Investigación regional septiembre, 2019

Introducción

Ya se cumplen más de medio siglo de la presencia de empresas petroleras en el departamento de Putumayo. De la interacción entre estas, el territorio y las poblaciones locales, así como de actores del Estado y grupos armados no estatales, se han derivado dinámicas sociales que guardan estrecha relación con las condiciones actuales del departamento y con la configuración general del mismo.

 Mediante un breve recuento histórico que toma como punto de partida la segunda mitad del siglo XX, se pretende enunciar las principales consecuencias derivadas de los procesos extractivos en Putumayo, con el fin de trazar un panorama general. Con el fin de obtener una visión estructural, se contemplarán otros territorios que, incluso fuera de la frontera nacional, son de importancia para la región en lo referente a la actividad petrolera.

Algunos trabajos realizados con anterioridad sobre el territorio brindan una visión holística del mismo en relación con la industria extractiva. Pero dadas sus fechas de elaboración, todas anteriores al año 2017, no comprenden procesos relevantes que han tenido lugar en los últimos tres años, como la firma de los Acuerdos del Teatro Colón. En ese sentido, parece imperativo una actualización de la cuestión, con el fin de identificar el desarrollo de las dinámicas ya conocidas, el nacimiento o no de nuevos fenómenos y la configuración actual de los actores sociales, así como brindar, en la medida de los posible, una proyección de posibles problemáticas en los años venideros.   

Recuento histórico: segunda mitad del siglo XX

La actividad petrolera en Putumayo se remonta a la primera mitad del siglo XX, durante la cual atrajo la atención de la empresa estadounidense Texas Petroleum Company, que inició su exploración en 1942 en busca de hidrocarburos. Fue en 1963 cuando empezó la primera perforación de un pozo productivo por parte de esta compañía, ubicado cerca del rio Orito Pungo; y con ello el periodo en que la Texas administraría el distrito petrolero -Distrito Sur-, cuyo contrato finiquitaría en 1981[1]. Durante ese lapso, la multinacional mantuvo una presencia permanente en el Putumayo [2].

A raíz de la actividad extractiva se desencadenó un flujo migratorio compuesto por poblaciones que buscaba asentarse en Putumayo para ser partícipes de los beneficios laborales que de ahí se derivaron. Se considera, pues, al petróleo un factor de incidencia en el aumento demográfico, que se registró en un 18% en el año 1964, en el cual, tomando como referencia el año 1951, la población del territorio se había duplicado [3]. Las migraciones resultaron en largas filas de colonos que edificaron sus viviendas sin contar con un título de propiedad. Esta situación tendrá repercusiones en las tensiones territoriales de los años siguientes [4].

El movimiento demográfico que suscitó la economía petrolera repercutió, a su vez, en la aceleración de la urbanización del Putumayo. A raíz de esto, el Municipio de Puerto Asís, así como varios territorios colindantes con las zonas de actividad de la Texas Petroleum Company – la zona de Orito Pungo-, sufrieron un aumento poblacional y en ellos se desarrollaron núcleos urbanos [5].

Los conflictos entre las petroleras y las distintas comunidades en el territorio pueden rastrearse desde la década de 1960. En 1967, colonos que residían por el río Orito denunciaron ante el gobierno que la Texas Petroleum Company estaba limitando sus esfuerzos por asentarse, prohibiendo la construcción de vivienda, pese a que algunos contaran con títulos de propiedad. Entre las acusaciones se decía también que la compañía presionaba a las autoridades encargadas de adjudicar la propiedad para que entorpecieran los procesos. Por su parte, quienes mantenían relaciones laborales con la misma, criticaban las condiciones de trabajo, en cuanto a la alta explotación laboral y las escasas garantías [6].

El Distrito Sur, comenzó a disminuir sus beneficios luego de 1971. Las repercusiones económicas para el territorio en los años siguientes serían considerables, al ser el petróleo una fuente central de trabajo y flujo económico. Los habitantes que fueron desvinculados de la actividad petrolera se desplazaron a otras actividades de tipo agrario; una porción  de esta mano de obra sería parte del capital humano utilizado en los cultivos de coca que en la década siguiente tuvieron un papel central en la economía de la región y en la dinámica del conflicto [7].

En el año 1971 los resultados de la petrolera fueron elevados, superando los 26 millones de barriles, con una producción diaria de 71.436 barriles. Mientras que, luego de una marcada tendencia de decrecimiento, para 1978 se registraron menos de 10 millones de barriles. Situación que empeoró entrada la década de 1980 [8]. En respuesta a las bajas, la Texas Petroleum Company cedió en 1981 los derechos extractivos de la zona a Ecopetrol [9]. A pesar de la disminución en los beneficios, la actividad petrolera continuó siendo un sostén económico de Putumayo, según indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD [10].

La actividad extractiva en el siglo XXI

En el año 2003 el gobierno se encaminó a levantar la industria petrolera mediante nuevos contratos de explotación. Como consecuencia, a la empresa Ecopetrol le fue asignada la labor de salir al mercado para competir por los contratos extractivos, mientras que la recién creada ANH pasaría a encargarse de administrar las reservas de hidrocarburos de Colombia [11].

Por su parte, el Plan Colombia trajo consigo una mayor y más eficaz presencia militar en el Putumayo, brindando garantías de seguridad a las petroleras en su empresa de iniciar nuevas exploraciones en el territorio. Puerto Asís, Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo sacaron el mayor provecho en materia económica de la incidencia de la Fuerza Pública [12]. 

