Por: Maria Fernanda Cortaza

Introducción

Tras 100 años de la industria petrolera en el país, no se puede negar la importancia de esta para Colombia, principalmente por el papel protagónico que ha tenido gracias a sus aportes al Estado por medio de regalías, impuestos y dividendos, así como su contribución a la generación de empleo e inversión social.

Con el fin de aumentar los niveles de producción y reservas del país, y con esto, los beneficios ya mencionados, instituciones como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), o las instituciones que las precedieron, incentivan la inversión extranjera ofertando áreas y otorgando licencias ambientales para exploración y explotación de hidrocarburos, incluso en zonas con alto valor ambiental, sin contar con el aval de las comunidades.

Tal fue el caso de la empresa francesa Maurel & Prom, especializada en la exploración y producción de hidrocarburos, que llegó a Colombia en 2005 cuando compró los activos que tenía la compañía británica Knightsbridge Petroleum en el país, y que desde el 2009 inició actividades de exploración de hidrocarburos en la provincia de Sugamuxi, Boyacá, conformada por los municipios de Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tota.

Los trabajos de esta petrolera han causado incertidumbre en las comunidades, principalmente por la contaminación y la posible reducción de la Laguna de Tota, una de las más importantes del país. Incluso la Autoridad de Licencias Ambientales -ANLA-  llegó a manifestar su inquietud frente al tema, principalmente por la modificación de la licencia ambiental que buscaba obtener la empresa y que fue negada, por los posibles impactos de este proyecto sobre el agua y sobre la población cercana [1].  

Boyacá por tradición no ha sido un departamento productor de petróleo; sin embargo, instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos han visto un gran potencial de la región en materia de hidrocarburos, petróleo principalmente, y también una oportunidad para extender el abastecimiento del país que se ve reflejada en las áreas asignadas con contratos por la ANH, ya sea para exploración o producción, y que llegan a ser 89 hasta el momento según la actualización del Mapa de Tierras de la Agencia [2].

Este hecho ha llevado a que el departamento se convierta en un gran atractivo para inversionistas extranjeros, tal fue el caso de la compañía francesa Maurel & Prom, que en la actualidad centra el desarrollo de sus actividades dentro del país en Boyacá.

Licencia Ambiental para el proyecto “Área de Interés Exploratorio Muisca”

Por medio de la resolución 2000 del 16 de octubre de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, concedió la licencia ambiental a la empresa GrGráficas laguna de tota S.A., para llevar a cabo el proyecto “Área de Interés Exploratorio – AIE-  Muisca”, ubicado en el centro oriente de Boyacá, con una superficie de 252.80 km2 en zonas pertenecientes a los municipios de Pesca, Tota, Cuitiva, Iza, Firavitoba y Aquitania. Dentro de esta, la compañía definió tres lugares para adelantar los trabajos de perforación exploratoria llamados Suamox, Balsa y Bachué, ubicados los dos primeros en el municipio de Pesca, y el tercero en Tota [3].

Hocol S.A. fue adquirida por el grupo inglés Knightsbridge en 2003, y pasó a ser parte de la compañía francesa Maurel & Prom cuando esta última la compró en 2005. Sin embargo, en el 2009 la petrolera gala decidió venderla a Ecopetrol para financiar inversiones internas. Esta venta incluyó los activos en producción y desarrollo dentro del territorio nacional, exceptuando los bloques petroleros: Sabanero, en el Meta; Tángara, en Casanare; y Muisca, en Boyacá [4].

Es así como el 16 de marzo de 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, toma la decisión de autorizar la cesión de la licencia ambiental, a favor de Maurel & Prom Colombia B.V., por medio de la Resolución 553 del 16 de marzo de 2010 [5].

Esta licencia se otorgó para realizar el proyecto dentro de la cuenca hidrográfica de la Laguna de Tota, y al mismo tiempo concedió el permiso para realizar la captación de agua sobre este importante cuerpo de agua que es el más grande de los andes colombianos, y que representa el 13,55% de las reservas hídricas que tiene Colombia, estando en la capacidad de abastecer alrededor de 250.000 personas [6].

En el 2009 se inician las actividades de sísmica en la zona, que comprende los municipios de Aquitania, Cuitiva, Iza, Pesca y Tota, para determinar la presencia de petróleo. Con base en los resultados de estas pruebas, para el 2010 la multinacional francesa toma la decisión de iniciar una nueva etapa de prospección petrolera, haciendo énfasis en el sector de Mongatá, vereda El Tobal, en el municipio de Tota, aproximadamente a 4 kilómetros de la Laguna de Tota [7].

La  presencia de Maurel & Prom ha generado polémica en el territorio por la posibilidad de que se presenten dos hechos: primero, la afectación al ecosistema que abastece los acueductos de Sogamoso, Iza, Firavitoba y Nobsa, y que tiene vital importancia para diferentes actividades económicas como la agricultura, la piscicultura y el turismo; y segundo, que el recurso hídrico se agote.

