El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia.

Conoce nuestra infografía con los reportes por departamento, para agosto de 2019. Clic acá.

Análisis

En este mes el debate sobre las consultas populares para el desarrollo de las actividades extractivas volvió a generar debate. Iniciando agosto, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-342 de 2019, le pidió al Congreso definir vías de consultas ciudadana en materia de minería e hidrocarburos, así como instrumentos de coordinación y concurrencia entre la nación y los territorios, ya que no existen mecanismos de participación en las regiones donde se adelantan proyectos extractivos.

La nueva sentencia determinó que los instrumentos de participación de los entes territoriales existentes hasta ahora, como la consulta popular, van en contravía de la precedente jurisprudencia de la Corte en la sentencia SU-095 del 2018. Para recordar, en esta última se estableció que el Estado es el propietario de los bienes del suelo y subsuelo; por tal razón, ni las autoridades locales ni los ciudadanos pueden decidir sobre la extracción de estos recursos naturales.

Adicionalmente, la Sala Tercera de Revisión, de la Corte Constitucional, revocó la sentencia 2017-02389 del 05 de abril de 2018, emitida por el Consejo de Estado, que daba la posibilidad de que los concejos municipales pudieran realizar acuerdos para prohibir las actividades mineras y petroleras. De esta manera, el llamado sobre este tema es buscar alternativas de participación para encontrar un balance entre la explotación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la afectación a las comunidades.

Por otro lado, el tema del fracking sigue estando en vilo. En este mes el Consejo de Estado se reunió para definir si levantaba o no la medida cautelar que tiene suspendidos los procesos de licenciamiento ambiental de esta técnica en el país. La sala plena de la sección tercera de este Alto Tribunal, aplazó la discusión para el próximo mes. Para el cierre de agosto, aún no se conocía la decisión del Consejo ni el informe del grupo de expertos de la Universidad Nacional sobre las afectaciones de este método a la salud humana y el medio ambiente.

Con respecto al tema de conflictividad social entorno a la industria petrolera, se registraron dos protestas. Es de resaltar que las manifestaciones en Tauramena, Casanare, en la estación Cusiana, manejada por Oleoducto Central S.A- Ocensa, dio como resultado un pliego de siete peticiones por parte de la comunidad y trabajadores para avanzar en el diálogo con la compañía.

Por otro lado, en las manifestaciones pacíficas presentadas en San José del Fragua en contra de la petrolera Gran Tierra Energy, grupos sociales de la zona denunciaron agresiones por parte de la fuerza pública. Se hace un llamado a las autoridades locales y departamentales para verificar esta situación y tomar medidas de control que protejan el legítimo derecho de las comunidades a la protesta. 

Desde otra perspectiva, en relación a medio ambiente, en agosto La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, inspeccionó la zona donde se presentó un derrame de petróleo por parte de Ecopetrol en julio pasado en Yondó, Antioquia. De esta manera, la Inspectora Regional, quien realizó la visita junto a representantes de la Alcaldía del municipio y la Corporación Autónoma Regional del Centro Antioquia (Corantioquia), tomó un muestreo para determinar las técnicas a ser implementadas para la recuperación del ecosistema; igualmente, Anla informó en su comunicado que estará atenta a la situación y realizará el seguimiento correspondiente junto con la Estatal.  

Con respecto a orden público e ilegalidad, en el mes de mención se registraron tres hostigamientos a la infraestructura petrolera del país, los cuales tuvieron lugar en Caño Limón-Coveñas (1) y Trasandino (2). Vale la pena mencionar, que tras el ataque al oleoducto Trasandino se generó una emergencia ambiental en los ríos Guisa y Pianulpi que afectó la comunidad indígena del Pueblo Awá del piedemonte costero de Nariño.

Por último, en acciones contra el contrabando de hidrocarburos, se reportó la incautación de 8.032 galones de combustible ilícito entre ACPM y gasolina en los departamentos de Cesar, Chocó. Guajira, Nariño y Norte de Santander.  Un evento para destacar este mes, fue el encuentro entre los pimpineros de la Guajira y las autoridades del departamento, para dialogar y proponer una solución al problema de contrabando en la región. Tras la reunión se planteó la iniciativa de iniciar una reconversión laboral de alrededor de unas 300 personas que se dedican a esta labor ilícita. 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se mostrará en detalle los sucesos del mes.

