Investigación octubre 2019

Por: Pablo Suárez Villareal

Introducción

Estudios más optimistas sobre la posible prospectividad de esta cuenca sedimentaria, que rondaría los tres mil y seis mil millones de barriles, han relucido en el último tiempo avivando el interés de las compañías en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado como el Putumayo. El Acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las ya extintas FARC-EP también fue un trampolín hacia la confianza de muchas empresas extranjeras que buscaban una mayor participación en zonas de difícil acceso del territorio nacional.

Pese a la importancia de esta cuenca para la industria, las comunidades indígenas que habitan el territorio buscan un espacio en las decisiones que directamente los afectan ya que son quienes han sufrido los embates de la colonización, los impactos en su entorno ambiental de las industrias extractivas y el conflicto armado interno que por más de cincuenta años viene azotando la región.

Hoy, compañías petroleras como Ecopetrol, Gran Tierra, Emerald y Amerisur continúan con una importante presencia en la zona en veintiocho (28) campos activos; también esperando participar en la próxima oferta de cincuenta y nueve (59) áreas, cinco de ellas en Putumayo, a realizarse el siete de noviembre por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH; esta investigación no se queda con una recolección de información, prensa o investigaciones pasadas, pues mediante un arduo trabajo logró la fortuna de tener entre sus páginas la voz de las partes involucradas y sus posiciones alrededor de la actividad petrolera en el departamento.

Breve recuento histórico y poblacional ligado al sector extractivo

Se cree que la presencia de los primeros habitantes en el departamento está ligada a épocas extractivistas (quina, caucho e hidrocarburos). Pero hay registros de habitantes en la región desde hace 10 000 años [1]. Los primeros foráneos de los que se tiene conocimiento aparecen hacia 1 535, época de la conquista española [2]. Esta primera incursión en territorio putumayense se dedicaría netamente a la evangelización de indígenas. Siglos más tarde se darán los primeros pasos hacia la actividad extractiva.

Es la exploración y explotación de hidrocarburos de los momentos más significativos en lo que a colonización se refiere. Esta tiene su origen entre 1 960 y 1 970 con la llegada de la multinacional Texas Petroleum Company (Texaco) [3]. Alrededor de la llegada petrolera se erigen las poblaciones de La Hormiga y La Dorada, el departamento pasó de 28 105 habitantes en 1951 a 56 284 en 1964: duplicándose la población en trece años [4].

Los colonos vieron en el petróleo oportunidades laborales y económicamente rentables; sin embargo, en los setenta empezaría a descender la producción de crudo en esta zona del país debido al agotamiento de reservas petroleras de la Concesión Orito, Texaco ya había superado su producción anual de veintiséis millones de barriles en 1 971 [5].

Sin embargo, consecuencia de la disminución productiva de la multinacional, tomará fuerza el auge de cultivos de coca en el departamento, situación que será preponderante durante los ochenta y noventa. Para 1999 Putumayo representaba el 36 % del total de áreas de coca sembradas en el territorio nacional (Ver imagen 1), hasta 2 005 tiempo en que se fortalece el Plan Colombia y la aspersión aérea a los cultivos ilícitos [6]. Gonzalo Rodríguez Gacha llegó a instalarse en El Azul, zona rural de Puerto Asís, desde allí inspeccionaría el mercado ilícito de cocaína que entraba por el Perú [7].

Áreas de cultivo de coca en Putumayo y Colombia 1991-1999

Producto de la lucha contra el narcotráfico, por parte del Gobierno central, las compañías petroleras vuelven a interesarse en territorio putumayense. Empresas como Gran Tierra Energy, Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S, Amerisur y Ecopetrol, han aumentado su participación año tras año en el departamento [9].

Actualmente, con el objetivo de garantizar la autosuficiencia energética del país que según María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, es de seis años respecto a petróleo y nueve años de gas [10], se ha perfilado a la Cuenca Caguán-Putumayo como una zona de alta prospectividad y que al parecer contribuiría de manera significativa a las reservas de crudo y gas de la Nación. Pero la conflictividad social, preocupaciones ambientales y llamados a la conservación de la herencia indígena milenaria del país, subsisten con el posible fortalecimiento de la industria extractiva en esta parte del territorio nacional.

Cuenca Caguán-Putumayo

Una cuenca sedimentaria es una depresión de la corteza terrestre, que afectada por movimientos tectónicos facilitan la migración de rocas sedimentarias generadoras de hidrocarburos, las cuales con la presión y temperatura geológicamente apropiadas desencadenan en la formación de crudo [11]. La cuenca Caguán Putumayo se expande a lo largo de 110 304 km2 al sur del país [12]. De igual manera, engrosa la totalidad del Putumayo, una parte de Caquetá, de Amazonas y el suroccidente del Meta (Ver imagen 2).

