Por: Elizabeth Perea Rodríguez
El anuncio del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que le da el aval al Ministerio de Minas y Energía para viabilizar la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, fue noticia que se convirtió en un nuevo detonante para que las comunidades de diferentes partes del país se preocuparan y mantuvieran su postura negativa frente al desarrollo de esta actividad.
Este hecho generó un fuerte debate dadas las intenciones de los diversos planes de desarrollo departamentales, como es el caso del Caquetá, que intenta cambiar su enfoque y convertirse en una región agrícola sostenible libre de actividad extractiva. Algunas comunidades, en su gran mayoría de las zonas rurales de la región, elaboran sus propias alternativas de desarrollo fundamentadas en sus necesidades y su cultura; las cuales, para este caso en particular, se oponen a la intención promovida por el Estado.
Sin embargo, esto no es nuevo. Desde el año 2012 se han llevado a cabo procesos de resistencia civil en Caquetá, con el ánimo de convertir el departamento en un territorio integralmente amazónico y protector del agua. Se busca el desarrollo de políticas que promuevan el desarrollo integral a partir del concepto de “economía verde.
Para la comunidad, el llamado está en reconocer al territorio como un actor clave en la transformación del campo y el crecimiento verde que contribuye a la construcción de paz estable y duradera, según lo establece el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), partiendo de su enfoque:
…supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. [1]
En este sentido, se genera una controversia entre el objetivo nacional de aumentar las reservas petroleras y la intención del gobierno local de mantener su biodiversidad e impulsar un crecimiento económico sostenible mediante la economía campesina. De ahí, la necesidad de generar un enfoque territorial participativo que convierta el desarrollo en un proceso integral que incluya los modos de vivir tanto sociales como productivos.
Por esta razón, Crudo Transparente pretende aportar al debate, a través del presente documento, el cual recoge los hallazgos de su visita al Caquetá, de la siguiente manera: En el primer apartado se realiza un análisis de la situación socioeconómica para observar los principales retos y problemáticas que enfrenta; el segundo: “Caquetá en la mira de grandes petroleras”, se despliega la intención del Gobierno frente a su necesidad de incrementar las reservas del país; posteriormente, se hace un análisis de los resguardos indígenas presentes en la cuenca Caguán – Putumayo; el cuarto apartado, realiza una caracterización de las empresas petroleras en la región y sus posibles afecciones; el quinto, expone la respuesta de la comunidad a la política extractivista y su idea de desarrollo; el sexto, presenta la confrontación del desarrollo de la agricultura y la explotación de petróleo. Finalmente, se abordarán una serie de recomendaciones para las empresas, el gobierno tanto nacional como local y la comunidad.
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
El Caquetá es el tercer departamento más extenso del país con 88 965 km2, lo que representa el 7.8% del territorio nacional; y es el sexto menos poblado con 496 241 habitantes [2]. Está conformado por 16 municipios: su capital Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, el Doncello, el Paujil, Milán, la Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.
Se ubica en el piedemonte y en la llanura amazónica, cuya selva tropical es la más extensa del planeta. Gracias a ello, Colombia ha sido clasificada como uno de los tres países con mayor biodiversidad después de Brasil e Indonesia. De igual manera, presenta una gran riqueza sociocultural pues allí se encuentran comunidades indígenas y una población importante de colonos y campesinos.
Debido a sus características ecosistémicas fue declarada, a través de la ley 2 de 1959, la zona de reserva forestal más extensa del país, que inicialmente contaba con 44 100 hectáreas, que se extiende a través de los departamentos del Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Meta, Huila, Cauca y Putumayo [3].
Pese a la mencionada riqueza natural es considerada una región aislada, con escasa presencia del Estado y que cuenta con dificultades y tardanza para establecer verdaderos mecanismos de comunicación entre el Caquetá y el centro del país. Es posible que esta situación está ligada a los diversos procesos de colonización que se presentaron desde la época de La Violencia del siglo XX que lo referencian como un escenario histórico de las FARC-EP [4].
