicial y su relación con la serie de denuncias de amenazas e intimidaciones que existen contra los defensores de DDHH y líderes sociales en general.

 

Por otro lado, resulta desconcertante la manera en que las empresas han desnaturalizado la consulta previa y los mecanismos que empleados para evadirla o distorsionarla. El objetivo de este proceso para mitigar los impactos ambientales ha pasado a un segundo plano y, en ocasiones, ha dejado de existir, lo cual tiene su correlato con la falta de garantías institucionales (por parte de por ejemplo el Min.Interior y el ANLA) que han propiciado división entre las comunidades indígenas y les han negado espacios de interlocución y participación efectivos.

 

También, genera preocupación entre los habitantes de Puerto Gaitán la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, en abril de 2020, sobre la creciente presencia y accionar de estructuras asociadas a grupos sucesores del paramilitarismo. Lo que se puede estar presentando es la recomposición del orden violento que tiempo atrás impusieron las AUC, lo que puede repercutir gravemente en los derechos de la población y en el funcionamiento del estado social de derecho en este municipio. El auge de estos GAO se entrelaza con el impulso que ha existido en los últimos años del sector agroindustrial, así como con los constantes proyectos de exploración y explotación petrolera. 

 

Finalmente, la reveladora investigación sobre las redes clientelares en los resguardo indígenas de Puerto Gaitán, señala que estas dinámicas se han incorporado en la cultura sikuani con consecuencias negativas para la estabilidad y el equilibrio de las comunidades. cada vez más los líderes y comuneros en general, se han vuelto dependientes de la gestión de recursos, tanto a escala local en sus resguardos, como a escala regional y nacional por la multiplicidad de fuentes de la que pueden obtener recursos. Esta dependencia económica ha derivado en desarraigo cultural, desconfianza interna y patrones de corrupción muy similares a los existentes en la sociedad mayoritaria. 

 

Referencias Bibliográficas

 

[1]. DANE. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda. [Tomado de URL: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica]

[2]. La Rota-Aguilera, M. J. y Salcedo, L. (2016). Parte I. La Altillanura: desafíos y posibilidades del Ordenamiento Territorial en la nueva frontera agrícola colombiana. En Desencuentros Territoriales, Tomo II. ICANH, Bogotá. [Tomado de URL: https://vertov14.files.wordpress.com/2016/03/desencuentros_tomo_2.pdf]

[3]. Huertas, freddy. (2018). Entre la vulnerabilidad y la dependencia económica: el caso del petróleo en Puerto Gaitán. Revista Desbordes, UNAD / Volumen 9 No. 1. [Tomado de URL: https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/article/view/3220]

[4]. Defensoría del Pueblo. (2012). Informe de riesgo No. 006-12 A.I. Defensoría delegada para la prevención de riesgos de violaciones a los derechos humanos y DIH.

[5]. Hernández, Daniel. (2019). Extractivismo, Estado y naturaleza: Una mirada desde la economía política a la dinámica del capitalismo en Puerto Gaitán-Meta. Trabajo de Grado. Magister en Sociología. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. [Tomado de URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/74511/].

[6]. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estadísticas de Producción. [Tomado de URL: https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/sistemas-integrados-de-operaciones/estadisticas-de-produccion].

[7]. INDEPAZ & SOMO. (2016). Petróleo: Acumulación de Agua y Tierras en la Altillanura. Instituto de Estudios para el Desarrollo y ­la Paz & Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales. Bogotá y Amsterdam. [http://www.indepaz.org.co/petroleo-acumulacion-de-agua-y-tierras-en-la-altillanura/]

[8]. Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta Temprana N° 017-20. [Tomado de URL: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-017-2020-MET-Cabuyaro-Puerto-Gaita%CC%81n-y-Puerto-Lo%CC%81pez.pdf]

[9]. Federación Internacional por los Derechos Humanos-FIDH. (2016).  El costo humano del petróleo: estudio de impacto en los derechos humanos de las actividades de Pacific Exploration & Production Corp. en Puerto Gaitán. [Tomado de URL: https://www.fidh.org/IMG/pdf/colombie_exec_summ_es_version_web.pdf]

[10]. Sistema General de Regalías-SGR. Base de Datos Gesproy con fecha de corte 15-dic-2019. Recuperado de: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx]

[11]. Massé, Frédéric y Camargo, Johanna. (2013). Actores armados ilegales y sector petrolero del Meta. Informe monográfico. Bogotá: CITpax Observatorio Internacional de DDR. [Tomado de URL: https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/Actores%20Armados%20Ilegales%20y%20Sector%20Petrolero%20del%20Meta.pdf]

[12]. INDEPAZ & SOMO. Op. Cit.

