Columna de opinión semanal
Por: Gabriela Zamora
La brecha de los proyectos piloto de fracking
El pasado 26 de diciembre, el Gobierno Nacional expuso el proyecto de decreto para reglamentar los pilotos de fracking en el país; según lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía, el documento habría sido elaborado por una comisión de expertos compuesta por 13 personas nacionales e internacionales, de diferentes disciplinas: Gestión ambiental, biología, hidrogeología, medicina, comunidades, macroeconomía, temas fiscales, política y regulación petrolera. Asimismo, se estipuló que el mismo podría recibir opiniones no vinculantes hasta el 16 de enero, cuando se llevaría a cabo una Mesa Ambiental creada en el marco de la Gran Conversación Nacional y el 20 de enero ya entraría en vigencia.
La iniciativa de decreto tiene 19 páginas, dentro de las cuales se estipulan todos los lineamientos, como por ejemplo que los Proyectos Pilotos se deberán desarrollar en tres etapas diferentes: 1)Condiciones previas, 2)Concomitante y 3)Evaluación para llevar a cabo la exploración y explotación de los pozos de yacimientos no convencionales. Por parte del Gobierno, los argumentos al respecto se basan en que, gracias a su aplicación, se podrán evidenciar beneficios económicos, aumentar las reservas de hidrocarburos y finalmente, que de las ganancias el 1% se invertirá en las comunidades aledañas para desarrollo social. Asimismo, dentro del decreto se les exige a las empresas que antes del 30 de junio del 2020 deberán presentar un plan de fortalecimiento institucional enfocado en el fracking.
En este sentido, el pasado 16 de enero, algunos manifestantes se convocaron frente a las instalaciones de la Universidad EAN (dentro de sus instalaciones se llevaría a cabo la socialización de los proyectos piloto sobre el uso del glifosato y la práctica del fracking) para pronunciarse al respecto. Pues bien, han expresado que luego de dos mesas de diálogo, el Gobierno no ha tenido en cuenta sus opiniones, las de centros científicos independientes, ni la de universitarios en lo referente a los bienes comunes como el subsuelo.
Hoy, 20 de enero el panorama da cuenta de que, a pesar de que muchos ciudadanos se han manifestado en contra, no se ha logrado incluir las opiniones de personas externas; el hecho de que las observaciones al proyecto de decreto no se consideran vinculantes evidencia la poca preponderancia que el Gobierno le ha dado a la academia y civiles expertos, haciendo creer que finalmente la decisión está en manos de la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano; y uno de los delegados escogidos por el Presidente de la República, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Diego Molano. Además, los intereses económicos de grandes multinacionales como ExxonMobil y Chevron han relucido y ya dejaron claro su deseo de invertir en los pilotos, por lo que siendo coherentes, para el gobierno las ganancias monetarias resultaran a la larga siendo más preponderantes que los requerimientos de muchas personas que buscan que el país deje de depender de los recursos extractivos y tenga más en cuenta la importancia de los territorios, las comunidades y el medio ambiente.
Hay que ver cómo será la movida entorno al tema a partir de mañana 21 de enero, cuando se ejecute nuevamente una jornada de paro nacional, pues una de las peticiones es la prohibición de esta técnica en el país. Hasta el momento se sabe que de llevarse a cabo los Proyectos Piloto Integrales de investigación (PPII) se realizarían en el Magdalena Medio, en los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar, donde se estima que hay entre 2 400 y 7 000 millones de barriles de crudo y unos 18 000 giga pies cúbicos de gas, de acuerdo con los estudios preliminares de Ecopetrol.
Aunque se esperaba que con propuestas como las del proyecto de decreto se diera paso a la transparencia, la participación ciudadana y la preponderancia del medio ambiente, los hechos demuestran que la participación, por ejemplo, no se desarrollo de la manera que la había planteado el Gobierno Nacional, sino por medio de las protestas en las calles. Asimismo, en el tinterillo queda la insatisfacción de que todo el periodo en donde se permitía que las personas opinaran al respecto se haya adelantado en un cierto momento de “calma” cuando el comité del paro había decidido frenar las manifestaciones a causa de la época decembrina, por lo que muchas de las personas estaban “desconectadas” y poco enteradas de la realidad nacional.