Desafortunadamente, la presencia de este grupo armado no estatal desequilibró las relaciones sociales, lo que ha contribuido en el alza del Índice de Riesgo y Victimización y ha permitido ejercer un control territorial y poblacional alrededor de actividades como el cultivo de coca, que representa una importante fuente de recursos para buena parte de la población [5].
Por otra parte, y de acuerdo a la información proporcionada por el Plan Departamental de Desarrollo: “Con Usted Hacemos más por el Caquetá 2016-2019” [6], el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se encuentra en la cabecera departamental en 33 % y el resto del departamento en 59,20 %. En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida [7], fue de 70.8 % en materia global y para la población de las áreas rurales, que son la más afectadas, su porcentaje es de 90.45 %, frente a 61.58% de la urbana. Por su parte, el Índice de Pobreza Monetaria alcanzó una incidencia de 39 %.
Teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina de Cobertura en Educación de la Gobernación del Caquetá a Crudo Transparente, en los municipios de Valparaíso, San Vicente del Caguán, Doncello, Curillo, Cartagena del Chairá y Pauil, donde la población se ha opuesto al desarrollo de actividades extractivas, los niveles de cobertura para transición son de 36 %, primaria 62 %, secundaria 48 %, media 22 % y básica 64 %.
Ahora bien, teniendo en cuenta la metodología del DNP con relación a las brechas de desarrollo, el Caquetá requiere un esfuerzo significativo en varias de sus variables; ya que el departamento presenta niveles muy por debajo de la media regional y nacional en materia de educación media, cobertura de acueducto y en el déficit cualitativo de vivienda.
Mientras tanto, en materia económica el Caquetá ha sido vinculado al resto del país a su política extractiva. Con el ánimo de posicionar la exploración y explotación de hidrocarburos como la base del futuro económico del de país y como una actividad que podría mejorar los problemas del orden público e impulsar el Acuerdo Final.
Para ello, se promovieron 3 procesos de sustracción de la zona de reserva forestal (ZRF) de la Ley 2 de 1959 del 16 de diciembre de ese año bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Los cuales causaron la división de dicho ecosistema. No obstante, las concesiones otorgadas para la exploración comprenden territorios protegidos por ser parte de la ZRF o que se encuentran alrededor de esta zona o de los parques nacionales presentes en el departamento. Lo que trae consigo un deterioro ambiental y pérdida de la biodiversidad [8].
Es importante resaltar que, mediante mecanismos legislativos, se ha declarado que la exploración y explotación de hidrocarburos son de utilidad pública e interés social (Ley 1274 de 2009). En consecuencia, se ha priorizado la actividad petrolera sobre aquellas relacionadas con la producción de alimentos, el turismo, entre otras.
En concordancia de lo anterior y después de aproximadamente cincos años sin ofrecer rondas de nuevos bloques para el desarrollo de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, el nuevo proceso de Asignación de Áreas (PPAA) que lanzó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a comienzos del 2019 comienza a dar sus frutos con la suscripción de nuevos contratos. Con ello, el Gobierno Central y la ANH pretenden combatir el temible desabastecimiento de petróleo y gas mediante el incremento de las reservas de barriles del país y mejorar el balance de autosuficiencia petrolera que se ubicó en 6,2 años. Si bien, al cierre del año 2018, hubo mejoras en las cifras de reservas de crudo, las de gas acumularon seis años en descenso, situación que tiene en alerta al Gobierno por la importancia de este energético para los 9,2 millones de hogares, el transporte público y más de 230.000 automotores que lo utilizan.
Por esta razón, se tiene la meta ambiciosa de firmar al menos 40 contratos nuevos de exploración y explotación y una de las apuestas para llevar a cabo esto es el incremento de la producción en la cuenca Caguán – Putumayo que se explicará en el siguiente apartado [9].