Las medidas mencionadas propulsaron la economía petrolera, que en la primera década del entrante siglo vería una recuperación considerable. Para el año 2013 la producción neta de barriles diarios había alcanzado los 36.770; cifra que, sin embargo, no se acerca a los más de 71 mil barriles que ostentaba la industria en 1971 [13].

Nuevos actores privados entraron al escenario de juego, como la empresa canadiense Gran Tierra Energy, cuya incidencia en el 2007 fue muy significativa para el departamento, con una extracción diaria de 23.920 barriles [14].  La mencionada recuperación petrolera de principios del siglo XXI fungió como colchón económico ante la caída de la economía cocalera por aquel entonces [15].

El gobierno nacional, presidido por Álvaro Uribe, tenía interés en motivar la extracción petrolera. Para ello, además de poner a disposición al ejército nacional, expandió el límite de 4.200 hectáreas que desde 1965 le había sido asignadas a la Texas Petroleum Company, y que desde ese entonces no había sido modificado. Fue desde el año 2004 que nuevos contratos de concesión entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y distintas empresas públicas y privadas fueron celebrados [16].

Nueva crisis económica

La oscilante economía del petróleo continúo evidenciando la dependencia del departamento con el hidrocarburo. Desde el 2015 hubo nuevos descensos en los precios, lo que frenó la producción en algunos de los campos. Las repercusiones se hicieron notar en toda la red económica que se había tejido en torno a este, que iba desde servicios directos como el trasporte del crudo, hasta indirectos como la hotelería y los restaurantes. Los municipios de Puerto Asís, Orito, San Miguel, Villagarzón y Valle del Guamuéz recibieron con brusquedad la crisis; crisis que solo durante el 2015 registró cerca de 3 000 afectados por recorte de personal [17].

La dependencia del sector hidrocarburos se visualiza como una de las preocupaciones a considerar en el presente y los años venideros en lo que concierne al Putumayo. En el citado informe del PNUD, del año 2016, se alertaba sobre esta situación y la vulnerabilidad que representaba para el departamento [18], lo cual plantea una cuestión pera los demás sectores en cuando a cuál es y cuál debería ser su papel en materia económica.

Conflictos que subsisten

La tierra no ha cesado de ser un factor de tensión, y quizás el principal, entre los actores sociales que confluyen en el Putumayo. Independientemente de la comunidad a la que se adscriban, los pobladores del departamento han definido sus luchas y reivindicaciones, en alguna medida, en relación con la tierra y los distintos usos y significaciones que a esta se le atribuyan. 

 Los problemas que arrastró la colonización y la carencia de títulos de propiedad se han mantenido como una constante durante la segunda mitad del siglo XX y lo corrido del presente siglo. Por un lado, las extensas tierras que ocupan las petroleras restan espacio a los terrenos baldíos que potencialmente podrían devenir en propiedades para los habitantes de Putumayo. Por otro lado, el poder adquisitivo superior de estas empresas elevó el precio de la tierra por encima de las posibilidades de inversión de la comunidad. Las afectaciones a este respecto no se limitan a la vivienda, pues coartan, a su vez, las posibilidades de sacar un provecho económico de los terrenos por medio de la ganadería o agricultura [19].

Conflictos con los indígenas

Las tensiones entre colonos y petroleras, como se observa más arriba, tuvieron temprana visibilización. Cosa que no ocurrió con un tercer actor perjudicado por las acciones de los dos primeros: la población indígena, quienes debieron desplazarse a raíz de las acciones de aquellos y fundar nuevos asentamientos en territorio putumayense [20]. Estas afectaciones traen consigo consecuencias que penetran en el tejido social  de la comunidades, lesionando su cotidianidad en varias dimensiones: ha desplazado a los indígenas a tierras menos productivas [21]; ha dificultado la preservación de sus zonas de caza; se ha detectado pérdida de la cultura ancestral como resultado del contacto con las petroleras, particularmente en los indígenas jóvenes, lo que fomenta la brecha generacional; desarraigo por parte de los miembros que se vincularon a la economía petrolera, entro otros [22]. 

La carencia de resguardos indígenas fue uno de los factores que facilitaron la vulneración de estos pueblos, así como una evidencia del desinterés estatal por su protección [23], manteniéndose en la actualidad como un tema relevante en cuanto a la interacción entre las petroleras y los pueblos ancestrales.

Ecopetrol dio inicio al proceso de consulta previa en el año 1996 con los pueblos Inga y Awá situados en los municipios de Orito y Villagarzón. El año siguiente, gracias a los esfuerzos indígenas por incluir el tema de los derechos de propiedad sobre la tierra dentro de la agenda de la consulta previa, se consiguió una modificación a la misma. Como resultado de los diálogos entre ambas partes, junto con algunas instituciones estatales, se creó una comisión que llevaba por objetivo acelerar el proceso general de creación y asignación de los resguardos indígenas para los pueblos mencionados; el cual comenzó a hacerse efectivo desde el año 2000 [24]. No obstante, las tensiones en torno a la consulta previa aún se mantienen.

El Pueblo Siona

Un pueblo en particular, como se evidenciará en el siguiente apartado, ha llamado la atención mediática en temas referentes a la actividad extractiva en Putumayo: la comunidad Siona.

El porqué de la importancia del Putumayo para el pueblo Siona, el cual se reconoce a sí mismo como originario de la Amazonía [25], reside, principalmente, en su concentración demográfica. Según un informe del Ministerio de Cultura, su mayor parte se halla en este departamento, concentrando un 89% de la población total [26]. Por consiguiente, el futuro del pueblo depende, en gran medida, de su devenir en Putumayo.

