Investigación por: Elizabeth Perea

Las elecciones regionales de Colombia se llevaron a cabo el 27 de octubre del 2019, con el fin de elegir los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de JAC para regir a partir del 1 de enero del 2020. Situación que abre las puertas para que los nuevos mandatarios se responsabilicen y contribuyan en disminución de problemáticas relacionada con el sector hidrocarburos y participen en la ejecución de estrategias para impedir el desabastecimiento energético.

Por esta razón, Crudo Transparente realiza una investigación  analítica para identificar los diversos retos de la industria hidrocarburífera en el Huila, Tolima, Caquetá y Nariño; evidenciando aspectos que han impedido el incremento de las actividades en esta parte del país, como lo son: el impacto ambiental, la falta de interlocución entre la comunidad, la empresa y el Estado; el inconformismo laboral por temas relacionados con la contratación de mano obra, salarios y formación; el contrabando y sus nexos con grupos armados no estatales  y la desinformación.

Para cumplir con el objetivo  se llevó a cabo una observación sistemática de la situación actual del sector extractivo en el sur del país de cara al 2020 alrededor de temas de interés: consulta previa, fracking, impactos del contrabando de gasolina en la dinámica económica regional, reforma al Sistema General de Regalías, posturas gubernamentales, áreas disponible e intereses de la comunidad frente a la política extractivista.

Gracias a ello, se lograron evidenciar diversos flagelos para que los nuevos gobernantes desarrollen líneas de acción en su plan de gobierno, para mitiguen las problemáticas más notorias y de esta manera lograr mejoras significativas de este  sector en los territorios.

CAQUETÁ

Caquetá ha sido escenario de movilizaciones sociales producto de la oposición de la comunidad ante el adelanto de proyectos de exploración y explotación petrolera en su territorio. Principalmente por el posible impacto ambiental en los ecosistemas de esta región en gran parte amazónico; la omisión de sus características especiales en el momento de ofertar bloques y la falta de responsabilidad social de las compañías extractivas; lo que generó un debate público sobre: el tipo de desarrollo económico local que se pretende y la vocación en el uso del suelo.

Esta actividad desarrollada por empresas como: Emerald Energy, Hupecol, Ecopetrol, Frontera Energy, Canacol, Meta Petroleum y Petromont, se realiza únicamente en la cuenca Caguán-Putumayo donde existen a la fecha 36 contratos de exploración, 11 de producción, 5 en procedimiento de coordinación y concurrencia y un contrato de evaluación técnica (TEA) [1].

Una de las problemáticas que ha generado esta actividad es el traslape 23 de resguardos indígenas geo-referenciados por el IGAC [2], debido al impacto socio ambiental y cultural que genera la industria. Lo que pone en manifiesto la necesidad de que el gobierno local analice el cruce entre los bloques petroleros  y este sector de la población, para determinar cuáles son las superposiciones o conflictos territoriales generados por esta. De igual manera, se requiere que se refuercen los estudios de impacto ambiental y las consultas previas en aras de mejorar el proceso; así como, la elaboración de información detallada sobre los ecosistemas que se están afectando por la ejecución de estos proyectos.

Cuadro 1. Traslapos indígenas en el Caquetá

Es importante tener en cuenta que existen 11 áreas definidas como “sin asignar”, ubicadas en los municipios de Belén de los Andaquíes,Cartagena del Chairá, El Doncello, el Paujil, Florencia, Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán y Solano;  las cuales están disponibles para ser adjudicadas a las empresas que participen y cumplan con los requisitos exigidos en los procesos licitatorios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Razón por la cual, el 2020 puede ser un año activo en materia de hidrocarburos para el departamento y en un escenario optimista para el sector, encontrar operadoras interesadas en desarrollar actividades en estas zonas. Por ello, es indispensable la ejecución de lo expuesto anteriormente, puesto que,en estas áreas se encuentran aproximadamente 23 resguardos indígenas de los departamentos de Caquetá, Guainía y Putumayo, lo que podría empeorar la situación.