En la zona suroccidental de la cuenca es donde se ha registrado mayor actividad extractiva, esta comprende Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Villagarzón, Orito (todos municipios de Putumayo) y algunos municipios al sur de Caquetá; a su vez, la perforación de pozos y rezumaderos que contienen el llamado oro negro brindan información de un sistema petrolífero activo en esta zona del territorio nacional [13].

Formación de la cuenca Caguán-Putumayo.

Algunos estudios de 2018 realizados por petroleras que operan la subcuenca Putumayo, como Ecopetrol, datan que la posible prospectividad de la cuenca ronda los 500 millones de barriles de crudo; sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, indican reservas entre 3 000 y 6 000 millones de barriles, respectivamente [15].

A principios de 2019 la ANH reactivó el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) con el fin de estimular la industria petrolera del país; actualmente, cinco de los cincuenta y nueve bloques trazados y ofertados para la segunda subasta del año se encuentran en territorio putumayense (Ver imagen 3) [16].

Trazado de bloques, en Putumayo y Caquetá, para segunda subasta del año por parte de la ANH.

Vale la pena recordar que en la cuenca se registra actividad petrolera desde 1 960 con el campo Orito, descubierto por Texas Petroleum Company [18]. Como se referencia a continuación:

• 1960 producto de grandes perforaciones exploratorias, la multinacional encontró los campos Orito, Acae-San Miguel, Loro, Caribe, Churuyaco y Sucumbíos.
• 70’s se perforan 27 pozos exploratorios, con descubrimientos de Nancy, Burdine, y Bagre West.
• 80’s Ecopetrol registró varios descubrimientos, entre los que se encuentran los siguientes pozos: Hormiga-1X, Quinde, Quillacinga, Quilili, Cohembi y Mansoya.
• 90’s se trabaja en la perforación de 15 pozos exploratorios en la cuenca Caguán-Putumayo y se descubren campos como Yurilla y Miraflor.
• 2000 se obtiene registro de descubrimientos con conceptos geológicos relevantes en los campos Moquetá y Costayaco. Adicionalmente, se descubre, en la subcuenca Caguán, el campo Capella de crudo pesado.
• 2010 están en observación zonas estratégicas como el pozo Confianza, que fue descubierto hacia 2017; además, se descubren hidrocarburos en los pozos Cumplidor, Alpha y Vonu.

De acuerdo con los datos de producción fiscalizada de la ANH, a junio de 2019 estos son los campos con actividad de producción de crudo en Putumayo:

Tabla de los municipios, campos petroleros y sus operadores en el departamento

La producción de estos campos para el primer semestre del año fue de 172 293 barriles por día calendario (BPDC); por otro lado, la registrada en 2018 fue de 398 714 BPDC [20]. La producción anual de crudo en el departamento, desde 2013, ha rondado los 400 000 y 600 000 BPDC [21], lo que no ubica al Putumayo como un productor significativo de este oro negro en el país, pero el reciente interés por la prospectividad de la cuenca, podría posicionarlo como un “salvavidas” de la industria en Colombia.

Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrentan las compañías al momento de ejecutar exploración y explotación a gran escala, como la que se plantea en la cuenca, radica en las problemáticas ambientales y sociales internas [22], pues sobre esta parte de la cuenca se encuentra un gran porcentaje de selva virgen como son las 422 000 hectáreas del parque natural La Paya, al igual que más de ochenta resguardos indígenas [23].

Lo que abre el camino para hacer referencia a las diferentes comunidades nativas asentadas en el departamento y sus exigencias en lo concerniente al respeto por sus territorios ancestrales [24]. Al momento de redactar esta investigación, los pueblos agrupados a la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) se encuentran adheridos a la alerta emitida por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), desde principios de agosto, y el llamado de atención que hacen al Gobierno por incumplimientos sobre la vulneración a sus derechos y las tierras que habitan [25].

Reclamo de pueblos indígenas

La Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 expresa: “Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados -cultural o físicamente- por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario” [26]. Si bien es un llamado al cuidado y la atención de estas colectividades en general, hoy los pueblos indígenas presentes en Putumayo se amparan bajo este pronunciamiento de la Corte, entre ellos están: los awás, korebajus, emberas, embera-katíos, ingas, kamtsás, kofans, nasas, sionas, muruis, pastos, kichwas, yanaconas, pijaos y misaks.

