Columna de opinión semanal
Camino a las elecciones territoriales 2019
El próximo 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de autoridades locales en los 32 departamentos del país y la agenda política, que poco a poco empieza a moverse con fuerza, deberá girar en torno a temas sustantivos como el cuidado del medio ambiente, los modelos de desarrollo territorial, la diversificación económica, la inversión de los recursos provenientes de las regalías, entre otros.
Estas elecciones se mueven una vez más, en medio de la polarización que caracteriza al país, en especial, después de la firma de los Acuerdos de Paz. Según datos de la Registraduría Nacional, se inscribieron 117.822 candidatos para gobernaciones, alcaldías y cuerpos colegiados. La tendencia evidencia el aumento en la inscripción por firmas y las coaliciones y avales de los partidos políticos deja ver la debilidad de estos como aglutinadores de los intereses de los ciudadanos.
Los aspirantes a ocupar los cargos de representación local, están en la obligación de responder a las demandas ciudadanas en el corto plazo, como lo son la seguridad, el empleo, la atención en salud y la calidad de la educación. No obstante, es prioritario que se planteen políticas que tengan como eje central el desarrollo y el ordenamiento territorial para el impulso de nuevas economías, la defensa de los derechos humanos, la ejecución de los acuerdos de paz, el respeto por la diversidad y la inversión eficiente y eficaz de los recursos.
El reto está en crear planes de gobierno que permitan medir el cambio durante el periodo de ejercicio político de cada uno de los ganadores. Atrás deben quedar las promesas vacías y la politiquería. Los equipos de trabajo deben estar altamente calificados para crear políticas públicas con enfoque territorial y diferencial, que atiendan a todos los grupos sociales.
Los ciudadanos por nuestra parte estamos en el deber de ejercer nuestro derecho al voto informado y consciente, y de a castigar a quienes buscan aprovecharse de sus cargos para beneficio propio y familiar. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de escoger candidatos que verdaderamente le apuesten a crear un escenario Postacuerdo que nos permita crear una nueva realidad política y social donde todos los tipos de violencia desaparezcan: directa, estructural y cultural.
Esperemos que tanto candidatos como votantes, estemos a la altura del reto que como país tenemos. Otros cuatro años de malas políticas, representarían la pérdida de una oportunidad histórica para nuestra sociedad: la cimentación de una paz duradera y estable.
Noticias
Atentado en Barrancabermeja genera emergencia ambiental
De acuerdo con Ecopetrol, parte de la infraestructura de transporte del pozo Infantas 3357 ubicado en Santander fue blanco de actos delictivos que causaron graves perjuicios en el entorno ambiental (fauna y flora), en una zona de 200 metros de influencia.
Juan Pablo Padilla Merlano gerente de Operaciones De Mares explicó de qué manera se procedió, luego del impacto contra la tubería: “De inmediato se activó el Plan de Contingencia para realizar las labores de limpieza y recuperación del área. De igual forma, en el pozo abandonado La Cira 1885 se confirmó la afectación al tubo con dos cortes de segueta los cuales afectaron el área cercana al pozo”.
La estatal petrolera manifestó su inconformidad con estos hechos y dio a conocer que ese ya sería el tercer caso en contra de esta infraestructura, en el centro del país. Los anteriores actos se presentaron en La Cira Infantas y en el campo Teca Cocorná.
Vía Caracol Radio: Emergencia ambiental por derrame de crudo en Magdalena Medio 14/08/19.
Oleoducto Trasandino en el blanco por dos nuevos atentados
El pasado viernes el Oleoducto Trasandino (OTA) en Nariño sufrió dos atentados. El primero tuvo lugar en el corregimiento el Diviso, municipio de Barbacoas, presuntamente ocasionado por el frente Carlos Alberto Tronchez del Ejercito de Liberación Nacional (ELN). En el hecho se encontraron válvulas ilícitas que causaron derrames de petróleo en un afluente del Departamento. Mientras que el segundo se presentó en el corregimiento de Ospina Pérez, municipio de Ricaurte, dirigido hacia la infraestructura de transporte de petróleo.
En ambos casos Ecopetrol llevó a cabo un plan de emergencia, a cargo del personal técnico. En el primer caso se previno un desastre ambiental.
De acuerdo con Ecopetrol, en 2017 y 2018 se hallaron y desinstalaron 1.697 válvulas ilegales en el OTA. Durante este año se han desactivado 563 en los 306 kilómetros de alcance de la infraestructura, además, se han presentado 17 atentados en Nariño.