Al mismo tiempo, se debe comprometer en el seguimiento y control de la contratación de bienes y servicios, el empleo y manejo de las tierras. En cuanto a la primera, se debe garantizar un equilibrio entre la relación de oferta y demanda de los bienes y servicios que contrata la industria con las empresas locales en el marco de sus políticas de proveedores (compra de material, vehículos e insumos, etc) y garantizar el pago oportuno de los mismos. En materia laboral, se requiere la formación de mano obra calificada y no calificada y la creación de perfiles laborales claros y a su vez, mejorar los procesos de titulación y formalización de tierras en las zonas de influencia de los proyectos.

Uno de los aspectos claves relacionados con esta dinámica es la actual construcción de un discurso departamental de defensa del agua [3], influenciado por el papel de la iglesia, diversas formas organizativas campesinas y las tensiones provocadas por el conflicto armado; con el ánimo de exponer la necesidad de proteger al territorio de la oleada extractivista y con ello garantizar la conservación del recurso hídrico.  Lo que se convierte en un punto de partida para la administración actual, ya que su comunidad espera un marco de acción encaminado al apoyo de sus intereses, más no, la incursión petrolera. Por esta razón, el 2020 es un año de tensión para los Caqueteños y pese al actual cese de actividades, la situación puede dar un giro de 360°.

Por lo anterior, Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador del departamento, ha manifestado que pretende seguir con el cese de actividades extractivas en la región [4], pues asegura que existen falencias en el cumplimiento de los manejos ambientales y la retribución por el uso del suelo no es la adecuada. De igual manera, percibe avances en materia de infraestructura, mejoramiento vial y equipamiento urbano (escuelas, bibliotecas, entre otras), pero no en generación de empleo en la zona de influencia de los proyectos. A su vez, manifiesta estar en contra de la extracción de hidrocarburos en la cuenca Caguán-Putumayo por ser una zona que requiere un tratamiento especial y que ha sido víctima de impactos socio-ambientales.  Por consiguiente, propone realizar la reactivación económica, social y ambiental del Caquetá por medio del desarrollo del campo y la protección de los recursos naturales bajo los principios administrativos de la Constitución Política.

Ahora bien, aunque es clara la necesidad de incrementar las reservas de gas y petróleo en el país para evitar el desabastecimiento energético y también la negativa de los caqueteños ante la ejecución de esta actividad en su región, se hace aún más necesario adelantar proyectos en lo corrido del año para ayudar en la creación de alternativas de generación de energía, que es uno de los puntos claves a nivel nacional debido al incremento de su demanda nacional que está por encima de las expectativas, con un crecimiento anual del 4,02 % [5].

Otro punto determinante es el aporte de la industria al desarrollo de la región por medio del Sistema General de Regalías financiando 287  proyectos desde el 2012 hasta la fecha [6], para mejorar principalmente los sectores de transporte (83 proyectos), educación (25 proyectos), minas y energía (20 proyectos), vivienda (29 proyectos), agricultura y desarrollo rural (16 proyectos), ciencia-tecnología e innovación (11 proyectos). Con un costo de 993 mil millones de pesos y financiados principalmente por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión departamental (61,50%), municipal (35,72%), CAR (0,71) y otros (2,07%).

Con la reforma al Sistema General de Regalías que incrementó la participación de municipios y departamentos productores de hidrocarburos,  se espera el aumento de los proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, principalmente en criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pues algunos de los municipios relacionados con el sector presentan un índice de NBI por debajo del 50 %, lo que indica que la población posee en gran medida viviendas inadecuadas, con hacinamiento crítico, servicios inapropiados, alta dependencia económica y niños en edad escolar que no asisten a la escuela.  A su vez, permite disminuir el desempleo en la región que es alarmante. Florencia, capital del Caquetá, es la cuarta ciudad del país con uno de los índices más altos de desocupación (15,7%) [7].

Todo lo anterior expone que este departamento requiere un tratamiento especial y la pronta respuesta del gobierno actual ante situaciones que se han venido presentado desde la llegada de la industria y que entraron a chocar con las condiciones de orden público en zonas donde tradicionalmente se ha concentrado gran parte de los enfrentamientos y combates entre las FARC y las Fuerzas Militares, en el marco del conflicto armado y las manifestaciones de líderes y organizaciones sociales que rechazaron el modelo extractivista.