Aún cuando en el documento preliminar se establecen algunas condiciones para la creación de un Centro de Transparencia; la conformación de Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, y un Plan de Monitoreo Ambiental Participativo, tendremos que esperar qué sucederá en los próximos días, teniendo en cuenta la influencia de factores de presión externos como los del paro nacional.
Noticias
Oleoducto Transandino víctima de 2 atentados en lo corrido del 2020
El miércoles 15 de enero se presentó el más reciente ataque en el municipio de Tumaco- Nariño. Los hechos se dieron en la vereda Pilispi, luego de que grupos armados ilegales detonaran una carga de pentolita, causando afectaciones en el tubo que transporta el petróleo desde Orito, Putumayo, hasta Tumaco, Nariño.
Así pues, el jueves 16 de enero un grupo técnico de Ecopetrol y el Ejército Nacional, determinaron que el estallido se dio por un atentado terrorista en contra del Oleoducto. Sin embargo, en el momento de la explosión no había bombeo, por lo que no hubo derrame de crudo ni daños al medio ambiente.
Adicionalmente, las autoridades expresaron que los detonantes afectaron sólo el tubo de conducción de petróleo. Los hechos se presentaron en el kilómetro 94+300 sobre jurisdicción del corregimiento de Llorente.
Los proyectos piloto de fracking empezarían en Santander
Las estudios han determinado que en los suelos de Puerto Wilches, Barrancabermeja, Santander, y en San Martín, Cesar, se localizan grandes reservas de hidrocarburos no convencionales. Así, de aceptarse el proyecto de decreto planteado por el Ministerio de Minas y Energía, el 20 de enero, las zonas mencionadas anteriormente serían el primer lugar de exploración según lo estipulado por Carlos Santiago Lozano, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
El jueves 16 de enero, el Ministerio de Minas y Energía y la Mesa Ambiental del Comité del Paro, algunos gremios y expertos de la industria se reunieron, con el fin de agilizar la regulación para que sea publicada antes de marzo y de igual forma para que sea difundida en varios sectores del país.
El tema del fracking volvió a ser parte de la opinión pública luego de que el 26 de diciembre se públicara el decreto que da cuenta de los lineamientos para llevar a cabo los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Luego de la fecha límite se tendrían que incluir las opiniones recogidas para que la regulación sea divulgada y se espera que esto demore entre uno y dos meses.
De acuerdo a Santiago Lozano “Estos proyectos, que proponen el documento de decreto, no son pilotos investigativos, (como pidió el Consejo de Estado) sino que corresponden a fase exploratoria y por eso es que los harán empresas petroleras, se busca en el documento y no se menciona, por ejemplo, cuál es el rol de las universidades, que en teoría son las que producen conocimiento científico en Colombia”.
Por su parte Francisco Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, considera que “Si nosotros no logramos incorporar nuevas reservas y perdemos autosuficiencia en materia de hidrocarburos, eso tendría un impacto fiscal impresionante, pues entraríamos a importar gas y petróleo. Eso al año le costaría 30 o 40 billones de pesos energética, sin contar con lo que dejaríamos de recibir en relación a lo que ya importamos”.
Finalmente, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, publicado en el 2019 por el Ministerio de Hacienda, se espera que, en un lapso de 30 años, los yacimientos no convencionales le aporten $324 billones al país. Ya que, con esta tecnología las reservas aumentarían 23,7 años más, pues se incluirían hasta 7.500 millones de barriles de crudo. Otros factores positivos al respecto serían el incremento de la inversión extranjera, de las regalías en las regiones y la autosuficiencia energética.
Vía: Proyectos piloto de fracking iniciarían en Santander 16/01/20
Contratista de Ecopetrol se salva de ser secuestrado en el Catatumbo
El funcionario se conoce como Alexander Sepulveda y hace parte de la empresa Serinco, contratista de la nacional de petróleos de Colombia, Ecopetrol. El personaje fue secuestrado en el casco urbano del municipio de Tibú, Antioquia y estuvo privado de su libertad por 3 horas.
