BOLETÍN SEMANAL: NARIÑO NECESITARÍA POLÍTICA PÚBLICA; CRECEN APUESTAS POR LA ELECTRIFICACIÓN DEL PAÍS

Columna de Opinión Nacional

 

La diversificación de Ecopetrol

 

Daniel Castillo Camacho

 

 

El pasado miércoles 27 de enero, Ecopetrol, dio a conocer su plan de adquirir el 51,4 % de las acciones de ISA – Interconexión Eléctrica S.A, que son propiedad de la Nación y que según la empresa, ayudarán a dar un gran paso en el objetivo de convertirse en la empresa de energía de Colombia.

 

Este negocio se va a llevar a cabo una vez Ecopetrol haga emisión de acciones equivalentes al 8,5 % de la compañía, que es el máximo permitido por la ley para que la Nación siga siendo propietaria de por lo menos el 80 % de la empresa. Con los recursos obtenidos en el mercado bursátil, la transacción se hará por un monto cercano a los 3 500 o 4 mil millones de dólares.

 

La iniciativa por parte del presidente de la petrolera, Felipe Bayón, ha generado varias posturas en la opinión pública, por un lado hay quienes creen que es una buena decisión ya que le entregará nuevas expectativas en el mediano plazo a Ecopetrol, además de ser una fuente de financiación para la Nación en este momento de crisis. Sin embargo, el negocio no es claro para algunos, como por ejemplo para JP Morgan,  que disminuyó  la recomendación de inversión en las acciones de ambas compañías.

 

El banco estadounidense ha puesto la lupa en el hecho de que una empresa petrolera quiera hacerse con una que se dedica a la transmisión energética, por lo que creen necesario mayores explicaciones al respecto, mientras que también ven con cierta duda la conversión a un Gobierno Corporativo, ya que la Nación seguirá siendo accionista mayoritaria en ambos casos.

 

Esta transacción puede ser una buena idea,teniendo en cuenta que  el Gobierno nacional está en busca de recursos para financiar el déficit fiscal consecuencia del aumento en el gasto público del último año, también ayudaría  a que Ecopetrol emprenda un camino sólido hacia la transición energética y sin duda, a pesar de la postura de JP Morgan, ambas compañías podrían ganar solidez y reputación.

 

No obstante, más allá de la necesidad de recursos en las arcas nacionales, hay que ser cautelosos en pensar que la emisión de acciones es la mejor opción para cerrar la negociación, ya que existe la opción de acceder a un crédito con una financiera y así evitar el riesgo de promover más adelante en el congreso, la enajenación total de la empresa, como ya lo ha expresado el Ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla.

 

Por otro lado, para pensar en que Ecopetrol realmente tenga un objetivo claro de fortalecer el proceso de transición energética, es necesario complementar esta compra con inversiones en temas de generación de energías limpias. El solo hecho de adquirir una empresa dedicada a la transmisión de energía no asegura que la transición sea prioridad, es necesario que existan iniciativas adicionales.

 

Finalmente, se espera que el proceso de compra de ISA, sea totalmente transparente y que la meta en esta transacción sea el beneficio de Ecopetrol y del medio ambiente en el país por medio de la instauración de una matriz energética limpia; y no pase solo por ser un objetivo cumplido por parte del gobierno de vender activos públicos para financiarse.

 

Es importante que desde ahora se asegure que nunca se va a mover el porcentaje de 80 % propiedad de la Nación y que la compañía logre responder dos cuestionamientos fundamentales como son, saber si para la compañía en el mediano plazo la extracción de petróleo y gas ya no será rentable y si este es el primer escalón hacia una empresa dedicada a un negocio totalmente diferente.


NOTICIAS

 

FBI puso al descubierto a multinacional comercializadora de petróleo

Vitol, una compañía internacional comercializadora de petróleo, fundada en Rotterdam, Países Bajos, en 1996, se vio salpicada por un escándalo de corrupción en sus negocios en América Latina. La comercializadora, admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios de Brasil, México y Ecuador, para asegurar información privilegiada y falsificar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de esos países. 

 

De acuerdo con una investigación de la Unidad de Corrupción Internacional del FBI, la información se dio a conocer el pasado diciembre en un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde Vitol aceptó su participación en los actos criminales ante un tribunal de Nueva York y concedió pagar un total de casi US$164 millones para redimir su responsabilidad penal y brindar información a la investigación.

 

Es necesario recalcar que entre 2005 y 2014, la compañía internacional pagó más de US$8 millones en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Así mismo, sobornó por más de US$2 millones a empleados en México y Ecuador entre 2015 y 2020. Todo esto, para obtener concesiones que le permitiera retener algunos negocios de venta de productos derivados del petróleo, e información sobre sus competidores y su política de precios. 