HUILA

En este departamento existen nueve municipios con producción fiscalizada de petróleo y gas: Aipe, Baraya, Garzón, Neiva, Paicol, Palermo, Tesalia, Villavieja y Yaguará. A su vez, cuenta con tres empresas productoras: Ecopetrol, Emerald Energy PLC Sucursal Colombia y Hocol S.A; las cuales explotaron en total 164 270 barriles por día entre enero y julio del 2019.  En materia de gas, durante el 2019 el Huila produjo en promedio 98,05 pies cúbicos por día en ese periodo, los cuales se traducen en aportes mínimos a la producción nacional [8] (Ver Nota Aclaratoria al final del artículo en donde se corrige 164 270 por 23 467 BPDC y 98,05 por 14 MPCPDC).

De la mano con lo anterior, el sector extractivo en el Huila ha perdido importancia en el Producto Interno Bruto (PIB) desde la crisis petrolera en el 2015 donde la producción cayó un 10 % y las exportaciones de crudo cerca al 30 %. Pese a los esfuerzos para incrementar estos niveles no se presentaron mejoras significativas, puesto que en el 2005 la participación de este sector en el PIB era de 6% y actualmente es de tan sólo 1,9 %[9].  Por ello, se requiere la creación de estrategias claras para reactivar este sector e incrementar su participación a nivel nacional y con ello fortalecer la economía local, teniendo en cuenta la disponibilidad de 23 áreas que podrían ser ofertadas en las próximas rondas de la ANH.

Conforme a  lo anterior, el 13 de julio del 2019, la ANH manifestó su intención de explorar y explotar un pequeño bloque que abarca los municipios de Tello y Neiva de aproximadamente 10 000 hectáreas, con el ánimo de incrementar su producción y contribuir en el aumento de las reservas de crudo y gas del país; de igual manera, hizo hincapié en la presencia de yacimientos no convencionales de petróleo y su propósito de ofertar en un futuro el bloque VSM 16 que incluye los municipios de Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, la Plata, Paicol, el Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná, donde se extraería petróleo por medio del fracking [10].

A partir de ahí, su gobernador Luis Enrique Dussán [11], manifestó que iba  a liderar con toda firmeza la oposición al desarrollo de proyectos de explotación de hidrocarburos con la técnica del fracking.  Así pues, se está a la espera de la determinación por parte de la ANH de ofrecer este  bloque y comenzar con la extracción mediante esta técnica en el territorio. Lo que traería consigo una oleada de posturas sobre su aprobación y con ello, posibles manifestaciones sociales para impedir el desarrollo de esta actividad.

Otro aspecto importante, es la conflictividad social entorno al sector que radica principalmente en temas de contratación de mano de obra local tanta calificada como no calificada y la problemática asociada a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de la región, ya que los opitas consideran que la industria petrolera no ha contribuido en el desarrollo de las regiones productoras; por el contrario, genera retroceso, desigualdad y deterioro medioambiental.

Por tal razón, la administración actual debe apuntarle a  lograr que las empresas productoras contraten en su mayoría población de la zona de influencia de los proyectos o al menos de la región y para ello debe incrementar las capacitaciones sobre temas relacionados, mejorar en cobertura de la educación e  incrementar la inversión social. De igual manera, generar espacios de diálogo entre comunidades, empresa y gobierno para mitigar la desinformación en torno a la industria y garantizar la participación activa de sus actores; al mismo tiempo, fijar un nuevo enfoque para las regulaciones ambientales que debe seguir la industria para lograr que sus actividades sean ambientalmente sostenibles y para ello debe estimular el uso de tecnologías con bajo impacto en el medio ambiente.

Ahora bien, en materia de regalías se han ejecutado de 690 proyectos de inversión social desde el 2012 hasta ahora, encaminados a mejorar principalmente la infraestructura vial, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación y vivienda; con un costo de $ 1 510 miles de millones de pesos, recursos que fueron ejecutados en su mayoría por el departamento. [12]. Asimismo se evidencia un incremento en el total de los terminados a nivel nacional,  donde el Huila cuenta con un porcentaje de ejecución de 83,4% [13], que lo ubica en un nivel alto y compromete al gobierno actual a mantener avances significativos en esta cuestión.

Por esta razón se expone la necesidad de generar una mayor focalización de los recursos de regalías, con el ánimo de incrementar los terminados y disminuir la corrupción de estos, ya que este ignora segmentos de la población con grandes necesidades insatisfechas lo que expone una distribución regresiva y con base en la dinámica económica de la región se puede percibir como reto la necesidad de contar con unos criterios de gerencia y redistribución para corregir la inequidad horizontal observada en los ingresos de los entes territoriales.