Una de las formas de organización comunal que allí tiene lugar es el resguardo. Los Siona cuentan como seis resguardos, de los cuales sobresale en extensión geográfica el de Buenasvista, que alberga alrededor de 600 habitantes [27]; una suma considerable en relación con el total de 2.424 miembros, según reporta la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona, Acips  [28]. Los resguardos constituyen su unidad política en tanto que de ellos han salido acciones legales importantes, como se verá en el siguiente apartado.

Mientras que en el pasado el desplazamiento de un territorio a otro hacía parte del modo de vida habitual de la comunidad, hoy en día cada vez son más los Siona que se han asentado de manera permanente [28]. En sus asentamientos, el espacio es distribuido en parcelas familiares, pero también asignan ciertos lugares a las actividades comunales, por ejemplo, de tipo religiosos o económico. Como en todas las demás dimensiones de su vida social, la organización territorial ha estado determinada por la religión. Así, por ejemplo, en torno a su noción de lo sagrado se ha derivado la división entre las zonas de uso comunitario, donde se llevan a cabo actividades cotidianas, y las zonas prohibidas, de mayor carácter sacro y relacionadas con sus dioses (pág. 4). De igual manera, la religión organiza algunas prácticas dentro del territorio, como aquellas que se tejen alrededor del consumo de Yagé [29].

Estas precisiones deben entrar a consideración a la hora de comprender la relación entre la actividad petrolera y la comunidad Siona. Solo mediante una comprensión holística de lo que el territorio representa para este pueblo pueden ser analizadas las dimensiones de cada afectación al mismo.

La relación del pueblo Siona de Putumayo con otras instituciones se da por medio de los cabildos, cuya función es la de fungir como autoridad formal. De él hacen parte el gobernador y otros funcionarios con labores precisas para la comunidad. El cabildo pertenece a la ONIC, la COICA, y la OPIAC [30], lo que lo sitúa como un ente fundamental en todos los procesos de decisión y comunicación que tienen lugar entre pueblos indígenas. De esta manera han podido tejer una red de apoyo que les brinda solidez institucional, facilitándoles la utilización de canales estatales para la defensa de sus derechos. Por nombrar algunas de sus acciones recientes, en 2018 la Acips denunció un mal procedimiento de verificación de daños ambientales realizado por entidades del Estado [31], así mismo, en el año 2019 denunciaron, a nombre del Resguardo Indígena Siona Buenavista, la presencia de grupos armados en su territorio y la presión ejercida sobre ellos por parte de la empresa Amerisur [32].

Tensiones entre comunidades indígenas y el sector extractivo en la actualidad

Las dos primeras décadas del presente siglo han representado la continuación de las tensiones entre el sector petrolero y las diversas comunidades indígenas. Algunas de ellas se manifiestan en los siguientes comunicados: en el mes de febrero del año 2015, la comunidad Nasa que se halla distribuida en los municipios de Puerto Caicedo, Villagarzón y Puerto Guzmán, junto con algunas asociaciones locales, explicitaron de manera formal su rechazo a la actividad petrolera emprendida por PetroNova en el bloque Put 2, argumentando que esta conllevaría daños socioculturales y ambientales en Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, y en la Amazonía en general [33].

Un año después, en marzo del 2016, la comunidad Murui Monai, situada en Puerto Leguizamo, se negó al proyecto de la petrolera británica Amerisur -cuyas operaciones en el Bloque Platanillo datan del año 2008 [34]- que consistía en la exploración y explotación de 9 pozos, ubicados en el mencionado bloque Put 2. Su negativa se deriva del miedo a las afectaciones que incurrirían en los pueblos Nasa, Sinaoa, Murui Monai y kichwa, los dos últimos en riesgo de desaparición, a raíz de la potencial contaminación de las fuentes hídricas con las que colindan y de las que se proveen [35].

En noviembre del mismo año, autoridades de pueblo Siona se desplazaron a Bogotá para denunciar, entre otras cosas, que a causa de las operaciones extractivas hubo un aumento de la presencia de la Fuerza Armada Nacional y, con ella, de los casos de explosiones de artefactos militares, requisas a la comunidad indígena e ingreso a sus viviendas, siendo todas irrupciones a sus prácticas cotidianas, como ceremonias religiosas, actividades de recolección de alimentos y caza y libre desplazamiento, esta última fundamental para la adquisición de recursos provenientes de Puerto Asís. Se suma a lo anterior el problema del desplazamiento forzado de familias del resguardo Buenavista a causa de la presión de distintos actores, algunos de los cuales, según afirma la comunidad Siona, fueron atraídos al territorio por la industria petrolera [36].  Ante esto no hay que olvidar que en el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional fueron designados 34 pueblos indígenas bajo riesgo de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, amenazando la pervivencia de sus miembros y su cultura. El pueblo Siona hace parte de ese grupo [37].

En marzo del año 2017, delegados de aquellas comunidades indígenas, de la mano de algunas asociaciones campesinas, le compartieron al embajador británico, Peter Tibber, su denuncia ante la también británica Amerisur, en tanto esta representa un peligro para el medioambiente y la subsistencia misma de las comunidades, en aras de que la embajada vigile de cerca las actividades de la empresa y tome las medidas necesarias. Según se informa en la denuncia, los proyectos de la petrolera estaban dirigidos a la explotación de los bloques Put 12 y Put 8, además de la ampliación del bloque Platanillo [38].

