Investigación octubre 2019

Por: Danna Rodríguez Lechuga

INTRODUCCIÓN

Colombia, al igual que muchos países en América Latina, ha enfrentado problemáticas como la repartición inequitativa de los recursos; la distribución desigual y el despojo de tierras; la pobreza; la corrupción; entre otras. Estos escenarios han desencadenado una serie de problemáticas entre diferentes actores que por años ha cobijado al país, ha tocado a unas regiones más que a otras, pero sin duda el impacto se ha reflejado a nivel nacional.

Con la desmovilización de algunos grupos armados no estatales  y la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC-EP en el 2016, ha regresado la esperanza para algunas comunidades de recuperar lo que una vez les fue arrebatado a la fuerza. Aunque para algunos la época de violencia armada ha menguado, persisten conflictos que se han transformado en nuevas luchas asociadas a la apropiación y uso de los recursos naturales y la explotación del subsuelo.

Este es el caso de la región de los Montes de María, la cual fue fuertemente golpeada por la guerra; según datos procesados por el Observatorio del Programa Presidencial Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el número de desplazados entre el 2000 y el 2009 en esta zona del país fue de 20 9690; los homicidios por su parte, ascendieron a 10 162 entre 1990 y 2009; 237 masacres en el periodo 1993 – 2009 y la cifra de secuestros fue 998 entre 1996 y 2009 [1].

Después de resistir esta fuerte ola de violencia, esta zona se enfrenta a una nueva conflictividad relacionada a las actividades extractivas, principalmente a la explotación de gas. Estos escenarios de conflictos, relacionados a la industria de hidrocarburos motiva la presente investigación de Crudo Transparente, donde se presentará un contexto de la subregión de los Montes de María (perteneciente a la región Caribe), se expone los principales conflictos sociales entorno a la industria gasífera, la posición de las empresas y los entes de gobiernos locales.

Contexto de los Montes de María

En la Región del Caribe se encuentra ubicada la subregión de los Montes de María, entre la parte central de Bolívar y Sucre. Comprende 15 municipios: María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba (Bolívar); y San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Tolú viejo (Sucre) [2].

Esta subregión cuenta con un área de 6 646 km2 y, según las estimaciones de población realizadas por el DANE para el 2015 residen 357 797 personas entre mestizos, blancos, afrodescendientes, campesinos e indígenas (Zenúes) [3].

Los Montes de María (MM) se caracteriza por la fertilidad de sus suelos, sus actividades económicas están orientadas a la agricultura, la pesca, la ganadería, la agroindustria y más recientemente al sector minero- energético. Con este último se quiere jalonar la economía en estos territorios, se da cuenta de una orientación hacia el cambio del uso de suelo y subsuelo en estos departamentos [4].

La ubicación estratégica de esta zona, que comunica el centro del país con la costa y sus puertos, fue desde los años 60 escenario de disputas económicas y políticas que involucraron a diversos sectores. La principal lucha estaba relacionada con la tenencia y acumulación de la tierra, el carente apoyo por parte del Gobierno nacional a los pequeños campesinos para cultivar y comercializar los productos y la falta de una política integral del territorio [5]. 

La mayor riqueza para los habitantes de MM era cultivar sus terrenos, pero la posesión de estos no era del todo de los lugareños. Con el crecimiento de los pueblos de esta región llegaron varias familias (los Támara, Romero, Alvis, Herazo, García, Navas, Lozano, Vásquez entre otras) que expandieron las haciendas ganaderas e instituyeron casas comerciales que propagaron la compra y venta de tierras. Esta situación fue generando un monopolio en la tenencia de la tierra por parte de una reducida élite de terratenientes, lo que forzó a los agricultores a someterse a diversos convenios de aparcería y arriendo de tierras [6].

Ante la limitación para el acceso a la tierra, los campesinos se organizaron en sindicatos llamados “las ligas campesinas” para luchar por la ocupación de las parcelas. Para las décadas del 50 y 60 los sindicatos de la Federación Agraria Nacional (Fanal) invadieron latifundios y crearon muchas fincas pequeñas y lotes de pancoger [7].

Estos sucesos fueron antesala para que en los 70 se diera la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), línea Sincelejo. La principal pretensión de la organización fue por un lado la redistribución de la tierra y que de esta manera todos los campesinos tuvieran su propiedad, y por otro, el respeto por la vocación agrícola de los terrenos fértiles que estaban siendo utilizados para la ganadería [8].

