Columna de opinión semanal
Trago amargo para el gremio petrolero y victoria para las comunidades
Por: Sebastián Triviño
La semana pasada, aquellas comunidades y regiones que han luchado para evitar que proyectos mineros o petroleros se asienten en sus territorios recibieron buenas noticias, pues el Consejo de Estado ratificó la validez de la consulta popular como herramienta de participación ciudadana y la competencia que tienen los municipios para manejar y regular el uso de su suelo. De igual manera esta decisión puede ser considerada una derrota para el gremio minero-energético del país, pues el Consejo de Estado lo que hizo fue negar la acción de tutela, presentada por el Ministerio de Minas para frenar una consulta popular en el municipio de Jesús María (Santander).
La sentencia es positiva porque las altas cortes del país se ha mantenido firme en reconocer que los entes municipales, como Alcaldías y Concejos, pueden convocar a sus habitantes para que se pronuncien sobre las actividades mineras para ordenar su territorio y proteger el medio ambiente. Es importante mencionar que miembros de los gremios mineros, como Ecopetrol y MinMinas, han buscado afirmar el carácter inconstitucional de estas votaciones que detienen los proyectos extractivos. Por lo tanto, esta decisión del Consejo de Estado es de suma importancia, ya que reafirma que los municipios sí pueden pronunciarse sobre estas actividades.
Cabe resaltar que el fallo se dio al tiempo que la Corte Constitucional evaluaba la decisión de si se modifica o se mantiene la Sentencia T-445 de 2016, que posibilita que los proyectos extractivos sean evitados a través del uso de la consulta popular. En esta tutela quedó establecido que la decisión de las comunidades se podrán imponer sobre el interés de la Nación.
Esto nos deja ver que la pelea por los derechos de extracción vs. la potestad del territorio está lejos de acabar. El gremio petrolero y minero seguirá luchando para que estas consultas populares sean declaradas inconstitucionales. Miembros de ambos bandos han manifestado sus opiniones, como por ejemplo Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, quien ha dicho que la ola de consultas populares ha afectado las finanzas de los habitantes de los municipios en los que se ha prohibido la actividad minera, y del país en general. Por su parte, Blu Radio reportó el testimonio de una de las ciudadanas de Santander que protestaba frente a la Corte Constitucional: “Lo que pedimos es que la Corte no crea el cuento de que dependemos económicamente del petróleo. Que nada puede pagar lo que cuesta un río”.
Aunque faltan pasos importantes en el proceso de la completa aprobación de las consultas, como el visto bueno de la Corte Constitucional; debe ser sumamente alentador para los nueve municipios colombianos que a través de este mecanismo ya han dicho no a la minería, y aquellos que buscan seguir el mismo camino en el futuro. A pesar de que el Gobierno Nacional se ha mostrado en contra de las consultas populares, por ejemplo en la falta de financiación de estas votaciones por parte del Ministerio de Hacienda, es claro que la rama judicial quiere apoyar las voces de los municipios que no quieren intercambiar la integridad ambiental en sus territorios por el dinero y las consecuencias ambientales de la explotación.
Unión Europa presente en la #EmergenciaLizama
Con respecto a lo sucedido en Santander, donde el derrame de crudo en el pozo Lizama 158 causó una emergencia ambiental y social, fueron enviados delegados expertos en gestión de derrames petroleros de la Unión Europea, los cuales llegaron a Colombia para evaluar la situación.
Algunos miembros de la delegación son Francia y España, que son parte del Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (Undac). El equipo estará en el país durante las siguientes dos semanas. Christos Stylianides, Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, afirma: “Europa está lista para brindar una buena cooperación con Undac y evaluar el impacto de este incidente para restaurar espacios naturales y ayudar a fortalecer la gestión ambiental en esta región”.
Estudios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) muestran que los animales muertos a causa del derrame son aproximadamente 2.400; cerca de 2.000 árboles afectados y varias familias que tuvieron que ser reubicadas.