 

Por otra parte, el mismo día que el departamento de Justicia de Estados Unidos publicó su comunicado, la Fiscalía brasileña informó que continuaría con la investigación. Del mismo modo, el presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador, señaló que las autoridades mexicanas también investigan a Vitol. A su vez, la fiscalía de Ecuador anunció apertura de una investigación tras conocer dichas revelaciones. 

 

Finalmente, pese a tratarse de una multinacional referente a la venta de petróleo y sus derivados, Vitol no es una compañía cuyo nombre resulte familiar al público en general y sus prácticas son difíciles de probar, puesto que, el dinero de los sobornos pasa por muchos países, e incluso algunos paraísos fiscales haciendo la tarea más ardua y complicada. 

 

Vía BBC Mundo: El escándalo de corrupción de Vitol, la multinacional del petróleo que montó una red de sobornos en varios países de América Latina. 26/01/21

 

Negocio del año, Ecopetrol hace oferta por una parte de ISA Interconexión Eléctrica S.A.

 

 

La compañía colombiana Ecopetrol presentó en un comunicado de prensa el miércoles 27 de enero, una oferta no vinculante para adquirir la participación que posee el Estado en ISA -Interconexión Eléctrica S.A-, equivalente al 51.4% de las acciones en circulación.

 

Según el comunicado emitido por la petrolera, esta decisión es una estrategia del Grupo Ecopetrol que busca acelerar su transición energética con un ambicioso plan de reducción de emisiones, crecimiento en fuentes renovables, mayor producción de gas natural y participación en otros campos de la energía, incluida la de transmisión. Además, de fortalecer su presencia en el continente y avanzar en la descarbonización. 

 

ISA es líder en el continente con posiciones significativas en la transmisión de electricidad en Colombia, Brasil, Chile, Perú, entre otros países. Además, se destaca por resultados sobresalientes en materia financiera y operativa, puesto que, según Ecopetrol: “la compra contribuye con la reactivación económica del país y representa una oportunidad para los accionistas al contar con un conglomerado energético único en América, con mayor capacidad de generación de valor y presencia geográfica”.

 

Acerca de la transacción, la adquisición de acciones de ISA por parte de Ecopetrol se realizará a través de un contrato interadministrativo entre la petrolera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un esquema de financiación, desviación en activos no estratégicos y recursos propios. Ecopetrol, tendría un activo clave en su transición energética, y el Gobierno mantendría el control de ambas compañías a través de la participación de al menos el 80% en la compañía petrolera.

 

En definitiva, de llegar a un acuerdo entre las partes, el cierre de la venta estaría sujeto a la revisión de varias ofertas, ya que otras empresas controladas por autoridades regionales como GEB -Grupo Energía Bogotá- y EPM, también manifestaron su intención de participar como compradoras y realizar el convenio interadministrativo.

 

Vía Semana: Venta de ISA: detalles del que sería el negocio del año en Colombia. 27/1/21

Vía Portafolio: Ecopetrol hace oferta por ISA. 27/1/21

Comunicado de prensa Ecopetrol. 27/1/21

 

ANLA impone multa preliminar de $5 mil millones a Ecopetrol por Lizama

 

El 2 de marzo del 2018 se produjo un afloramiento de crudo, que contaminó sin precedentes el cuerpo de agua que llega al río Sogamoso y desemboca en el río Magdalena en inmediaciones del pozo Lizama 158 en Barrancabermeja. Al día de hoy, la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) impuso a Ecopetrol una multa preliminar de $5 155 millones argumentando que “las acciones de tipo operacional adelantadas por Ecopetrol no fueron adecuadas”. 

 

La estatal petrolera no compartió dicha postura y decidió impugnar la decisión: “Se evaluará y presentará los argumentos de tipo técnico que demuestran que desde el momento en que se evidenció el afloramiento, [Ecopetrol] atendió la contingencia, según el nivel de la emergencia, disponiendo de todos los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para superarla, como en su momento conceptuó la comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que visitó el lugar de la emergencia”, aseguró la petrolera por medio de un comunicado publicado el pasado 29 de enero.

 

Ecopetrol mantiene que la inversión socio-ambiental que ejecuta en esa zona triplica el valor de la multa y asegura que continúa ejecutando el Plan de Recuperación Ambiental aprobado por la Anla. El Plan comprende la limpieza de cuerpos de agua por más de 12 kilómetros, la recuperación del bosque ripario con siembra de especies nativas y el monitoreo de la calidad del agua superficial, subterránea, sedimentos y aire. En el mismo comunicado de Ecopetrol, la Anla habría exonerado de otros cargos a la petrolera al considerar que: “activó y ejecutó a plenitud las gestiones para implementar el plan de contingencia”. 

 

Ecopetrol además detalló que se diseñaron 33 proyectos de inversión social por $13 769 millones, 12 de los cuales ya se terminaron, 14 están en ejecución y 7 en estructuración. 