Laguna de Tota

Esta laguna tiene 13 kilómetros de largo, 8 de ancho y una profundidad máxima de 67.40 metros; es alimentado por el río Tobal, el río Hato Laguna, las quebradas Donziquira, Ajies, Arrayanes, El Mohán, Los pozos, Agua Blanca, y un aproximado de 290 afluentes; representa el 15,8% del total de Boyacá. De aquí nace el río Upía, que desemboca en el río Meta [8].

Es uno de los cuerpos de agua más importantes del país con jurisdicción en los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania. Su importancia radica en que es el encargado de abastecer algunos acueductos veredales, y de industrias como la empresa Acerías Paz del Río, la segunda compañía siderúrgica más grande de Colombia. Al mismo tiempo, se encarga de abastecer el riego de aproximadamente 3.800 hectáreas de cultivos de cebolla junca. Es importante recordar que esta zona se caracteriza por la productividad que tienen su suelos.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  – DANE- en el 2014, siendo este el documento más actualizado sobre la producción de cebolla en el país, Boyacá es el departamento con mayor producción -195.358 toneladas de 289.975 a nivel nacional; lo que representa el 67,4% de la producción total [9].

En el nororiente de la Laguna se encuentra el páramo de Pisba, que cuenta con una vegetación graminoide, es decir, una planta con una forma similar al pasto cuya importancia radica en su capacidad de almacenamiento de agua, que ayuda a regular las crecidas excesivas de agua y a evitar la falta de esta cuando hay épocas de sequía.

Por otro lado, las aguas de esta importante laguna son pieza clave para el desarrollo de la piscicultura, especialmente de la trucha;  y el turismo, ya que la zona ofrece una diversidad de atractivos como paisajes, flora y fauna. Los turistas no dejan de visitar lugares como Playa Blanca, la única playa de clima frío que tiene Colombia, en donde se realizan deportes acuáticos, pesca, paseos en lancha, entre otras actividades.

A inicios del 2019, el gobernador Carlos Amaya dio a conocer durante el Taller Construyendo País, que este importante ecosistema recibió aproximadamente un millón de visitantes, de los cuatro millones que tuvo el país durante el 2018, y al igual que el presidente Iván Duque, ha resaltado su interés en seguir impulsando el turismo en esta región [10].

También vale la pena resaltar que, durante este mismo año, la laguna fue premiada por la ITB Berlín, la feria líder de la industria turística mundial, como el tercer destino verde más atractivo de las américas.

Boyacá

Es un departamento ubicado en el centro del país, reconocido, no solo por ser escenario de importantes hechos que llevaron a Colombia a lograr su independencia, sino también por su variedad en productos agrícolas, su cultura, sus diversos climas y paisajes, que lo han convertido en uno de los principales destinos turísticos.

En cuanto a su actividad económica, este departamento por tradición es relacionado con el sector agrícola, principalmente el cultivo de verduras, legumbres, papa, maíz, cebada, caña de azúcar, trigo y plátano. Sin embargo, actividades como la minería (de carbón coquizable y esmeraldas principalmente), la artesanía, la construcción, la industria, el comercio y la extracción de petróleo, principalmente en Puerto Boyacá, han tenido un mayor protagonismo.

Así mismo, Boyacá se caracteriza por tener 13 divisiones administrativas de segundo grado, llamadas provincias, en donde se agrupan sus 123 municipios. Estas son: Centro, La Libertad, Lengupá, Márquez, Neira, Norte, Gutiérrez, Occidente, Oriente, Ricaurte, Tundama, Valderrama y Sugamuxi, siendo esta última el lugar donde más presencia ha tenido la petrolera Maurel & Prom.

Este departamento se ha caracterizado a lo largo de la historia por tener una población en su mayoría campesina, que se dedica a las actividades agrícolas y pecuarias, representando el 19,1% al PIB departamental, convirtiéndose así en el sector que más representa a la economía de la región, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica [11].

En contraste con otras regiones de Colombia, en esta zona los procesos de concentración de tierras no han tenido cabida, es decir,esta no se encuentra en manos de una minoría; por el contrario, está constituida por pequeños predios en donde prima la economía campesina familiar. Así se enuncia en el documento de Ordenamiento Territorial Departamental de Boyacá – OTDB – publicado por la gobernación en 2018, en donde se afirma que el 81% del territorio departamental se encuentra en manos de microfundistas, el 14% es de minifundistas, el 3% pertenece a pequeños propietarios, el 2% a medianos propietarios y el 0,1% a grandes propietarios, como se evidencia en la siguiente gráfica [12].

