Columna de opinión semanal
La validación de Colombia en EITI y las recomendaciones
Por: Katherine Casas
La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) es un estándar global que vigila la gestión abierta y responsable de los recursos extractivos de los países; además de transparentar los pagos que realiza la industria a los gobiernos. Este Estándar nació en 2002 y a la fecha cuenta con 52 países que se han adherido voluntariamente dentro de los cuales 7 son latinoamericanos. Colombia desde 2014 fue aceptado como candidato.
En enero de 2018, la Secretaria Internacional de la organización inició la validación de Colombia y analizó si cumplía con los requisitos en las labores de transparencia en las actividades de los recursos no renovables; de esta manera, iniciando julio, el ministerio de Minas y Energías anunció que Colombia fue aceptada como país miembro de este Estándar internacional. Ahora, el compromiso del Gobierno con esta validación es garantizar que los ciudadanos reciban una información real y verificable sobre el sector extractivo en las regiones.
La Iniciativa EITI cuenta con cinco tipo de calificaciones para validar los avances en materia de transparencia de los países adheridos: sobresaliente, satisfactorio, significativo, inadecuado y sin progreso. Colombia quedó en el escalafón satisfactorio y es el primer país del continente en alcanzar este grado; de igual manera, el presidente del EITI, Fredrik Reinfedt, felicitó al país por su rápida adaptación a los requisitos de la iniciativa y por responder a las exigencias de la misma; no obstante, este elogio incluye 24 recomendaciones para el mejoramiento del sector.
Las recomendaciones hechas por la iniciativa son considerables. Es debatible que Colombia cuente con la segunda categoría más alta otorgada por la junta internacional del Estándar, cuando es evidente que no cumple con algunos requisitos relevantes para EITI. Ejemplo de esto, es el pago de la extracción de oro de manera informal que equivale al 88 % de esta actividad.
Por tal razón, más allá de cumplir las exigencias de este Estándar es imperativo que el Gobierno revise y tenga en cuenta las recomendaciones propuestas por la Iniciativa, como la necesidad de brindar información a nivel local para mejorar las prácticas de la actividad extractivista y a su vez incentivar el debate público entre las autoridades, industria y comunidades. Comunicado de prensa Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas: https://issuu.com/crudotransparente/docs/comunicado_de_prensa_-_certificacio
La categoría que ubica a Colombia en esta Iniciativa es la segunda en el escalafón y es un grado tan importante que se deben buscar las herramientas para responder a las sugerencias del EITI. De esta manera, el compromiso de cara al futuro y al nuevo Gobierno que se va posicionar es exigir la transparencia en la gestión de los recursos de petróleo, gas y minerales del país; asimismo, divulgar la información de la industria extractiva desde su punto de inicio para saber los beneficios reales de estas actividades.
Colombia tiene tareas que cumplir con esta nueva validación. Al igual que Filipinas cuenta con un lugar satisfactorio; sin embargo, este último país tiene mayor divulgación de los contratos de extracción de los recursos naturales, así como en materia ambiental. Por tal razón, con esta clasificación se debe profundizar la desagregación de información, los temas de inversión social realizadas por las compañías y el cumplimiento de las compensaciones hacia las regiones directamente relacionadas con el sector.
El Gobierno y la industria consideran un logro estar en esta categoría otorgada por la Iniciativa; no obstante, el compromiso de pertenecer al EITI debe ir enfocado en dar respuesta a los comentarios de la Secretaría Técnica y hacer más esfuerzos para cumplir las exigencias y retos que propone el estandar. De igual forma, más allá de pertenecer o tener una calificación alta en esta Iniciativa, el compromiso del nuevo Gobierno es priorizar el diálogo abierto con las comunidades aledañas a la industria y detallar los ingresos y regalías de la actividad extractivista.
ACP: Infraestructura petrolera en estado de alerta
Un nuevo informe sobre desempeño ambiental de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) hace un diagnóstico de la infraestructura petrolera del país, la cual se extiende sobre 4.465 kilómetros de oleoductos y otros 3.980 kilómetros de poliductos, e hizo un recuento de los accidentes y derrames debido al mal manejo o la vulnerabilidad de estas tuberías. El documento muestra que entre enero de 2009 y el 2018, la infraestructura o medios de transporte de la compañía Ecopetrol han derramado 28.172 barriles de crudo en el territorio del país a causa de accidentes en la operación.