Frente a estas acciones, el Gobierno nacional en cabeza del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), planteó una política de reforma agraria, que dio inicio al proceso de desconcentración de la propiedad, que consistía en la compra de tierras por parte del Estado a los grandes dueños y posteriormente la venta de las mismas a los campesinos a través de créditos agrarios [9].

Esta política trajo malestar y rechazo por parte de las élites del campo, quienes insistían por el apoyo estatal para promover a la ganadería extensiva y los monocultivos. Así se vieron confrontados los que defendían la economía agrícola, campesinos sin tierra, y la elite ganadera que procuraba defender sus intereses y propiedades. Se presentaron tensiones entre los partidos y resistencia política por parte de los terratenientes que promovía el freno a la reforma [10].  Finalmente, la reforma sin una política clara, tuvo su fin con el Pacto de Chicorial (1973), este acuerdo se dio entre los partidos políticos tradicionales, terratenientes, ganaderos y hacendados quienes le hacían frente a los asociados en la ANUC [11].

Este escenario de conflicto alrededor de la tierra abrió la puerta para que grupos armados no estatales llegaran al territorio, con la intención de aprovechar la coyuntura, así mismo propició la conformación de otras estructuras al margen de la ley como los paramilitares y narcotraficantes [12].  

En consecuencia, Los habitantes de los MM sufrieron los enfrentamientos y la confrontación armada entre grupos paramilitares, guerrilleros y las fuerzas militares estatales. Estos hechos dan cuenta de 237 189 víctimas desplazadas en promedio; así mismo se registran 57 masacres en diferentes municipios como El Salado, Ovejas, Las Piedras, Colosó, Toluviejo, Chengue, entre otros; despojo y abandonos de al menos unas 100 000 hectáreas de tierras, entre los periodos de 1997 y 2005 donde se presentaron los mayores conflictos. En estas zonas operaron grupos armados no estatales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) [13].

Para el 2005 con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de la muerte en el 2007 del comandante del frente 37 de las FARC, alias Martín Caballero; la subregión de los Montes de María evidenció cambios en la recuperación del territorio por parte de la fuerza pública, pero en paralelo y debido a la consecuente transgresión de derechos humanos y la precariedad institucional se dieron cambios en la estructura productiva del suelo.

Se presentó una masiva compra de tierras abandonadas y despojadas de las víctimas del conflicto. En este sentido, se da la entrada a grupos empresariales que desarrollaban proyectos agroindustriales para la siembra de árboles maderables y palmas de aceite. Así mismo, en el sector minero energético se dieron concesiones para la exploración y explotación de yacimientos de gas, petróleo y minería de grava [14].

Se da entonces una variación en las actividades económico- productivas. Se pasa de una conformación de ganado extensivo, producción campesina de cultivos como tabaco, arroz y algodón a una estructura donde se integra la agroindustria, la explotación de minería e hidrocarburos, donde aparece un nuevo conflicto entre el uso del suelo y la precariedad en la economía campesina [15].

Con relación a la industria de hidrocarburos en los MM para el 2015 se encontraban 16 proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo. Estos procesos han generado tensiones en los habitantes de las zonas, quienes consideran que los impactos de la producción no son compensados con los ingresos que se generan [16].

Sucre y los municipios de Ovejas y San Pedro

Sucre está situado en el norte del país, en la región de la llanura del Caribe, está dividido en 26 municipios y 234 corregimientos, que se agrupan en cinco subregiones: Golfo de Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, San Jorge y La Mojana. Cuenta con una extensión de 10 917 Km2 y tiene una población de 885 835 habitantes, de acuerdo a información del DANE.

Esta región se ha visto rezagada, las razones están relacionadas al alto crecimiento demográfico, dependencia de la demanda interna, concentración en la distribución de la tierra y la carencia de títulos de las tierras por razones del conflicto armado [17].

La economía de Sucre se encuentra entre una de las más pobres del país.  Para el año 2016 la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de 0.82%. En el 2017, según datos del DANE, el PIB por persona se ubicó en el puesto 31 de los 33 departamentos del país. En el 2018 el departamento ocupó la posición número 22 y un puntaje de 4,17 en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), frente a Bogotá que se posesiona como la más competitiva del país, con un índice de 8,24.(17). En cuanto a la pobreza el índice para el año 2017 fue de 41,6%, mientras que a nivel nacional estuvo en 26,9% [18].