Caquetá en la mira de grandes petroleras para incrementar las reservas de petróleo del país
La extracción de petróleo se realizaría principalmente en la cuenca Caguán-Putumayo, que abarca una región de 110.304 km2 (al norte, Caguán y al sur, Putumayo), en el suroeste de Colombia. Limita al occidente con la Cordillera Oriental y al oriente con el Escudo de Guyana, al norte con la Serranía de la Macarena y al sur con el límite internacional con Ecuador [10].
Allí se produce el 2,9 % del crudo total del país y es considerada una de las cuencas más atractivas del país por los datos de reservas de petróleo: según Ecopetrol, estas rondaría en los 500 millones de barriles de petróleo; según la ANH, estarían en los 3.000 millones de barriles, y según el departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, sería de 6.000 millones de barriles. Aunque los datos varían, sus valores de reserva son considerados altos y de gran potencial.
El 63.13 % de los contratos ya firmados se concentran en: la ANH, Amerisur Exploracion Colombia Ltda, Ecopetrol S.A, Gran Tierra Energy Colombia Ltda. El 36.87 % restante está en manos de 8 operadoras. Es importante tener en cuenta que, a la fecha, existen 51 contratos para estudiar técnicamente el área (TEA), y para explorar y explotar el recurso, los cuales están a cargo de 16 empresas nacionales e internacionales [11]. Adicionalmente, existen áreas definidas como sin asignar, las cuales están disponibles para ser adjudicadas a las empresas que participen y cumplan con los requisitos exigidos en los procesos licitatorios de la ANH.
De acuerdo con la información del Cuadro 3 y 4 , el 44.73 % de la cuenca, está dispuesto por la ANH para llevar a cabo contratos adjudicados a empresas operadoras para el desarrollo de estudios exploratorios y el 49.51% a producción de petróleo. Igualmente, existen 18 polígonos en exploración dirigidos por Mompos Oil Company, Talisman Colombia Oil, Esmerald Energy, Pacific Stratus Energy Colombia, Platino Energy Barbados, Meta Petroleum Corp, Canacol Energy, Hupecol Operating. De estas compañías, sólo una cuenta con Contrato de Evaluación Técnica (TEA), cuyo objetivo principal es evaluar el potencial hidrocarburífero de un área e identificar prospectos para acordar un eventual contrato de E&P sobre una porción o la totalidad del área contratada.
Caracterización de las principales empresas petroleras en el departamento
La gran mayoría de las comunidades del Caquetá se encuentran en desacuerdo con la dinámica de las actividades petroleras en la región, alegan que ponen en riesgo sus ecosistemas, fuentes hídricas y tradiciones. Para detallar la oposición de los habitantes del departamento en esa materia, es fundamental comprender de lo que se habla y por qué se oponen de manera implacable a estos procesos. Por esta razón, en este apartado se llevará a cabo una breve caracterización de las
principales empresas petroleras que llevaron a cabo actividades en el departamento y sus posibles afectaciones.
● Emerald Energy
Es filial de la empresa china Sinochem y comparte la propiedad de los campos de Manzano, Cardón y Nogal con Ecopetrol en un 50%, ubicados en la Cuenca del Caguán. A su vez, en el departamento tuvo los bloques Nogal, Ceiba, Durillo, Ombú y Cardón.
Desafortunadamente, el desarrollo de sus actividades generó impactos ambientales y sociales que han sido en su mayoría denunciados. Ejemplo de esto los conflictos que la explotación ha forjado en el Páramo Cerro de Miraflores y la Reserva Forestal de la Amazonía, que repercuten en los nacederos que nutren las bocatomas de los acueductos de la región.