Algunos de estos reclamos formales han beneficiado a los pueblos indígenas, pero los tiempos de respuesta no parecen satisfactorios. Así lo atestigua un comunicado emitido en febrero del año 2017, en el que se informa de la decisión por parte de la Corte Constitucional de fallar a favor del pueblo Nasa del resguardo Alto Lorenzo, dentro del municipio de Puerto Asís, y de la Asociación del Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo [39]. La contraparte es el Consorcio Colombia Energy -con el cual Ecopetrol firmó un contrato en 2011 para acciones en el territorio-, empresa que ha tenido vía libre para iniciar actividades en Puerto Asís gracias a los permisos provistos por el Ministerio del Interior que certifican la supuesta ausencia de indígenas en el territorio, motivo por el cual nunca se recurrió a una consulta previa en los procesos de trámite de licencias [40].  El fallo que resultó de la tutela exigía al Ministerio del Interior dar inicio prontamente a la consulta previa, diez años después de que la petrolera haya iniciado operaciones, y asignó a Anla y a Corpoamazonía la labor de mantener una vigilancia constante de las actividades realizadas en el territorio [41]. El proceso a seguir consiste en la verificación de los daños generados porColombia Energy, debate en el que se tendrán en cuenta otros actores sociales, como los grupos armados no estatales. Mientras tanto, el consorcio mantendrá sus operaciones [42].

En abril de 2018, el pueblo Siona, por medio de su representante Acips, presentó una denuncia pública para alertar sobre las condiciones que desde el siglo pasado vienen lesionando a su comunidad, entre las que incluyen la ampliación de la frontera asignada para la explotación de petróleo. A este respecto, manifestaron su rechazo al programa 2D Put.12 que tiene como operador a la empresa Amerisur [43]. La denuncia de los Siona también se dirige a entidades estatales como el Ministerio de Ambiente, Anla o Corpoamazonía, acusándolas de incumplir sus compromisos en cuanto a la verificación de impacto ambiental de las actividades de Amerisur y su función protectora para con la comunidad [43].  En marzo del 2019, el Resguardo Buenavista, perteneciente al pueblo Siona, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas ante el hostigamiento efectuado por la petrolera, que en su esfuerzo por continuar con sus proyectos en los pozos Put.9 y Put.12, ha llegado a traspasar fronteras que enmarcan territorio indígena, con el fin convencerlos de aceptar las iniciativas de la petrolera [44]. 

El pueblo Siona, por el tamaño de su población y su presencia en el territorio resuena en la mayoría de conflictos que involucran empresas petroleras y comunidades indígenas. Por su forma de habitar el territorio, que implica una libre movilidad por el mismo -que como se ha visto, ha sido restringida por algunos actores sociales- los Siona no pueden ser identificados con coordenadas precisas. En razón de esto, la frontera amazónica entre Ecuador y Colombia no representa para ellos una barrera estricta. Dadas las relaciones comerciales que se han tejido alrededor de la economía petrolera, la implicaciones sociales, ambientales y culturales de la actividad extractiva tampoco pueden restringirse de manera tajante dentro de fronteras nacionales. En un comunicado del periódico Mongabay Latam, en el que se describe la alianza comercial entre la empresa Amerisur y la ecuatoriana PetroAmazonas, se informa del acuerdo de construir un oleoducto que atravesara de un país al otro, con el propósito de sacarle un mayor provecho económico al hidrocarburo. La fuente principal del petróleo vendría del Bloque Platanillo, dentro del municipio de Puerto Asís. Según el testimonio de un miembro de la comunidad Siona, recogido por Mongabay Latam, Amerisur emprendió la tala de árboles en territorio indígena, uno de los pasos del proyecto, sin contar con la previa autorización. Ante esto, los Siona pasaron una denuncia a las entidades estatales de Ecuador [45].

En cuando a algunos permisos conseguidos posteriormente por Amerisur, Maria Espinosa, asesora legal de los Siona, dice que estos fueron obtenidos mediante la intervención de supuestos miembros de la comunidad que en realidad no cuentan con la potestad para concederlos [46].

El resguardo Buenavista, ubicado junto a la frontera con Ecuador, sigue siendo fuente de debates y altercados entre el pueblo Siona y la petrolera Amerisur. Así lo evidencia David Hill, periodista de The Guardian, quien recoge los testimonios de dos miembros de la comunidad, Cuaran y Piaguaye, sobre los daños ambientales que vienen afectando al resguardo. En el debate no se vislumbran puntos de consenso entre las partes. De un lado, los indígenas denuncian la contaminación de los ríos, como el Piñuña Blanco, el Singuiyá, el Peneya y el Mansoya, y describen aguas oscuras y peces con olor a gasolina [47]. Las descripciones parecen corresponder con las imágenes del reportaje documental titulado El agua se volvió petróleo [48].  De estas fuentes hídricas los Siona se sirven para proveerse de agua para consumo, lavar sus prendas, nadar o cocinar. En contraposición, Amerisur niega tales aseveraciones, argumentando un adecuado manejo ambiental en todo el Bloque Platanillo, el cual se ha visto respaldado por los reportes de las entidades Anla y Corpoamazonía; pero dichos reportes son también materia de debate, dado que los Siona reclaman que las muestras no fueron tomadas en los lugares por ellos señalados [49].