Presencia de Maurel & Prom en la Provincia de Sugamuxi

Por la presencia de la multinacional francesa Maurel & Prom y el inicio de actividades de exploración en búsqueda de petróleo, la comunidad ha demostrado su inconformidad por medio de diferentes formas, una de ellas fue el bloqueo que se presentó en la vía Iza – Sogamoso en noviembre del 2012 en donde aproximadamente 500 personas solicitaron que las actividades de sísmica se terminaran [13].

Así mismo, este mismo año los habitantes de la región tomaron la decisión de organizarse y crear el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, con sede en Iza, Boyacá. Este nace como iniciativa de jóvenes estudiantes, campesinos, académicos y artesanos que buscan la protección de su territorio de los posibles impactos negativos que la actividad extractiva puede dejar en la región.

Crudo transparente tuvo la oportunidad de reunirse con miembros del Colectivo y hablar sobre la situación. Frente a esto, es preciso aclarar que la posición del Colectivo con respecto a las industrias extractivas en general es negativa, no por el tema de que no se necesiten los recursos, sino por la manera en la que llegan las compañías a los territorios.

En un principio, este colectivo tenía como objetivo proteger la provincia de Sugamuxi de las industrias extractivas; sin embargo, al pasar los años, fueron ampliando su campo de acción llegando a velar por la defensa de otros territorios pertenecientes al departamento, como la provincia de Valderrama y el Páramo de Pisba [14].

Sus inicios se remontan a partir de la sísmica que hace Maurel & Prom dentro del territorio, al respecto el Colectivo dice que “cuando la gente se siente atacada, se trata de unir, y gracias a eso se creó el Colectivo. Hubo varios eventos, digamos que no fue una vaina espontánea, pero hubo varios eventos que la gente seguía y siempre se encontraban los mismos, entonces empezaron a llamar a unos y a otros y eso se fue llenando de gente y hasta que llegamos un día a una reunión que habían citado en Iza, y nos reunimos tanta gente que la misma comunidad de Iza dijo, o nos organizamos o nos organizan, y ahí fue cuando se creó el Colectivo”.

Actualmente está conformado por aproximadamente 250 personas, que están ubicadas, no sólo en el departamento o en el territorio nacional, sino también en diferentes países como México, Francia y Estados Unidos. Cuentan con geógrafos, hidrólogos geólogos, entre otros profesionales, que les ayudan a hacer los estudios respectivos y que les permiten luchar por la protección de su territorio teniendo en cuenta siempre hechos verídicos y comprobables.

Sus acciones son variadas, yendo desde las denuncias ante autoridades regionales, nacionales y ambientales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, entre otras; hasta comunicados, foros y talleres a las comunidades con mayor grado de amenaza, que han dado lugar a audiencias ambientales dentro del territorio. Al respecto, el Colectivo aclara que “si bien tenemos gente de universidad o de doctrina, todos creemos que realmente los que conocen el territorio es el campesino, y a partir de ello y del conocimiento que ellos nos dieron fue que organizamos todo ese debate jurídico y técnico que se le dio a la empresa”.

La primera de las audiencias fue convocada por la ANLA y el Colectivo por la Defensa de la Provincia de Sugamuxi, y tuvo lugar el 29 de septiembre del 2016, dos años después de que la empresa iniciara el proceso de modificación de la licencia mediante el Auto No.0078 con el propósito de: seguir con las perforaciones aumentando las plataformas, solicitar nuevos permisos para la obtención de agua y el aprovechamiento de recursos naturales renovables en general, obtener permisos para la construcción de nuevas obras y reducir el área del polígono del proyecto.

La audiencia se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Pesca, Boyacá. Sin embargo, Claudia Victoria González, Directora General Encargada de la ANLA, y quien presidía la audiencia, ante las quejas sobre la poca capacidad que tenía el lugar para garantizar la total asistencia de las personas interesadas, tomó la decisión de suspenderla. Es por esto que el 6 de noviembre del 2016, se da la continuación en la plaza de mercado del municipio, considerada como la segunda audiencia.

Pese a  que la principal motivación de la empresa al solicitar esta modificación es salir del área de páramo y de la cuenca de la Laguna de Tota, reduciendo el polígono del proyecto a 8.034 hectáreas dentro de las cuales, aclara la compañía, se realizaría una ocupación efectiva de 30 hectáreas en los municipios de Pesca y Toca.

Así lo muestra Maurel & Prom en el siguiente mapa que se encuentra en el documento de respuesta al Auto 2037 del 29 de junio de 2012 por medio del cual brindan información adicional para la solicitud de modificación de la licencia, en donde el área delimitada con rojo muestra el terreno que cubre el Bloque Muisca y lo delimitado en morado es la modificación que buscan:

La modificación se encuentra dentro de una zona con alta presencia de población y de fuentes hídricas, como los pozos profundos ubicados en las veredas El Tintal, Suaneme o Soaca, en el municipio de Pesca y que tienen una importancia significativa para el abastecimiento de agua de las comunidades que habitan este territorio [15].