Crudo Transparente conoció, en palabras de un líder social del departamento quien pidió reserva de su nombre, que la empresa Mocoa Ventures Ltda tiene férreas intenciones de explotar cinco bloques mineros entre la cuenca alta del río Mocoa y el municipio de San Francisco: “Esa actividad se detuvo por movilización ciudadana; sin embargo, ellos (la multinacional) insisten en sus intereses extractivistas”. Esta es por ejemplo una de las amenazas que recaen sobre resguardos y pueblos indígenas como los ingas, ubicados en el Alto Putumayo.

Asimismo, intenciones de exploración y explotación por parte de empresas petroleras, como la que frenó recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió detener este tipo de actividades por parte de Amerisur Exploración Colombia en tierras aborígenes de la comunidad Siona en Puerto Asís [27], están entre los constantes reclamos de estas poblaciones, y una de las zonas en que los indígenas piden protección es la analizada en esta investigación, la cuenca Caguán-Putumayo, que como se mencionó más arriba ocupa casi la totalidad del territorio putumayense.

La empresa por su parte ha reiterado el respeto por el fallo del Tribunal diciendo que: “No nos oponemos a las pretensiones del resguardo Buenavista en ampliación del territorio que le solicitaron al Juez de Restitución de Tierras en Mocoa” [28]. De igual manera, la petrolera está a la espera de la decisión que tome el operador judicial, en caso de que favorezca a los Siona la compañía adelantará los procesos de consulta previa concernientes para poder adelantar su actividad en el Bloque PUT 12 del cual tiene contrato desde 2012 [29].

Crudo Transparente conoció de primera mano un caso similar de otra importante comunidad indígena, los Nasa, y la multinacional Gran Tierra Energy. En diálogo con Gilberto Latín Cunda, Consejero de educación propia Nasa, relató el origen del reclamo de esta población  a  la compañía petrolera. Desde el desinterés de los gobiernos centrales, la prolongación constante por parte de la empresa que en muchas ocasiones no acude a las reuniones pactadas, hasta el respeto que exigen por sus creencias ancestrales.

Se amparan en la sentencia T-730 de 2016 la cual ordena consulta previa en territorios indígenas, un año después de proferida la decisión de la Corte, primero de julio de 2 017,  la empresa contaba con 120 días para llevar a cabo la consulta con la comunidad Nasa, la cual nunca se cumplió y la compañía se retiró de la zona, según Gilberto; de igual manera, señaló que la empresa llevaba ya diecisiete años ejerciendo actividad petrolera al momento de la demanda.

Continuando con las declaraciones del consejero Latín, la empresa no se hizo cargo de la contaminación ambiental por residuos altamente tóxicos generados por Teas y atentados que desencadenaron en derrames de crudo. La respuesta que encontraban por parte de la petrolera se basaba en que daños ocasionados por terceros (grupos armados no estatales) no eran de su responsabilidad, a lo que el señor Gilberto manifiesta con vehemencia que la empresa era la dueña y por consiguiente la responsable de lo que sucediera con su infraestructura.

Lo grave, manifiesta Gilberto, es que la comunidad como víctima estaba “llevada”; el agua contaminada, el suelo contaminado, el aire igualmente. Las Teas, argumenta, liberan cenizas altamente tóxicas porque están quemando productos químicos muy contaminantes, dichas cenizas se dispersan por el aire y cuando la comunidad saca la ropa a secar, estas cenizas se impregnan en las prendas, lo que resulta en enfermedades pulmonares. Lo cual la empresa, según Latín, también negó.

Una importante creencia de esta comunidad, dicha por el entrevistado, es que bajo la tierra hay un dios que lleva por nombre Kiwe sxi, este es un espíritu que es intocable, sagrado. Lo que la comunidad le ha argumentado a la empresa, de acuerdo con el señor Gilberto, es que al momento de introducir el taladro este llega adonde está ese espíritu subterráneo, el cual al ver alterado su ambiente despierta su enojo, lo que desencadena en la desarmonía de la población Nasa.

Lo que le hicieron saber al Gobierno y empresas, es que no están en contra de la extracción de los recursos naturales, sino que la petición es que se haga de una manera sostenible, pero las empresas se rigen por programas de gobiernos de cuatro años, mientras la comunidad Nasa se rige por un plan de vida de 300 años dictaminado por el dios subterráneo.

El llamado al Estado, dice Gilberto, es a tomar conciencia de que lo más importante de un territorio es su gente,  no las empresas extranjeras ni el petróleo que vienen a sacar y los conflictos que se suscitan en torno a la extracción. Mediante la sentencia T-025 de 2004 las comunidades, entre ellas la Nasa, le dicen al Estado que por favor se atienda a los grupos étnicos, porque los están matando de manera cultural y física; en la sentencia, se trataron temas de despojo, discriminación y exclusión que aún hoy siguen latentes.