Ahora bien, el informe de la Contraloría General de la República (CGR) [14], manifiesta que la mayor parte de la contratación se realiza por concurso y sólo cuenta con un oferente, lo que genera riesgos de corrupción altos. Análogamente, el 22 % de la misma se realiza con dos y un escaso 15 % con más de cuatro. Por tal razón, se requiere garantizar el incremento de estos, con el fin de aumentar la participación de los proponentes de los procesos contractuales y fortalecer la transparencia de los mismos.

Finalmente, existe una situación que genera tensión en el territorio  y es la intención de Ecopetrol de ceder a Hocol (filial 100% de esta operadora), 22 campos petroleros [15], lo que produciría la salida de esta empresa de la región y con ello, diversos impactos en el territorio, entre los cuales se encuentran:

1) al Hocol regirse por el derecho privado los temas relacionados con la responsabilidad social empresarial y el relacionamiento con las comunidades podrían complicarse; teniendo en cuenta que, esta empresa emplearía nuevas políticas y al ser su músculo financiero no tan  amplio, comparado con la estatal, se disminuye su capacidad de inversión.

2) Se perdería la convención colectiva que se celebra entre el sindicato y la petrolera para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, lo que generaría cambios en las jornadas laborales, vacaciones primas, auxilios, entre otros. Entonces cabría preguntarse ¿cómo responderá el gobierno actual ante la posible salida de esta operadora?

TOLIMA

En este departamento se encuentran empresas productoras como  Hocol, Frontera, las Quinchas, Perenco e Interoil y diez municipios productores de petróleo y gas: Alvarado, Chaparral, Espinal, Guamo, Melgar, Ortega, Piedras, Prado, Purificación y San Luis. Allí se produjeron 92 172 millones de barriles por día entre enero y julio del 2019 y 69 millones de pies cúbicos por día de gas para ese periodo. Lo que se traduce en un aporte al PIB del 1.3% [16] (Ver Nota Aclaratoria al final del artículo en donde se corrige 92 172 por 13 167,4 BPDC y 69 por 10 MPCPDC).

Desafortunadamente, se han generado diversos conflictos por temas de empleo y servicios con proveedores locales; así como, por la necesidad de incrementar las inversiones sociales  en los territorios donde se desarrollan las operaciones del sector que beneficien a comunidades que se encuentran más allá de las zonas de influencia directa de los proyectos. Por ende, es necesario que el gobierno local promueva el cumplimiento de pagos, la estabilidad laboral, mejores condiciones de seguridad industrial y adecuadas jornadas laborales, entre otros aspectos.

Cabría mencionar que la compensación económica de las empresas (regalías), se ha empleado para la ejecución de 701 proyectos por un costo de $ 1 162 miles  de millones de pesos desde el 2012 hasta la fecha, principalmente en el mejoramiento de la infraestructura vial, educación, ciencia, tecnología e innovación y agua potable y saneamiento básico [17].

Según el Índice de Impacto de  los Proyectos de Regalías 2012 – primer semestre de 2019 presentado por Crudo Transparente, se identificó que su ejecución es de un 77,7% [18], lo que ubica al departamento en un nivel medio. Por ende, uno de sus retos es mejorar en términos de gestión de las entidades ejecutora de los proyectos del SGR en doble condición: administrativa y de desempeño de los proyectos.

Por otra parte, la ANH manifestó la existencia de tres bloques donde se podría explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos por medio del fracking: COR 62 en la cuenca cordillera oriental y VMM 16; así como, VMM 29  en el Valle Medio del Magdalena y la presencia de 29 áreas disponibles. Pese a  lo anterior, el gobernador Ricardo Orozco no expuso durante su campaña líneas de acción para mejorar la situación del mismo y en los debates tampoco mostró ninguna postura, lo que genera incertidumbre, ya que es necesario que la comunidad conozca su posible accionar frente al tema [19].

