Por: Katherine Casas
Análisis
Crudo Transparente presenta su informe anual sobre orden público e ilegalidad, medio ambiente y conflictividad social relacionado con el sector a lo largo de 2018, esfuerzo que se deriva del seguimiento mensual de nuestro Pulso Petrolero regional.
Durante el 2018, la conflictividad relacionada con el sector petrolero se concentró en los siguientes temas: atentados a los oleoductos, derrames de crudo, protestas en contra de las compañías, contrabando de hidrocarburos, consultas populares y la discusión sobre fracking. Mes a mes Crudo Transparente realizó un seguimiento y analizó las dinámicas sociales, armadas y ambientales alrededor de la industria extractiva.
Como se evidencia en la gráfica 1.1, en la que se concentra la información generada sobre el sector, los hechos de orden público e ilegalidad fueron los más destacados en todo el año anterior; 79% del compilado hizo referencia a los atentados en contra de la infraestructura energética, las incautaciones de contrabando de crudo, la instalación de válvulas ilícitas, la destrucción de maquinaria petrolera, entre otros.
Cabe resaltar que los hostigamientos a la infraestructura petrolera en Colombia, tuvieron un incremento en el 2018. Nuestra base de datos registró 25 atentados en los oleoductos Caño Limón – Coveñas, Transandino y en campos de producción del Meta y Casanare, un aumento del 13%, frente al 2017, en donde se contabilizaron 22 ataques.
Por su parte, los derrames de petróleo, afloramientos, las fugas de crudo y la contaminación de fuentes hídricas y capa vegetal, que se muestran resumidos en el tema de Medioambiente, representaron el 12% de los hechos registrados. Finalmente, las acciones relacionadas a conflictividad social -como protestas, huelgas, bloqueos en las vías, cese de actividades, uso excesivo de la fuerza-, ocuparon el 9% del total de la agenda petrolera de 2018.
Gráfica 1.1. Comportamiento de las categorías sobre conflictividad sobre el sector de hidrocarburos en el 2018.
Partiendo de lo anterior, sobre la categoría orden público e ilegalidad, los hechos más sobresalientes fueron los 25 hostigamientos registrados en el 2018 en contra la infraestructura petrolera en los oleoductos Caño Limón – Coveñas y Transandino, en los departamentos de: Arauca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander y Santander [1]. Se debe tener en cuenta que los atentados a los complejos energéticos, fueron reduciendo con el transcurrir de los meses, en gran parte porque durante el año, el Ejército de Liberación Nacional- ELN realizó dos periodos de cese al fuego unilateral (marzo y diciembre).
Cabe mencionar que esta decisión del grupo armado no estatal estuvo enmarcada en el proceso de paz con el gobierno nacional, como gestos de buena voluntad. Sin embargo, durante el año aquí analizado, no hubo grandes avances en la mesa de negociación, en gran medida por la incertidumbre que se generó durante la campaña presidencial y la posición que el nuevo mandatario, Iván Duque Márquez, tiene frente al grupo, a quienes les exige renunciar a los secuestros y atentados contra la infraestructura petrolera para continuar con el proceso.
Ahora bien, los temas de medioambiente tuvieron trascendencia en la agenda durante todo el año. Los derrames de crudo, afloramientos, fugas de petróleo y la contaminación de fuentes hídricas, fueron los hechos más destacados. El suceso que mayor repercusión tuvo fue la emergencia ambiental en el pozo Lizama 158 en el corregimiento La Fortuna en Barrancabermeja, Santander ocurrida en marzo. El crudo se extendió 30 kilómetros, generó la muerte de miles de animales, perjudicó fuentes hídricas como: el río Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso, y afectó a más de 60 familias de esta zona, que tuvieron que ser trasladadas a la cabecera municipal por la contaminación. Esta emergencia fue catalogada por el departamento como calamidad pública y durante el año estuvo en el radar de los medios de comunicación y las entidades estatales por su gravedad. Ecopetrol realizó labores de contingencia y acompañó a la comunidad durante el proceso de mitigación. Revisa la crónica “100 años del petróleo en Colombia”
En referencia al factor de conflictividad social, en el 2018 se adelantaron protestas, huelgas y plantones en contra de las compañías petroleras, en los siguientes departamentos: Boyacá, Caquetá, Casanare, Huila, Meta, Santander y Tolima. La mayoría de estas acciones fueron en contra de la Estatal petrolera, Ecopetrol. Sin embargo, las protestas realizadas en 13 municipios de Boyacá en contra de la empresa polaca Geofizyka Torun, que estaba adelantando estudios de sísmica para identificar el potencial de hidrocarburos convencionales y no convencionales en la región, fueron las más destacadas durante este año. Las movilizaciones y la presión social llegaron al punto que la compañía se retiró de los municipios en donde se realizaban los estudios, y el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, instauró una acción popular para que se prohibiera todo tipo de actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en el departamento.