Este departamento es un territorio con una diversidad ecológica, cuenta con un sistema costero de ambiente seco y un sistema húmedo de ciénagas y caños que comprenden los ríos San Jorge y Cauca. Estas características le permiten desarrollar actividades agropecuarias, ganaderas, pesqueras y turísticas [19].

Con relación a su actividad económica, se ha caracterizado históricamente por la producción agropecuaria; aunque con poco valor agregado y más orientada al mercado interno [20]; no obstante, en los últimos años la participación de sectores terciarios como educación, salud, servicios comunitarios y servicio doméstico han tomado importancia en la participación del PIB departamental.

 Por otro lado, el tema extractivo del sector de hidrocarburos en este departamento representa un renglón importante en la producción de gas regional. En Sucre se encuentran según datos del mapa de tierras 2019 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 48 áreas en etapa de exploración de hidrocarburos, 19 disponibles para ser asignadas y 11 en fase de producción de gas, operadas por las empresas CNE OIL & GAS S.A.S, FRONTERA ENERGY COLOMBIA, HOCOL S.A., y GEOPRODUCTION OIL AND GAS; entre los municipios de Caimito, La Unión, Los Palmitos, Ovejas, San Marcos y San Pedro. La producción fiscalizada para el año 2018 sumada entre los campos de esta área fue de 1 018 80 MPDC (Millones De Pies Cúbicos Por Día Calendario) [21].

Ovejas

Ovejas se encuentra en la parte norte de Sucre, en la subregión de Montes de María. tiene límites con las jurisdicciones de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Pedro, Los Palmitos, Córdoba, Chalán y Colosó. Cuenta con 11 corregimientos, 23 veredas y 14 caseríos; su territorio tiene una extensión de 453 Km2 y es caracterizado como categoría 6 [22]. 

Según el DANE, su población asciende a los 20 846 habitantes. Es preciso señalar que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías – DAIRM del Ministerio del Interior, ha dado reconocimiento y registro de parcialidad indígena por fuera del resguardo, a tres comunidades: Galapa, San José de Almagra y Cabildo indígena Vilu [23].

La economía municipal está basada en las actividades agropecuarias, representando el 40,87 % del PIB municipal, siendo este el sector más representativo, seguido de los de servicios sociales y personales con el 29,15% [24].

San Pedro

Está ubicado en la parte nororiental del departamento de Sucre. Es importante aclarar que este municipio no hace parte de la subregión de los Montes de María, más bien pertenece a la subregión de Las Sabanas. Se precisó en este municipio por la importancia que tiene en la fase de producción y por la conflictividad social. Este territorio cuenta con una extensión de 223 Km2 y una población de 15 877 habitantes, de acuerdo con datos del DANE, y al igual que Ovejas, es categoría 6. [25].

Los principales sectores de la economía son la ganadería y agricultura y los servicios sociales y personales; representando un 21,95% y 32,15% en el PIB municipal respectivamente [26].

Producción Gasífera

En Colombia en los últimos años el gas natural ha tomado mayor participación e importancia como la segunda mayor fuente de consumo energético. De acuerdo con Rodolfo Anaya, ex vicepresidente de distribución de Promigas- empresa de comercialización y transporte de gas natural-   y actual presidente de Vanti (antiguo Gas Natural), la región Caribe ha sido importante en la producción gasífera, en esta se encuentra el 32 % de la existencia de gas del país, en los departamentos de la Guajira, Córdoba y Sucre principalmente [27].

Acorde con información de la ANH, las reservas de gas natural en el país para el 2016 lograron los 5 320,78 GPC; desagregadas así: 4.023,67 (76 %) corresponden a reservas probadas, 774,87 (14 %) a probables y 522,23 (10 %) a posibles [28].  

La concentración de las reservas probadas está esencialmente en tres cuencas, Llanos Orientales (59 % del total), La Guajira (22 %), Valle Inferior del Magdalena (VIM) (11 %) y Valle Medio (VMM) y Cordillera Oriental con 4 % cada una. Por otra parte, las probables se distribuyen así: Llanos con una participación del 40 %, Valle Inferior 30 % y Valle Medio del Magdalena con 15 %. Finalmente, en el Valle Inferior del Magdalena, se ubican el 42 % de las reservas posibles totales [29].

De acuerdo a lo anterior el Valle Inferior del Magdalena (VIM) figura con una participación relevante para la generación y abastecimiento de gas natural en la región Caribe y en el país. En la cuenca del VIM se encuentran los territorios de Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena.