● Hupecol
En la actualidad es filial de la multinacional anglo-chilena Geopark. Esta empresa cubrió un único bloque de producción llamado los Picachos y se encontraba ubicado en el limítrofe con el Parque Natural Sierra de la Macarena, lo podría amenazar esta reserva ambiental. Suceso que forjó la preocupación en la comunidad, principalmente por su complejo sistema hídrico natural compuesto por nacimientos de agua, caños, lagunas o ríos que estarían recibiendo los vertimientos de aguas residuales; pues, no cuenta con la infraestructura requerida para el control de las aguas lluvias [12].
● Pacific Rubiales Energy
Empresa canadiense, se presenta en el departamento bajo tres filiales: Pacific Stratus, Meta Petroleum y C&C Energy. Esta empresa controló 5 bloques petroleros que corresponden al 50% de las concesiones de la región. La empresa fue denunciada por la persecución a líderes sociales, sindicales y comunitarios. Análogamente, las organizaciones indígenas denunciaron violación a los procesos de consulta previa de los pueblos Sikuani [13].
● Canacol
En el Caquetá controla los bloques Sangretoro, Tamarín, Cedrela y Achapo. La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), gremio del sector petrolero, en comunicación pública, denunció la forma como la empresa Canacol atacó a las autoridades municipales y a las comunidades de la zona de dominio de sus yacimientos en Casanare, expresando: “El sector petrolero no está de acuerdo con manifestaciones contenidas en dicho escrito, por considerar que no expresan la consideración y respeto que se merecen los hombres y mujeres de Casanare” [14].
● Petromont o Monterrico
Tiene el bloque Portorico. En el municipio de Puerto Rico (Caquetá), la empresa ingresó en el 2011 a realizar trabajos de exploración y explotación de crudo en los municipios de Esmeralda y Lusitania. No obstante, y de acuerdo a lo que expresó uno de los líderes comunales de El Doncello: “nos han mentido con respecto al pago que deben efectuar las compañías por el uso del terreno para la exploración de crudo”.
Opinión de las organizaciones, líderes y afectaciones a pueblos indígenas
Para Leonor Bravo, líder social de Cartagena del Chairá, el desarrollo de la actividad extractiva va en contra de la intención de la comunidad, que mantiene firme su posición a pesar de no ser tenida en cuenta por el Gobierno Nacional : “aunque han sido muchos años de lucha, nosotros como líderes sociales estamos cansados de hacer frente ante la problemática e intentar demostrarle al Gobierno que la comunidad debe ser parte de la toma de decisiones que giran en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Pues está claro que el debate vendría siendo agua-petróleo dada la importancia de la Amazonia, no sólo para Colombia sino para el mundo.
Por su parte, la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac), durante la entrevista realizada por Crudo Transparente, aseguró que las multinacionales llegan al departamento con interés de acceder a sus bienes comunes y se encuentran con un Gobierno que no respeta la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, enfilan el orden jurídico, social y militar para garantizar la entrada de estas empresas y así mantener sus ganancias.
Al mismo tiempo, alegan que el actual modelo de desarrollo genera poco crecimiento a nivel regional y abre las puertas a las empresas presentando a Colombia como un paraíso económico donde “pagarían poco impuestos, no se fiscaliza la producción y existen pocas obligaciones en materia social y ambiental”.
Respuesta de algunas comunidades locales a la política petrolera del Caquetá
Un ejemplo de respuesta de la comunidad son las acciones que emprendió el municipio de Valparaíso, ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá. Según el Plan de Ordenamiento Territorial Comunitario del municipio de Valparaíso (2016), este cuenta con 11 600 habitantes y su principal fuente de ingreso se ha basado en la ganadería, la agricultura y la pesca; sin embargo, en junio del 2015 la empresa Emerald Energy inició actividades de exploración en este territorio, lo que se consideró como un cambio en los modos tradicionales de vivir.
