Columna de opinión
Elizabeth Perea Rodríguez
El Bosque Galilea es declarado Parque Natural Regional
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), junto a la Universidad del Tolima, emprendió la carrera para proteger y convertir el bosque Galilea en un área regional blindada de la exploración y explotación petrolera y a su vez, actualizar la unidad de ordenación forestal VI en el departamento del Tolima.
El mes de diciembre trajo consigo noticias satisfactorias para este departamento, pues se logró la declaratoria del bosque como Parque Natural Regional, es decir que, 26 654 hectáreas ubicadas al oriente del Tolima pasan a ser área ambiental protegida.
Ahora bien, un Parque Natural Regional tiene como objetivo proteger y valorizar el patrimonio natural, cultural y humano de su territorio, aplicando una política innovadora de ordenamiento y desarrollo económico, social y cultural, respetuoso con el medio ambiente. Con ello, se garantiza la protección del proveedor de servicios ecosistémicos desarrollados por Galilea, como lo son: la regulación climática, regulación hídrica, regulación de la calidad del aire, provisión de hábitat, recursos medicinales, alimento, entre otros. Así como, la composición de la vegetación, es decir, las especies vegetales que hacen parte importante de la estructura del bosque y sus características ecológicas asociadas con bosques húmedos tropicales como los del Chocó Biogeográfico y el Bosque Amazónico.
Un aspecto importante por resaltar es la presencia de Petrobras en la zona, la cual desarrollaba actividades exploratorias desde el 2004 mediante licencia ambiental reconocida e incorporada en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Prado –POMCA vigente y que todas las entidades competentes, incluyendo CORTOLIMA validaron por medio del acuerdo 031 del 2006. Acorde a los lineamientos del mismo y compatible con los usos establecidos en la zonificación.
Aunque no se ha expedido un comunicado formal por parte de Petrobras, se está a la espera del accionar por parte de la empresa, la cual podría alegar por el reconocimiento de los costos en los que incurrieron para el desarrollo de la actividad y demostrar el cumplimiento de los lineamientos de su licencia ambiental. Situación que pudo haberse evitado, si al momento de ofertar áreas se tuvieran en cuenta las que merece un tratamiento especial, así como, la necesidad del bien común sobre el particular; esto con el ánimo de garantizar los derechos de los actores económicos implicados.
En este punto, se requiere un comunicado público de cada una de las partes donde se exponga el alcance de esta decisión; así como, el proceder de Petrobras, ya que durante el proceso de declaratoria sólo mantuvo una participación activa en las reuniones, pero no un relacionamiento directo con la comunidad, lo que impidió canalizar sus peticiones. De igual manera, se solicita un análisis a profundidad de los impactos socioeconómicos y ambientales a los que se exponen las zonas ofertadas y contar con la participación de la comunidad. A su vez, diseñar estrategias para discutir y formular proyectos de desarrollo integral regional que vayan acorde a los objetivos del departamento y de la industria.
Emergencia ambiental por derrame de combustible en las Islas Galápagos
En las Islas Galápagos (catalogadas como Patrimonio Natural de la Humanidad), en Ecuador, se presentó una emergencia ambiental por derrame de crudo luego de que un barco que transportaba 600 galones de diesel se hundiera.
Las autoridades anunciaron que: “Se observa derrame de combustible, la tripulación de la barcaza se lanza al mar para salvaguardar sus vidas”.
El hecho dejó una persona herida en un puerto de la isla San Cristóbal, tras caer una grúa cuando llevaba un contenedor y su impacto desestabilizó el barco haciendo que el mismo colapsara.
Para tratar la emergencia ambiental personal militar y ambientalista “colocan barreras de contención y paños absorbentes para reducir el riesgo ambiental por hundimiento de gabarra Orca, con 600 galones de diésel almacenados”, se afirmó en la cuenta de twitter del Parque Nacional Galápagos (PNG).
Asimismo, Unidades de la Armada del Ecuador, del PNG y de la Policía Nacional, organizaron planes para detener la emergencia y determinar los daños ambientales: “Implementamos acciones inmediatas para reducir riesgo ambiental”, indicó el ministro ecuatoriano de Ambiente, Raúl Ledesma, quien dispuso “tomar las medidas de contingencia necesarias para superar este desafortunado hecho”.