[13]. Defensoría del Pueblo (2020). Op. Cit. Pág. 15.

[14]. Procuraduría General de la Nación. (9 de junio de 2020). Procuraduría abrió investigación contra exalcalde de Puerto Gaitán, Meta. [Tomado de URL: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-abrio-investigacion-exalcalde-Puerto-Gaitan-Meta.news]

[15]. El Espectador. (9 de julio de 2019). El testimonio que compromete al alcalde de Puerto Gaitán con financiamiento de paramilitares. [Tomado de URL: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-testimonio-que-compromete-al-alcalde-de-puerto-gaitan-con-financiamiento-de-paramilitares/]

[16]. Defensoría del Pueblo (2020). Op. Cit.

[17]. FIDH. (2016). Op.Cit.

[18]. Unidad de Restitución de Tierras, citado por INDEPAZ & SOMO. (2016). Op Cit. , pág. 62.

[19]. Defensoría del Pueblo (2020). Op. Cit.

[20]. Ñáñez, Jimena & Calle, Laura. (2017). Conflicto armado e implementación del extractivismo como modelo de desarrollo: un estudio de caso en la altillanura colombiana. En: Congreso El Extractivismo en América Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales (311-325), Sevilla: Universidad de Sevilla. [Tomado de URL: https://idus.us.es/handle/11441/74570]

[21]. Rodríguez, Ivonne González, I. (2014). Despojo, baldíos y conflicto armado en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta, Colombia) entre 1980 y 2010. Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), pp. 315-342. [Tomado de URL: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/esj16.1.2014.08/2384]

[22]. Ibid.

[23]. Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP. Citado por FIDH (2016).  Op. Cit.

[24]. Defensoría del Pueblo (2020). Op. Cit.

[25]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (s.f.). ETH: Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos [Tomado de URL: https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/Estrategia-Territorial-para-Gestion-Equitativa-y-Sostenible-Sector-Hidrocarburos.html]

[26]. Gobernación del Meta. (12 de febrero de 2019). Decreto N° 67. Por medio del cual se deroga el Decreto 377 de 2016; y se crea la mesa de acción y desarrollo de los pueblos indígenas del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

[27]. INDEPAZ & SOMO. Op. Cit.

[28]. Página oficial de la empresa de seguridad ISVI LTDA. [Tomado de URL: https://isvi.com/clientes]

[29]. INDEPAZ & SOMO. Op. Cit.

[30]. López, Alejandro. (2020). Petróleo en Arauca. Territorio en disputa. Crudo Transparente. [Tomado de URL: https://crudotransparente.com/2020/05/28/petroleo-en-arauca-territorio-en-disputa/].

[31]. Liga Contra el Silencio. (2016) Violencia y petróleo persiguen al sindicalismo en el Meta. [Tomado de URL:  https://ligacontraelsilencio.com/2019/04/26/violencia-y-petroleo-5]

[32]. El Espectador. (3 de mayo de 2020). Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía. [Tomado de URL: https://www.elespectador.com/colombia2020/petroleras-y-mineras-financian-la-fuerza-publica-y-la-fiscalia-articulo-917617/]

[33]. Rutas del Conflicto (s.f.). Convenios de Fuerza y Justicia. [Tomado de URL: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/283]

[34]. Calle Alzate, L. (2017). Empresas, recursos económicos y gobiernos indígenas: una aproximación al estudio de las redes clientelares en un resguardo indígena en la Altillanura colombiana. Universitas Humanística, 84, 171-199. [Tomado de URL: https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh84.ereg]

[34]. Geoportal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH. [Tomado de URL: https://geovisor.anh.gov.co/tierras/]

[35]. Corte Constitucional. Sentencia T-129 de 2011. Magistrado P. Jorge Iván Palacio [https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-129-11.htm].

[36]. Calle Alzate, L. (2017). Op. Cit. Pág. 22

[37]. Ñáñez, Jimena & Calle, Laura. (2017). Conflicto armado e implementación del extractivismo como modelo de desarrollo: un estudio de caso en la altillanura colombiana. En: Congreso El Extractivismo en América Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales (311-325), Sevilla: Universidad de Sevilla. [Tomado de URL: https://idus.us.es/handle/11441/74570]

[38]. Entrevista de campo. (2 de octubre de 2020)

[40]. Entrevista de campo. (6 de octubre de 2020).

[41]. Calle Alzate, L. (2017). Op. Cit. Pág. 24