Dentro del inventario de recursos hídricos que realizó la petrolera, se encuentran un total de 410 nacederos, 17 estanques piscícola, 11 pozos profundos, 43 aljibes y 1.893 reservorios [16].

Frente a esto la comunidad manifestó el mismo 6 de noviembre en la plaza de mercado del pueblo, su rechazo por medio de ponencias, arengas, pancartas y una marcha; y exigió a la ANLA, no solo la revocatoria, sino la eliminación de la licencia ambiental para este proyecto por las consecuencias que este tipo de actividades podría tener dentro de la comunidad, y que fueron expuestas en la audiencia, como la disminución de la calidad y la cantidad de agua, pérdida de las costumbres y fracturas en la tierra. Esto estuvo respaldado por el gobernador del departamento Carlos Andrés Amaya.

Tras una evaluación ambiental del proyecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante la Resolución 00929 del 8 de agosto de 2017 tomó la decisión de no dar viabilidad a la modificación de la licencia para el área de perforación exploratoria Muisca.

Esta decisión se dio teniendo en cuenta que la ANLA consideró que la información presentada por la empresa no era suficiente. Uno de los puntos que se deben resaltar es que la petrolera no incluyó las características técnicas de ciertas actividades que se planteaban como pruebas de producción, conformación de métodos en líneas de flujo tanto enterradas como superficiales, ni de los volúmenes de estimación total de movimientos de tierras, sobrantes de corte, y excavación posiblemente a disponer. Así mismo, la empresa pasó por alto la clasificación y cuantificación de los residuos que quedan de esta actividad, según los requisitos que solicita esta Autoridad.

Por otro lado, también se consideró que la modificación de esta licencia, concentraría esta actividad en 17 veredas (15 de Pesca y 2 de Tota), y en sectores de Firavitoba e Iza, y al ser esta un área tan reducida, podría tener impactos negativos en las actividades económicas asociadas en su gran mayoría al uso del suelo como la agricultura, que representa 55,8% de la economía de la zona, en donde se encuentran cultivos de papa, arveja, cebada, cebolla y trigo; también están las pecuarias, representando el 12,87%, relacionadas a la producción de leche y de carne en la región [17].

Y por último, la ANLA estimó que “dadas las condiciones de sensibilidad por la cercanía del Páramo Tota-Bijagual-Mapacha a menos de 30 m de algunos de los límites de la nueva área reducida para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria Muisca”, sin el establecimiento de una zona de amortiguación que atenué y prevenga las perturbaciones sobre el ecosistema, el desarrollo de las diferentes actividades objeto de modificación, las cuales se pretenden llevar a cabo en áreas que no han sido intervenidas con actividades de hidrocarburos, teniendo en cuenta que únicamente fueron autorizadas actividades en las Áreas de interés denominadas Suamox y Bachué, lo cual generarían impactos de alta significancia ambiental que posiblemente trascenderían al Páramo Tota-Bijagual-Mapacha, ecosistema de importancia ecológica y sobre el cual existe protección especial dado que brinda servicios ecosistémicos de vital importancia” [18].

Crudo Transparente también tuvo la oportunidad de reunirse con los directivos de la empresa Maurel & Prom Colombia para resolver algunas dudas que surgen sobre el desarrollo de estas actividades en la provincia de Sugamuxi, y que ayudan a ampliar las perspectivas sobre el tema.

Como ya se mencionó, Boyacá no se ha reconocido tradicionalmente como un departamento productor de petróleo; no obstante, la compañía resalta que su interés en esta zona del país se da principalmente porque en los últimos años ha logrado ser el cuarto productor a nivel nacional llegando a producir 47.000 barriles por día. Así mismo, destacan el hecho de que en aras de garantizar el abastecimiento nacional estas zonas fueron previstas como nuevas fronteras por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Según los diferentes estudios que Maurel & Prom ha podido realizar en el territorio, estiman, que en el bloque Muisca existe un potencial de 400 millones de barriles, de los cuales sólo recuperarían aproximadamente el 10%, que los podría llevar a obtener una producción diaria de 10.000 o 15.000 barriles por día.

No obstante, a pesar de las actividades de exploración que han adelantando, no han encontrado petróleo; es por eso que tomaron la decisión de parar sus labores en territorio. “Son 4 sísmicas que se han hecho hasta el 2012, del 2012 para acá no hemos hecho absolutamente nada de sísmica, nada. Y no está considerado dentro de los planes hacer más”, dice la empresa.

Como hemos podido ver, uno de los factores que más preocupa a la comunidad son  los posibles riesgos que corren tanto las viviendas, como las diferentes fuentes hídricas de la región, frente a esto aclaran que “hemos respetado las normas para ubicar los registros de sísmica, unas distancias por llamarlo así, seguras ambientalmente, las cuales el Ministerio fijó que a esa distancia no pasa nada, ellos hicieron sus estudios y las determinaron […] para esto tenemos diferentes herramientas, una de estas son las fotografías aéreas de detalle donde nosotros vamos ubicando dónde están las cosas, estableciendo así las distancias a las cuales vamos a estar”.