Según Informe de Recursos y Reservas (IRR) de la ANH, las reservas de gas en Sucre pasaron de 196 831 270 Kpc (miles pies cúbicos) en el 2017 a 305.715.308 KPC en el 2018, es decir un aumento del 55,3 %, entre sus campos Bonga, Clarinete, La Creciente A, La Creciente D, Mamey, Níspero y Pandereta [30] [31]. 

Ahora bien, en los municipios de Ovejas y San Pedro se da la explotación gasífera. En Ovejas, específicamente en el corregimiento de Canutal se encuentran los campos de producción Bonga y Mamey, operados por la compañía HOCOL S.A. y en San Pedro se localiza el campo La Creciente, por la empresa Frontera Energy Colombia.

La producción de gas fiscalizada de estos campos para el año 2018 fue de:

Lo anterior permite indicar que los campos con mayor producción en son Mamey, que produjo 302,56 MPCPD, seguido de la Creciente con 217,54 MPCPD.

En el corregimiento de Canutal – Ovejas, está construido el CPF Bonga- Mamey perteneciente a PROMIGAS, en este es recibido, procesado y enviado hasta la refinería de Cartagena la producción de esta zona.

La conflictividad Social alrededor de la explotación gasífera en Sucre.

De acuerdo con Amaranto Daniels Puello, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, se presenta una reorientación del uso del suelo y subsuelo en la región, guiada por la constitución de un distrito minero- energético.

Los factores que contribuyen a esto, están relacionados por: primero, a la ausencia de una política para el desarrollo rural basada en un enfoque territorial; segundo, las tierras abandonadas por el desplazamiento forzado a causa de la violencia asociada al conflicto armado; y por último, la respuesta de los gobiernos a las demandas de los procesos de globalización en los ámbitos económicos, políticos y sociales que impulsan la implementación de la explotación minera y de hidrocarburos en estas regiones [33].

Estos aspectos van marcando la pauta hacia un nuevo renglón en la estructura productiva del departamento, que tiene como punto de referencia el modelo económico extractivista fundamentado en el desarrollo de la locomotora minero- energética de pasados gobiernos, pero que sigue estando presente y toma fuerza en el mandato de Iván Duque Márquez, quien persigue el mismo objetivo: el fortalecimiento de la economía nacional y la inversión extranjera a partir de la extracción de minerales e hidrocarburos; además de la urgencia de nuevos campos de producción que sumen a la seguridad energética del país.

Estos cambios estructurales del uso y producción del suelo, conllevan en sí mismo unas modificaciones en la organización social, económica y ambiental, que despliegan una serie de conflictos. En este sentido, es significativo indicar que los conflictos en lo social pueden clasificarse en: Conflictos por demanda de reproducción social (están asociados a las condiciones básicas de vida como el empleo, la alimentación, la salud, la educación, etc.). Conflictos por demandas institucionales y de gestión estatal (hacen referencia a la inconsistencia entre los requerimientos de la población y la insuficiencia de las políticas y las entidades del Estado para satisfacerlas). Y conflictos por demandas de reproducción cultural (tienen relación con el reconocimiento o consolidación de las identidades de los actores y la mejora de la calidad de vida) [34].

La actividad exploratoria y productiva de gas en estos municipios ha desplegado una serie de conflictividades al interior de las comunidades y con las empresas operadoras. En el caso específico de estos municipios, se relacionan con demandas de reproducción social asociados a los temas de empleo y la contratación de bienes y servicios. Así mismo, se presentan algunos conflictos ligados con requerimientos de reproducción cultural; ejemplo, las consultas previas.

Conflicto por demandas de reproducción social.

Crudo Transparente entrevistó al presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Corregimiento de Canutal, Medardo Campo Betin, quien comenta que la etapa de exploración sísmica inició en 2006, se produjo otra en 2007 y la última fue en 2009; pero las actividades de explotación se han desarrollado hace aproximadamente dos años y medio.

Indica que el periodo de la sísmica se adelantó de manera tranquila, no hubo mayor impacto pues se dio la vinculación laboral por parte de la empresa a la comunidad. “Pero en la medida que se va pasando a la etapa de producción disminuye la vinculación laboral; generando un desequilibrio social, como comunidades no estamos preparados para un choque tan fuerte”.