Otro hecho sobresaliente, ligado a esta categoría, fue la presentación del pliego de peticiones por parte de la Unión Sindical Obrera -USO, en el marco de la negociación de la nueva Convención Colectiva del Trabajo para mejorar los derechos laborales de empleados, directos y tercerizados. Como consecuencia, los trabajadores cesaron actividades y protestaron en contra de la Estatal petrolera; no obstante, en septiembre la USO y Ecopetrol lograron un acuerdo favorable para ambas partes, evitando el paro nacional que iba a realizar este sindicato si no se aprobada la Convención.
A continuación, en la gráfica 1.2. se exponen los departamentos en donde, según las tres categorías analizadas, la industria petrolera tuvo mayor conflictividad:
Gráfica 1.2. Departamentos que más se destacaron alrededor de conflictividad social, armada y ambiental en torno a la industria petrolera en el 2018
Como se muestra en la gráfica, Norte de Santander fue el departamento en el que más hechos sucedieron durante el 2018. En esta región se presentaron derrames, afloramientos, hostigamientos a la infraestructura petrolera, instalaciones de válvulas ilícitas, bloqueos de vías, contrabando, entre otros. Medios de comunicación y Ecopetrol han manifestado que esta región es la más vulnerable en relación a la actividad extractiva por la presencia del oleoducto Caño Limón – Coveñas, especialmente por hechos relacionados a la instalación del hurto de hidrocarburos por medio de pegas clandestinas, que durante el 2018 sumaron alrededor de 1.242 en el departamento.
En Arauca también se registraron importantes sucesos. En esta región la afectación a la industria estuvo ligada a acciones de contrabando de crudo y varios atentados al tubo Caño Limón – Coveñas. Frente a lo primero, en 2018 se incautó un total de 27.610 galones de combustible, que significó el 11% del total registrado en el país. Además según nuestro análisis, fue la zona fronteriza donde más hubo impacto en orden público, por los sucesos de hostigamientos a la infraestructura petrolera, después de Norte de Santander (gráfica 1.2). Más adelante se mostrará en detalle todo lo concerniente a este tema que tuvo gran impacto en la región fronteriza colombiana.
Gráfica 1.3. Comportamiento cronológico de la conflictividad social y ambiental del sector petrolero 2018
Ligado al comportamiento mensual, como se muestra en la gráfica 1.3., en el 2018 los meses más destacables fueron febrero y julio. En estos periodos se presentaron hostigamientos a la infraestructura, daños a la maquinaria petrolera, amenazas a personal de la empresa, derrames, afloramientos, instalaciones de válvulas ilícitas, protestas, huelgas y actividades en contra del contrabando de crudo. En el segundo mes del año, la industria petrolera continuó siendo perjudicada por la finalización del cese al fuego unilateral entre el ELN y el Gobierno Santos; además, se realizaron las primeras manifestaciones sociales en contra de las empresas.
Es importante destacar que en junio la actividad conflictiva no tuvo mayor repercusión debido a la segunda vuelta presidencial. En este mes, los medios masivos se concentraron en las elecciones presidenciales, y a su vez el sector energético estaba a la espera de la elección del nuevo mandatario, con miras a establecer cuál iba ser su camino durante los siguientes cuatro años, dado que los candidatos tenían diversas posiciones sobre el rumbo que la industria debía tener. Revisa las fichas: “Crudo compara propuestas presidenciales para la política minero-energética”
Con relación a julio, se evidencia que el sector vuelve a ser protagonista en medios de comunicación después de las dos jornadas electorales. El suceso más relevante estuvo alrededor del medio ambiente al reportarse la emergencia ambiental en el Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas en Puerto Boyacá, Boyacá; hecho que estuvo presente durante todo el segundo semestre del año por la contaminación que generó.
Desde otra perspectiva, el fracking fue otro tema que sobresalió en el 2018 y el ámbito electoral, incentivó más su discusión. Este aspecto repercutió de manera frecuente entre grupos sociales y ambientales que se oponen a la técnica y la posición de algunos representantes del alto Gobierno y la Estatal petrolera que lo ven como la única forma de aumentar las reservas.