En un comunicado de Caracol Radio de julio del 2019 se informa sobre una demanda de restitución de tierras interpuesta por el pueblo Siona, que será seguida por una acción de tutela. La razón de origen, arguyen los indígenas, fue la exploración, no consensuada por ellos, por parte de Amerisur de un territorio de 35.000 hectáreas que yace protegido con dos medidas cautelares dictadas por la CIDH, según las cuales los Estados de Colombia y Ecuador no pueden concesionar tierras para actividades extractivas de hidrocarburos. Con estas acciones legales los Siona pretenden denunciar el incumplimiento estatal [50]. 

Regalías: inversión social y relaciones con la comunidad

Las regalías son la principal fuente de inversión social local por parte de las empresas extractivas. En territorios cuyo sostén económico descansa principalmente en el petróleo, como es el caso del Putumayo, es preciso que se les preste especial atención. 

Siguiendo la investigación sobre regalías en Putumayo realizada por Crudo Transparente, se observan varios índices negativos en cuanto a PIB, PIB per cápita, niveles de educación y desempleo, variables que se hallan relacionadas. Llama la atención el decrecimiento tanto del PIB como del PIB per cápita, en contraste con la tendencia ascendente que muestran las cifras nacionales. Al ser un departamento petrolero, se esperaría un aporte mayor al PIB nacional, no obstante, en los últimos años la industria no tiene al Putumayo como uno de sus principales contribuyentes, siendo esta una de las razones por las cuales el departamento solo aporta un 0.43% del PIB nacional [51].

 Otras preocupaciones enunciadas a la investigación son la tasa de desempleo y los precarios niveles de educación. Este último factor ha incidido directamente en el primero, pues dadas las carencias en la capacitación de la mano de obra, las industrias que operan, entre ellas la del petróleo, no pueden incorporar más trabajadores. Quienes ya se hallan cobijados laboralmente dentro del sector petrolero, agrícola o de servicios, suelen estarlo en calidad de trabajadores informales, situación que, por supuesto, tampoco puede deslindarse de los niveles de educación. Así mismo, la no especialización se refleja en los niveles de producción y, por tanto, en el PIB [52].

Con vista en los mencionados problemas, el peso social que recae sobre las petroleras es mayor, pues esta industria se vislumbra como la alternativa de algunas poblaciones. El aprovechamiento de las bondades de la extracción del petróleo puede ser altamente benéfico, pero al servirse de una mirada más global, el poner a las empresas como garantes de las esperanzas de progreso puede llegar a ser insatisfactorio para las comunidades.

Con el fin de tomar un caso ilustrativo que permita dar un breve acercamiento a la complejidad que hay en torno a estos problemas, se abordará lo que hoy en día ocurre en la comunidad de Puerto Limón, con base en un comunicado de Salud Hernández-Mora. En respuesta a las malas condiciones en materia laboral que se vivían en su pequeño territorio, los pobladores de Puerto Limón optaron por pautar algunas exigencias a la empresa privada Gran Tierra Energy, que luego de implementar estrategias de negoción, tales como la protesta social y el bloqueo de operaciones, lograron llegar a un acuerdo, dentro del cual se incluyen las siguientes condiciones: la capacitación y posterior contratación de mano de obra local por parte de la empresa petrolera, tanto con empleos fijos como con empleos rotativos; la entrega de fondos a la comunidad con cada pozo perforado -80 millones de pesos por pozo-, destinados  a obras para la comunidad; financiación de medidas sociales, como la enseñanza musical a niños locales, entre otros. Esta retribución ha hecho de la industria de hidrocarburos una economía apreciada por el grueso de los 2.800 habitantes de Puerto Limón [53].

Dentro de las medidas acordadas entre la comunidad de Puerto Limón, algunas apuntan a aminorar problemas mencionados por el análisis de Crudo Transparente, como es el caso del desempleo y la capacitación de la mano de obra. No obstante, restan algunas inquietudes por resolver. Por un lado, la capacitación que se lleva a cabo, según informa Salud Hernández en su comunicado, parece poco formal, como se muestra en esta cita: “Si necesitaban cuñeros, ponían a un aprendiz junto al experto, y en cuanto estaba listo salía el foráneo y entraba el lugareño”. Para generar mejoras en la estructura social, sería recomendable una especialización de la mano de obra con un respaldo institucional, cuestión que, por supuesto, requiere de medidas estales en materia de educación a todo nivel. Por otro lado, no hay consenso absoluto sobre la aceptación de la industria dentro del territorio, como lo atestiguan las críticas de la gobernadora indígena, quien considera que, puesto en balanza, han sido más los perjuicios de la presencia de Gran Tierra Energy que los beneficios, argumentando la incidencia de la economía del petróleo en la pérdida cultural de las comunidades indígenas y afro [54].

Tanto en el caso de Puerto Limón como en el Putumayo en general es innegable la importancia de las regalías provenientes de la extracción de hidrocarburos. Como indica Crudo Transparente en su análisis del Sistema General de Regalías (SGR), a partir del año 2012 hasta el primer cuarto del 2019 han sido aprobados 579 proyectos, por un total de 810.424.113.129 de pesos, de los cuales el sector transporte tiene la mayor representación, además de contar con el proyecto de mayor costo individual -26.151.570.462 de pesos destinados al mejoramiento de las vías terciarias de Orito y el Valle del Guamuez; cuyo avance a la fecha es de 0%-. El OCAD municipal OCAD Orito se sitúa en primer puesto luego del OCAD departamental en cuanto a la aprobación de proyectos, con un total de 86 [55].