La situación se logró controlar con éxito gracias a la actuación de las tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Así lo manifestó Marcos Evangelista Pinto, Comandante de la Segunda División del Ejército: “esta persona fue retenida por parte de integrantes de las disidencias de las Farc que delinquen en la región, los cuales se llevaron a este contratista de Ecopetrol junto a su vehículo y el cual se conoció, pretendía ser llevado a territorio venezolano”.
Según lo relatado por el oficial: “Dos personas vestidas de civil y con armas cortas interceptaron a este trabajador al cual obligaron a subir a una camioneta de platón llevándolo al norte del municipio”. Adicionalmente, en el lugar de los hechos se logró decomisar armas de fuego, no obstante, no se logró la captura de los protagonistas del acto delictivo, los cuales harían parte de las disidencias del frente 33 de las Farc, que en la actualidad se disputan el control de las rutas del narcotráfico en los terrenos cercanos a la frontera con otros grupos ilegales como del ELN, EPL y las bandas criminales.
Vía La FM: Frustran secuestro de contratista de Ecopetrol en el Catatumbo 16/01/20
Reservas de petróleo y gas están disminuyendo en el país
De acuerdo a la Asociación Colombiana de Petróleo, las reservas del país están disminuyendo de forma considerable, por lo que reiteran en la necesidad de ampliar la exploración para mejorar la autosuficiencia petrolera. Según el informe, la cantidad de barriles se estima en 27.000 de los cuales 7.000 mdb ya están preparados para su extracción en yacimientos no convencionales.
Por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, manifiesta que el país aún cuenta con unas reservas importantes, teniendo en cuenta el potencial geológico. De igual forma, se estipula que la mayor parte de las reservas se encuentran ubicadas en las regiones del Valle Medio y bajo del Magdalena, Caguán-Putumayo, Sinú- San Jacinto, Catatumbo, llanos orientales, cordillera oriental, Guajira y Sinú enfocados en el offshore.
A nivel gasífero, según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), si la demanda sigue del mismo modo que hasta el momento, el país podría entrar en una crisis en 2024, haciendo que aumenten sus importaciones. Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), relata que en los últimos 10 años las reservas de gas pasaron de 13,5 años a 9,8; esto debido a que algunos campos de la costa norte y de los Llanos están disminuyendo su producción.
Es importante resaltar que este último recurso tiene mayor demanda en la actualidad pues los buses del sistema de transporte masivo, más que nada de Bogotá, y las plantas térmicas a gas, que en el futuro ayudarán a las energías renovables no convencionales eólicas y solares pasarán de producir menos de 50 megavatios en 2018 a 2 500 megavatios en 2022, luego de la subasta que llevó a cabo el Ministerio de Minas y Energía en el 2019.
Actualmente el país consume el 48% de combustibles líquidos, mientras que el gas natural y la energía eléctrica trazan sólo un 30%. No obstante, Se espera que esta situación cambie en las siguientes tres décadas, por lo que la demanda de gas y energía eléctrica pasará a 46%. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía propone que el desarrollo del fracking podría ayudar para sumar las reservas de gas natural y de petróleo, de 8 años a 35 o 50 años y de 8 a 22 con respecto al segundo recurso.
Vía Semana: El 2024 será un año crítico para Colombia 18/01/20
Guyana crecerá 14 veces más rápido que China en 2020
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Guyana crecerá en el 2020 a una tasa de 86% anual, es decir, 14 veces más rápido que China. Este país cuenta con una población de 800 000 habitantes; su economía se acrecentara velozmente gracias al hallazgo de petróleo en su territorio.
De acuerdo a la información revelada, el país empezará a exportar el crudo en el 2020 “Eventualmente podría llegar a ser entre 700.000 y un millón barriles de petróleo diarios”, cifra que se compara con lo que exporta un país como el nuestro.