De igual manera, la comunidad asegura que la empresa ingresó de manera irregular y produjo incertidumbre sobre el futuro de sus ecosistemas y fuentes hídricas. Algunos líderes entrevistados en el documental: La Vida es de los Arriesgados el cual fue realizado por Natalia Orduz y Hanna Thiesing; manifestaron que, “En diciembre del 2014 comenzamos a unificarnos para decirle a la petrolera que aquí no podía entrar (…) cuando comenzó el 2015 llegaron a hacer el pozo estratigráfico y el 4 de mayo iban a entrar, entonces nosotros nos reunimos y decidimos que yo me encadenaba para evitar el ingreso, en total fueron 61 días encadenado… uno dice sí cuidar los recursos naturales es un delito, entonces para dónde nos llevan”.
Según los testimonios todos los esfuerzos comunes van en torno a la construcción de alternativas al modelo de desarrollo económico, donde se priorice el interés por la protección del medio ambiente, la crítica al modelo actual, la capacidad e interés organizativo de las comunidades y la existencia de importantes redes locales que trabajan por un propósito conjunto.
Conforme a lo anterior, se llevaron a cabo protestas en Valparíaso como el plantón durante 61 días en el año 2015 [15], que impidió el ingreso de maquinaria de la empresa Emerald Energy a la zona, lo que generó una respuesta por parte del Estado para reprimir estas manifestaciones mediante la fuerza pública. Otro ejemplo son las movilizaciones promovidas en otros municipios ubicados en la zona norte del departamento; principalmente, en Puerto Rico, El Paujil y El Doncello. Allí, se han conformado lo que los pobladores denominan “resistencias preventivas”. Donde la fuerza pública le brindó protección a la empresa ante los posibles ataques de la comunidad y pese a la resistencia de la comunidad se logró realizar la perforación petrolera. No obstante, la más reciente intervención petrolera que hubo en Caquetá sucedió en 2014 cuando la Emerald Energy exploró en el Bloque Nogal, cuya zona es la más grande que haya adjudicado el Gobierno en la Amazonia hasta el momento: 239.414 hectáreas [16].
Una de las propuestas de la comunidad es proponer un desarrollo ecoterritorial, donde se construya una acción colectiva que apoye la labor de la Comisión por la Vida del Agua, la cual rechaza el ingreso de petroleras a la región; a su vez, solicita al Gobierno Nacional un debate sobre el modelo de desarrollo actual y el departamental, que tenga en cuenta la vocación del suelo, diversidad socio-cultural y la biodiversidad.
Otra propuesta en el año 2016 son los Planes de Ordenamiento Territorial Comunitarios (POTC), los cuales se elaboran a partir de la experiencia vivida por sus habitantes y de la visión de territorio, “El ordenamiento territorial (…) permite construir unas políticas acordes a las necesidades de la población y también de la naturaleza, respetando el todo y no solamente el uno” [17] . Fueron construidos por: comunales, ambientalistas, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, consejeros territoriales, miembros de instancias de participación ciudadana, entre otros actores pertenecientes a los 16 municipios del departamento. Su visión se aleja de la propuesta del Gobierno Nacional y se centra en la defensa territorial ligada al tema ambiental:
“Al año 2028 Belén de los Andaquíes será reconocido legalmente como territorio verde protector del agua a partir de un adecuado uso del suelo urbano y rural, haciendo un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales con garantías de sostenibilidad acompañado del fortalecimiento de capacidades en la población que se traduzca en buenas prácticas productivas, propendiendo por un desarrollo ambiental y buscando la recuperación de su cultura y tradición Andaquí(…)”
No obstante, la proyección del departamento es el establecimiento de la “Economía Verde”; la cual busca asentarse en todos los sectores de la economía con la excusa del enverdecimiento del desarrollo. De esta manera, “transformar las funciones ecológicas en servicios, aumentar el uso de la biomasa como fuente de energía y de establecer un marco político que permita y promueva estas prácticas”. [YP1]
Algunos de los objetivos de la economía verde son: promover la eficiencia energética; así como, el uso de los recursos, y evitar pérdida de diversidad biológica y, de servicios ecosistémicos.