Vía El Tiempo: Alerta en Nariño, tras doble ataque al Oleoducto Trasandino 18/08/2019 y Vía Blu Radio: Nuevo atentado contra Oleoducto Transandino en Nariño; ya van 17 este año 18/08/19
170 municipios vulnerables dejarían de recibir presupuesto de regalías paz
Juanita Goebertus, Representante a la Cámara por Bogotá, manifestó que el Gobierno Nacional habría firmado el Decreto 1426, con el cual puede disponer de recursos designados exclusivamente para los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Así, 170 municipios que pertenecen al programa serían los afectados.
“En esa línea, la congresista denunció que ese decreto amplía la posibilidad de destinar recursos de regalías de OCAD Paz a municipios que no son PDET, es decir, no fueron priorizados por ser los más afectados por la violencia.”
El Espectador
Los dineros del PDET los destina el OCAD PAZ, institución relacionada con el Sistema General de Regalias (SGR) que se encarga de posibilitar, dar primacía y consentir proyectos de inversión financiados con los recursos obtenidos del sector extractivo. Los PDTE son asignados a los municipios con poblaciones más afectadas por la violencia, con cultivos de uso ilegal, carencia de presencia estatal, entre otras vulnerabilidades. Estos municipios se encuentran en 16 regiones del país como: el Catatumbo, Montes de María, el Bajo Cauca o el sur del Bolívar.
Así pues, de acuerdo a Goebertus: “La idea básica de lo que fue aprobado era concentrar esos recursos en los 170 municipios con mayores índices de pobreza, mayor incapacidad institucional, que han sufrido más la violencia y que tienen economías ilegales. Con esta medida, el Gobierno le abre la puerta además a la Consejería de las Regiones para que se puedan usar recursos por fuera de los 170 municipios PDET”.
Fracking: detonante para emisión de gases efecto invernadero
El gas metano ha aumentado entre 2008 y 2014, de 570.000 a 595.000 millones de toneladas anualmente. De acuerdo con la Universidad de Cornell el gas y el petróleo obtenidos por medio del Fracking o esquisto bituminoso, genera una mayor concentración de metano para la atmósfera y al ser usado por EEUU y Canadá para la producción de hidrocarburos, aporta más gases de efecto invernadero.
Asimismo, Robert Howarth autor de la investigación explicó que la concentración de carbono del metano ha variado. Por ejemplo, el generado por fuentes biológicas contiene menos carbono 13 (tamaño del átomo), con respecto al de los combustibles fósiles, hipótesis que era contraria en los años pasados con otros estudios. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano reaccionan diferente en la atmósfera, el primero se acumula y difumina de forma más lenta por lo cual generará cambios climáticos en las próximas décadas, mientras que el segundo actúa de manera inmediata en la atmósfera.
Según Howarth: “Reducir el metano ahora puede suponer una forma instantánea de frenar el calentamiento global y cumplir con el objetivo de las Naciones Unidas de mantener el planeta muy por debajo de un aumento medio de 2 grados centígrados”.
Así pues, el acrecentamiento de metano es relevante a nivel mundial puesto que ha contribuido al calentamiento global y en este aspecto, el gas de esquisto o fracking es una ficha clave.
Vía El Espectador: El fracking aumenta las emisiones globales de metano a la atmósfera 15/06/19
Magistrados y abogados del tribunal de Cúcuta condenados, destituidos e inhabilitados
Los magistrados Felix María Galvis Ramirez y Fernando Castañeda Cantillo fueron condenados a 20 años de prisión por participar en una red ilegal que se dedicaba a sancionar de forma anómala a Ecopetrol. El caso de corrupción se denomina: “Pozo de la dicha” y asciende a unos 137.400 millones de pesos.
El Consejo Superior de la Judicatura abrió un proceso disciplinario para determinar la responsabilidad de los hechos, declarando la culpabilidad para ambos casos. Fueron señalados de participar en el carrusel de tutelas, por lo cual se destituyeron e inhabilitaron, de por vida, para ocupar cargos jurídicos.
La Sala Jurisdiccional determinó que los magistrados no habían cumplido sus funciones revisando las sentencias de primera instancia, llevándolos a pronunciar la determinación en segunda. Galvis y Castañeda fueron culpados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.
Patricia Salazar, magistrada de la Corte Suprema, indicó: “Se establece que la comunidad delictiva tenía el claro propósito de ejecutar conductas punibles pues se pretendía favorecer por medio de fallos ilegales a un número indefinido de empleados y exempleados de Ecopetrol”.