 

Vía El Colombiano: Ecopetrol deberá pagar $5 mil millones por derrame de crudo en Lizama. 29/01/2021.

Vía Vanguardia: Ecopetrol tendría que pagar $5 mil millones por emergencia en la Lizama. 31/01/2021.

 

 

Concesión otorgada para construcción de nuevo terminal especializado en hidrocarburos

 

El Gobierno dio aval a la construcción y operación de un nuevo terminal portuario a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual se otorgó inicialmente por 30 años a la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura S.A. El terminal estaría ubicado en la bahía de Buenaventura y se espera que inaugure su operación parcial en 2022, la infraestructura se dividiría en dos, facilitando por un lado, la importación de GLP “Propano HD-5” y por otro lado productos refinados como diésel y gasolina desde la costa de Estados Unidos hacia Colombia. 

 

Según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la nueva concesión portuaria: “facilitará el comercio internacional y el suministro de gas para abastecer el servicio público domiciliario, tan importante para todos los colombianos”. Se prevé que con el gas licuado se dé suministro a dos plantas de generación eléctrica como son Termo Puerto Solo S.A.S ESP de 80 MW y de 148MW.

 

El muelle sería de 553,4 metros de largo x 97 metros de ancho, una vía de acceso de 200 metros de longitud, un puente de 1 107 metros de largo, tuberías, esferas de almacenamiento GLP, tanques de almacenamiento de productos refinados, sistema de bombeo y línea de antorcha. El terminal se espera que movilice un volumen de 328 786 toneladas en el 2022 y que llegue a 1’939 363 toneladas dos décadas después. Para 2024 la infraestructura propuesta estaría culminada. 

 

Vía Mundo Marítimo: Puerto Solo en Colombia obtiene concesión para la construcción y operación de un nuevo terminal especializado en hidrocarburos. 01/02/2021.

Vía El Espectador: Gobierno Nacional otorga la concesión portuaria de Buenaventura a Puerto Solo. 29/01/2021

 


Columna de Opinión Regional

 

 

Nariño necesita avanzar en una política pública para el control de los combustibles

 

Invitado especial:

 

Mario Andrés Guevara

Gerente General de Petronar

 

Nuestro bello departamento de Nariño, enclavado en el suroccidente de Colombia, cuenta con alrededor de dos millones de habitantes en sus 64 municipios. Con una posición geográfica y económica privilegiada son de las mayores riquezas de la región. El puerto al Pacífico y una frontera viva y palpitante con la hermana república del Ecuador, además de la vía Panamericana que nos atraviesa de norte a sur, han sido testigos de la cultura comercial que hace parte de nuestro ADN. 

 

Lastimosamente el cáncer del narcotráfico y la minería ilegal entraron y se extendieron por todo el territorio, especialmente en el norte del departamento. Desplazando a los campesinos que se han opuesto a ellas y que, a su vez, ahuyentan a los inversionistas que ven en esta próspera y pujante tierra, una gran oportunidad de generación de riqueza, trabajo y desarrollo socioeconómico. 

 

Uno de los insumos principales para el desarrollo de estas actividades ilícitas son los combustibles líquidos, es ahí donde toma fuerza la necesidad de la generación de una política pública integral que ayude a las autoridades a controlar que los subsidios y beneficios que reciben los nariñenses se queden en la gente trabajadora y no que sean utilizadas en estas actividades destructivas.

 

¿Por qué se requiere una política pública integral? Porque las autoridades necesitan herramientas claras para poder luchar contra los manejos inadecuados de los combustibles, que entre ellos se destacan:

 

  • En primera instancia, la saturación de Estaciones de Servicio, EDS. Nariño, a pesar de consumir menos del 3 % del combustible del país, tiene casi el 10 % en número de estaciones construidas, las cuales suman cerca de 670 EDS. Esto se presenta por dos circunstancias, la primera de ellas para poder llegar más cerca de los “Clientes” que usan los hidrocarburos para las actividades ya nombradas y la segunda, para “partir el cupo” que cada municipio tiene asignado bajo la fórmula señalada para el efecto por el Ministerio de Minas y Energía, MinMinas. Teniendo en cuenta que, el cupo se divide entre tantas estaciones existentes en un municipio, es común encontrar que de un solo lote se construyen varias Estaciones de Servicio, cada una con su pequeña oficina, un baño y un surtidor, donde se comparten el patio de maniobras y los accesos. 