Otro aspecto importante, es la conflictividad social que genera la industria, donde el caso más representativo es el intento de explotación petrolera en el Bosque Galilea ubicado al oriente del Tolima entre los municipios de Icononzo, Melgar, Prado, Dolores, Villarrica, Purificación y Cunday y cuatro municipios más de Cundinamarca, ocupa 107 veredas y abastece los ríos Cunday, Prado y Negro. Razón por la cual, CORTOLIMA, en convenio interadministrativo de cooperación No. 441 de 2017 con la Universidad del Tolima, trabajaron en la ruta para la declaratoria como área protegida del Bosque y lo lograron en diciembre del 2019. Ahora las 26 654 hectáreas ubicadas al oriente del Tolima pasaron a ser un Parque Natural Regional [20].

Un aspecto importante por resaltar es la presencia de Petrobras en la zona que todavía se encuentra allí, la cual desarrollaba actividades exploratorias desde el 2004 mediante licencia ambiental reconocida e incorporada en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Prado –POMCA vigente y que todas las entidades competentes, incluyendo CORTOLIMA validaron por medio del acuerdo 031 del 2006. Acorde a los lineamientos de este y compatible con los usos establecidos en la zonificación.

Aunque no se ha expedido un comunicado formal por parte de Petrobras, la ANLA o la ANH, se está a la espera del accionar por parte de la empresa, la cual podría alegar por el reconocimiento de los costos en los que incurrieron para el desarrollo de la actividad y demostrar el cumplimiento de los lineamientos de su licencia ambiental. Situación que pudo haberse evitado si al momento de ofertar áreas se tuvieran en cuenta las que merece un tratamiento especial; así como, la necesidad del bien común sobre el particular; esto con el ánimo de garantizar los derechos de los actores económicos implicados.

Al mismo tiempo, uno de los retos que trae consigo la declaratoria, es el desarrollo del Plan de Manejo Participativo, donde según la ingeniera de CORTOLIMA, Consuelo Carvajal, se define el rumbo de las personas que trabajaban con la petrolera y también las que desarrollaban actividades de sustento económico en el bosque. Por ende, es indispensable garantizar un trabajo para estas personas y lograr un consenso en el proceso, dado que, durante la ruta se evidenciaron posturas divididas entre la comunidad (quienes apoyan la conservación, los que están en contra y quienes no participaron).

Otro desafío es lograr que el instrumento financiero y de gestión ambiental para cumplir con el plan de manejo funcione, ya que se emplea la Tasa por Utilización de Aguas -TUA de la cuenca hidrográfica, los recursos transferidos por el sector eléctrico de la cuenca hidrográfica del río Prado y el incentivo voluntario de CORTOLIMA [21].

NARIÑO

Finalmente, este departamento produjo entre enero y octubre del 2019 en promedio 2 284,17 barriles de petróleo por día en el campo Sucumbíos ubicado en Ipiales [22] y recibió 1 179 miles de millones de pesos para la ejecución de 1 201 proyectos [23] (Ver Nota Aclaratoria al final del artículo en donde se corrige 2 284,17 por 228,4 BPDC). Sin embargo, se debe procurar incrementar la ejecución de proyectos con estos recursos, ya que su porcentaje de ejecución es del 79,4 % que lo ubica en un nivel medio.

A su vez, es  uno de los departamentos con mayores tasas de violencia junto al Cauca, situación que se ha venido incrementando en los últimos años. Este panorama está ligado al incremento de los cultivos de uso ilícito, pasando de 142,6 has en 2001 a 41 903 has en 2018, lo que ha promovido la transformación del territorio e introdujo nuevos actores y prácticas en la dinámica social y económica [24]. Lo anterior implica que el nuevo gobierno debe disminuir los altos índices de violencia y reforzarse en la destrucción de cultivos ilícitos y en el incautamiento de cocaína, entre otras fórmulas, de la mano con programas de reconversión laboral para promover nuevas alternativas de emprendimiento y empleabilidad para esta población.

Otra de las problemáticas ligadas al territorio es el contrabando de gasolina y la escasez de este. Nariño cuenta con un cupo subsidiado de 10 080 000 galones de combustible, de los cuales se consume el 90 % en las estaciones disponibles y se compran aproximadamente 400 000 galones a precio nacional. Sin embargo, se evidencia un déficit de más o menos 2 000 000 de galones que se cubren con contrabando [25]. Lo que genera una disminución de la demanda de gasolina  de las estaciones y genera una reducción del recaudo del impuesto a la sobretasa de la gasolina y se traduce en una disminución de un ingreso significativo para el departamento.

