Desafíos de la implementación del Servicio Público de Empleo
El Servicio Público de Empleo (SPE), parte del Mecanismo de Protección al Cesante creado por la ley 1636 de 2013, espera organizar el mercado laboral en el país. La idea es que tanto empleados como empleadores puedan acceder y manejar las vacantes respectivamente de una forma eficiente. Aplicada al sector petrolero, la ley pretende regular la actividad de la intermediación laboral existente y mitigar las grandes olas migratorias para priorizar el personal local y focalizar, dentro de la comunidad, los beneficios de la industria. Crudo Transparente realiza la investigación: “Problemática de la contratación en regiones petroleras” que identifica los retos y vacíos del modelo laboral y los desafíos de la implantación del SPE, con un enfoque en los departamentos petroleros de Meta, Norte de Santander y Casanare. Descarga la investigación completa aquí Descarga la investigación completa aquí
La contratación en la industria petrolera mantiene unas dinámicas particulares, que la diferencia de los demás sectores productivos. Los salarios superiores que se ofrecen, sumado a la necesidad del Estado de focalizar los beneficios de la explotación de crudo en los municipios productores, ha generado que la oferta de mano de obra en las zonas de influencia crezca por dos razones: la primera porque los habitantes abandonan sus actividades económicas tradicionales–agricultura y ganadería- para emplearse en los campos; y segundo porque se presentan fenómenos migratorios importantes de personal en busca de nuevas oportunidades.
El aumento poblacional y el requerimiento de empleos en la industria generaron conflictos en el interior de las comunidades: los nativos exigían, y aún lo hacen, ser priorizados en la contratación porque sus territorios son los directamente afectados por las actividades hidrocarburíferas; y los foráneos afirmaban que estaban capacitados y tenían derecho al trabajo.
Frente a este panorama, las juntas de acción comunal (JAC) y las asociaciones de juntas de acción comunal asumieron el rol de intermediación laboral para organizar la mano de obra no calificada de sus comunidades y realizaron acuerdos con las petroleras para que contrataran a su personal. Así ganaban las comunidades y las empresas evitaban bloqueos y paros que interfirieran en el normal funcionamiento de sus operaciones.
Sin embargo, este modelo no fue ajeno a la corrupción. La cantidad de plata que mueve la industria y a la necesidad de la gente de emplearse; algunos de los presidentes de las JAC, alcaldes, concejales y encargados de la contratación en las empresas vieron la oportunidad de exigir dinero a los empleados para contratarlos.
El sistema de contratación en las áreas de influencia funcionó de esa manera por más de dos décadas, pero desde el 2013, por medio de la promulgación de la ley 1636 y el decreto 2852, que reglamenta e implementa el Servicio Público de Empleo (SPE) a nivel nacional, se les prohibió a las JAC hacer la intermediación laboral.
La puesta en marcha del SPE ha tenido tropiezos y dificultades en las regiones petroleras –Casanare, Norte de Santander, Meta – porque las comunidades se sienten desplazadas al asegurar que ya no las priorizan en la contratación y las JAC afirman que ya no tienen instrumentos para focalizar los beneficios de la industria en sus territorios; esto ha producido protestas, paros y desacato de la ley. También se evidencia que la intermediación laboral se sigue presentando y la corrupción en el tema continúa.
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CTColombia
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