En medio de este debate nacional, en noviembre el Consejo de Estado suspendió temporalmente la regulación existente para yacimientos no convencionales y La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales, ANLA, negó las licencias ambientales solicitadas por la empresa Conocophillips, en el Valle del Magdalena Medio. Para más información del tema puede consultar nuestro Informe 2018 del fracking.
Igualmente, el otro aspecto que estuvo presente en la agenda petrolera del 2018 fueron las consultas populares. Este mecanismo de participación ciudadana les permite a las comunidades decidir sobre temas importantes para su territorio como las actividades de explotación, producción y transporte de minerales e hidrocarburos. Dada la importancia de esta discusión, la Corte Constitucional en octubre emitió jurisprudencia sobre las consultas populares y les puso límites al no permitir que por medio de estas se veten las actividades extractivas.
La decisión anterior, fue a raíz de la tutela de la multinacional Mansarovar Energy que alegó la violación del Debido Proceso en la consulta popular en contra de proyectos extractivos en Cumaral, Meta. La Corte reiteró que el Estado es el dueño del subsuelo y por lo tanto este mecanismo de participación no puede ir en contra del interés de la Nación. Este fallo fue acogido positivamente por parte del Gobierno, ya que permite incentivar la inversión económica en la industria minero energética del país; sin embargo, las comunidades, grupos sociales y ambientales no estuvieron de acuerdo con la decisión y argumentaron que los municipios tienen la potestad para decidir acerca de estas actividades igualmente, afirmaron que vetar estos mecanismos participativos va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para finalizar, como se puede notar en la gráfica 1.3. diciembre es el periodo donde menos se registraron sucesos en la actividad petrolera. En promedio, durante el año se notificaron 17 hechos por mes, en diciembre esta cifra solo llegó a hacer una tercera parte de esto. Lo anterior, es debido a que en épocas de festividades por lo general en la industria no se genera gran movimiento. Aunque, aspectos como el medio ambiente, hostigamiento a la infraestructura y contrabando de crudo siguieron latente en este mes.
En detalle, en la vereda Quebrada Seca, Cúcuta, Norte de Santander se produjo una emergencia ambiental por un derrame en el oleoducto Caño Limón – Coveñas. A causa de la contaminación, Ecopetrol activó su plan de contingencia para limpiar el crudo; igualmente, la Estatal y el departamento notificaron que no hubo ningún cuerpo de agua perjudicado.
Con respecto a orden público e ilegalidad, en diciembre la Estatal denunció acciones de sabotaje en contra de las instalaciones del campo Palagua, Puerto Boyacá, Boyacá. La petrolera notificó que las válvulas del tubo central del campo fueron manipuladas y esto generó derrame de crudo que perjudicó la vereda Palagua. Por último, en este periodo del año se decomisaron 9.629 galones de combustible entre gasolina y ACPM en los departamentos de: Amazonas, Cesar y Norte de Santander.
El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se mostrará en detalle los sucesos del 2018 por cada una de las temáticas establecidas:
Medio Ambiente
Gráfica 2.1. Hechos en relación al medio ambiente 2018
Con relación al medioambiente, como se muestra en la gráfica 2.1., se presentaron en total 23 hechos: 12 derrames, cinco afloramientos, cuatro contaminaciones de fuentes hídricas y dos fugas. Las empresas involucradas según la información analizada fueron: Ecopetrol, Hocol, Hidrogecol, Ismocol, Energy, Ocensa, Dragados Colombia Americana, Otransa e Interoil Colombia Exploration and Production. Según los datos, la Estatal incurrió en el 24% de estos hechos, siendo la mayor responsable. Los departamentos afectados fueron: Meta, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander. El que mayor impacto ambiental tuvo fue el ocurrido el dos de marzo, en el pozo Lizama 158 perteneciente a la Estatal, que se ubica en Barrancabermeja, Santander.
Al igual que en las otras emergencias ambientales en las que tuvo responsabilidad la Estatal, en este afloramiento se activó el plan de contingencia para hacer frente al impacto ecológico que generó: destinó maquinaria e instaló barreras de contención para frenar la mancha de crudo, realizó la operación de limpieza y contribuyó en el traslado de las comunidades a la cabecera municipal, mientras se realizaban las actividades de mitigación.
Gráfica 2.2. Departamentos afectados en materia de medio ambiente 2018
Como muestra la gráfica 2.2. los departamentos más afectados por las contaminaciones ambientales fueron: Norte de Santander, Santander y Tolima. La gráfica muestra que el mayor perjudicado fue Santander. En esta última zona se encuentra la principal refinería del país y uno de los campos más destacados, La Cira – Infantas. Según los datos compilados por CT, la comunidad denunció el año pasado dos derrames y cuatro afloramientos en las zonas cercanas a este pozo debido al mal mantenimiento de las tuberías de transporte y el abandono de pozos inactivos.