En este contexto, los abogados José Trinidad Minota Quintero, Asael Arguello Cortés y Jorge Luis Horta Orozco están siendo investigados por los delitos de prevaricato en calidad de determinadores, peculado y concierto para delinquir.
Vía el Espectador: Inhabilitan de por vida a magistrados que defraudaron a Ecopetrol 16/08/19
Columna de opinión regional
Con la promesa de una futura solución, Antioquia sufre un nuevo derrame de petróleo
Es habitual que la comunidad de Yondó, Antioquia se manifieste en contra de los constantes derrames de petróleo que afectan no solo los cuerpos de agua y la capa vegetal sino también su salud y fuentes de ingresos. A finales de julio se conoció una denuncia realizada por un habitante del corregimiento El Dique después de que se presentará un derrame de crudo mediante un vertimiento de aguas industriales, al parecer, por pérdida de contención en los campos de Casabe y Peñas Blancas operados por Ecopetrol, hecho que afectó de forma contundente algunas fuentes hídricas que desembocan en el río Magdalena.
La causa: un tubo que se encuentra ubicado al aire libre, y que tiene como finalidad excluir los residuos industriales que tiene Ecopetrol en los campos mencionados. El sistema de eliminación cuenta con unos permisos otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) desde 2001, renovados en 2013 que están vigentes a la fecha, pero que a simple vista parecen insuficientes para contener las frecuentes afectaciones en la región.
Josep Molina, un concejal de Yondó, afirma que: “Esta es una práctica que la vienen realizando desde hace 33 años y está mal, ellos tienen una medida de parte de Corantioquia y deben hacer una planta de recepción y no han cumplido”, así mismo, asegura que “se perforan los pozos de petróleo, le inyectan agua, sacan el crudo, va a la refinería y el agua va al río Magdalena con químicos. En este caso como hoy, con residuos de petróleo”. Denuncia que se suma a las constante quejas de los habitantes que aún no tienen una solución contundente por parte la compañía.
Ecopetrol por su parte, desde que tuvo conocimiento de este hecho, activó el plan de contingencia que incluye operarios y maquinaria con el fin de restaurar las áreas afectadas y evitar posibles daños en el medio ambiente y en las comunidades. El Gerente del Río Ecopetrol, Fernando Lapania, se comprometió con la comunidad a dar una solución definitiva a la constante problemática con la activación de la Planta de Reconversión de Tecnologías Limpias que iniciaría operaciones a finales del 2020. Promesa que abre un nuevo interrogante, ¿tendrán, los habitantes de esta población, que seguir soportando nuevos vertimientos hasta entonces?.
La autoridad ambiental Corantioquia dio a conocer que en el momento que se concedieron los permisos, la empresa cumplía los requisitos de ley en su momento; sin embargo, confirmaron que gracias al último aval se vio comprometida a desarrollar un plan de reconversión teniendo como fecha límite para llevarlo a cabo diciembre del 2020, tal y como lo aseguró Lapania; esto quiere decir que se adquirió una obligación cuyo fin es lograr una descarga con mayor calidad y menos riesgos, para así poderlo verter al río magdalena.
Este derrame, cuyas causas siguen en investigación, demuestran que la empresa no ha adelantado este compromiso que puede llegar a evitar derrames y efectos negativos dentro de la comunidad y el medio ambiente. Frente a esto se hace necesario que las autoridades ambientales, especialmente Corantioquia, realicen un seguimiento y así determinen si el vertimiento se está realizando teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y establezca qué tan viable es mantener estos permisos considerando que la conservación del medio ambiente debe primar sobre las actividades que se desarrollan en la actualidad.
Este hecho se presenta en un momento crítico para el municipio teniendo en cuenta que fue catalogado por Corantioquia como uno de los más afectados por la deforestación en la región antioqueña, lo que quiere decir que, sumado a los hechos ocurridos con el vertimiento de aguas industriales, el riesgo de pérdida de biodiversidad y de la calidad del suelo pueden ser una de las consecuencias del maltrato a la naturaleza, por los daños ocasionados por ambos sucesos.
Con este panorama es necesario hacer un nuevo llamado a Ecopetrol para que tenga en cuenta que en estas situaciones deben primar las medidas preventivas y no las correctivas, es decir, hacer todo lo que se pueda para evitar estos derrames mas no para limpiarlos; para este caso en concreto se puede empezar desarrollando el plan de reconversión tecnológica antes de la fecha establecida, y así asegurar tanto el cuidado humano como el ambiental.
INDICADORES BRENT & WTI / SEMANA
Por un sector minero-energético abierto, informado y responsable
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