Columna de opinión semanal

¿Qué esperar del anuncio del ELN?

El comienzo de año es el periodo donde más ataques se ejecutan contra la infraestructura energética del país. De 2017 a la fecha, el Sistema de Alerta de Conflictividad Social, Ilegal y Ambiental de Crudo Transparente, ha registrado 98 hostigamientos contra los oleoductos y algunos campos petroleros en todo el territorio nacional; siendo febrero donde se reportan más acciones de este tipo.

Sin embargo, es importante analizar que en lo corrido del segundo mes del 2020 no se ha registrado ningún hecho armado y que el ELN, el grupo no estatal al que más se le atribuyen estos ataques, sorprendió con un comunicado en el que anunciaba su intención de suspender los ataques a los complejos energéticos del país a cambio de que se cumplan siete puntos, entre los que se destacan: el retiro de los proyectos extractivos de territorios étnicos y sensibles ambientalmente; la devolución de las regalías a las regiones productoras para que sean manejadas por las comunidades organizadas; la suspensión del fracking como método de explotación; y la nacionalización de los recursos.

Este anuncio es importante porque deja ver, una vez más, la importancia que tiene reactivar los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN; ya que, de concretarse una salida negociada al conflicto, no solo se beneficiarían las finanzas públicas (Colombia se convertiría en un destino más atractivo para la inversión extranjera y con ella todo lo que viene detrás); sino que también, y lo más importante, las comunidades más alejadas del país dejarían de sufrir las graves consecuencias que vienen con cada nuevo atentado: el desplazamiento de sus territorios, la parálisis de sus actividades de sustento económico, la contaminación de fuentes hídricas y cultivos, entre otras.  

Pero las más recientes actuaciones del Gobierno y del grupo demuestran que lograr este objetivo no es nada fácil; mas bien, estamos en medio de la incertidumbre, o como diría un analista político, en la mitad de un diálogo de sordos. Por un lado, el ELN no cuenta con una estructura de mando definida como sí la tenían las FARC; es decir, es más bien una estructura altamente descentralizada donde el Comando Central (COCE) toma las decisiones políticas, pero carece de la fortaleza para controlar las actividades militares de sus frentes de guerra; situación que no genera confianza. Ejemplo de esto es que a los pocos días del anuncio, el grupo armado derrumbó una torre de energía en zona rural de Medellín.

Segundo, se acaba de anunciar un paro armado de 72 horas, entre el 14 y 17 de febrero; mes en el que coinciden varios hechos importantes para este grupo armado: la conmemoración número 55 de su primera acción bélica en Simatoca, Santander, y el natalicio 91 y la muerte de Camilo Torres. Y aunque el Gobierno insista en que tiene el control del territorio, en las zonas donde el ELN ejerce presencia, las comunidades temen por las acciones que se puedan ejecutar en el marco de esta situación; entre ellas, ataques a los oleoductos y unidades militares y de policía que los dejen en la mitad del fuego cruzado.

Tercero, el ELN sabe que, mediante los hostigamientos a la infraestructura energética, en especial a la petrolera, logra producir un daño importante a la economía central y a las operaciones de las compañías; obligando a que el Gobierno se plantee la necesidad de buscar una salida. Sin embargo, el presidente Duque no muestra una voluntad política de querer dialogar con el ELN desde su llegada a la Casa de Nariño y menos desde que el grupo armado atacó el 17 de enero de 2019 la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá. Por lo tanto, renunciar a esta práctica sin obtener un beneficio a cambio, no es posible, sobre todo si se entiende que ha sido una política desde la fundación del grupo y que toca un punto central de sus demandas: la nacionalización de los recursos.

Además, la popularidad de Duque subió al tomar la decisión de acabar los diálogos de paz con el ELN después de este hecho y fortaleció su línea de mano dura; algo que no está dispuesto a poner en riesgo en medio del momento político que atraviesa el país y donde necesita mantener la poca unidad que existe en el interior de su partido político, Centro Democrático.  

Así las cosas, el anuncio de una posibilidad de suspensión de los ataques contra la infraestructura energética se vislumbra más como una propuesta inalcanzable que como una realidad. No obstante, es necesario que el Gobierno revise con detenimiento los puntos y genere algún gesto de buena voluntad que permita ir sembrando el camino hacia una pronta solución negociada al conflicto; resolver el tema por la vía militar no es posible y Duque lo sabe.