Así mismo señala Carmelo González, miembro de la Asociación De Organizaciones Comunitarias Para El Desarrollo De San Pedro Sucre (ACODESA): “El primordial problema con la empresa era el tema laboral”.

Las comunidades demandan a las empresas mayor contratación de mano de obra local, tanto calificada como no calificada; pero se enfrentan a la dificultad de no contar con personal capacitado para asumir ciertos perfiles, lo que genera inconvenientes para efectuar la vinculación contractual. Frente a esta situación, las empresas traen personal de otras localidades; generando un conflicto entre la compañía y la comunidad, pues esta última pretende que los trabajadores sean de su territorio, aunque no cumpla con los requisitos establecidos.

En cuanto a este panorama, Luis Rolong, social de la compañía Frontera Energy argumenta: “Las situaciones que se tornaron difíciles en aquel entonces, fue ese tema, que yo traigo un soldador de Cartagena y le pagaban y armo un bloqueo… La oportunidad laboral estaba, lo que pasa es que no había gente en el municipio capacitada y buscábamos en otro lado…”

Lo anterior, describe uno de los conflictos sociales más visibles dentro de las zonas de acción de las compañías de hidrocarburos; es decir, las relaciones de poder entre la comunidad y las empresas. Existe una realidad y es que la comunidad (campesina en su mayoría) no está capacitada para ocupar puestos de trabajos técnicos (así como lo requiere la empresa) y dicha entidad se siente en la obligación de buscar la fuerza de trabajo en otras zonas. La idea de contrarrestar esta problemática social ha sido lo expuesto por Rolong:

“…Traer las empresas prestadoras de servicio ya sea Sena en este caso Confasucre para que hagan jornadas, campañas ilustrativas del tema, eso le toca a la alcaldía…”

Estas afirmaciones permiten identificar que existe una falencia institucional relacionada a la planificación y ejecución de los proyectos, que debe ser coordinada entre todas las entidades del orden nacional, desde la ANH, el Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, gobierno regional y local y demás entes competentes. Un gobernante en estos territorios debe contemplar los diferentes escenarios a enfrentar, las oportunidades, así como los riesgos.

En ese sentido debería existir un proceso de capacitación a las comunidades por parte de entidades técnicas y académicas previo a la llegada de las empresas a sus territorios y cualquier otro tipo de estrategia que se considere pertinente. Se debe identificar y priorizar principalmente en las zonas de influencia de los proyectos, los perfiles que serán demandados por la industria extractiva, esto no solo garantiza la vinculación laboral de mano de obra no calificada sino también de personal calificado y aportaría a la disminución o eliminación de las vías de hecho como las protestas por temas de contratación, así como el orden social del territorio no entraría en conflicto por la presencia de actores externos, que pudieran alterar el tejido social.

Otro aspecto de los conflictos por reproducción social, se relaciona con la intermediación de las JAC en el proceso de contratación de personal requerido en cada una de las fases de operación.  Precisamente, el señor Campo indica que uno de los principales desórdenes internos que tuvieron que enfrentar fue la desmesurada aparición de las JAC: “A medida que se fue dando la actividad se fueron formando, se fueron organizando“.

El mismo fenómeno se presentó en San Pedro, “comenzaron a aparecer las juntas de acción comunal que no tenían una fuerte presencia en el municipio, comenzaron a parecer y a organizarse y entre las organizaciones comenzamos a interactuar con la empresa…”

Pero si las JAC en su naturaleza tienen como propósito propender por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida en su localidad y establecer mecanismos que permitan la interacción entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad, como estrategias de participación social y comunitaria [35]: ¿Dónde radica entonces el conflicto? Pues bien, este surgió a partir de los diferentes intereses particulares que persiguen estas organizaciones, pues como lo comenta Campo, cada una quería recibir beneficios laborales por parte de las empresas; pero no existía una verdadera unión y representación del bien común de la comunidad. Además, Carmelo revela: “el tema de la entrega de la hoja de vida estaba generando dentro de las organizaciones unos malos manejos, unas malas prácticas de corrupción”.

Por su parte Luis Rolong, identifica que el mayor conflicto social en la zona data de intereses particulares entre líderes comunales con relación a la contratación de personal de trabajo para la compañía:

“Los conflictos se generan por intereses particulares de algunos líderes de la comunidad, dejan a un lado el interés común y buscan valerse de su condición de líder para hacer exigencias de carácter particular, de interés particular. Hacían ventas de cupos laborales, contratación de bienes y servicios amañados; o sea, por decirlo así llegaron a esta aldea y ellos tienen un carro, una camioneta, una buseta y esa es la que tiene que entrar porque es que yo soy el presidente”.