 

Lastimosamente, esto a la luz de la norma no es ilegal, pero sí perjudica en gran medida a los distribuidores tradicionales de combustible que hacen la actividad de una manera transparente y que por efectos de la fórmula le quitan cupo con la entrada de cada estación nueva que se construye en estos municipios. Los casos más relevantes se presentan en la Costa Pacífica donde la saturación es mucho más notoria y estaciones que antes tenían cupos de 40 000 o 50 000 galones, ahora están en los 10 000 o menos galones de cupo subsidiado. Si tenemos en cuenta que el margen minorista de una EDS es de $ 787 pesos, quiere decir que con $ 7 850 000 pesos se debe pagar impuestos, servicios públicos, la nómina, mantenimiento de equipos, pólizas, entre otras cosas. Sin hablar de los costos ocultos o no deducibles como las vacunas.

 

¿Qué necesitamos? Una política que permita regular la creación de nuevas EDS, donde se sustente técnicamente la viabilidad económica, ambiental y social de esta. A su vez, es necesario que las autoridades a nivel local y nacional, partiendo por los alcaldes, evalúen si es viable o no la construcción de nuevas estaciones. De esta manera, MinMinas deberá revisar que las EDS estén construidas y certificadas para su operación. De esta forma, se viabilizará la actividad de los minoristas legales y tradicionales, que cada vez se ven más perjudicados por la entrada de nuevas estaciones, las cuales no se entiende bajo qué fundamentos son concebidas.

 

  • En segunda instancia, el control del contrabando. El departamento sufre de dos flagelos en cuanto al desarrollo de esta actividad, el primero de ellos es el contrabando por la frontera viva con Ecuador, donde el escenario perfecto para medir el impacto de este se dio con el cierre de la frontera entre los dos países y que de inmediato subió los consumos en las EDS de la exprovincia de Obando y el consumo a precio nacional. Vale la pena aclarar que, no debemos condenar a las gasolineras por vender combustible a precio nacional cuando agotan el cupo que se les ha asignado, ya que es la única manera de poder mostrar que hay una necesidad de incrementarlo y de no hacerlo, la fórmula no le daría más cupo a pesar de necesitarlo en realidad. Ahora bien, ese combustible que viene de Ecuador claramente perjudica enormemente a las EDS de la frontera, aunque visto de otra manera lo que hace es ayudar a cubrir la verdadera demanda que tiene esta zona y que de no ser por la actividad ilegal nunca se igualará; estamos hablando de alrededor de un millón de galones mes de déficit solo para la antigua provincia de Obando.

 

Por otra parte, está el contrabando o desvío técnico de combustibles. A pesar de que MinMinas promueve diferentes estrategias de control para que el combustible de Nariño llegue y se quede en nuestro departamento, esta actividad se presenta frecuentemente con algunos distribuidores minoristas que se lucran por el diferencial del precio entre nuestro departamento y el del Valle del Cauca. Es ahí donde toman mucha importancia las plantas de abastecimiento de combustibles. Un ejemplo clave es Petróleos de Nariño, Petronar, entidad que además de coadyuvar a garantizar el abastecimiento de la región, se encargará de recibir gran parte del combustible , garantizando que el 100 % de la gasolina que esté en su custodia llegue y sea distribuida entre las EDS de forma clara, transparente, totalmente monitoreada y con los más altos estándares de calidad. Con la entrada en operación de las plantas será mucho más fácil frenar este fenómeno que se ha presentado históricamente al traerse el combustible vía terrestre desde Yumbo, Valle.

 

  • Estamos perdiendo los recursos del fondo para la reconversión socio laboral, para el cual todos aportamos a razón de $ 104 pesos por galón que se vende en las EDS de Nariño y que para este 2020  superará los $ 12 000 millones de pesos. Este se creó para llevar a la legalidad a las personas que por necesidad hacen mal uso de los combustibles, ya sea por contrabando o por uso en actividades ilícitas. De ahí que, en la política pública integral podemos buscar la generación de actividades productivas que determinen alternativas laborales para estas personas o, por el contrario, dejar de cobrar ese monto considerando que muy pocos recursos son invertidos en la región.

 

Finalmente, es necesario que los entes territoriales tanto la Gobernación como las alcaldías tengan lineamientos ajustados a las necesidades reales del departamento, teniendo en cuenta el entorno y los riesgos de la actividad; para así lograr afrontar las diferentes problemáticas del sector de hidrocarburos. Lo anterior se fundamenta en una política pública considerando que esta no se modifica con el cambio de gobierno y permite que el combustible se convierta en una herramienta para el desarrollo económico del departamento y no como instrumento para la demagogia política.

 

En dicho sentido, respetuosamente le reiteramos al Ministerio de Minas y Energía que estamos abiertos a construir juntos alternativas de mejora y trabajar en las mesas de diálogo propuestas desde el mismo Gobierno y que aún no han sido constituidas. Cabe resaltar que, contamos con un Gobernador que trabaja desde la calle con la gente y que sabe lo importante que es el combustible para Nariño y su competitividad. 

 

¡Es ahora o nunca!


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