El informe de desempeño de la ACP dice lo siguiente: “Las fallas denominadas ‘operativas’ se deben principalmente al volcamiento de vehículos que transportan crudo y a fallas mecánicas o técnicas causadas en mayor medida por corrosión en las líneas y desgaste en la tubería”.
Ecopetrol ha dicho que a través de programas de gestión de riesgo, han alcanzado a reducir en un 99% los accidentes reportados entre 2009 y 2017, pasó de derramar 7.533 barriles en 2009 a 50 el año pasado. Sin embargo, estos números han aumentado por los accidentes en Lizama y Cantagallo.
Vía El Colombiano: ¿Hay descuido en la infraestructura petrolera? 08/07/18
Venta de Ecopetrol genera “altas tensiones”
La propuesta del presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero, sobre que el presidente electo Iván Duque pusiera en venta el 88.49% de acciones de Ecopetrol pertenecientes al Estado no ha sido apoyada por algunos miembros gremiales y sindicales del país. Estas acciones del Estado pueden significar entre 130 y 160 billones de pesos. La iniciativa de Botero sugiere que estos recursos podrían garantizar una estabilidad macroeconómica y fiscal para el país, y se dejaría de depender de los cambiantes precios del petróleo.
Botero indicó: “En el fondo se trata de una recomposición del activo público, desde una actividad industrial y comercial en el sector de hidrocarburos, que no es de carácter estratégico ni consulta las necesidades de largo plazo de la nación, hacia otra actividad que supone la ampliación de la capacidad productiva del país, en aras de potenciar el desarrollo y el crecimiento económico futuro”.
También menciona que Colombia está atrasado en términos de infraestructura petrolera y competitividad. Es por eso que animan a que los dineros de la venta de Ecopetrol se encaminan hacia proyectos de modernización y a cerrar la brecha del país con respecto a sus problemas fiscales. Sin embargo, esta iniciativa a no ha sido respaldada por la USO, quien en un tuit citó:
Petróleo y carbón casi 80% del crecimiento de las exportaciones nacionales
El sector extractivo colombiano ha sido de suma importancia para las exportaciones en lo corrido del año, pues el 79,45% del crecimiento de las ventas de Colombia en el exterior son relacionadas al petróleo y carbón. Según datos del DANE, de los 2.171,9 millones de dólares más que exportó el país de enero a mayo de 2018, 1.723 millones fueron petróleo y carbón.
Otros datos del DANE muestran que las ventas externas del agro, alimentos y bebidas vieron una caída de 3,8 % en mayo, pero que en este mes las exportaciones aumentaron en 5%, al representar 3.681,6 millones, mientras que en lo corrido del año el crecimiento fue de 17.159,8 millones de dólares. Al hacer un recuento de las exportaciones en el último año, las ventas totales fueron de 40.052,5 millones de dólares, lo que implica un incremento de 14,6%; pues el crecimiento durante 2017 fue de 34.958,2 millones de dólares.
Vía El Tiempo: Petróleo y carbón ponen 79,4 % del aumento acumulado de exportaciones. 04/07/18
Documental: “Nos están matando”, el grito de los líderes sociales en Colombia
Durante un año, 2 cineastas estadounidenses y un productor colombiano siguieron los pasos de 2 defensores de derechos humanos amenazados de muerte en el Norte del Cauca en el sur de Colombia: Feliciano Valencia, líder indígena nasa, y Héctor Marino Carabalí, líder afrodescendiente. También se expone la incapacidad y falta de voluntad del Estado por esclarecer las muertes y como al acabar con la vida de los líderes sociales se desarma toda la estructura comunitaria de una causa social que espera ser escuchada para mejorar la calidad de vida en los territorios más apartados del país. Muchos de estos asesinatos, los cuales suman unos 311 según la Defensoría del Pueblo desde 2016, están asociadas a actividades mineras ilegales, defensa del territorio o a cultivos ilícitos.
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