Por esta razón, la gobernación del Caquetá planea el diseño del Plan Estratégico de Mercados Verdes para realizar negociaciones en mercados verdes internacionales, mediante la producción agropecuaria de la región amazónica, implementando foros, ruedas de negocios y oportunidades empresariales agropecuarias en el marco de la bio-región amazónica del Caquetá. Asimismo, hará un estudio de factibilidad económica para implementar procesos en zona franca, clúster o parques industriales sub-regionales, con apoyo de Cámara de Comercio y Gobierno, para programas de transformación de las apuestas [18].
Los primeros pasos los dio la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), que implantó el programa de mercados verdes en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. este se impulsó mediante un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, el cual se aprobó por un valor total de $ 2 191 322 863 pesos, para un período de 18 meses llamado: “Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonía”, que tienen como propósito “preservar y restaurar ecosistemas a través del aprestamiento de las cadenas de valor de ecoturismo, artesanía e ingredientes naturales enfocados en el programa de negocios verdes y biocomercio” [19].
En el Caquetá existe un factor importante en este debate que es la presencia de resguardos indígenas. De los 51 contratos (bloques) petroleros que se encuentran en la región, 37 se traslapan con 81 resguardos indígenas principalmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá.
Según la información del cuadro 5, el bloque con mayor cantidad de resguardos indígenas traslapados es Tacacho, donde se encuentran los resguardos: Consara -Mecaya, Coropoya, el Líbano, El Porvenir – la Barrialosa, El Quince, Jericó-Consay, Teófilas, Niñeras. El segundo bloque es el CAG 6, donde se encuentran los resguardos: Calenturas, Las Brisas, San Antonio del Fragua, San Miguel, Wasipanga.
En el cuadro 5, se muestran los bloques petroleros en exploración y producción en la región amazónica, donde se encuentran resguardos indígenas, los cuales se localizan principalmente en los departamentos del Caquetá y el Putumayo. En las áreas que la ANH determinó como sin asignar o disponibles en la región, se encuentran ubicados 26 resguardos indígenas, de los departamentos de Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare [20].
Esta situación enciende las alarmas dadas las condiciones de los indígenas en el departamento, ya que llevan más de treinta años intentando crear una política pública departamental que respete sus derechos y mejore su calidad de vida, ya que son considerados población vulnerable por los conflictos a los que se enfrentan: desplazamiento forzado, el precario servicio de salud, el escaso respeto por las tradiciones, el desarrollo de una educación propia, entre otros.
El papel de la agricultura en el desarrollo económico del Caquetá
Según la entrevista llevada a cabo por Crudo Transparente a líderes sociales del departamento (se reservan los nombres por petición de los entrevistados), lo que pretenden es fortalecer el sector agropecuario como principal rama de la economía a partir de la tecnificación del campo y la asistencia técnica para convertir la ganadería extensiva en una que abarque menos hectáreas con ayuda del Estado.
Sin embargo, existe una disminución del rendimiento de producción de 4,40 (t/ha)[1] a 4, 07 (t/ha) y un incremento de la producción desde el año 2000 donde fue de aproximadamente 150 000 toneladas a 206 766 toneladas de productos agrícolas [21]. Un ejemplo de respuesta de la comunidad son las acciones que emprendió el municipio de Valparaíso, ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá. Según el Plan de Ordenamiento Territorial Comunitario del municipio de Valparaíso (2016), este cuenta con 11 600 habitantes y su principal fuente de ingreso se ha basado en la ganadería, la agricultura y la pesca; sin embargo, en junio del 2015 la empresa Emerald Energy inició actividades de exploración en este territorio, lo que se consideró como un cambio en los modos tradicionales de vivir.