Así mismo, afirman que la carga de energía generada a partir de las actividades de sísmica son equivalentes a un temblor de 0,28 en la escala de Richter, lo que quiere decir que son imperceptibles y no tienen la posibilidad de secar fuentes hídricas o de generar daños en viviendas.

Sin embargo, el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi expresa que “desde que iniciaron el tema de la sísmica, mira, se han roto tuberías del acueducto, deslizamientos, casas que se agrietaron; de hecho, unas cuantas se cayeron, hecho que llevó a que las personas se desplazaran del lugar donde siempre habían vivido […] Afectaciones, son muchas, ahora, esas afectaciones ¿por qué se dan? En primer lugar porque el territorio, y lo dijo un geólogo, es una montaña en formación, es muy joven y débil. Cuítiva es un municipio donde tu pones hoy una cerca acá, y en dos años está fácilmente a dos o tres metros, está comprobado, y se dijo allá, son montañas, una cordillera muy joven que no permite ese tipo de exploraciones. Por un lado está todo el tema científico, por otro lado está el tema social, y este es que, con muy pocas excepciones y muy focalizada, la mayoría de la gente allá son agricultores, han vivido siempre de la tierra. Allá hay microfundios, pero ese tema ahora lo tocamos, estoy hablando más de la vocación de la gente, y ellos nunca han querido pertenecer a esa industria y así lo han manifestado, y creo que la mayor manifestación de eso se dio el día de la audiencia. Entonces, ¿por qué estas empresas, por qué el Gobierno tiene que irrespetar esta decisión de ellos? Sí, está bien, el Gobierno tiene que dictar políticas desde acá [Bogotá]  para recaudar fondos, pero el objeto de un gobierno no es recaudar fondos, el objeto de un gobierno es brindar bienestar a su población, calidad de vida a sus trabajadores, y que mejor bienestar de vida que respetar la forma en como ellos quieren vivir”.

En cuanto al posible riesgo que puede correr la Laguna, el Colectivo es consciente de que en este momento no hay peligro, pero afirman que “el problema sería cuando empezaran a trabajar ya realmente la explotación del pozo como tal, por qué, porque las carreteras que tiene esa zona no son aptas para ese transporte, las carreteras rurales de nosotros son muy angostas, entonces ahí va a haber el problema. En el momento que se explote y que tenga que pasar mucho carro, eso va a ser la desgracia más grande porque las carreteras se van a desbaratar, la banca se va a caer, e inmediatamente van a empezar las tragedias”.

Hasta el momento las actividades que ha desarrollado la empresa dentro de la provincia de Sugamuxi no van más allá de la exploración en los pozos Bachué, en Tota y Balsa, en Pesca; con respecto a estas áreas, la compañía aclara que los dos están ubicados por fuera de la cuenca de la Laguna de Tota. 

Existe un tercer pozo llamado Suamox, no fue perforado dado que los dos pozos mencionados anteriormente no arrojaron resultados positivos. En términos generales, lo que se ha hecho en la zona son tres plataformas construidas, y dos pozos que se han perforado, que en el momento se encuentran sellados y están siendo recuperados para donarlos al municipio de Pesca.

Maurel & Prom realizó una visita guiada a Crudo Transparente en donde se visitaron los pozos en los cuales se instalaron plataformas para exploración, y se pudo evidenciar lo siguiente:

Pozo Suamox: Actualmente la empresa está realizando trabajos de restauración, para posteriormente entregarlo como donación al municipio de Tota. Esto se dará cuando la ANLA indique que el terreno se restableció de manera correcta.

Un aspecto que también ha generado preocupaciones dentro de la comunidad es el hecho de que las actividades que ha realizado la empresa dentro del territorio tenga relación alguna con yacimientos no convencionales, es decir, fracking. Referente a esto la empresa explicó que el contrato que se firmó con el gobierno es únicamente para yacimientos convencionales, y no pueden, ni están interesados en que sea de otra manera. Afirman que “nuestros contratos tienen una cláusula específica que no lo permite, además, no es la vocación de la empresa, y la parte geológica donde están los bloques no son arenas para hacer fracking, tiene que haber la característica geológica para hacerlo”.