Noticias

¿Cómo se ve la situación ambiental en Boyacá en relación con las actividades extractivistas?

El pasado 06 de febrero se llevó a cabo en Tunja el III Foro situación ambiental de Boyacá: Incidencia en la planeación y el ordenamiento ambiental de Boyacá,  en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc). Dentro del mismo se desarrollaron tres paneles referentes a: 1) La incidencia en la planeación y ordenamiento ambiental, 2) Asuntos normativos y económicos del sector minero energético, y 3) Transición energética y alternativas al desarrollo y las acciones políticas en favor del ambiente.

Con respecto al primer panel, se dio cuenta de la necesidad de crear estrategias que incidan en la formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial, pues bien, los ponentes consideraron que hay una planeación territorial separada de la planeación ambiental. Además, se planteó la importancia de entender la estructura ecológica de los territorios a partir de la experiencia o vivencias, es decir, incluyendo la participación ciudadana. Por tal motivo, se consideró que la incidencia es posible sólo si se construyen redes de actores no solamente humanos sino no-humanos.

En lo referente al segundo panel, se conoció que de los 123 municipios, únicamente Chiscas no se proyecta en la actividad extractivista. En cuanto a la actividad sísmica, ha sido muy marcada en el territorio, se estima que hay 6800 km y que de las 2’300.000 de hectáreas que conforman el departamento sólo 715.000 no están afectadas por esta actividad. Adicionalmente, se comentó que en la actualidad de los 519 bloques petroleros que tiene el país, 30 están ubicados en Boyacá, donde 25 están asignados, 4 disponibles y 1 en reserva. Además, Boyacá aporta el 4 % del crudo del país y ocupa el quinto lugar a nivel de producción después de Meta, Casanare, Santander y Arauca.

Finalmente, en el tercer panel se presentó el caso del ex alcalde de Chiscas, Javier Orlando Suescún, quien logró desarrollar varios proyectos sostenibles durante su periodo administrativo, como la colocación de paneles solares, el aprovechamiento de los residuos orgánicos dentro de los campesinos de la zona, la disminución del pastoreo en los páramos, gracias a la inclusión de nuevas razas bovinas y el desarrollo de proyectos de aprendizaje didáctico para crear conciencia en los niños y adolescentes del territorio; también el caso del ex gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero, quien se catalogó por ser el primer mandatario en desarrollar un plan ambiental en el departamento.

En conclusión, muchos de los ponentes estuvieron de acuerdo en que  Colombia no es un país petrolero sino un país dependiente del petróleo, pues bien, la enfermedad holandesa se enquisto y no dejo que el sector real se desarrollase, de forma que otras industrias no crecieron para calar en la dinámica de la globalización al depender a nivel de exportaciones de un sector cíclico y volátil.

Además, se concordó en que si se hecha un vistazo a los aportes de la explotación de minas y canteras al PIB, se evidencia que hay otros sectores mucho más relevantes, como el comercio. Por lo que, se deduce que el problema no radica en los minerales sino en la política económica del Gobierno, que proyecta constantemente la sensación de que sin el petróleo la economía de Colombia caería drásticamente, blindando su obligación de crear nuevas alternativas y oportunidades para el resto de sectores económicos.

Para más información al respecto conozca las transmisiones en vivo

Los 7  términos del ELN para no transgredir la industria de hidrocarburos

De acuerdo a lo informado por el Frente Oriental de Guerra (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se estaria vislumbrando la posibilidad de detener los ataques a la infraestructura petrolera bajo la condición del cumplimiento de siete puntos.

Asi, los términos serían los siguientes: 1)Eliminación de proyectos minero-energéticos en territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes, o dentro de zonas de parques naturales, cuencas hidrográficas, páramos y territorios dedicados a la agricultura, 2) Disminución de los precios de los combustibles en un  50%, 3)Exclusión de los peajes, 4)Cambios en la disposición de las regalías petroleras, es decir, que se dejen sólo en las regiones productoras y que los recursos sean manejados por las comunidades, 5)Retribución por parte del Estado y multinacionales a las comunidades a través de la inversión social, 6)Interrupción de la explotación petrolera por medio del fracking, 7)Generación de un espacio de debate en el que se detenga la propuesta de privatizar a Ecopetrol, promoviendo una nueva ley sobre los hidrocarburos en la que se promueva la modernización de las refinerías y la autosuficiencia en la producción de combustible.