Ahora bien, el precio de la gasolina en el país vecino (Ecuador) es menor al de Colombia: mientras en Ipiales la gasolina y el ACPM cuestan $7 570 y $7 530, respectivamente, en Ecuador están fijados en $4 640 y $3 296,  situación que beneficia el contrabando desde ese país hacia Colombia vía marítima o terrestre para suministrar a los municipios de frontera a través de mecanismos como el “ordeño” a vehículos.

Según la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), existen alrededor de 42 pasos, en mal estado, donde se ejerce control en cuatro de ellas.  Mediante estos caminos se conectan los municipios de Ipiales, Cumbal y Carlosama con la ciudad de Tulcán, ubicada en la Provincia del Carchi. Las principales vías son: Calle Larga – Santa Fé, Pulcas – La Orejuela, el Capulí – El Partidero, Carchi – Carlosama, Carmelo – La Victoria, Santa Bárbara – La Victoria, Puente Nuevo – Urbina y vía Panamericana [26]. Por lo que se hace un llamada para ejercer mayor inspección en la distribución  del combustible y fortalecer el ejercicio anticontrabando.

Análogamente, se considera que el narcotráfico puede estar relacionado con el contrabando de gasolina [27]. Un ejemplo clave es de Barbacoas, que cuenta con 32 000 habitantes y 39 estaciones de gasolina; no obstante, el índice poblacional y mucho menos la demanda de gasolina, justifican la existencia de estos puestos de abastecimiento. Por tal razón, durante el foro Economías ilícitas y sus riesgos para la industria de hidrocarburífera, se  obtuvo como conclusión que problamene existen estaciones de gasolina empleadas para desviar el combustible y emplearlo en la producción de cocaína ( se necesitan 75 galones de gasolina para producir un kilogramo de cocaína) [28].  Lo que permite identificar la necesidad de un seguimiento continuo a estas estaciones y determinar conforme a la demanda poblacional, la continuidad de estos establecimientos o su cierre inmediato, en pro de una disminución de la producción de sustancias ilícitas y del empleo inadecuado de este factor. 

En este sentido, la economía ilegal  ha estado relacionada principalmente con el combustible y ha permitido que los actores armados no estatales con presencia en este territorio se fortalezcan (FARC, Rastrojos, Disidentes (Daniel Aldana), y ELN). Esta relación se ha producido en doble sentido, ya que no  se puede concebir actividades como el narcotráfico y el contrabando de gasolina sin actores armados no estatales que las regulen y de este control se extraen rentas para hacerse más fuertes. Al ser este un departamento azotado por el conflicto armado las actividades de este tipo pasan a ser reguladas por estos y su amplia capacidad de coerción. Así, cuando las guerrillas aumentan sus ingresos por el contrabando, los atentados disminuyen.

De igual manera, impactan la dinámica del sector al ocasionar daños a la infraestructura. Un claro ejemplo son los 12 ataques al oleoducto Trasandino [29], el cual transporta el crudo producido en Putumayo hacia el puerto de Tumaco, en el Pacífico. Esta situación implica reforzar los análisis de riesgos y capacidad de respuesta para reformular los planes de contingencia y prevenir este tipo de situaciones e incrementar las medidas de mitigación de los daños causados por el derrame de crudo. Considerando que se presenta una afectación ambiental en los ríos, ecosistemas, donde el grado de afectación del derrame depende de la densidad del crudo.

Otro aspecto importante, son las 469 válvulas ilícitas instaladas en este oleoducto durante el 2019 [30]. Lo cual implica la destrucción de  2,3 válvulas por día en los ductos que transportan crudo. Esta situación se presenta principalmente en los alrededores de los municipios de Tumaco y Barbacoas, donde también se evidencian problemas de barriles hurtados tanto de crudo como de combustible.

Lo anterior genera pérdidas sobre la producción diferida ya que se cierran las válvulas para detener el derrame, lo que detiene el flujo del crudo y el bombeo al llenarse las reservas de almacenamiento, y con ello se puede disminuir la producción habitual durante el periodo suspendido.