Mientras que índices sociales como la educación, el PIB y el desempleo no son confortantes para el departamento, la ejecución de proyectos costeados por regalías es un ámbito más prometedor. El buen desempeño de los OCAD del departamento y de las empresas con quienes contratan se manifiesta en el porcentaje de ejecución de proyectos, que superó el porcentaje nacional en 14 puntos, cumpliendo con un 84%; aun con las consecuencias de la corrupción, cuyos efectos han damnificado importantes proyectos en Puerto Asís y Puerto Leguizamo, La Hormiga o Villa Garzón [56]. 

La cuestión ambiental en torno al petróleo

 La región amazónica ha sido en alguna medida cobijada por políticas de conservación ambientales, entre las que se incluyen reservas, que protegen áreas naturales, y resguardos. Varios parques naturales han nacido de estas iniciativas. Pero pese a las restricciones formales, en la práctica no hay un cumplimiento absoluto de las normativas ambientales. Los colonos -que como se ha visto, tiene una relación histórica con la economía petrolera- siguen realizando actividades lesivas para el medio ambiente dentro de las zonas protegidas, como tala de bosques, ganadería extensiva o cultivos ilícitos. La consecuencia de esto, junto con las concesiones de explotación petrolera, ha llevado a que más de 17.000 hectáreas de las zonas protegidas hayan sido afectadas [57].

Algunas de las consecuencias ambientales directas de la actividad petrolera se concretan en desestabilización de los ecosistemas, vertimiento de desechos contaminantes, deforestación y erosión en los suelos. A esto se suman los derrames del hidrocarburo en fuentes hídricas generados por diversos actores [58]. Casos concretos, denunciados por la Opiac, fueron el vertimiento de aguas de formación en el rio Putumayo en el 2011 por parte de Amerisur y el derrame de petróleo en una quebrada que desemboca en el rio Putumayo en el 2016 [59].

El municipio de Puerto Asís ha sido centro de varios daños ambientales, suscitando la respuesta del resguardo indígena de Buenavista. De la actividad petrolera en el bloque Platanillo, ubicado en el municipio, se han vertido desechos no tratados, cuyas afectaciones repercuten en ríos -como el Piñuña Blanco y el Putumayo-, en humedales y afluyentes, según se afirma desde la Acips [60]. Los daños ambientales ocurridos en Platanillo, territorio que cuenta con 11 100 hectáreas, dadas sus conexiones con fuentes hídricas, tienen efectos potencialmente grandes que trascienden la extensión del mismo [61].

 A mediados del año 2015 fueron derramados en Puerto Asís 130 000 galones de crudo a raíz de un ataque protagonizado por las FARC, donde se vieron afectados nueve humedales de la región y varias familias, incluyendo algunas de la comunidad nasa [62].

Las perforaciones ilegales dentro de la infraestructura petrolera son otro de los factores que generan el derrame del crudo, siendo esta una práctica recurrente en Putumayo. La empresa Ecopetrol tuvo que tomar medidas en el año 2017 para frenar los daños ambientales generados por uno de estos eventos en Puerto Asís [63].

El conflicto armado y el sector petrolero

Desde finales de la década de 1970 el Putumayo ha lidiado con el conflicto armado. Primero fueron las tropas del M-19. Después, en 1983, fueron las de las FARC las que hicieron presencia en el territorio. A finales de esa década se sumaron los grupos paramilitares de las AUC. En la década de 1990 ya se registran ataques contra la infraestructura petrolera por parte de las FARC [64].  A raíz de las luchas por control territorial entre este grupo y la AUC, indígenas y campesinos que negociaban la explotación del Bloque San Juan junto con Ecopetrol fueron desplazados a la fuerza [65].

El Plan Colombia intensificó la militarización en el departamento, teniendo entre uno de sus objetivos la defensa de las actividades petroleras y energéticas [66]. Así, a partir del año 2003 las petroleras contaban con las condiciones de seguridad para retomar procesos de exploración y explotación en el Putumayo [67]. En el año 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, le fue delegada a una brigada conformada por 4 300 soldados la labor de cuidar el conjunto de las actividades de la industria petrolera en el Putumayo [68].

Pese a las medidas estatales, los atentados a la infraestructura petrolera no cesaron en el siglo XXI. En el año 2012, las FARC-EP reducen el peso del secuestro como mecanismo de financiación a la par que aumentan el de la extracción ilegal del crudo y el refinamiento artesanal del mismo [69]. El oleoducto Transatlántico, ubicado en el sur del país, ha sido uno de los principales blancos. En 2014 sufrió 14 ataques [70]. Putumayo y Nariño, dos de los departamentos recorridos por el oleoducto, así como por el San Miguel-Orito y Churuyaco-Orito, concentraron la mayoría de atentados en el 2015 [71].

La firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP tampoco ha puesto fin a los ataques. En enero de 2019 se presentó una explosión de un artefacto de baja intensidad en el municipio de Orito que afectó levemente la infraestructura petrolera. Se cree, con base en una carta dejada en el lugar del evento y en vista de que en la zona opera un grupo residual derivado del frente 48, que fue una acción cometida por disidencias de este grupo [72]. Unos meses después, entre la vía que conecta el municipio de Yarumo con el municipio de La Hormiga, fue quemado un camión de la empresa de transporte de hidrocarburo Cootranskilili. Los responsables no han sido identificados ni vinculados con algún grupo armado [73].