Estas prácticas resultan contraproducentes, por un lado, generan división y enfrentamientos entre los habitantes al pretender alcanzar beneficios particulares por encima del común. Por otra parte, se ocasiona un relacionamiento incorrecto entre comunidad- empresa, pues no se da una confiabilidad entre estos y finalmente no se respetan los modelos de contratación ajustados a la normatividad institucional. 

Este tipo de conflictos han llegado a mermar a partir de lo dispuesto en el decreto 1668 de 2016 que prohíbe la mediación de terceros y promueve la regulación de la forma de contratación a través del servicio público de empleo. Aunque este mecanismo termina con la intermediación de las juntas en los procesos de contratación, las comunidades internamente han establecido procesos y acuerdos para definir su participación en algunas de las vacantes laborales.

Por ejemplo, en el corregimiento de Canutal, se organizó una asociación de guardas de seguridad la cual cuenta con 40 vigilantes. Su participación se da por el orden del número que les corresponde en la lista, cada seis meses se rotan entre seis o siete vigilantes para ingresar a la empresa. Sin embargo, la compañía  realiza cada periodo exámenes y pruebas de selección a las personas para determinar si están aptas o no para el ingreso, cumpliendo con la norma establecida en el servicio público de empleo.

En San Pedro la situación no es diferente: “Entonces internamente se hace un proceso de selección a través de unos sorteos a ver quién va primero, quien va segundo. Entonces cuando se abren las convocatorias se mandan a esas personas para que se postulen sin obviar la responsabilidad de ley”. Esto lo hacen a través de las organizaciones como ACODESA.

Es importante mencionar que el volumen de demanda laboral por parte de las empresas disminuye en cada fase de los proyectos en muchas de las zonas, por eso el fenómeno en los tiempos de contratación. Según algunos testimonios, aunque es por seis meses para ellos es más atractivo ser vinculados a la compañía pues la remuneración económica es mayor en esos meses dedicados a esa actividad, que la de cultivar el campo, por ejemplo, que requiere mucha más inversión de tiempo y poca compensación comparada con la industria.

Por consiguiente, se debe revisar la manera en que se establecen los procesos de contratación laboral en los territorios, si bien y como ya se mencionó, se reguló la forma y los requerimientos para hacerlo, otras son las dinámicas que se encuentran en la práctica.

Es importante analizar si estos empleos cumplen con las expectativas de contribuir a una calidad de vida digna en los pobladores, porque ¿Qué tan conveniente y rentable es para ellos ser contratados cada seis meses?, ¿Cómo se genera realmente una disminución de las brechas y una competitividad y desarrollo económico en la zona?

Conflictos por demandas institucionales y de gestión Estatal

La dinámica de desarrollo en la industria hidrocarburífera en Colombia es paradójica. Los territorios ricos en estos minerales en su subsuelo tienden a ser lo más pobres, rezagados y olvidados por las instituciones del Estado.

Canutal, como muchos otros corregimientos de Ovejas, no cuenta con servicio de gas natural en las viviendas, se valen de tanques de gas lo cual puede ser peligroso o de leña para la preparación de los alimentos. El sistema de saneamiento y alcantarillado no alcanza a cubrir a toda la comunidad; no tienen servicio de tratamiento o recolección de basuras; las vías de acceso no son óptimas; el servicio de salud es precario; y el agua no es potable.

La legalización de tierras es otra problemática en toda la región de los Montes de María, sumado a eso la inexistencia de una política pública agraria ha desmejorado los procesos del agro y la ganadería y las condiciones climáticas tampoco han favorecido al campesinado.

Con la llegada de las operadoras a estos territorios, las comunidades aspiran a resolver sus problemáticas sociales, encontrar en las empresas una forma de institucionalidad que nos le ha sido representativa con los entes locales.

“Las comunidades pretenden que llego la industria petrolera y supla esas necesidades que de alguna manera suplanta el Estado y eso no se puede hacer, y sonara feo decirlo pero a veces las mismas administraciones le dicen a las comunidades pídale a la petrolera, vaya hágale bloqueo a la petrolera y ellos se hacen a un lado… las comunidades tienen problemas de vías, las administraciones llámese locales, departamentales no asumen su responsabilidad, entonces aprovechando que las normas ambientales le dicen a las compañías que se tiene que hacer mantenimiento a  la vía, pero entonces ya después le descargan toda la responsabilidad a las compañías”.