Es importante resaltar que los ataques no se concentran únicamente en motivaciones económicas (pago de extorsiones para el paso del combustible de contrabando),  sino también en objetivos sociopolíticos; lo anterior con el ánimo de posicionar su agenda frente a la explotación petrolera y demostrar poderío militar. En este caso, un atentado contra un oleoducto implica el desplazamiento de una tropa del ejército y por consiguiente correr el riesgo de un enfrentamiento con capacidad de daño.

Conclusiones

Por todo lo anterior, se puede evidenciar a lo largo el documento que los retos más grandes a los que se enfrentan los nuevos mandatarios del Huila, Tolima, Caquetá y Nariño son:  aumentar la producción, manteniendo el sano ejercicio de la consulta previa, garantizar la contratación de los bienes y servicios locales por parte de la empresa, mejorar en el proceso de contratación, proporcionar capacitación a la comunidad en temas relacionados con la industria, incrementar la inversión social, prevenir los impactos socioambientales y fortalecer el seguimiento y control en lo temas de contrabando de gasolina, ataques a la infraestructura, narcotráfico y respeto por las zonas de reserva ambiental.

Por esta razón, se espera que el accionar de la administración actual mejore la situación actual de los territorios. De igual manera, es indispensable, tener en cuenta el sector extractivo en los planes de gobierno, ya que, durante las campañas de los gobernadores  y alcaldes no se expusieron las propuestas para mejorar la situación del mismo, como es la conflictividad que gira en torno al sector, la reforma al Sistema General de Regalías y la importancia de la conectividad entre Gobierno, empresa y comunidad.

A su vez, se requiere de una formulación, ejecución y seguimiento de las iniciativas, programas y  proyectos financiados con regalías actualizada para poder producir, promover y divulgar información y conocimiento verídico; de igual manera, se deben analizar los resultados a corto plazo y su impacto en materia de desigualdad, teniendo en cuenta que es un ejercicio organizacional y cultural que debería replicarse con incentivos en todos los ámbitos y  límites del territorio nacional para garantizar progreso.

Este es un tema que genera mucha controversia, comenzando por los intentos para reducir la corrupción en Colombia y promover la equidad entre sus habitantes, pues como se puede apreciar a lo largo del documento, se requieren mecanismos de monitoreo y control más complejo y eficientes; es decir, mejorar la gestión de modelos de descentralización para cubrir las demandas locales, partiendo del desarrollo de las capacidades de la administración y definir sus prioridades de inversión; con ello, se generarían incentivos para crear proyectos regionales mediante asociatividad. Por ello, se espera que las decisiones tomadas por el gobierno local contribuyan en la superación de las problemáticas regionales en torno al sector y con esto incrementar su participación en los PIB departamental de las regiones de estudio.

NOTA ACLARATORIA

Buscamos a través de la apertura de este espacio como organización imparcial del sector de hidrocarburos poner a disposición suya información adicional aclaratoria con el fin de mantener nuestra credibilidad y una relación transparente con ustedes.

• En el primer párrafo de la sección del departamento del Huila donde se indicó que “A su vez, cuenta con tres empresas productoras: Ecopetrol, Emerald Energy PLC Sucursal Colombia y Hocol S.A; las cuales explotaron en total 164 270 barriles por día entre enero y julio del 2019.  En materia de gas, durante el 2019 el Huila produjo en promedio 98,05 pies cúbicos por día en ese periodo, los cuales se traducen en aportes mínimos a la producción nacional” aclaramos que la cantidad de barriles promedio día producido son 23 467, mientras que para gas son 14 Millones de Pies Cúbicos por día calendario (MPCPDC).

• En el primer párrafo de la sección del departamento del Tolima se indicó que “allí se produjeron 92 172 millones de barriles por día entre enero y julio del 2019 y 69 millones de pies cúbicos por día de gas para ese periodo. Lo que se traduce en un aporte al PIB del 1.3%” aclaramos que la cantidad de barriles promedio día producido son 13 167,4, mientras que para gas son 10 Millones de Pies Cúbicos por día calendario (MPCPDC).

• En el primer párrafo de la sección del departamento de Nariño en donde se indicó que “Este departamento produjo entre enero y octubre del 2019 en promedio 2 284,17 barriles de petróleo por día en el campo Sucumbíos ubicado en Ipiales” aclaramos que la cantidad de barriles promedio día producido son 228,4.