Al respecto, Juan Quenza, presidente de la Asamblea departamental, mencionó la disposición de participar en una mesa de diálogo con el ELN, asimismo, enfatizó en la posibilidad de que gracias a los requerimientos se podrían reabrir las conversaciones con el grupo armado en Arauca. Por su parte, la posición del Gobierno hasta el momento ha estado condicionada a la entrega de todos los secuestrados que tienen y que además suspendan todos los actos delictivos asociados con la infraestructura hidrocarburífera y contra las comunidades para poder reabrir los diálogos.

Vía La Voz del Cinaruco: ELN estaría dispuesto a suspender acciones ofensivas contra la industria petrolera a cambio de cumplimiento de 7 puntos 06/02/20. Vía Kavilando: Las 7 condiciones del Eln para no atacar locomotora minero- energética 05/02/20

Alza en el precio del petróleo pone en expectativa a Colombia

El 2020 inició con la OPEP dando a conocer que espera recortar la producción del crudo para así incentivar al alza. Y es que las tensiones políticas generadas por el asesinato del comandante Iraní Qasem Soleimani, el juicio político contra Trump y el Coronavirus han despertado en inversionistas estatales y naturales desconfianza que se traduce en el traslado de su dinero a países capaces de resistir la volatilidad del mercado. Un alza en los precios del petróleo favorece a países productores y exportadores como Estados Unidos, al tiempo que perjudica a países crudo-dependientes del la región de centroamérica y el Caribe.

En el caso colombiano particularmente, el 6 de enero se convirtió en referente del punto más alto en el precio del barril Brent (utilizado por Colombia como medida comercial) con USD $68,91 y sin embargo, tan solo pasaron dos días antes de que ese mismo valor decayera hasta los USD $54,45 perdiendo un 16,7% de su precio. Aunque el 6 de enero representó grandes ingresos para el gobierno, existe presión por el precio encarecido de combustibles a raíz de la devaluación del peso frente al dólar que ha alcanzado los $3,400 pesos. De ahí que aumente la incidencia por parte de gremios sociales alrededor del tema de la liberación de yacimientos mediante fracking con la finalidad de liberar recursos.

En conclusión, para Colombia el aumento en la tasa de cambio reflejado en la volatilidad del dólar y de los hidrocarburos parece persistir en el futuro próximo de no resolverse las mencionadas tensiones socio-políticas. Por ahora el país continúa a la expectativa ya que gran parte de su cuenta fiscal de este 2020 depende del dinero derivado de las exportaciones de bienes y servicios hidrocarburíferos.

Vía Portafolio: Las repercusiones para Colombia del alza en los precios del petróleo 06/02/20. Vía EL Colombiano: Precios del petróleo inició año con mala perspectiva 07/02/20

Se descubre nueva válvula ilegal culpable de derrames de petróleo en el Catatumbo

De acuerdo a Ecopetrol, su filial Cenit puso en marcha un plan de contingencia en el Oleoducto Caño Limón- Coveñas, en la vereda Guachimán ubicada en la zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

El hecho que motivó el plan de contingencia fue un derrame de petróleo causado por la colocación de una válvula ilegal para el aprovechamiento económico del recurso. Gracias a la información que proporcionó la compañía, la situación causó una fuga de crudo que afectó la capa vegetal y el suelo.

Con el plan de contingencia, la compañía dio aviso inmediato a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo y Desastres de Tibú, al departamento de Norte de Santander, Corponor y Salud Pública Tibú. Así, el Ejército Nacional hizo presencia en la zona para asegurar la entrada del personal para hacerle frente a la emergencia y restauración del oleoducto. Cenit y Ecopetrol rechazaron los hechos por las consecuencias que generan a nivel social, ambiental y de la industria.