Vía El Nuevo Siglo: Emergencia en Galápagos por derrame de crudo 22/12/19
Resultados positivos para el sector de hidrocarburos
En el 2019 los precios del petróleo fueron menores con respecto a los del 2018 (US$65 barril Brent vs US$71), sin embargo, la utilidad en eficiencia operativa- administrativa de la estatal de petróleos del país ha hecho que sea productiva la actividad extractiva. La producción aumentó un 3,5% en el tercer trimestre del año, hasta alcanzar los 889.000 barriles diarios (bdp).
Según lo dio a conocer un informe de la ANIF, los resultados no se deben a la exploración de pozos en Colombia, pues bien, las cifras reflejan que para octubre de 2019 sólo había 30 pozos explorados vs el objetivo de 65.
Con respecto al gas, las reservas han disminuido hacia los 3.782 con respecto a las 5.720 Gpc que habían en 2012, debido a la disminución en la producción de los campos Cusiana y Chuchupa- Ballena, por lo que se dejó de exportar gas hacia Venezuela. Sin embargo, se planea un crecimiento de la demanda nacional de 1,25% promedio año para el 2019-2028 motivado por el consumo de gas natural vehicular, por lo que es necesario agregar reservas para garantizar la autosuficiencia en el país.
La planta regasificadora en Cartagena (SPEC LNG), ha proporcionado el 2% del suministro nacional, ayudando a la generación eléctrica en la Costa Caribe. No obstante, se necesita una nueva planta regasificadora en el Pacífico estimada en unos US$600 millones con el gasoducto para abastecer la creciente demanda interna.
Así, de acuerdo a William López, líder Comercial de la Industria de Oil & Gas de Aon “a pesar de que 2019 ha sido un año de consolidación de eficiencias operativas, ha sorprendido por la baja actividad en exploración colocando a la industria en un cumplimiento de la meta de exploración de nuevos pozos apenas del 46% de lo presupuestado. En materia de seguros para el sector, el año cierra con una tendencia al endurecimiento de primas y condiciones producto de factores como alta siniestralidad en el ámbito internacional, disminución en las alternativas de inversión de aseguradores y reaseguradores, y contracción de la oferta de reaseguro en líneas como Responsabilidad Civil, Property y Wells Control”
Vía El Nuevo Siglo: Pese a menor precio de crudo el país ha ganado por producción 22/12/19
El Magdalena cuenta con 33 zonas para el desarrollo de proyectos petroleros
Luego de que tuviera lugar la jornada de suscripción de contratos liderada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los titulares de las 15 áreas que se fijaron en el segundo ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa) de 2019, convalidaron su obligación con el desarrollo del país, pues bien, los contratos ratifican una inversión por casi 514 millones de dólares.
Según lo señaló la ANH, en el valle inferior del departamento del Magdalena hay 33 zonas elegidas para la puesta en marcha de los proyectos petroleros con la empresa Canacol Energy por un valor de 31.840.419 dólares.
De acuerdo a Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, “La jornada de hoy es histórica para el país, pues 11 inversionistas individuales y cuatro uniones temporales acordaron suscribir sus contratos en una única jornada para ratificar el compromiso de la industria con el desarrollo del país. Para Colombia y para el Gobierno del Presidente Duque, el balance de 2019 es particularmente satisfactorio. Luego de cinco años sin firmar nuevos contratos, cerramos año con 31 contratos de exploración y producción que representan unos compromisos de inversión por más de 2.714 millones de dólares”.
De igual forma, expresó que el proceso para que el sector resurja va por buen camino, gracias al acompañamiento que se le da a los inversionistas en la ejecución de los recursos. Asimismo, el país se encuentra disponible y atractivo para la inversión petrolera, a pesar de que se encuentre en desventaja con respecto a otros países vecinos como: México, Brasil o Venezuela. “Bajo el nuevo Proceso Permanente de Asignación de Áreas, en los dos ciclos que se adelantaron en el presente año, se ofertaron un total de 70 áreas, entre algunas propuestas directamente por la ANH y otras incorporadas a solicitud de los inversionistas, de las cuales 26 se convirtieron en nuevos contratos. Esto representa una tasa de éxito de asignación de 37 por ciento, superior al promedio internacional de 30 % para áreas asignadas por concurso. Estamos nuevamente en el radar de los inversionistas y tenemos que capitalizarlo pronto” manifestó Morelli.
Gobierno da a conocer proyecto que permitiría los proyectos piloto de fracking en el país.