Para Rolong, la figura institucional tanto local como departamental, debe asumir su rol y sus obligaciones como administradores. Afirma que como operadores cumplen su obligación de responsabilidad e inversión en las comunidades y están dispuestos a trabajar y apoyar los planes de desarrollo locales; pero aclara que no es de su competencia suplir necesidades que deben ser cubiertas por el orden institucional. 

Medardo Campo por su parte menciona: “Aquí la empresa ha tenido que cubrir muchas cosas que le corresponde a la parte institucional, antes de la empresa estábamos huérfanos, ahora con la empresa tratamos de cubrir esa ausencia institucional a través de este privado. La empresa siempre ha dejado claro que no es institución, por eso tratamos de hacer acuerdos tripartitos para que la alcaldía no se desligue de todo esto”

Para Badid Blanco, Personero de Ovejas, la empresa (Hocol) ha realizado aportes significativos en temas de inversión en el corregimiento de Canutal; aunque reconoce que no ha sido fácil, pero se ha construido un proceso de comunicación y trabajo entre comunidad y empresa, se realizó un plan de trabajo que tenía como objetivos principales, resolver el alcantarillado, el tema de salud con el puesto de salud y el agua potable, actualmente estas obras han sido entregadas al corregimiento.

El puesto de salud es administrado por la ESE municipal, cuenta con un médico tres días en la semana y una enfermera permanente y con los equipos médicos necesarios para la atención a los usuarios.

Este tipo de obras llegan a ser de impacto y de gran beneficio para las comunidades, pues logran disminuir problemáticas sociales relacionadas a derechos fundamentales como la salud y el acceso al agua. No obstante, es importante resaltar que este tipo de acciones deben ser impulsadas y ejecutadas por las ententes competentes, no se puede dejar en manos de terceros una obligación Estatal.

Conflictos por demandas de reproducción cultural

El reconocimiento o consolidación  de las identidades de los actores en el proceso de consulta previa y el impacto ambiental son aspectos críticos en las operaciones petroleras.

Flor del Monte es otro corregimiento de Ovejas, donde se realizaron procesos de sísmica y exploración, los cuales arrojaron un resultado negativo pues no hubo descubrimiento de hidrocarburos en este lugar. Aunque no fueron productivas las actividades, estas sí ocasionaron conflicto entre la comunidad, la división entre quienes defendían a la industria pues visionaba en ella oportunidades de empleo y los que estaban en desacuerdo con la entrada de las operadoras a su territorio pues generarían choques en sus costumbres de vida.

Llama la atención que esta zona tiene presencia la comunidad indígena Zenú- Galapa. Juan Luna, quien fungió como autoridad de este cabildo afirma “En estos trabajos no nos tuvieron en cuenta, no se hizo la consulta previa, como dice su nombre previo, antes de. Sin embargo, ya habían empezado los trabajos de sísmica cuando se empezó la consulta, ellos (la empresa) argumentaban que habían pedido la certificación al ministerio, que es lo primero que hacen las empresas cuando hacen este tipo de exploración y allá les dijeron que en esta zona no había presencia de comunidades étnicas”.

Esta declaración coincide con la de Carmelo González del municipio de San Pedro “Nosotros además del tema laboral y social estamos peleando otras cosas, yo hago parte de una comunidad de afrodescendientes y tenemos unas problemáticas con ellos (la empresa) y el ministerio porque nos han desconocido el proceso de consulta previa”.

Ambos líderes opinan que sus derechos a la opinión, participación y toma de decisiones han sido vulnerados. Señalan que era poco el conocimiento que tenían sobre este tipo de procesos y que no recibieron ninguna asesoría o acompañamiento por parte de alguna institución. No se puede pretender realizar proyectos sin el involucramiento de las comunidades; en todas las etapas del asunto, deben ser procesos construidos desde la legitimidad y la democracia.

Sobre el aspecto ambiental, Juan Luna indica que en los estudios de licencia ambiental no se relacionaron realmente las especies endémicas de flora y fauna que habitan en su entorno: “En la parte ambiental hacen unos estudios que uno no sabe de dónde sacan eso… no hacen mención de muchas especies de animales que hay ahí, mencionan unos animales, unas plantas que no son de por acá”. Esto genera confusión y desconfianza en las comunidades, pues no saben sobre que basan las empresas sus procesos para incidir en la zona y plantear manejos ambientales que mitiguen realmente los impactos que se puedan generar.