En relación con la política de responsabilidad social que tiene la empresa manifiestan que “queremos llegar a los territorios donde hacemos nuestra exploración o nuestra producción, y quedarnos en el territorio. De hecho nuestra política se llama “más allá del petróleo”, porque nosotros no buscamos que el territorio se petrolice o que la gente se vuelva petrolera, sino que se potencien las actividades en los territorios, las vocaciones que vienen siendo tradicionales y que tienen una proyección hacia el futuro. En ese orden de ideas nosotros establecemos alianzas entre Estado – Comunidad – Empresa, entonces nosotros buscamos espacios de diálogos y participación donde podamos ponernos de acuerdo en cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo podemos controlar aquellos impactos adversos, y cómo podemos potenciar medios benéficos y que pueden generar sinergias con otras actividades de la zona[…] también buscamos que dentro de las actividades que son inherentes y necesarias dentro de todos los procesos que hacemos, ya sea sísmica, exploración o producción, podamos ir generando efectos benéficos, como la división de bienes y servicios como en temas de alojamiento, transporte, alimentación, compras menores, alquiler de equipos, sistema de generación de empleo, nosotros venimos haciendo esto por convicción”. Resaltan el hecho de que ellos no pueden realizar un proyecto de esta magnitud sin la colaboración de la comunidad y de las autoridades locales y regionales.

A pesar de esto, el Colectivo considera que no hubo un proceso de dinamización real, “ellos llegaron a la zona y las camionetas, ninguna era de la zona, todas las contrataban por fuera, o sea que transporte, nada que ver. Lo máximo que hacían era la parte de comida, y ahí empezó a subirse los precios de comida en la zona, entonces uno en Pesca conseguía un almuerzo en 2012 de $5.000 pesos, llegó la empresa y ya no se conseguía de 5.000 pesos, ya eran de $7.000 pesos, entonces ¿cuál dinamización? Lo único que estamos viendo es a la gente más pobre porque ya no pueden ir a almorzar, porque ya subió todo. Y los arriendos, entonces la persona que tenía el arriendo pedía como pidiéndole a Dios, ¿y qué pasó? se fue M&P y entonces le tocó bajar y empezar otra vez un nuevo proceso, eso no es dinamizar.”

Así mismo, el Colectivo asegura que la empresa no fue sincera durante los procesos de socialización que se realizaron ya que “decían ‘les vamos a dar trabajo y le vamos a dar trabajo a todo el mundo y esto es así, así y así’, pero nunca le contaron que ese trabajo que le iban a dar a una persona iba a ser el rompimiento social de toda la vereda, porque ahí era donde se iban a matar, porque es que mi hijo también necesita el trabajo, entonces por qué se lo dan al hijo del presidente de la junta de acción comunal, si mi hijo también lo necesita. Entonces ¿qué iba a pasar? usted un mes, usted otro mes, peor fue la descomposición social. Es que nunca dijeron la verdad, nunca dijeron que sólo iban a dar trabajo por 3 meses no más, y a dos personas”.

Frente a la oposición que existe en la comunidad, los representantes de M&P consideran que hay una postura hacia este tipo de actividades que piensan que nada va a generar algún beneficio, y que por tanto hay posiciones muy radicales frente al tema. Quieren demostrar la importancia que tienen las preocupaciones de la comunidad mediante acciones como la solicitud de la modificación de la licencia ambiental presentada en 2012, cuyo objetivo es salir del polígono del páramo y de la cuenca de la Laguna de Tota. “No queremos nosotros estar en esos sitios. Hay un consenso, una directriz, eso fue lo que se pidió y eso fue lo que negaron, lo absurdo es que queremos estar lejos de lo sensible, y esa es la modificación de la licencia […] se escuchó, se toma en cuenta todas las opiniones y se reaccionó; aquí está nuestro asunto: reducir el uso de las aguas y ocupación mínima del territorio, todo esto para articularnos al desarrollo regional; pero nos negaron la solicitud y lo ratificaron en junio del año pasado”, dicen sobre el tema.

Al respecto el Colectivo considera que “no es que lo esten reduciendo porque ellos lo quieran hacer y quieran escuchar, lo que es cierto es que ellos tienen aprobada una licencia con un polígono donde no encontraron nada, entonces necesitan ampliar o explorar en otro a ver si encuentran algo, para no perder lo que ya pagaron de ese polígono”.

Con referente a la negativa de la ANLA, la empresa aclara que si han presentado acciones judiciales frente al tema y se encuentran a la espera de alguna respuesta.

En términos generales la compañía considera que han hecho las cosas según la normatividad, escuchando, aprendiendo, viendo sus errores y haciendo las respectivas reflexiones frente al tema para ir ajustando cada proceso. Han identificado la importancia que tiene el desarrollo de la confianza con las comunidades para desarrollar este tipo de proyectos de manera eficaz, por tanto, consideran que han puesto sus esfuerzos para que la gente participe de manera activa, se enteren de cómo son realmente las cosas, esto para que forjen un criterio acerca de la presencia de la compañía en el departamento desde un conocimiento real, y no sobre la desinformación, que consideran, es lo que sucede en la mayoría de los casos.