Con respecto a Norte de Santander, durante el 2018 esta región fue afectada por derrames en capa vegetal e hídrica debido a los actos vandálicos al oleoducto Caño Limón – Coveñas. La instalación de válvulas clandestinas y los atentados en contra del tubo generaron contaminación en las zonas rurales del departamento. En total se registraron cuatro afectaciones en zonas rurales de este territorio: dos en Tibú, una en Toledo y otra en Cúcuta.
Al igual que en Santander, en estas zonas la comunidad ha sido la que ha denunciado estos hechos, manifestando que los pozos se encuentran mal sellados. Por su parte, Ecopetrol ha respondido que estos hechos han surgido producto de la instalación de válvulas ilícitas. Igualmente, en Tibú, la Estatal realizó trabajos de contingencia con barreras de contención para evitar contaminaciones a fuentes hídricas de gran importancia para la región como el río Tibú.
Conflictividad social
Gráficas 3.1. Comportamiento de la conflictividad social mes a mes del 2018
En el 2018, el factor de conflictividad social en relación al sector de petrolero tuvo un comportamiento variado. Como queda evidenciado en la gráfica 3.1., se presentaron ocho protestas, cinco plantones, dos marchas, dos huelgas, dos bloqueos en las vías y una denuncia de uso excesivo de la fuerza.
Estas acciones fueron en contra de las siguientes empresas petroleras: Ecopetrol, Geofizyka Torun, Equion Energia Limited y Hocol S.A. El 90% de estas, estuvieron protagonizadas por sus trabajadores que denunciaron tener malas condiciones laborales. Específicamente el 50% de los hechos relacionados con esta categoría fueron contra la petrolera Estatal: cinco protestas, dos plantones, dos huelgas y un bloqueo de vías.
Según la base de datos, en el año anterior se registraron 3 veces menos hechos de conflictividad social con respecto al 2017 -en total 20 en el 2018 y 64 en el 2017. Como se muestra en la gráfica 3.1. a partir del mes de julio se redujeron sustancialmente este tipo de sucesos, debido a que después del primer semestre del año el sector de los hidrocarburos estuvo moderadamente estático por la incertidumbre generada por los resultados finales de las elecciones de Congreso y presidenciales.
Adicionalmente, la USO, uno de los principales sindicatos del país, en el segundo semestre del año, también realizó elecciones para escoger su nuevo presidente, saliendo como ganador a principios de diciembre, Edwin Palma. En este contexto de cambios internos, la USO no ha planteado una hoja de ruta frente al nuevo Gobierno nacional y se está a la espera de la posición que pueda tomar este sindicato sobre la industria petrolera en general, que pudiera o no repercutir en los hechos de conflictividad social de esta actividad extractiva.
Gráfica 3.2. Comportamiento departamental del 2018, con respecto a conflictividad social
En la gráfica 3.2. se evidencia que Santander fue el departamento en donde más se registraron hechos de conflictividad social. Como se mencionó, en esta región se encuentra la refinería de Barrancabermeja, en la que en este año se manifestaron en varias ocasiones los trabajadores y el sindicato USO en contra de la compañía.
Los manifestantes tuvieron como motivación buscar mejoras en las condiciones de trabajo con respecto a los salarios y a los beneficios laborales que brinda la Estatal; asimismo, aún está la incertidumbre con respecto a la modernización de la Refinería de Barrancabermeja. Para ampliar esta información revisa nuestra investigación: Reficar, Barranca y Coveñas: comunidades e infraestructura petrolera.
Igualmente, las comunidades realizaron protestas y plantones contra las compañías Equion Energia Limited, Hocol y Geofizyka Torún en Casanare, Boyacá y Tolima, debido a la inclusión laboral de mano de obra local, derrames ambientales e incumplimiento de los contratos laborales por parte de las empresas.
Orden Público e Ilegalidad
Gráfica 4.1. Comportamiento de Orden Público e Ilegalidad 2018
El factor de orden público e ilegalidad fue el tema que más sobresalió en el 2018 para la industria petrolera. En la gráfica 4.1. se muestra que el 73% de los datos recopilados hizo énfasis a los hechos relacionados con el contrabando de crudo. Adicionalmente, el 16% de la información hizo referencia a los hostigamientos a la infraestructura petrolera, 4% a la instalación de válvulas ilícitas, 3% a la destrucción de maquinaria petrolera, 2% a destrucción a refinerías ilegales y 2% a amenazas y/o secuestro de personal de compañías petroleras.