Análogamente, la secretaria, manifestó durante la entrevista llevada a cabo por Crudo Transparente, que en el año 2018 de las 9 010 289 hectáreas que conforman el departamento, 1 227 952 hectáreas (13% del Caquetá) acogen suelos con la capacidad de desarrollo productivo. Demostrando con ello que cuenta con la mayor vocación productiva de sus vecinos amazónicos: Guainía cuenta con solo 452 mil hectáreas netamente para la producción, Guaviare con 423 mil, Putumayo con 407 mil y Vaupés con 175 mil. El selvático Amazonas bordea unas 41 238 hectáreas.
No obstante, la vocación de los suelos no corresponde a su potencial; pues, solo cuenta con 1,5 millones de hectáreas para el desarrollo agropecuario (14,2%). Para Germán Darío Álvarez Lucero, Subdirector Nacional de Agrícola del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): “En los más de 50 años de violencia con la guerrilla de las FARC, uno de los departamentos más afectados fue Caquetá, tanto por los desplazamientos forzados, el narcotráfico y los cultivos ilegales de coca. Con lo contemplado en los Acuerdos de Paz y la llegada del posconflicto, las autoridades están en la obligación de plantearle a la comunidad nuevas opciones de vida, las cuales deben contemplar la verdadera vocación de los suelos, información con la que cuenta el IGAC”.
Álvarez también señaló la necesidad de impulsar en el Caquetá proyectos forestales, agroforestales y de conservación ambiental que involucren el pago por servicios ambientales, y de esta manera disminuir las afecciones causadas por el desarrollo agropecuario, ya que la principal problemática es la sobrecarga de cultivos y ganadería extensiva, generando una sobreutilización en aproximadamente 35 588 hectáreas en los suelos. Donde el municipio más afectado es Morelia (84% de su área afectada). Le siguen Albania (79%), Valparaíso (76%), Milán (69%), El Paujil y Montañita (57%), Solita (56%) y Curillo (52%).
Lo anterior demuestra la necesidad de realizar un cambio en el sistema productivo, que promueva el desarrollo sostenible, donde se potencie las riquezas del departamento y se consolide la situación actual de la comunidad promoviendo el empleo e ingresos.
No solo el IGAC sino también el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) [22], manifiestan que la actividad que ha generado mayores pérdidas de la riqueza natural en la Amazonía durante las últimas décadas es la agricultura, forjando graves transformaciones en el uso del suelo de sus bosques. Los pastos y la ganadería, para la producción de carne y leche, son la causa principal de la deforestación en muchas áreas.
Consideraciones finales
En definitiva, existe un interés por intervenir la Amazonía para incrementar los proyectos de hidrocarburos mediante la cuenca Caguán- Putumayo, lo que va en contra de las metas departamentales de conservación de la riqueza natural propuesta por la comunidad y el gobierno local. Por ende, el debate no sólo gira en torno a permitir la actividad hidrocarburífera, por el contrario debe ser producto de un proceso concertado en cada una de las regiones por medio de las comunidades, organizaciones sociales, sectores que allí se encuentren y el gobierno local. Con el ánimo de generar un desarrollo equilibrado entre la explotación y el medio ambiente.
Conforme a lo anterior, el Estado debe articular sus instituciones para darle solución a los problemas en torno al sector como la conflictividad social y generar inclusión social, mediante la solución de los conflictos, donde prime el diálogo y el reconocimiento de los derechos y deberes; a partir de espacios de participación ciudadana donde la comunidad pueda expresar sus opiniones y ejercer un flujo creador de forma activa en la formulación, diseño y desarrollo de cualquier proyecto al interior del departamento. Análogamente, lograr identificar la actividad minero-energética como parte de los aspectos políticos y socio-culturales que se dan en la región.
A su vez, es importante no desconocer la intención de suscitar la agricultura como sector promotor de crecimiento económico, mediante el concepto de “Economía Verde”. No obstante, hacen falta estudios rigurosos sobre las características del medio ambiente y la influencia de este, entendiendo que la variedad de pisos térmicos en el departamento engendran a su vez, variedad de ecosistemas con su respectivas particularidades que se han visto afectados por el desarrollo de esta actividad.