MEDIO AMBIENTE

Derrame de crudo

En la quebrada “La Raya” de la vereda Santa Clara, Palermo, Huila, se presentó una emergencia ambiental debido a un derrame de hidrocarburos. El suceso fue ocasionado por un daño en el tubo del oleoducto Yaguará-Tenay, de Ecopetrol, el cual ya fue controlado.

De esta manera, la Estatal activó el plan de contingencia e instaló ocho barreras de contención sobre el afluente; igualmente, las operaciones en la línea de transporte fueron interrumpidas para evitar mayor contaminación. Además, Cenit Transporte, atendió el incidente, desplazó el personal y suministró los equipos necesarios para controlar el evento.

Por su parte, la comunidad de la zona manifestó que las compañías encargadas no han realizado una comunicación directa y tampoco han informado acerca de los daños causados por esta emergencia. Asimismo, Gentil Eduardo Silva, líder comunitario, afirmó que la empresa les niega el acceso a lugar para evaluar las afectaciones y hasta el momento no ha habido compensaciones.

Por otro lado, en la región del Magdalena Medio, Barrancabermeja, Santander, se notificó una emergencia ambiental en tres campos de producción de Ecopetrol: dos en la Cira Infantas y uno Teca Cocorná. Específicamente, sujetos desconocidos rompieron la línea de flujo del pozo Infantas 3357; también, se confirmó la afectación a la infraestructura del pozo abandonado La Cira 1885, con cortes de segueta. En el tercer campo se registraron actos vandálicos que generaron derrame de crudo en la zona.

Inmediatamente la empresa activó el plan de contingencia para realizar las labores de limpieza y recuperación del área; no obstante, en el sector la Cira 1885, la Estatal confirmó que la emergencia afectó un gran número de fauna y flora con una distancia aproximada de 200 metros de radio.

Por último, finalizando el mes Ecopetrol denunció la contaminación del río Guisa, zona rural de Nariño, debido a las actividades ilícitas de las refinerías ilegales de hidrocarburos. Vale la pena resaltar, que las autoridades departamentales y la petrolera aclararon que estas afectaciones no se relacionan con los atentados registrados en agosto en el oleoducto Trasandino, debido a que después de los hostigamientos se atendió de manera inmediata la emergencia y se controló la contaminación.

Además, la Estatal activó un plan de contingencia diferente a la de los atentados e instaló barreras de contención en los puntos de control de Guantal, Candelilla y en La Playa; también, desplazó personal calificado para la recolección de producto y material contaminado por el crudo.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Protesta

En Tauramena, Casanare, la Unión Sindical Obrera (USO) y la subdirectiva Tauramena y la Asociación de Trabajadores (Asointra), realizaron una protesta pacífica en la estación Cusiana, manejada por Oleoducto Central S.A- Ocensa. Las principales razones de la manifestación se dieron por la falta de contratación de la mano de obra local en la región y la escasa socialización de los diferentes proyectos con las comunidades por parte de la empresa.

Los habitantes del municipio, los trabajadores de la compañía y organizaciones sociales reiteraron que las empresas petroleras llegan a sus territorios y violan sus derechos y el cuidado del medioambiente. Igualmente, la protesta incluyó un pliego con siete peticiones en el cual se le pide a la compañía más espacios de socialización de los proyectos extractivos en el municipio; compromiso del 100 % de la contratación de la mano de obra local; pagos puntuales en los salarios y fortalecimiento de las capacitaciones técnicas para los trabajadores.

Por otro lado, las comunidades de Fragita, Zabaleta y Yurayaco en San José del Fragua, Caquetá, empezaron una jornada de protestas pacíficas en contra de Gran Tierra Energy; además, exigen la salida de las multinacionales petroleras de la región que según ellos está afectando las fuentes hídricas del territorio.

De igual manera, la Coordinadora Departamental de las Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac), manifestaron que desde hace seis años Gran Tierra, ha realizado actividades de explotación de hidrocarburos en Piamonte, Cauca y ahora la empresa busca ampliar sus actividades al Pozo Miraflor 1 del Bloque Santana (Caquetá), movilizando maquinaria pesada sin la aprobación de las comunidades.

Con estas manifestaciones los ciudadanos reafirman su rechazo a la explotación petrolera del lugar y agregaron que los vehículos movilizados en la zona estarían derramando material y sustancias tóxicas en los cuerpos de agua de las veredas aledañas; afectando cerca de 60 familias que se surten de estas fuentes hídricas.

Uso excesivo de la fuerza pública

Tras las protestas registradas en Caquetá, los campesinos del sector denunciaron agresiones por parte del Ejército Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Según lo informado por las comunidades, la fuerza pública ingresó a las veredas y atacó a los habitantes con gases lacrimógenos; dejando como resultado una persona herida.