Cenit dio a conocer que hasta diciembre se registró la instalación de 13 válvulas ilícitas en en el Catatumbo, mientras que en el 2018 se detectaron 72. Además,  según Ecopetrol, han sido 18 ataques en Norte de Santander y 24 en el departamento de Arauca.

Vía LaFm: Hallan nueva válvula ilícita culpable de derrames de crudo en Catatumbo 06/02/20

Lenguaje menos técnico: El reclamo de la comunidad de Puerto Wilches en la socialización de los Pilotos de fracking

En el marco de la Conversación Nacional, se llevó a cabo el 5 de febrero de 2020 en el municipio de Puerto Wilches, Santander una socialización sobre los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre fracking por parte del Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) con presencia de la Ministra María Fernanda Suárez; el Viceministro de Energía, Diego Mesa ; el Director Técnico y académico de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Alejandro Cabezas; directivos de Ecopetrol; Leonardo Donado, Gonzalo Andrade y John Fernando Escobar, miembros de la comisión de expertos; el alcalde del municipio, Jairo Toquica; delegados de las alcaldías de San Martín (Cesar), Aguachica (Cesar) y Barrancabermeja (Santander) y el secretario de minas de la Gobernación del Cesar, Tony Muñoz. Así mismo, se contó con la participación de representantes de las comunidades, ambientalistas como Carlos Andrés Santiago y miembros de la Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas (Cordatec) que están en contra de la técnica del fracking en el país.

La jornada se dividió en dos etapas: La primera estuvo a cargo del MinEnergía que expuso la importancia de la transición energética para el país, los miembros de la comisión que mencionaron algunas de las recomendaciones realizadas en temas y algunos participantes de Ecopetrol que se encargaron de las demostraciones y explicaciones un poco más técnicas del fracking como por ejemplo los químicos a emplear en el agua necesaria para la inyección de los no convencionales.

En la segunda parte del evento, se organizaron cuatro mesas técnicas para dialogar más de cerca con la comunidad en temas respecto a aguas subterráneas y sismicidad, social y transparencia, salud y aguas superficiales, biodiversidad y ecosistemas. La idea central era que los participantes del encuentro intervinieran en las diferentes temáticas exponiendo sus principales preocupaciones y dirigidas al ministerio y al gobierno local.

Las principales recomendaciones giraron en torno a:

–       Realización de un estudio sobre el estado de las aguas subterráneas del territorio y de un mapa de fallas geológicas y de sismicidad

– Estudios y análisis que aseguren que las fuentes hídricas no serán contaminadas

–  Capacitaciones y actividades de formación por parte del Ministerio y la autoridad local dirigidas a la comunidad sobre el fracking y sus implicaciones

– Inversión social con transparencia y objetiva, donde las comunidades puedan hacer seguimiento a los proyectos financiados con recursos de regalías

–  Canales de comunicación visibles

– Realización de un recorrido por las zonas más cercanas a donde se desarrollan actividades de la industria para conocer los impactos que se han generado

–  Garantizar una compensación ambiental que esté dirigida a la conservación del agua y de la actividad pesquera

Además, la comunidad resaltó la importancia de que tanto el gobierno como la empresa, utilice un lenguaje mucho más informal que permita ser entendido por todo tipo de público. Así será mucho más fluida la conversación y los habitantes tendrán más confianza a la hora de presentar sus dudas e inquietudes.

Pese a esto, miembros de la comunidad afirmaron que no hubo una asistencia representativa por parte de los habitantes del municipio, argumentando que había faltado más convocatoria. Este hecho causó malestar en varias personas que decidieron abandonar el sitio del encuentro y no participar de las mesas. Además, los ambientalistas tampoco participaron y por el contrario, decidieron abandonar el lugar una vez terminada la primera parte generando incertidumbre porque demostraron su rechazo a la técnica mediante carteles y pancartas pero no dieron pie para la generación de espacios de discusión ni debate donde tanto el gobierno nacional, el local, Ecopetrol y la comunidad pudieran exponer sus puntos de vista.