Luces sobre el panorama petrolero luego de los Acuerdos de la Habana

Llama la atención el constante decrecimiento de la explotación de petrolero en el departamento en los últimos años. Mientras que en el 2016 se extrajeron 442 352 barriles, en el 2017 fueron 432 285 y 398 715 en el 2018 [74], lo que indica una disminución de 9.8 %. Si bien el conflicto armado no define la economía extractiva, las consecuencias a futuro de la firma de los Acuerdos del Teatro Colón son potencialmente importantes; así en la actualidad no parezcan haber significado un aumento para la extracción del hidrocarburo en el Putumayo.

Como consecuencia de la implementación de los Acuerdos, fueron definidos 344 municipios que harían parte de las llamadas Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado -Zomac-, en los cuales se brindará condiciones para facilitar el desarrollo de empresas mediante ventajas tributarias. Entre las empresas contempladas para los incentivos no se hallan las de minería e hidrocarburos [75], lo que a su vez se vislumbra como una oportunidad para salir de la dependencia del petróleo como sustento económico del municipio.De aquellos municipios, nueve pertenecen a Putumayo [76]. Una alta proporción si se considera que el departamento cuenta con un total de trece municipios. De los nueve, siete tienen contratos con empresas petroleras hoy en día.

En mayo del 2018, el Ministerio de Hacienda informó la creación de 407 empresas a raíz de las Zomac, de las cuales 15 se ubican en Putumayo, un 3.7% del total [77], ubicándolo en la octava posición en cuanto mayor cantidad de empresas nacidas de esta iniciativa.

Para las petroleras, el Acuerdo de la Habana también ha representado ventajas en sus operaciones. Este ha sido uno de los factores por los cuales Amerisur cuadruplicó su presupuesto en el 2019 -con un total de 100 millones de dólares- en comparación con el del año anterior, según la información provista por Carlos Martínez Bonilla, director ejecutivo, pues, por un lado, ha permitido la exploración de zonas antes no accesibles por causa del conflicto y, por otro, han disminuido las acciones de la guerrilla en contra de la industria. De los 12 contratos que han celebrado con la ANH, 11 están en la Cuenca Caguán-Putumayo -cuenca que, potencialmente, puede aportar 500 millones de barriles a las reservas de Amerisur-, dentro de los cuales está el contrato en el Bloque Platanillo, ya en operación. Con estas inversiones se proyecta que los 4 300 barriles diarios que extrae la empresa devengan en hasta 20 000 barriles [78]. Resta esperar los reportes del 2019 y los años venideros para determinar el impacto de las nuevas exploraciones en las cifras de Amerisur en el Putumayo y las repercusiones para la comunidad y el territorio de las explotaciones resultantes.  

Pese a la importancia social, ambiental y económica de Amerisur para Puerto Asís y, en general, para el departamento, al día de hoy la petrolera solo cuenta con el contrato del Bloque Platanillo, mientras que otras empresas superan los diez contratos.  De ahí que sea necesario contemplarlas también.

Con base en cifras de la ANH, desde el año 2016 ha sido la canadiense Gran Tierra Energy la que encabeza la explotación. Del total de barriles extraídos en Putumayo para los años 2016, 2017 y 2018, esta ha representado un 54%, 50% y 43%, respectivamente.  En la segunda posición se ubica Ecopetrol, con 23%, 19% y 20% para los mismos años. Le sigue la también nacional empresa Vetra, la única de la lista que ha visto un ascenso constante en sus cifras, representando un 14%, 18% y 23%.  Finalmente se hallan las británicas Amerisur y Emerald Energy. Esta última con un aporte en los últimos años menor al 2% [79].

Gráfico No.1 Barriles de petróleo extraídos por empresa en el 2018

Gráfico No.2 Barriles de petróleo extraídos por empresa en el 2017

Gráfico No.3 Barriles de petróleo extraídos por empresa en el 2016

En lo concerniente a la extracción por municipio; cifra importante para tratar el tema de inversión de regalías y concentración de vinculaciones laborales con la industria petrolera; Puesto Asís y Villa Garzón se han disputado el primer puesto durante los últimos años, mientras que Mocoa, la capital, ha visto una tendencia decreciente. Valle de Guamuez y Puerto Caicedo, por su parte, han permanecido siempre en las últimas dos posiciones [80]. 

Gráfico No.4 Barriles de petróleo extraídos por municipio 2018

Gráfico No.5 Barriles de petróleo extraídos por municipio 2017

Gráfico No.6 Barriles de petróleo extraídos por municipio 2016

Conclusiones:

La dependencia del Putumayo hacía la economía petrolera lo hace vulnerable ante alguna posible crisis en la industria. La situación es ya preocupante, considerando que el departamento aporta un bajo porcentaje de barriles en comparación con el total nacional, con el agravado de que en los últimos años se ha evidenciado una disminución leve pero constante en la extracción del hidrocarburo.

En este contexto, los demás sectores económicos jugarán un papel importante, pues de ellos depende en gran medida la diversificación en las fuentes de ingreso y, por consiguiente, el aumento de las garantías para la población.

La firma de los Acuerdo de la Habana puede significar en un futuro cercano el incremento substancial de la explotación del hidrocarburo, en tanto ha permitido la exploración de petróleo en nuevas áreas. De igual manera, la apuesta por las Zomac puede ser una alternativa contra la dependencia del petróleo, dándole cabida a nuevas fuentes de trabajo para los putumayenses. No obstante, los beneficios tanto de la actividad petrolera como de nuevos sectores se verán disminuidos por la falta de capacitación de la mano de obra, lo que dificulta la incorporación de la misma y su productividad.

