Columna de Opinión Nacional
Una ley en tiempo récord
Daniel Castillo Camacho
Uno de los proyectos más importantes para el Gobierno nacional durante 2020, es el que busca reglamentar el nuevo Sistema General de Regalías, que quedó plasmado en el Acto Legislativo 05 de 2019 (AL 05 2019) con el cual se modificaron los porcentajes de asignación y tiene el objetivo de llevar mayores recursos a las zonas productoras.
Aunque en el Acto Legislativo en cuestión, quedó estipulado que el proyecto se debía radicar a más tardar el 30 de marzo de 2020, el confinamiento como consecuencia de la pandemia, no permitió que se cumpliera con la totalidad de consultas previas para esa fecha, y la iniciativa no apareció en escena sino hasta la actual legislatura.
De esta forma, el pasado 4 de agosto, se radicó el Proyecto de Ley 200 para el Senado y 311 para la Cámara de Representantes, el cual debe debatirse y aprobarse en tiempo récord, ya que, a más tardar el 30 de agosto, esta ley tiene que estar lista, porque en su defecto, la Presidencia tendrá la facultad de emitir decretos con fuerza de ley para reglamentar el SGR, tal como quedó estipulado en el parágrafo segundo transitorio del AL 05 2019.
El proceso de aprobación de esta iniciativa, ha comenzado con las dos audiencias públicas organizadas por las comisiones quintas del Congreso que tuvieron como invitados a los alcaldes de los municipios productores y a la totalidad de gobernadores. Este espacio permitió que apareciera en escena una nueva inconformidad dentro del proyecto, y es el de la pérdida de autonomía de los territorios, ya que la desaparición de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) a nivel departamental y municipal, hace que los recursos sean manejados por los ministerios y departamentos administrativos, y transferidos únicamente cuando el proyecto esté aprobado.
Si bien está estipulado que entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EnTerritorio), presten asistencia técnica en las alcaldías y gobernaciones, el principal problema es que las regiones necesitan adquirir las habilidades necesarias para poner en marcha inversiones que vayan en el mismo sentido que los planes de desarrollo y las necesidades de su población; de manera que quitar el manejo directo de los recursos y la figura de OCAD, puede significar un retroceso.
El proyecto está en trámite y el pasado 17 de agosto fue aprobado en primer debate, con proposiciones polémicas por parte del gobierno, como el artículo 60, que fue votado negativamente y que buscaba que las regiones pudieran acceder a adelantos con cargo a los asignaciones futuras, pero en forma de endeudamiento, lo cual hizo recordar los llamados “bonos de agua” que tanto daño le hicieron a las finanzas públicas territoriales. Por otro lado, se votó favorablemente, una en la que se busca blindar jurídicamente la explotación de yacimientos no convencionales, para que tanto en la fase de pilotos como en la comercial, tengan un descuento de 40 % en la liquidación de regalías.
Por lo anterior, se hace necesario que se revise constitucionalmente la pertinencia de que el Presidente Duque sea el encargado de promulgar los cambios en caso de no llegar a la fecha estipulada, y sin duda es fundamental que se escuchen las propuestas que llegan desde los territorios referentes no solo a su autonomía, sino también a participación ciudadana, rendición de cuentas, acceso a la información e inversiones en sectores productivos diferentes al extractivo.
NOTICIAS
Asesoría normativa sobre GLP a autoridades de Valle del Cauca
El 13 de agosto, la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA realizó una capacitación virtual a las autoridades del departamento de Valle del Cauca, con el objetivo de brindarles asesoría normativa a quienes se encargan de controlar la ilegalidad referente al gas licuado del petróleo (GLP) en esa región del país.
El webinar titulado como “Normativa vs. Ilegalidad en el GLP”, abarcó el tema de la identificación y tipificación de las acciones ilícitas dentro del sector como el transporte irregular; contrabando; hurto, envasado de forma fraudulenta y venta ilegal de cilindros. Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA declaró que este taller aborda temas regulatorios dentro de la industria del GLP.