Lo que se le aclaró al Ministerio del Interior, por parte de la comunidad, era que no iban a hablar de medidas con la empresa cuando ya habían pasado diecisiete años de actividad en el territorio, por tanto ahí no hubo un entendimiento, señala Gilberto. Nunca se realizó consulta previa, sino que ahora la compañía planeaba hacer una posconsulta, así la define el entrevistado.

Pidieron, según narra Latín, una compensación económica, saneamiento del territorio, pues aunque la empresa dice cumplir lo ordenado en las licencias que les otorga Corpoamazonia o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), según evidencia la comunidad, no hay responsabilidad de la compañía con la comunidad ni con el medio ambiente. Afirma que una cosa es lo que se mira desde Bogotá y otra muy distinta lo que se vive en el territorio. Mucha gente lo que tiene en el cuerpo no es sangre, sino petróleo, asevera Latín. Pues consumen el hidrocarburo por medio del aire, el agua contaminada, hasta por medio de los alimentos, lo que deriva en otro pedido de la comunidad a la empresa: que se busquen laboratorios certificados por autoridades indígenas para demostrar, mediante análisis médicos, esta existencia de contaminantes en los cuerpos de seres humanos y constatar hasta qué niveles pueden llegar los mismos.

La empresa también se negó a esto y ofreció, a modo de compensación, 3 500 millones de pesos para cuatro comunidades. No obstante, las autoridades indígenas determinaron que ese dinero no era suficiente debido a los daños ocasionados durante diecisiete años de actividad. 

Dos años después de estas demandas y reclamos aún no se pronuncian las autoridades competentes, como el Juez de primera instancia de Mocoa. El líder indígena asevera que de salir el fallo en contra de la comunidad, llevarán el caso a la Corte Constitucional y si es el caso, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Crudo Transparente trató de hacer contacto con Gran Tierra Energy pero nunca se notificó aceptando el encuentro para tener parte en esta investigación; sin embargo,  se contó con la atención por parte de Corpoamazonia quien explicó el manejo que se da a las distintas peticiones de las comunidades en el departamento.

Corpoamazonia

La oficina que maneja asuntos petroleros y permisos de sísmica en todo Putumayo, le explicó a CT que los reclamos se reciben de forma escrita o verbal. A continuación, se realiza la visita en campo con la presencia de las partes involucradas, se realiza una emisión de conceptos técnicos y se estudia el caso a profundidad. La Corporación fue muy enfática en resaltar que los permisos que se otorgan desde allí son netamente de sísmica  para determinar la existencia o no del tipo de roca generadora de hidrocarburo, la cual tiene un plazo de ocho meses desde su aval.

De igual manera, aclararon que las órdenes de consulta previa deben ser tramitadas, por las compañías, en el Ministerio del Interior, y los licenciamientos ambientales a través de la ANLA, ya que muchas quejas llegan a la Corporación con este tipo de temas, que acorde a lo manifestado, no son expedidos por esta entidad, tema que se ha socializado con la comunidad para su mayor entendimiento.

Conclusiones

La necesidad del fortalecimiento y autosuficiencia energética para el país juega un papel preponderante en la medida que se conoce de las potenciales reservas hidrocarburíferas del Putumayo y la cuenca sobre la que se encuentra ubicado. De acuerdo con Amylkar Acosta, columnista del diario La República, el déficit fiscal del país cerró en 2018 con una cifra de 3,1 % y un déficit en cuenta corriente de balanza de pagos del 3,8 %, lo que significaría un mayor aumento si se suma el hecho de importar crudo y gas.

Pero ligado al necesario cuidado de las arcas nacionales, no se puede dejar de lado el cuidado del territorio y sus habitantes, que como se registró en el testimonio de Gilberto Latín, las comunidades cercanas a los proyectos extractivos no se oponen a estas actividades, lo único que piden es sostenibilidad y respeto por sus tradiciones y su cultura. Que ni gobiernos ni empresas desconozcan el importante papel que juegan en el cuidado del medio ambiente y las fuentes hídricas.

Las compañías están en el deber de atender de manera prioritaria las demandas de las comunidades y generar procesos de atención más expeditos que respondan a las dinámicas territoriales y a las necesidades de los habitantes de las áreas de influencia. Bien puede haber buena voluntad de las compañías por remediar posibles daños en cercanías a resguardos, pero lo que incomoda a las autoridades indígenas es la cantidad de postergaciones con las que manejan sus solicitudes.

Es imperioso que se provea de información constante, oportuna y veraz sobre las actividades que se desarrollan en el territorio para que todos los actores que conviven en él conozcan los posibles impactos que se pueden generar y se busquen medidas pertinentes que prevengan, mitiguen, compense o restauren los daños ocasionados.

Bibliografía

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