Maurel & Prom es consciente de que, como cualquier inversionista, en algún momento va a tener que salir del territorio, ya que siempre se corre el riesgo de que el gasto sea mayor que las ganancias del proyecto como tal. Sin embargo, no es algo que esperan hacer en un corto o mediano plazo. Tienen claro que se enfrentan a grandes retos que van más allá de encontrar petróleo, uno de esos es seguir trabajando en el fortalecimiento de la confianza con las comunidades, principalmente por medio de la pedagogía; pero para esto, resaltan la necesidad de que se creen los espacios adecuados para poder cumplirlo, ya que considerar que “existen otra serie de intereses en los territorios que no quieren que nosotros hagamos esa pedagogía, no quieren dejarnos conversar directamente con las comunidades”.

El Colectivo por su parte asegura que “si la empresa presenta un camino que no afecte el territorio de ninguna manera, nosotros nos hacemos al lado, claro, a demás porque si es para el bienestar de todo el mundo, es que nosotros no somos nadie para evitar eso […] pueden presentar un plan real y digan que no se va a hacer ninguna afectación, con mucho gusto. Tenemos que recordarles que todas las 3 construcciones las hicieron por fuera de la norma, y surgieron consecuencias, se los recordaremos, y conocemos perfectamente el territorio, y no es una decisión que nosotros tenemos en últimas, es una decisión que la comunidad va a tomar”.

Es importante aclarar que en el momento la empresa no adelanta ninguna actividad relacionada con la exploración o producción. Actualmente trabajan en el mantenimiento de las plataformas y están cumpliendo con las obligaciones de la licencia ambiental; a pesar de que les hayan negado la modificación de esta, tienen que cumplir con el contrato. Están analizando la posibilidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para obtener otra licencia.

¿En que va la disputa?

En el momento que se otorgó la licencia ambiental para la exploración de petróleo en esta zona del país no se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades pertenecientes a la provincia de Sugamuxi, ya que no se realizó una consulta o un proceso de socialización del proyecto antes de otorgar la licencia. Como consecuencia, dos ciudadanos, Luís Francisco Forero Padilla y Omaira Rivas Rivas, tomaron la decisión de presentar una demanda de acción popular en contra del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Municipio de Firavitoba, Corpoboyacá, la petrolera Maurel & Prom y a la compañía Geofísica Latinoamericana, encargada de realizar las actividades de sísmica en la zona. Todo esto con el propósito de  conseguir la protección de derechos colectivos relacionados con la posibilidad de disfrutar de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, su conservación, restauración o sustitución, la moralidad administrativa y el uso y goce del espacio público, que para ellos fueron violados [14].

A pesar de que los municipios en donde se han realizado actividades de exploración son Pesca y Tota, Firavitoba se encuentra dentro del polígono para desarrollar el AIE Muisca, es por esto que el principal argumento que se expone es que tanto los Ministerios ya mencionados, como la alcaldía de Firavitoba y Corpoboyacá, dieron los permisos necesarios para que la empresa hiciera uso del subsuelo para la exploración y explotación de hidrocarburos, sin tener en cuenta la participación de la población, específicamente aquellos que se verían más afectados por este tipo de actividades, y sin considerar cómo estas podrían afectar las condiciones de vida de la comunidad.

Por esto, solicitaron al Tribunal Administrativo de Boyacá:

1. Que como una medida preventiva, cancelaran todas las actividades de Maurel & Prom, relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de la provincia de Sugamuxi, más específicamente en los municipios de Sogamoso, Firavitoba, Iza, Cuitiva, Tota, Pesca y Aquitania.
2. Dar la orden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de negar la modificación de la licencia ambiental solicitada por la petrolera.
3. Que se revisaran, corrigieran y se negaran los permisos a las empresas Hocol S.A. y Maurel & Prom Colombia B.V., en el presente y futuro, para extraer agua de la Laguna de Tota.
4. Solicitar al Ministerio de Minas y Energía considerar la opción de eliminar todo tipo de actividad extractiva en la provincia de Sugamuxi, principalmente en zonas cercanas a la Laguna de Tota.
5. Y por último, ordenar a las autoridades de Firavitoba dar por terminadas en el municipio este tipo de actividades, que para los denunciantes, atentan contra los derechos colectivos del uso y goce del espacio público.

Al respecto, y después de realizar el correspondiente análisis, el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 29 de agosto de 2018 llegó a la conclusión de que la compañía no consideró la comunicación con la población dentro del proceso, por tanto, tomó la decisión de proteger el derecho colectivo a la participación de las comunidades de la provincia de Sugamuxi. Para esto, ordenó a la compañía Maurel & Prom Colombia B.V. realizar espacios de socialización con las comunidades, en donde se tiene que informar y explicar en qué consiste el proyecto, cómo se llevará a cabo, sus consecuencias dentro de las comunidades y en el medio ambiente y los métodos de explotación que serán usados durante este. De este modo, se podrá diseñar, con la ayuda de la comunidad, los métodos de compensación y corrección en caso de que se presente un efecto negativo.