Entre los asistentes, estuvieron presentes funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) específicamente de Cali y Buenaventura, que contaron con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali; el Mayor Germán Gómez Hoyos, Jefe de la División POLFA Cali; y el Mayor Jorge Nilson Barco, Jefe de la División POLFA Buenaventura.
La demanda actual de GLP en el Valle de Cauca representa un total de 47 758 665 kilogramos de GLP, es decir un 8% del consumo nacional. Sin embargo, según cifras de la Asociación, la ilegalidad mueve cerca de 3 835 toneladas de este recurso al mes. Asimismo, el gremio resalta el peligro que representan las acciones en la obtención y resguardo ilegal del GLP para los usuarios y la comunidad.
Comunicado de Prensa: GASNOVA capacitó a autoridades del Valle del Cauca en temas regulatorios y de control a la ilegalidad del gas LP. 13/08/2020
Nuevo proyecto de ley busca prohibir el Fracking en Colombia
El lunes 10 de agosto, un grupo de 36 congresistas de diferentes partidos políticos radicaron ante la Secretaría de la Cámara de Representantes del Congreso, un proyecto de ley que busca prohibir la práctica del fracking en la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos en el país. La propuesta deberá superar cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado.
Entre los diputados y diputadas que respaldan la iniciativa se encuentran Angélica Lozano, Mauricio Toro y Antonio Sanguino de la Alianza Verde; Gustavo Petro de Colombia Humana; Gustavo Bolívar y María José Pizarro de la Lista de la Decencia; Juan Carlos Losada y Julián Peinado del Partido Liberal; Jorge Robledo e Iván Cepeda de Polo Democrático Alternativo; Ciro Fernández de Cambio Radical; Aída Avella de Unión Patriótica; Roy Barreras de Partido Social de Unidad Nacional y Pablo Catatumbo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Los senadores contaron con el apoyo de organizaciones ambientalistas como la Alianza Colombiana Libre de Fracking, la Corporación Podion, CRY-GEAM y la Red Nacional del Agua de Colombia. El proyecto tiene como objetivo contribuir al cumplimiento efectivo de las metas trazadas en el Acuerdo de París en el 2015, por medio de la Ley 1844 de 2017, en la cual el Gobierno Nacional se comprometió con la protección del medio ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones, así como la prevención de conflictos socioambientales asociados con estas actividades.
Por otro lado, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) el 14 de agosto publicaron un comunicado, en donde consideran que el proyecto de ley presentado por los senadores es inconveniente y elimina la posibilidad de tomar decisiones sobre la industria de hidrocarburos del país basadas en la ciencia e ingeniería.
Estas agrupaciones aseguran que mediante el desarrollo de tecnologías seguras de mínimo impacto, de altos estándares técnicos, de calidad y de salud permitirán que este sector tenga una mejor responsabilidad con las comunidades y el medio ambiente, al tiempo que se aumentan las reservas de petróleo y gas de Colombia.
Vía Semana: No al fracking: el pedido de 36 congresistas en medio de la pandemia 10/08/2020
Vía El Tiempo: Polémica por prohibición del ‘fracking’ regresa al Congreso 10/08/2020
Confiscan cuatro buques petroleros que iban de Irán con destino a Venezuela
La semana pasada en alta mar, cuatro buques petroleros iraníes cargados de gasolina que iban con destino a Venezuela, fueron incautados por Estados Unidos y remitidos a Houston, en el estado de Texas. Los decomisos son fruto de una solicitud efectuada por fiscales federales y están relacionados con la presión de la administración Trump hacia los dos regímenes involucrados, por lo que se llevó a cabo sin uso de la fuerza militar.
La guardia revolucionaria islámica, por medio de un empresario iraní, dispuso las entregas de combustible mediante compañías fantasma para esquivar ser detectada y evitar las sanciones de Estados Unidos, que consideran a este grupo como una organización terrorista, debido a que con las ganancias de las ventas de petróleo, sostienen la proliferación de armas de destrucción masiva y sus entregas, favorecen el terrorismo y abusos contra los derechos humanos en su país y en el exterior. (Cabe recordar que la decisión de Trump de catalogar como terrorista al cuerpo militar de Irán es una medida política bastante inusual)*
Debido a la escasez de combustible, el régimen venezolano acudió a Irán, uno de sus pocos aliados a nivel global. De hecho, en junio la teocracia islámica, le envió cinco buques petroleros, de los cuales tres llegaron a su destino y otros dos desistieron de su arribo para evadir las sanciones estadounidenses.