Por el lado de San Pedro el conflicto ambiental estuvo relacionado a la presunta explotación de gas en cercanías al único acuífero que abastece a esta población. Se generaron las primeras dudas en la comunidad que empezó a preguntarse si era conveniente una explotación en esta zona tan cercana al cuerpo de agua. Ante esto señala Carmelo González “Nosotros hicimos candentes debates en el recinto del Concejo para que no se perforara ese pozo ahí, puesto que nos iban a dañar el acuífero, interpusimos demandas ante Carsucre (Corporación Autónoma Regional), ante la procuraduría agraria ambiental también elevamos queja, ante el Ministerio de Minas y verdaderamente los esfuerzos que hicimos como comunidad fueron en vano”.

Ante sus demandas menciona que Carsucre respondió que no existe comprobación científica de que verdaderamente esa explotación dañe el acuífero. Crudo Transparente realizó acercamientos con CARSUCRE para obtener mayor información; sin embargo, no fue posible.

Los campesinos de San Pedro se surten de agua a través de pozos denominados jagüeyes, estos han ido secándose y las causas son atribuidas a las operaciones de la industria, así como el aumento de la temperatura en este y otros municipios. Frente a estos acontecimientos es importante que las instituciones ambientales establezcan mecanismos de comunicación y participación con la comunidad, que sean expuestas y aclaradas las verdaderas razones de estos fenómenos.

Si bien la industria petrolera genera unos impactos, no todos los cambios en los territorios obedecen a sus actividades. Se deben tener en cuenta los cambios climáticos y los fenómenos naturales que pueden generar numerosas lluvias o intensos veranos como los que se han presentado en los últimos años.

CONCLUSIONES

Muchas son las zonas del país que se han visto inmersas en enfrentamientos de tipo social, político, económico y ambiental, derivados de los intereses de diferentes actores ya sean armados o no. La subregión de los Montes de María no es la excepción; paradójicamente, este territorio y los municipios de Sucre configuran una importancia estratégica para el sector de hidrocarburos relacionada con la exploración y explotación de gas.

Sucre, cuenta actualmente con 11 áreas de producción gasífera, las cuales tuvieron para el año 2018 un rendimiento de 1 018 80 MPDC; de acuerdo con datos de la ANH. Así mismo, en este departamento se encuentra entre la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, la cual representa porcentajes importantes en las reservas de gas y aportará significativamente al abastecimiento de este recurso no solo en la región Caribe sino también al resto del país.

Pero en este panorama de expectativas positivas en temas de reservas y producción, se encuentran escenarios de conflictos de tipo social relacionados principalmente a la contratación laboral en las zonas de influencia de los proyectos, al precario ejercicio institucional de los entes locales, y el desconocimiento de la identidad cultural de los actores por parte de las instituciones del orden nacional responsables del desarrollo de consulta previa en los territorios.

En este sentido se hace imperativo crear mayores canales institucionales y mecanismos de participación ciudadana dentro del ordenamiento territorial. Además, de la planeación del desarrollo social que involucre a toda la comunidad en su totalidad y permita superar los conflictos en el territorio.

RECOMENDACIONES

Gobierno: Fortalecer los vínculos de relacionamiento y los procesos de planificación entre los diferentes actores (ANH, Ministerios, instituciones, gobiernos regionales- locales y comunidades) en las distintas fases del desarrollo de la industria extractiva. Establecer una hoja de ruta que le permita a cada interesado, sobre todo a las comunidades que son las finalmente impactadas, el acceso a la información oportuna de cada proyecto, esto permitirá que en los territorios se puedan tomar decisiones y acciones que no estropee las actividades del sector, pero también que se garantice el bienestar común.

Empresa: Reforzar el relacionamiento con las comunidades y así dar paso a procesos de socialización fuertes y continuos sobre las etapas del proyecto y las formas de involucramiento y participación que pueden tener los pobladores de las zonas. 

Continuar con los proyectos de inversión que generan impactos reales en los territorios de la mano con las administraciones locales y departamentales.

Comunidad: Participar de manera activa en los procesos de socialización de los proyectos. Acoger los procedimientos establecidos para la participación laboral en la industria.

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