Columna de opinión regional

“No hay una postura, hay dudas”: Comunidad de Puerto Wilches frente a los Pilotos del fracking

El 5 de febrero de 2020, en el marco de la Conversación Nacional, se realizó en Puerto Wilches,  Santander, una reunión convocada por el Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) con el fin de socializar los alcances de los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre fracking y escuchar las inquietudes de la comunidad como parte del propósito de transparencia y diálogo por parte del gobierno nacional. El encuentro tuvo el acompañamiento de Leonardo Donado, Gonzalo Andrade y John Fernando Escobar, miembros de la comisión de expertos que fue convocada por el gobierno, quienes expusieron las recomendaciones realizadas en temas de salud, biodiversidad y agua; además se presentó por parte de MinEnergía la importancia de la transición energética para el país.

Fueron varios aspectos interesantes que se encontraron tras el encuentro. Primero, la comunidad estuvo en desacuerdo con el hecho de que hubo muy poca participación de habitantes del municipio afirmando que hizo falta una convocatoria más fuerte; sin embargo, el alcalde, Jairo Toquica, aseguró que el llamado se realizó con anterioridad en los principales medios regionales y redes sociales pero que faltaba más interés por parte de los habitantes.

En segundo lugar, se apreció que los tiempos establecidos para las conversaciones en las mesas técnicas organizadas ( aguas subterráneas y sismicidad, social y transparencia, salud y aguas superficiales, biodiversidad y ecosistemas) fueron muy reducidos, pues se estipuló aproximadamente una hora para su realización Si bien es cierto, debe existir un cronograma de las actividades a desarrollar durante la jornada pero es importante que el Ministerio sea un poco flexible con estos espacios de diálogos donde se conoce más de cerca la realidad de lo que sucede en los territorios; de lo contrario, se limitaría la participación de los ciudadanos al convertirse en un acto de protocolo que debe seguir un orden del día y termina impidiendo el cumplimiento final de estos encuentros.

Tercero, los comentarios que se escuchaban entre los miembros de la comunidad a modo de sugerencia giraban en torno a la utilización de un lenguaje más familiar y menos técnico que fuera entendido por todos. La gente tiene que saber con certeza qué es lo que está en juego con los pilotos que se adelantarán en sus regiones porque más allá de estar a favor o en contra de la técnica, es imperante que conozcan las implicaciones sociales, ambientales y económicas que giran en torno a la misma y con base en esto, puedan tomar decisiones.  Por ello, sugerían mayores actividades de formación afirmando lo siguiente: “A nosotros nos vendieron la idea de que el fracking es malo entonces, ¿cómo pueden ayudarnos a cambiarla?”; de hecho, muchos lo único que piden es que sus dudas sean resueltas antes de tomar cualquier postura.

Con respecto al borrador del decreto que regula los lineamientos para la ejecución de los pilotos, se pudo notar que no toda la comunidad estaba enterada de la posibilidad de comentar el documento con el fin de generar uno más robusto y completo teniendo en cuenta las sugerencias y opiniones de la ciudadanía. Por eso, al terminar la jornada, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se comprometió a hacerle llegar al alcalde del municipio el último documento modificado para que él se encargará de su difusión por los diferentes medios locales y grupos de WhatsApp que ha resultado ser un canal efectivo de comunicación entre los wilchenses.

Así las cosas, el gobierno, mediante el MinEnergía, pretende mostrar que existe voluntad para hacer que las comunidades se enteren de las decisiones que se tomarán en los PPII que se desarrollarán en los territorios con potencial en los yacimientos no convencionales. Sin embargo, si la dinámica continúa de la forma como se llevó a cabo en Puerto Wilches, no tendría sentido ninguno de esos encuentros porque limita la exposición de los diferentes puntos de vista de los actores involucrados y no se propiciaría el diálogo ni los espacios de debate. Por eso deberían ser menos rígidos y técnicos y mucho más pedagógicos.

La gente reclama que en primer instancia las dudas con respecto al fracking sean resueltas. No tiene sentido organizar exposiciones, demostraciones y mesas técnicas de un tema que para la comunidad es completamente desconocido porque no se va a lograr una participación que valga la pena, que le permita entender al gobierno las reales preocupaciones en torno a la controvertida técnica y con base en ello, tomar decisiones que beneficien a todas las partes. Por esto, es el momento perfecto para que las autoridades locales junto con la academia y el ministerio se encargue de exponer los elementos básicos del tema con terminología común y con ejemplos del día a día y con métodos pedagógicos que garanticen una recepción acertada de la información.