Ante la imposibilidad de la llegada de los buques petroleros, Venezuela ha tenido que racionar la poca cantidad de combustible que le queda, regresando a la misma situación que afrontaba en marzo, cerrando estaciones de servicio en todo el país, lo que conlleva a los residentes de Caracas a hacer filas de varios días para abastecer los vehículos, llevando a los caraqueos a pagar en el mercado negro hasta 4 dólares por litro, siendo el salario mínimo actual equivalente a 1,33 dolares mensuales. También se ha visto afectado, el envío de mercancías, incluidos artículos de primera necesidad y el transporte público, por lo que algunos trabajadores deben caminar decenas de kilómetros para llegar a sus empleos.
Protestas en el sector petrolero
En tres estaciones del Meta trabajadores adelantan paro
Ante el aumento de violaciones a derechos humanos, la Unión Sindical Obrera (USO) y la comunidad en los municipios de influencia de hidrocarburos en el Meta adelantan protestas en las estaciones y frentes de trabajo de la Vicepresidencia Regional Orinoquía de Ecopetrol, en Acacías, Castilla La Nueva, Villavicencio, y tres sitios de la zona de Pompeya.
Según lo explica Camilo Acero, director de Asuntos Jurídicos de la USO, se reclama el no pago de los salarios y prestaciones sociales luego de la suspensión y reemplazo de los contratos de trabajo en tiempos de pandemia. Además, Acero aseguro que se está dando favoritismo a la mano de obra ajena al departamento, generando aún más crisis social en la zona petrolera.
Por otro lado, Ecopetrol informó que mediante un sistema de bioseguridad se reactivaron 55 proyectos de obra y cuatro equipos de perforación en sus campos ubicados en Villavicencio, Acacías, Guamal y Castilla la Nueva lo que genera aproximadamente 1 417 empleos para el personal de la región.
Por su parte, Campetrol, gremio que representa las empresas y servicios de gas y energía en Colombia aseguró que, según cifras del servicio público de empleo, entre enero y mayo del 2020, en el país se registraron un total de 11 206 ofertas de empleo en el sector de exploración y producción de hidrocarburos. Además, se resaltó que el departamento del Meta fue el que más ofertas registró con un total de 3 180, repartidas entre los municipios de Puerto Gaitán, Acacías y Villavicencio.
Vía:El Tiempo En Meta: protesta de trabajadores petroleros por violación de derechos – Otras Ciudades – Colombia. 13-08-2020
Vía: W Radio La USO advierte plan de retiros voluntarios por trabajadores de Ecopetrol. 18-08-2020
El U’wa que enfrentó a la OXY está hospitalizado
Benito Cobaría que tiene 66 años es quizás el hombre indígena que encarnó la batalla más difícil y resistente contra una multinacional petrolera y que recorrió medio mundo para explicar por qué sacar petróleo de la tierra, según su cultura, es malo. Lo que le dio un reconocimiento internacional, así como premios, entre ellos el reconocimiento Golmand destinado a defensores de derechos humanos, y el premio Fray Bartolomé de las Casas de manos del Rey de España. Sin embargo, Benito hoy se encuentra hospitalizado desde el 5 de agosto en una clínica de Tunja por peritonitis y aunque su estado de salud ha mejorado, todavía no se encuentra del todo bien.
Su lucha de más de una década inició en los años 90 centrándose en evitar que la petrolera extranjera Occidental Petroleum Corporation, (OXY) extrajera el “ruira” (petróleo) pues para él y su comunidad es la sangre de la tierra y al sacarla esta se moriría. Por esta razón, organizaciones internacionales comenzaron a apoyar la lucha de los U’wa, comunidad que incluso, como quedo registrado en El Tiempo el 30 de abril de 1995, en un momento anunció que si era preciso llevaría a cabo un suicidio colectivo, si la petrolera realizaba exploración en su territorio.