No obstante, el éxito depende del manejo económico que se haga con los activos provenientes de la extracción, pues bien, se han presentado algunos casos en donde la mala administración abre brechas para la corrupción. Por ejemplo, “Timor del Este y Guinea Ecuatorial son ejemplos recientes de países que recibieron aumentos masivos de ingresos per cápita. En ambos casos esa influencia de dinero creó tensiones locales significativas. En Guinea Ecuatorial, especialmente, el dinero se quedó muchas veces en manos de altos funcionarios del gobierno, y el país se ha vuelto menos democrático y más corrupto”
En la opinión del profesor de la Universidad de California, Michael Ross: “En Guyana el dinero va a llegar como un tsunami. Si Guyana consigue manejar ese dinero bien y limitar la corrupción, manteniendo la rendición democrática de cuentas por parte del gobierno, será un caso excepcional en el mundo, que ninguna otra nación en situación similar ha podido lograr”.
Un punto clave en este descubrimiento es la ubicación de Guyana que tiene frontera con Venezuela, ya que, se contempla que algunos venezolanos se desplacen y mucha de la mano de obra calificada migre, haciendo que la situación del país vecino empeore. Si el Estado Guyanés logra avanzar en la industria se abrirán nuevas oportunidades de empleo enfocadas en el sector servicios, donde la remuneración sería menor.
Además, Venezuela y Guyana han tenido a lo largo de la historia diferentes tensiones limítrofes. Si a eso se le suman las potenciales diferencias por el aumento de migrantes, las relaciones entre los dos países serían más rígidas donde se podrían presentar nuevas dificultades.
Columna de opinión regional
Sanción en stand-by
Por: Pablo Suárez
En diciembre de 2019, un grupo de quince campesinos pertenecientes a la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica, quienes encontraron representación por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el colectivo de abogados Leigh Day, interpusieron una querella contra Amerisur Colombia ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales por concepto de daños ambientales y sociales producto de diez años de operación petrolera en Putumayo, específicamente en sector rural de Puerto Asís.
Ahora bien, se desprenden dos importantes variables en este pleito jurídico; la primera, el proceso por las probables afectaciones de la compañía parece prosperar para los demandantes, pero curiosamente justo antes del retiro de la petrolera del territorio putumayense; la segunda, que al llegar una nueva empresa, la población seguramente se sentirá confundida al momento de hacer veeduría o presentar nuevos reclamos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la nueva empresa debería entrar a mediar con la comunidades respecto a procesos que se estén llevando a cabo con la compañía saliente, si busca iniciar su operatividad con normalidad.
Es importante hacer acompañamiento a lo que pueda ocurrir en este caso ya que las reclamaciones y procesos en contra de la británica Amerisur han sido constantes en el departamento, un ejemplo y antecedente fundamental que llegó a buen puerto ocurrió con el pueblo indígena Siona que en 2018 logró ganar el pulso a la misma compañía cuando ésta buscaba una licencia ambiental dentro del resguardo Buenavista, después de tantos trámites el 14 de julio del mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó la protección de esta comunidad.
Si bien los campesinos no lograron impedir la actividad petrolera cerca a la Zona de Reserva como los indígenas, esperan ser compensados por las afectaciones que aparentemente ha causado la multinacional por derrames cerca a sus lugares de residencia, arroyos y humedales, dejando fuentes hídricas inutilizables para el consumo humano y silvestre, de acuerdo con el comunicado de Leigh Day.
La reanudación del caso tendrá lugar iniciando marzo de 2020, como señaló Amerisur por medio de un comunicado. Aun se espera la claridad del contenido de la demanda por las partes competentes. El llamado constante es propender por un trabajo conjunto entre empresa y comunidad, donde la calumnia y la estigmatización no cuenten con protagonismo, para que así las diferencias lleguen a un punto de concertación apropiado y se garanticen derechos y deberes de ambas partes.
Adenda: realizar un llamado de atención urgente a los hechos violentos en contra de líderes sociales en Putumayo y el país, transcurridos 20 días de enero, Indepaz registra 21 asesinatos, el departamento aporta lamentablemente 6 muertes a esta lista. Se deben redoblar los esfuerzos para proteger a los defensores de sus territorios y el medio ambiente.
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