Bibliografía

1. Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2019). ANH. Obtenido de Estadísticas del sector: https://bit.ly/2V1gw73
2. Asociación Ambiente y Sociedad. (2019). Petróleo en la Amazonía ¿Pueblos indígenas en peligro? Obtenido de https://bit.ly/39OAoOL
3. Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana (2018). “Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima”: incursión petrolera y defensa del agua durante las negociaciones y la firma de la paz en el sur de Colombia. Obtenido de https://bit.ly/2wtAtt1
4. Trujillo, A. G. (2019). Programa de Gobierno. Obtenido de https://bit.ly/37GO90C
5. La República. (04 de febrero de 2020). Balance y perspectivas del sector de generación eléctrica para los próximos años. Obtenido de https://bit.ly/2VdhUUr
6. Sistema General de Regalías. (2020). Mapa de regalías. Obtenido de https://bit.ly/2P3aLSH
7. Departamento Administrativo Nacional de Estadística . (2019). Mercado Laboral. Obtenido de https://bit.ly/38FK66b
8. Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2019). ANH. Obtenido de Estadísticas del sector: https://bit.ly/38zWUuG
9. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Producto Interno Bruto por ramas de actividad. Obtenido de https://bit.ly/2HAlK1I
10. Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2019). Mapa de tierras. Obtenido de https://bit.ly/2V4qiVY
11. Luis Enrique Dussan. (2019). Programa de Gobierno. Obtenido de https://bit.ly/2P5PuaW
12. Sistema General de Regalías. (2020). Mapa de regalías. Obtenido de https://bit.ly/2HMiKQ5
13. Crudo Transparente (2019). Índice De Impacto De Los Proyectos De Regalías 2012 – Primer Semestre 2019. Obtenido de https://crudotransparente.com/2019/10/31/indice-de-impacto-de-los-proyectos-de-regalias-2012-primer-semestre-2019/
14. Contraloría General de la República. (s.f.). Auditoría Regalías. Obtenido de https://bit.ly/2P4qS25
15. Opanoticias. Ecopetrol planea ceder a Hocol 22 campos petroleros en el Huila: USO. Obtenido de https://bit.ly/2uVE8iQ
16. Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2019). ANH. Obtenido de Estadísticas del https://bit.ly/37GPWmm
17. Sistema General de Regalías. (2020). Mapa de regalías. Obtenido de https://bit.ly/2V1bfMT
18. Crudo Transparente (2019). Índice De Impacto De Los Proyectos De Regalías 2012 – Primer Semestre 2019. Obtenido de https://bit.ly/38zrpRv
19. Ricardo Orozco. (2019). ¿Por qué el Tolima nos une? Obtenido de https://bit.ly/2HxD3QP
20. Corporación Autónoma Regional del Tolima. (13 de Agosto de 2018). Comunicado a la opinión pública. Obtenido de https://bit.ly/2ueX8bS
21. Corporación Autónoma Regional del Tolima. (16 de Diciembre de 2019). Acuerdo 031 del 2019. Obtenido de https://bit.ly/38QdbeY
22. Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2019). ANH. Obtenido de Estadísticas del sector: https://bit.ly/2ueXdwc
23. Sistema General de Regalías. (2020). Mapa de regalías. Obtenido de https://bit.ly/2V17Sp3
24. INDEPAZ. (s.f.). Crisis de seguridad en el post acuerdo. Obtenido de https://bit.ly/2VdjxS3
25. Caracol radio (2019). Frontera nariñense entre el contrabando y la escasez de combustibles. Obtenido de https://bit.ly/2P4eD5O
26. INDEPAZ. (s.f.). Crisis de seguridad en el post acuerdo. Obtenido de https://bit.ly/2V3ykhO
27. Defensoría del Pueblo. Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el post-acuerdo. Obtenido de https://bit.ly/2HwjXe6
28. La opinión (2019). Un kilo de coca se produce con 75 galones de gasolina. Obtenido de https://bit.ly/2vJwN69
29. y 30. Crudo Transparente (09 Octubre de 2019). Pulso petrolero regional, 30 de septiembre de 2019. Obtenido de https://crudotransparente.com/2019/10/09/pulso-petrolero-regional-31-de-septiembre-de-2019/