La confluencia de colonos, indígenas, y comunidades afro en el Putumayo, que existe desde antaño, complejiza la interacción con las petroleras, en razón de que los valores y motivaciones de cada comunidad no son homogéneos. Incluso cuando se logren consensos que satisfagan a las partes, estas diferencias pueden suscitar desacuerdos a futuro. Sobre esto, no se debe olvidar que las relaciones de fuerza entre los grupos sociales no son horizontales, de manera que la presión de unos puede opacar las reivindicaciones de otros. Dicha complejidad se agudiza al considerar que la misma presencia del Estado, más aún cuando se trata de su brazo armado, puede ser lesiva para las comunidades, en tanto altera su cotidianidad, y no solo una garantía de seguridad.

Una cuestión que involucra dimensiones sociales, jurídicas, culturales y económicas es el deterioro ambiental, tema que se ha vuelto común en los conflictos en torno a la actividad petrolera. Un posicionamiento frente a este no parece fácil. De un lado, por la falta de claridad sobre cuáles y de qué magnitud han sido las afectaciones derivadas del proceso extractivo. De otro lado, la dificultad en tratar con los responsables: los procesos formales son lentos y no siempre se concretan; las medidas compensatorias por parte de las petroleras no son satisfactorias para todos los actores del territorio; algunos daños ambientales se relacionan con acciones efectuadas por grupos armados no estatales que están al margen de las medidas de reparación que impulsa el Estado.

Recomendaciones:

1. Los Zomac son una alternativa para estimular la creación y el fortalecimiento de nuevos sectores económicos que reduzcan la dependencia que el departamento tiene con el petróleo. Conviene incentivar proyectos que no dependan de la industria petrolera -como dependen indirectamente la hotelería o los restaurantes-. Una buena alternativa puede ser el ecoturismo, en tanto suma un incentivo económico a la valorización del medio ambiente y puede fomentar los lazos de cooperación entre todas las distintas comunidades.
2. Para enfrentar problemas como el desempleo o el bajo PIB per cápita, es recomendable que el Estado intervenga en la capacitación de la mano de obra local con el fin de facilitar su incorporación en los procesos productivos y mejorar la calidad de los mismos. De igual forma, se recomienda que los OCAD continúen priorizando e intensifiquen la inversión en educación derivada de las regalías.
3. Es recomendable que se creen espacios institucionales de diálogo no solo entre las petroleras y la población del Putumayo, sino también entre las diferentes comunidades, con el fin de que se definan líneas de acción comunes que puedan dar paso a acuerdos holísticos con las petroleras en aras de hacer mejoras que beneficien a la mayor cantidad de grupos sociales. Para esto, la mediación estatal cumpliría un papel importante.

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[24] ídem. Páginas 161 y 163.

[25]Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona – ACIPS. (Abril de 2018). LA PERVIVENCIA DEL PUEBLO ZIOBAIN SIGUE EN GRAVE RIESGO POR LA OMISIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO COLOMBIANO. Putumayo, Colombia. Página 1.

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[28] Mincultura. (2017). CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA. SIONA, LA GENTE DEL RÍO DE LA CAÑA. Ministerio de Cultura. Obtenido de http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20SIONA.pdf#search=SIONA. Páginas 3-4.

[29] ídem. Páginas 4 y 6.

[30] ídem. Página 11.

[31] Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona – ACIPS. (Abril de 2018). LA PERVIVENCIA DEL PUEBLO ZIOBAIN SIGUE EN GRAVE RIESGO POR LA OMISIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO COLOMBIANO. Putumayo, Colombia.

[32] Resguardo Indígena Siona Buenavista. (22 de Marzo de 2019). Alerta Temprana: AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA vulnera derechos territoriales y colectivos del Pueblo Siona del Resguardo Buenavista. Putumayo, Colombia.

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[36] Erazo, M. (21 de Noviembre de 2016). Empresa petrolera Amerisur amenaza la existencia del pueblo Siona y su territorio en Putumayo. OPIAC.

[37] [28] Mincultura. (2017). CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA. SIONA, LA GENTE DEL RÍO DE LA CAÑA. Ministerio de Cultura. Obtenido de http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20SIONA.pdf#search=SIONA. Página 12.

[38] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (17 de Marzo de 2017). Comunidades indígenas y campesinas denuncian ante el embajador británico afectaciones de empresa Amerisur. Radiomacondo.

[39] Contagio Radio . (18 de Febrero de 2017). Indígenas de putumayo ganan primera batalla contra proyecto petrolero. Contagio Radio .

[40] Monsalve, M. M. (10 de Septiembre de 2017). La consulta previa que les llegó a los nasas diez años tarde. El Espectador.

[41] Contagio Radio . (18 de Febrero de 2017). Indígenas de putumayo ganan primera batalla contra proyecto petrolero. Contagio Radio.

[42] Monsalve, M. M. (10 de Septiembre de 2017). La consulta previa que les llegó a los nasas diez años tarde. El Espectador.

[43]  Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona – ACIPS. (Abril de 2018). LA PERVIVENCIA DEL PUEBLO ZIOBAIN SIGUE EN GRAVE RIESGO POR LA OMISIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO COLOMBIANO. Putumayo, Colombia. Páginas 1-2.

[44]   Resguardo Indígena Siona Buenavista. (22 de Marzo de 2019). Alerta Temprana: AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA vulnera derechos territoriales y colectivos del Pueblo Siona del Resguardo Buenavista. Putumayo, Colombia.

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[78] López Suárez, A. (22 de Abril de 2019). La inversión de Amerisur en el país se cuadruplicará este año. Portafolio.

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