Gráfica 4.2. Departamentos afectados por hechos de orden público e ilegalidad 2018
En la gráfica 4.2. se evidencia que Norte de Santander fue la región donde más hechos de orden público e ilegalidad se registraron, con el 23% del total compilado. Fue el departamento que registró el mayor número de instalaciones de válvulas clandestinas encontradas en el oleoducto Caño Limón – Coveñas.
En Nariño, ocurrieron el 28% de los hostigamientos contra la infraestructura, siendo el más alto indicador del país. En esta zona es donde se encuentra el oleoductoTransandino que pasa por los municipios de: Tumaco, Ricaurte y Pupiales. Estos ataques en su mayoría causaron derrames que contaminaron los cuerpos de agua y la capa vegetal de estos sectores.
La gráfica siguiente muestra los departamentos afectados por estos hostigamientos y la totalidad de ataques registrados en nuestro análisis en el 2018:
Gráfico 4.3. departamentos afectados por hostigamientos del 2018
Como se mostró en la gráfica 4.1., los hostigamientos en contra de la infraestructura petrolera fue la segunda variable destacable de estos hechos; en total, nuestra base de datos registró 25 en el 2018 en los oleoductos Caño Limón – Coveñas, Transandino y en los campos de producción del Meta y Casanare. Cabe resaltar que durante el 2017 en nuestro registro se contabilizaron 22 ataques en contra la infraestructura petrolera, es decir que en el año anterior aumentaron estos hostigamientos; sin embargo, estos atentados fueron disminuyendo en el transcurrir de los meses del 2018.
Como muestra las gráficas, el 48% de los hostigamientos registrados ocurrieron en los departamentos de: Arauca, Boyacá y Norte de Santander, todos esto en contra de Caño Limón- Coveñas.
Si bien en los departamentos que registran estos ataques existe presencia del ELN y grupos armados no estatales, no se conoce los autores materiales de estos hechos. No se puede olvidar que disidencia de las FARC y grupos como el Clan de Golfo también tienen influencia en estas regiones. Por ende, es importante la presencia de la Fuerza Pública en estas zonas del país para que se garantice el funcionamiento de la industria y la tranquilidad de las comunidades que se ven afectadas por el accionar de los grupos armados no estatales.
Es importante tener en cuenta que en diciembre, la Estatal publicó en medios de comunicación que según su registro, ocurrieron 86 ataques en contra del oleoducto Caño Limón – Coveñas. En detalle, nuestro compilado solo registró 12 atentados en contra de este tubo y no se encontró datos que pudieran sustentar la cifra entregada por la petrolera.
Contrabando
En total en el 2018 se decomisaron 250.433 galones de combustible entre gasolina, diésel y ACPM. A continuación, se muestra en detalle el consolidado por departamento, que según nuestro análisis, fue incautado por la Fuerza Pública:
Gráfica 4.4. Departamentos donde presentaron hechos de contrabando
Las acciones en contra de esta actividad ilícita estuvieron concentradas en las regiones fronterizas y de presencia de infraestructura petrolera del país.
El 83% de la incautación ocurrió en la zona fronteriza con Venezuela, donde se encuentran los siguientes departamentos: Arauca, Boyacá, Cesar, Casanare, Guajira, Norte Santander y Vichada. Igualmente, según lo confirmó el Ejército Nacional en sus publicaciones sobre estas acciones, la mayoría del crudo incautado era de origen extranjero. Históricamente estas regiones han sido altamente afectadas por el tráfico y venta de combustible ilegal.
Adicionalmente, se presentaron incautaciones en la zona norte de país en los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Cordoba y Magdalena. Estos territorios son caracterizados por ser zonas de comercialización de la gasolina de contrabando y según medios regionales este crudo incautado iba a ser vendido en las principales ciudades de estos departamentos. Por ende, es importante resaltar la labor de la Fuerza Pública para el beneficio de la industria, tanto en esta región como en la zona fronteriza.
Para finalizar, otro uso que tiene este combustible de contrabando se relaciona con el procesamiento de coca. Como lo manifiestan las autoridades departamentales y la Fuerza Pública en la información recopilada, grupos armados no estatales y grupos criminales utilizan el crudo para la fabricación de estupefacientes, en departamentos como: Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo, zonas altamente afectadas por el conflicto armado.
Nota [1] Es importante aclarar que esta cifra se deriva del seguimiento que hace CT a la situación tanto en prensa nacional como regional y con fuentes locales.
Notas de interés:
Crudo Transparente por un sector minero-energético abierto, informado y responsable.
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