El proceso, que hasta el momento no se ha realizado, debe hacerse con el acompañamiento de las autoridades locales, contando a la Alcaldía y a la Personería, Corpoboyaca y el Procurador Ambiental y Agrario delegado ante el Tribunal.

Este Tribunal también resaltó el hecho de que efectivamente ya se habían realizado unas jornadas de socialización, pero tuvieron lugar cuando ya estaban en marcha los proyectos de sísmica; es decir, después de expedir la licencia ambiental. Con respecto a esto, hizo un énfasis especial en que la participación comunitaria en los procesos de licenciamiento ambiental se debe realizar antes, y más en casos como este en donde la actividad extractiva puede realizar un daño importante o irreversible.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta las diferentes acciones que se han generado en la provincia de Sugamuxi por la presencia de la petrolera francesa Maurel & Prom, y el posible riesgo que correría la Laguna de Tota por las actividades de exploración petrolera de la misma, Crudo Transparente plantea diversas recomendaciones con el objetivo de buscar posibles soluciones, sin comprometer el bienestar de las comunidades, el medio ambiente y las actividades extractivas.

Empresa

• Estudiar medidas que le permitan, realizar exploración y explotación de manera sostenible dentro del territorio nacional.
• Continuar con los procesos de socialización del proyecto de manera constante con la comunidad, esto con el fin de dar a conocer todos las etapas del proyecto, sus riesgos reales y los beneficios que podrían generar a la comunidad.
• Cumplir siempre las normas ambientales existentes, para así evitar posibles daños en el mismo.
• Fortalecer las labores de pedagogía con la comunidad.

Comunidad

• Seguir luchando por la conservación de su territorio, teniendo en cuenta siempre la transparencia y veracidad de la información que se socializa.
• Estar dispuestos a escuchar a las empresas en los espacios de socialización que se realicen.

Autoridades

• Tener en cuenta la participación de las comunidades durante los procesos de licenciamiento ambiental.
• No conceder licencias ambientales en zonas donde se pueda ver comprometido el bienestar de importantes ecosistemas como la Laguna de Tota.
• Realizar todos los estudios necesarios que puedan garantizar a la empresa que su actividad no afectará de ninguna manera la vida de las comunidades, o pondrá en peligro al medio ambiente, o diferentes ecosistemas como la Laguna de Tota.

Crudo Transparente intentó contactar a diversas autoridades como Corpoboyacá por vía telefónica durante 7 ocasiones y no se obtuvo respuesta alguna para hablar sobre el tema. Así mismo, se buscó contactar a la alcaldía de Pesca en repetidas ocasiones y no se obtuvo respuesta.

Conclusiones

Boyacá es reconocido a nivel nacional e internacional principalmente por sus destinos turísticos y por su desempeño en el sector agrícola. Sin embargo, no se puede negar que las actividades extractivas, resaltando la producción de petróleo, han tomado fuerza en el departamento durante los últimos años.

Prueba de esto es el hecho que la participación de este sector dentro de la economía del departamento ha aumentado, representando actualmente el 7,1% del pib departamental, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- a corte de 2017.

No obstante, este tipo de actividades han sido fuente de controversias dentro del país por los posibles riesgos que pueden correr las comunidades y el medio ambiente durante su desarrollo. Es por esto que se crean grupos como el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi que luchan por la protección de su territorio.

En este caso en concreto, la desconfianza y preocupación en cierta parte de la comunidad nace por la licencia ambiental que concede la ANLA a la petrolera francesa Maurel & Prom para realizar actividades de exploración dentro del municipio de Sugamuxi, Boyacá. En esta se da el permiso a la compañía para que realice actividades dentro de la cuenca hidrográfica de la Laguna de Tota y de realizar captación de agua de este importante cuerpo de agua.

La insatisfacción de las comunidades frente a este proyecto viene principalmente por la falta de oportunidad que tuvieron para participar durante el proceso de licenciamiento ambiental; y si bien es cierto que en un momento dado se socializó el proyecto con la comunidad, este se hizo cuando ya estaban en la etapa de sísmica, es decir, tiempo después de dar los permisos ambientales a la petrolera.

Por otro lado, no se puede ignorar el hecho de que al país no le quedan más de seis años en reservas petroleras, y que continuar con este tipo de actividades en Boyacá podría aumentarlas sin la necesidad de recurrir a los yacimientos no convencionales, más conocidos en el país como fracking, en un aproximado de 15.000 barriles diarios según calcula la compañía francesa.

Así mismo, se debe resaltar que las pruebas de sísmica por parte de la empresa Maurel & Prom llegaron hasta el 2012, y las de exploración hasta el 2014, ya que durante las actividades realizadas en los pozos Balsa 1 y Bachué, ubicados en los municipios de Pesca y Tota respectivamente, para encontrar crudo no tuvieron resultado. Esto quiere decir que las actividades de la compañía, y de las cuales cierta parte de la comunidad tiene sus dudas, se encuentran detenidas.

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