Finalmente, se debe demandar del Estado política públicas claras orientadas a restablecer el legítimo derecho de la nación en su conjunto como única y verdadera dueña de los recursos que en esta existen. Así como ir en concordancia con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET, promovidos por el Acuerdo de Paz, que pueden considerarse un instrumento útil para la intervención de las comunidades, en este caso del Caquetá, en la planeación de su desarrollo sostenible.
Bibliografía
[1] Gobierno Nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. (2016). Acuerdo Final.
[2] Mincomercio. (2019). Perfiles económicos departamentales. Obtenido de http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5f834ed5-8943-4317-897d-9b047844ceb2
[3] Ministerio de Medio Ambiente. (s.f.). Reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y Sustracciones. Obtenido de http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0028/gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0028/
4] [5] Gobernación del Caquetá. (2015). Insumos para una agenda de paz en Caquetá. Florencia. Obtenido de https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/insumos_para_una_agenda_de_paz_en_caqueta_0.pdf
[6] Gobernación del Caquetá. (2016 – 2019). Plan Departamental del Desarrollo “Con ustedes hacemos más por el Caquetá. Obtenido de https://es.slideshare.net/YOLANDASILVA11/plan-de-desarrollo-con-usted-hacemos-mas-por-el-caquet-20162019
[7] ONU. (s.f.). ¿Qué es el índice de pobreza multidimensional. Obtenido de http://hdr.undp.org/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-%C3%AD-indice-de-pobreza-multidimensional
[8] Aguilar, P., Bautista, A. J., Bejarano, S. P., & Cárdenas, A. C. (2019). PAZ TERRITORIAL EN CAQUETÁ: EXTRACTIVISMO Y ALTERNATIVAS AL. Caquetá. Obtenido de http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/maestros-pedagogia/article/view/1362/2207
[9] Portafolio. (22 de Abril de 2019). Putumao, Caquetá y Llanos en la mira de grandes petroleras. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/putumayo-caqueta-y-llanos-en-la-mira-de-grandes-petroleras-528810
[10] Agencia Nacional de Hidrocarburos. (s.f.). Caguán – Putumayo. Obtenido de http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-Geofisica/Estudios-Integrados-y-Modelamientos/Presentaciones%20y%20Poster%20Tcnicos/Tipo%201%20(PDF).pdf
[11] Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Febrero de 2019). Mapa de tierras . Obtenido de http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx
[12][13][14] [18] [19] Vicaría del Sagrado Corazón de Jesús, Vicaría del Sur – Diócesis de Florencia, Monseñor Omar de Jesús, Obispo Diócesis de Florencia, Vicario Episcopal, & Salazar, Y. (2014). Escenarios actuales y futuros en el territorio del departamento del Caquetá, por incorporación de proyectos minero energéticos y de la Economía Verde .
15] [16] El Espectador. (31 de Octubre de 2016). Caquetá: empieza la perforación petrolera . Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/caqueta-empieza-la-perforacion-petrolera-articulo-854917
[17] Rubio, T. (2016). Propuestas de Ordenamiento Territorial Comunitario. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=QznQ-V4AHow
[20] Asociación Ambiente y Sociedad. (2019). Petróleo en la Amazonía ¿Pueblos indígenas en peligro? Obtenido de https://amazoniasoy.com/wp-content/uploads/2019/06/Petroleo_en_la_amazonia_Pueblos_indigenas_en_peligro_compressed-1.pdf
[21]Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2018). Evaluaciones Agropecuarias Municipales.[22] Fondo Mundial para la Naturaleza. (s.f.). Las seis grandes amenazas del Amazonas. Obtenido de http://www.wwf.org.co/que_hacemos/campanas/las_seis_grandes_amenazas_del_amazonas.cfm
Sin comentarios aún