Vía El Universal: Unión Europea envía expertos para analizar emergencia del Pozo Lizama. 13/04/18
Ecopetrol sella el pozo lizama 158
Foto: Ecopetrol
Después de un mes y medio del fatal inicio del derrame petrolero en Barrancabermeja, el Ministerio de Ambiente ha confirmado que los ríos y quebradas que fueron contaminados con crudo se encuentran completamente limpios. Varias entidades ambientales y petroleras actuaron en la zona para remover los 550 galones de crudo que cayeron en las quebradas Lizama y Caño Muerto.
Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente, se pronunció al respecto: “El país debe conocer esta noticia y es que a hoy está removido todo el crudo de los cuerpos hídricos de la quebrada Lizama y Caño Muerto, además, se tiene totalmente controlada la fuente de la amenaza del pozo 158, eso nos da mucha tranquilidad, por ahora, se utilizan 141 barreras en la zona de manera preventiva”.
A pesar de que más de 2,000 animales murieron debido al derrame, MinAmbiente asegura que se pudieron rescatar alrededor de 2.800 especímenes, entre aves, anfibios y peces. Ecopetrol anunció que, gracias a la ayuda del equipo traido de Estados Unidos, el pozo Lizama 158 ha sido completamente sellado. Autoridades de Gestión al Riesgo, afirman que ya pueden ser consumidos los peces de la región del río Sogamoso y Magdalena.
Este no sería el primer accidente petrolero en el pozo Lizama
Foto: Vanguarida
El pasado 2 de marzo se presentó una de los peores accidentes petroleros en la historia de Colombia, cuando 550 galones de crudo fueron derramados en quebradas del departamento de Santander, debido a un afloramiento en el pozo Lizama 158. Pero este no es el primer accidente que sucede en este mismo pozo. En octubre de 1966, una torre petrolera del Campo La Lizama, de Ecopetrol, sufrió una explosión que dejó 5 muertos.
La explosión fue de una magnitud tan grande que Ecopetrol, administrador de los pozos afectados, tuvo que acudir a la ayuda de expertos extranjeros para controlar los incendios creados por la explosión. Eventualmente, el equipo estadounidense usó nitroglicerina para poder consumir los grandes fuegos causados por el crudo.
Estos incendios eran alimentados por cerca de 800 barriles de crudo al día, durante casi 2 semanas. Ecopetrol se vio gravemente perjudicado pues 5 de sus trabajadores murieron, los ecosistemas de la zona se vieron afectados, y la compañía tuvo pérdidas de 45 millones de pesos.
Plan de contingencia de Ecopetrol por ataque a Trasandino
Foto: La República
En los últimos días se presentó un ataque en el Oleoducto Transandino a la altura del municipio de Ricaurte, Nariño. A causa de esto, Ecopetrol activó un plan de contingencia para controlar cualquier consecuencia ambiental, y reparar el tubo.
La compañía dijo en un comunicado: “Ecopetrol rechaza enfáticamente estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad y seguridad de las personas, afectan gravemente a las comunidades vecinas y al medio ambiente”.
Ecopetrol reportó que afortunadamente, el oleoducto no se encontraba activo en el momento del ataque, lo que redujo las posibilidades de un derrame significativo.
Consejo de Estado dice que consultas mineras son vinculantes
El Consejo de Estado ha ratificado que las consultas populares son válidas y que los municipios y entes territoriales tienen el derecho a decidir sobre el uso al suelo.
Esta decisión se da al negar una tutela entregada por el Ministerio de Minas, la cual buscaba que se no se validara la consulta minera en Jesús Maria, Santander. Según el Consejo, las autoridades locales tienen el derecho de regular el uso del suelo en su territorio y restringir la entrada de proyectos mineros o petroleros a través de la participación ciudadana.
La ratificación del Consejo de Estado sucedió al mismo tiempo que la Corte Constitucional evalúa la posibilidad de regular o no las consultas populares. Según el Consejo, la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre este tema.
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