El Gobierno Nacional dio a conocer un proyecto de decreto que permitiría la técnica de exploración no convencional o fracking dentro del país. Según lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía, el documento se llevó a cabo por una comisión de 13 expertos donde hay ambientalistas, economistas e ingenieros expertos.
Así, uno de los apartes del comunicado menciona lo siguiente: “Siguiendo la recomendación de 13 expertos de varias disciplinas, de los cuales 7 son expertos en temas ambientales, quienes concluyeron que no existe evidencia de un riesgo ambiental inminente en un proceso de pilotos y que por el contrario, con una regulación y supervisión estricta, los mismos serán una fuente importante de investigación y conocimiento del subsuelo”.
De acuerdo a lo delimitado por el Gobierno, el documento empezaría a regir desde el 20 de enero del 2020 y se aceptaran opiniones y consideraciones de la ciudadanía hasta el 16 de enero, los mismo se podrán llevar a cabo en este formulario.
El Ministerio de Minas y Energía señaló que: “El plazo de publicación del proyecto de decreto se ampliará del estricto término de 15 días a 25 días calendario, es decir, hasta el próximo 20 de enero. El Gobierno Nacional realizará una reunión especial para escuchar a la ciudadanía el próximo 16 de enero, con la Mesa Ambiental creada en el marco de la Gran Conversación Nacional”.
El propósito del proyecto de decreto que tiene 19 páginas es determinar los lineamientos para llevar a cabo actividades de exploración en Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre yacimientos no convencionales; durante su desarrollo se busca el diálogo con la comunidades comprometidas en los territorios y una retribución económica de mil millones de pesos, que se traduce en más del 1% de las ganancias obtenidas, que se tendrán que invertir en el desarrollo social de las comunidades.
Además, dentro del mismo se les exige a las empresas el desarrollo de un plan de fortalecimiento institucional orientado a la técnica del fracking, hasta máximo el 30 de junio de 2020.
Asimismo, en lo estipulado por el proyecto de decreto, la exploración de los yacimientos no convencionales se desarrollará en tres etapas: condiciones previas, concominante y etapa de evaluación y deberán esperar la expedición de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mientras que los aspectos técnicos de los proyectos serán definidos por el Ministerio de Minas y Energía.
Los impactos de los delitos contra la infraestructura petrolera al ambiente
Fuente: La Opinión
El oleoducto Caño Limón- Coveñas se fabricó en 1985, buscando dirigir los combustibles del Campo Caño Limón y proporcionar desarrollo para el país. No obstante, tan sólo un año después de su construcción se dio el primer atentado a la infraestructura y hasta la fecha la situación se ha repetido consecutivamente, afectando a su paso los recursos naturales, comunidades y la producción.
Así, los hechos ilícitos han tenido lugar en el departamento de Norte de Santander en el Campo Tibú y el Oleoducto Caño Limón Coveñas, en los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra, Teorama, El Carmen, Toledo, Cúcuta; en el departamento de Arauca en Saravena y Arauquita y en el departamento del Cesar en La Gloria.
En los 33 años de operación, parte de la construcción del oleoducto Caño Limón- Coveñas se ha visto alterada por más de 1 500 actos ilícitos (atentados y válvulas ilegales), además se han derramado más de 4 millones de barriles de crudo. A nivel ambiental se han presentado 66 percances entre enero y noviembre de 2019 en el Campo Tibú, pero según nuestra base de datos del Pulso petrolero la cifra se mantiene en 17 . De esta manera, 4 407 metros de capa vegetal y suelos han sido afectados con un promedio de 147 barriles derramados mientras que 3 690 metros lineales de cuerpos de agua se han afectado.
Por otro lado, en la región de Catatumbo la situación ha sido más crítica debido a que los derrames han puesto en riesgo a 20 especies de mamíferos, 30 de peces, 20 de anfibios y 15 de reptiles.
En cuanto al manejo de estos hechos delictivos en el Campo Tibú en el 2019, se captaron 94 067 barriles de crudo, siendo así afectados 206 740 metros cuadrados de suelo por derrames de combustible a causa de 107 pozos perforados ilegalmente y 42 ataques al oleoducto. Además, 282 354 metros lineales de agua se han visto impactados.
Finalmente, los ríos más afectados por las acciones ilegales han sido: Tibucito, Tibú, Cobaría, Sarare, Margua, Caño Seco, Caño León y Caño Cinco.
Vía La Opinión: Delitos contra la infraestructura petrolera impactan en la biodiversidad 27/12/19
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