Rigoberto Abello, integrante de la Coordosac, precisó que además de los ataques en contra de los manifestantes, el Ejército y el Esmad han acompañado y escoltado el paso de las maquinarias pesadas de las compañías petroleras. Se hace un llamado a la gobernación de Caquetá y autoridades nacionales, para verificar y controlar estas agresiones en contras de los habitantes de estos territorios.

 ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD

Secuestro u homicidio de personal de empresa petrolera

En Saravena, Arauca, la empresa Cenit Transporte informó el secuestro del trabajador Raúl Plata Martínez, quien se desempeña como jefe administrativo de la empresa Ismocol, contratista de la compañía. Según lo manifestado, Plata se encontraba en un establecimiento público del municipio, cuando desconocidos lo abordaron y se lo llevaron en contra de su voluntad durante más de 60 horas.

Vale la pena resaltar, que medios de comunicación confirmaron la liberación del trabajador que se habría reencontrado con su familia tras el suceso. Hasta el momento no se tiene información al respecto sobre los autores materiales e intelectuales del secuestro y actualmente sigue siendo motivo de investigación de las autoridades locales.

Ataque a infraestructura petrolera

En el mes en mención se registraron tres ataques a la infraestructura petrolera del país. Uno de ellos tuvo lugar en el oleoducto Caño Limón-Coveñas y los dos siguientes en el Trasandino en los departamentos Arauca y Nariño.

Para iniciar, en la vereda Las Bancas, Arauquita, Arauca se presentó un ataque con explosivos en la tubería del Caño Limón- Coveñas el cual no registró contaminación a la capa vegetal o cuerpos de agua.

Después en el Trasandino, en Barbacoas y Ricaurte, Nariño, se notificaron los próximos dos atentados del mes. En el primer suceso se originó un derrame de crudo que contaminó los ríos Guisa y Pianulpí. El segundo causó afectaciones al tubo; sin embargo, no generó derrame ya que no estaba en operación.

Tras los sucesos, la Estatal activó sus planes de contingencias y notificó las situaciones a los Consejos Municipales de Riesgos y Desastres de los municipios. Específicamente, la empresa indicó que fue necesario adelantar acciones pertinentes para atender la emergencia en los cuerpos de agua de Nariño y realizar el monitoreo en las zonas aledañas. 

Igualmente, la petrolera reportó los eventos a las Gobernaciones de los departamentos, a las autoridades ambientales de la zona y solicitó el apoyo del Ejército Nacional para garantizar la seguridad del personal técnico y operativo que realizaron la limpieza en las aéreas afectadas.  Hasta el momento, la empresa y fuerza pública no han confirmado los responsables de estos ataques; no obstante, en las zonas ejerce presencia el ELN.

Instalación de válvulas clandestina

En el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, Ecopetrol notificó la instalación de una válvula clandestina para el hurto de hidrocarburo. Tras el incidente, la Estatal informó que se generó un derrame de crudo que contaminó la capa vegetal y los cultivos de las zonas.

La empresa informó sobre el incidente a las autoridades departamentales y activó su plan de contingencia para controlar el avance del fluido de petróleo.  Igualmente, instaló diques en los canales para la contención y recuperación del hidrocarburo. Según lo notificado por Ecopetrol, el hecho afectó una extensión total de 180 metros lineales.

Contrabando de crudo

Con relación a las acciones de contrabando, se adelantaron labores en contra de esta actividad ilícita en agosto en los siguientes departamentos:

Para empezar en La Guajira, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), lograron decomisar 2 450 galones de gasolina de contrabando transportados en seis vehículos particulares.

Por otra parte, en el sector conocido como El Charco, jurisdicción de Ipiales, Nariño la Polfa y la Policía del departamento allanaron dos residencias dedicadas a esta actividad y aprehendieron 500 galones de ACPM de origen extranjero.

Por otro lado, en la vía que de conduce del caserío La Mata al municipio La Gloria, Cesar, el Ejército Nacional, logró la incautación de 2 965 galones de ACPM y 1 870 de gasolina de procedencia extranjera que eran transportados en tres camiones particulares.

Para finalizar, en Quibdó, Chocó, en una operación fluvial realizada por la Policía Nacional, se decomisaron 117 galones de combustible tipo ACPM; en Norte de Santander, la Policía del departamento incautó 60 galones de combustible, y las autoridades incautaron 70 galones de gasolina de procedencia venezolana.

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