Berito habla de sus viajes a Europa, vive su vida como un indígena más trabajando en la tierra que fruto de su lucha pudo llegar a comprar y que luego regaló a su comunidad. De momento se encuentra en la ciudad junto a uno de sus hijos esperando el día en que pueda regresar a su hogar.
Vía: El Tiempo Berito, el u’wa que enfrentó a la OXY y no le hizo venia al príncipe. 13-08-2020
Columna de Opinión Regional
Aumento de producción gasífera en el Atlántico: entre oportunidades y desafíos
Danna Rodríguez Lechuga
En el mes de julio la empresa Hocol, filial de Ecopetrol, anunció con éxito el hallazgo en la perforación del pozo Merecumbé 1, ubicado en el municipio de Ponedera y que se suma a la noticia del pozo Bullerengue 3 en el mes de mayo y localizado en Sabanalarga. Para los presidentes Felipe Bayón, de Ecopetrol; Rafael Guzmán, de Hocol; y Orlando Cabrales, de Naturgas, estos descubrimientos son buenas noticias para el sector ya que contribuyen a las reservas de gas y a la seguridad energética del país. Sin embargo, este tipo de novedades generan, sin duda,oportunidades para los territorios pero también múltiples desafíos.
En primera medida, es importante señalar que el Atlántico no ha convivido históricamente con la industria y que solo tiene un pozo productor, Bullerengue Sur-1, situado en Sabanalarga y operado por la empresa Lewis Energy quien también es socia de Hocol con el 50 % en los proyectos anteriormente mencionados. Este aumento de la producción gasífera en el departamento, hace que este se afiance poco a poco en el negocio de los hidrocarburos.
Dentro de las oportunidades que resaltan, en primera instancia, está la participación en la asignación de regalías; las cuales después de la reforma al Sistema el año pasado y una vez se reglamente la ley de la misma, le dará a los territorios productores un mayor valor, pasando del 11 al 25 % de estos rubros. Esto sin duda, es una buena noticia, pues, se contará con más recursos que bien invertidos pueden fortalecer las capacidades y la competitividad de esas zonas.
Análogamente, se destacan otros aspectos importantes y beneficiosos como la dinamización de los mercados locales a través de la compra de bienes y servicios, la contratación de mano local y la inversión social por parte de las compañías.
Sin embargo, estas buenas noticias y oportunidades se traducen en desafíos tanto para las empresas, como para el gobierno local y la sociedad civil. Por ejemplo, la conflictividad social es uno de los mayores aspectos que aqueja a las zonas productoras y esto se debe a que la industria llega a comunidades que no se encuentran preparadas técnicamente para satisfacer las demandas de las compañías y estas últimas se ven obligadas a contratar mano de obra foránea generando malestar en la población local. En este sentido, los gobiernos locales en conjunto con las compañías deben trazar estrategias para capacitar y vincular a los lugareños.
Asimismo, las inversiones sociales o de regalías deben estar fundamentadas en procesos que vinculen la participación comunitaria, de quienes conocen sus necesidades para poder aprobar los proyectos que sean de mayor beneficio para ellos. Las comunidades también tienen la responsabilidad de hacer seguimiento a los recursos y velar por el uso correcto de los mismos. Además, los proyectos deben estar alineados a los planes de desarrollo de los municipios, para esto será importante la asistencia técnica por parte de las instituciones como el Departamento Nacional de Planeación; asimismo, el fortalecimiento de las capacidades locales es vital para la buena proyección y ejecución de los proyectos.
Así las cosas, el departamento está a tiempo para aprender de las experiencias de otras zonas del país que han convivido con la industria y tratar al máximo de generar un espacio con niveles bajos o nulos de conflictividad y para ello la clave está en la articulación y la comunicación de todos los actores involucrados que de manera mancomunada tomen decisiones acertadas, así como la transparencia en la información proporcionada.
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