Acuerdo de Escazú: La nueva etapa para la defensa ambiental en Colombia

Luego de tres años de obstáculos, el Congreso de Colombia aprueba el proyecto de Ley que permite ratificar el Acuerdo Escazú. Este tratado, firmado por 24 países de Latinoamérica y el Caribe y ratificado por 12, busca principalmente, proteger el medio ambiente y los derechos humanos de las personas que trabajan alrededor de estos temas.

Este documento tiene tres principales propósitos: acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Uno de sus ejes primordiales, establecido en Artículo 9 del Acuerdo, consiste en lograr que los países de la región logren proteger a los los defensores del medio ambiente, un asunto urgente para Colombia, el segundo país más peligroso para los líderes y lideresas.  

El camino de Escazú tuvo muchos tropiezos desde el 2019. Aunque para ese año durante el gobierno de Iván Duque se firmó este tratado, su administración no tuvo interés para que saliera adelante su ratificación en el Legislativo. A su vez, aliados del gobierno del ex mandatario, junto con gremios y empresarios, se opusieron de manera vehemente al Acuerdo bajo el argumento de que afectaba la soberanía territorial y el sistema de justicia interna. Ni el mensaje de urgencia en 2020 radicado para este Proyecto de Ley sirvió para un avance concreto de estos debates.

Las dilaciones, omisiones y “jugaditas” terminaron impidiendo la discusión del Acuerdo del Escazú. Sin embargo, esta nueva bancada Legislativa, tras cuatro debates, cambió el camino de este tratado en el país. El paso siguiente es la implementación de este tratado que debe ser ajustado de acuerdo a la jurisprudencia colombiana y su aparato institucional para enfrentar los conflictos ambientales. Es decir, una complementariedad para fortalecer los mecanismos ya existentes. 

Este avance de la ratificación del Acuerdo de Escazú, es el inicio para fortalecer la participación y el acceso a la información sobre las actividades económicas que pueden generar impactos ambientales negativos, de manera que se garantice la transparencia y la participación colectiva de las comunidades en los territorios. El objetivo ahora debe enfocarse en la defensa de los derechos humanos de los líderes ambientales que permita al país estar a la altura del reto que implica el Acuerdo de Escazú.