Columna de Opinión Nacional
Lo pendiente y lo nuevo para la legislatura 2021-2022
Katherine Casas Pérez, Investigadora Nacional
El martes 20 de julio se instalaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo legislativo 2021-2022. Particularmente, este es el último periodo legislativo del presidente Duque y sin duda estará lleno de retos por las coyunturas sociales de los últimos meses, la pandemia que aún se enfrenta y el desafío de las próximas elecciones.
Durante este nuevo periodo, el Congreso tendrá en agenda varios proyectos de ley, entre los que se destacan: la ley de Inversión Social (Reforma Tributaria), la ley Antidisturbios, el Presupuesto General de la Nación, la Reforma a Policía, entre otras iniciativas urgentes y necesarias para el país. Asimismo, los Senadores y Representantes tienen el desafío de avanzar en temas para el sector energético que tuvieron poco o nulo avance durante la legislatura pasada, entre los que se destacan: la prohibición de la práctica del fracking, el Acuerdo de Escazú y la reglamentación de la consulta previa.
Con respecto al primero, el proyecto de ley que buscaba prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia, ya había sido presentado como una medida para la protección del ambiente y la salud; sin embargo, se hundió por la falta de quórum dado que, de los 20 congresistas que debieron asistir, solo se presentaron ocho a la votación.
Actualmente, se volvió a presentar de nuevo un proyecto de ley para prohibir esta práctica en Colombia. Es de destacar que en las últimas semanas la WWF hizo un llamado a los congresistas para avanzar sobre este tema e impedir el desarrollo de esta técnica, que va en contravía de la meta que tiene el país para reducir las emisiones del efecto invernadero.
Por otro lado, Escazú fue un asunto que tuvo mínimos avances dentro del Congreso. Este proyecto de ley fue presentado con mensaje de urgencia por parte del presidente Duque durante la instalación de las sesiones 2020-2021; sin embargo, solo se realizaron audiencias públicas alrededor del tratado regional, que fue finalmente archivado.
Congresistas – principalmente de la bancada del Gobierno – y empresarios colombianos estuvieron en contra de la ratificación del Acuerdo y se encargaron de crear mitos y desinformar sobre este tema. El ministro de Ambiente, Carlos Correa, aseguró que iban a presentar de nuevo este proyecto de ley, aunque en la lista del Senado y la Cámara aún no se encuentra radicado.
Por último, en abril del 2021 otros legisladores y ponentes del proyecto de ley sobre consulta previa manifestaron que este era un atentado contra la democracia, dado que se excluyó a las comunidades étnicas en la elaboración de la misma y no fueron consultadas para la creación de la ley que regula sus derechos.
De esta manera, esta iniciativa fue retirada y el compromiso por parte de los congresistas fue el de realizar primero una revisión y socialización de la iniciativa con los representantes de las comunidades de los pueblos indígenas, afros y rom. Asimismo, el 22 de julio fue radicado este proyecto de ley pero no se han llevado a cabo estas reuniones con las poblaciones mencionadas.
Las iniciativas nombradas anteriormente son algunas de los proyectos de ley que deben avanzar en la última legislatura del Gobierno Duque. También, los temas de transición energética, coordinación y concurrencia, pasivos ambientales, mesa ambientales y el presupuesto de regalías son asuntos de suma importancia que se deben resolver.
Lastimosamente, las expectativas son desesperanzadoras. Se notan las grietas que hay dentro del Congreso sobre estos asuntos y en vez de avanzar en pro de las comunidades y el ambiente, se está priorizando los intereses económicos de las compañías. Adicional, este legislativo tiene una imagen desfavorable del 88 % y se instauró con unas mesas directivas a cargo de personas cuestionadas en temas asociados al narcotráfico; lo que genera mayor zozobra o malestar entre la opinión pública.
Por tal razón, se espera que en estas sesiones, a diferencias de las anteriores, exista celeridad en los proyectos de ley ratificados y no se pongan trabas que terminan hundiendo iniciativas relevantes para la ciudadanía. Temas como la reactivación económica, la seguridad de líderes sociales y ambientales y la protección del medio ambiente, son algunas de las muchas deudas que deberá trabajar el Congreso y Duque durante su último periodo.
NOTICIAS
Se firma acuerdo “Programa Petróleo para el Desarrollo” entre Colombia y Noruega
El embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, y el Ministerio de Minas y Energía firmaron el acuerdo de cooperación: “Petróleo para el Desarrollo”, logrado a través de la Agencia de Cooperación para el desarrollo NORAD, de Noruega.
El programa tiene como fin que Noruega aporte experiencia y brinde conocimientos a países en temas de desarrollo sostenible sobre la administración de los recursos petroleros costa afuera. Al igual que fortalecer la competitividad y capacidad de la administración pública de los países que son socios de Noruega.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, resaltó la importancia de este acuerdo, debido al impacto positivo que esta cooperación puede tener en la transición energética que tiene proyectada el Gobierno Nacional.
“El sector de hidrocarburos es uno de los actores claves para la reactivación económica sostenible del país. Colombia tiene un enorme potencial de exploración en las cuencas costa afuera, y por eso, venimos afianzando alianzas con países como Noruega para tener un mejor conocimiento en estos territorios, que nos permitan desarrollar y capitalizar la riqueza en hidrocarburos para continuar garantizando la autosuficiencia energética del país”, aseguró Mesa.
Se tiene planeado dar inicio al programa entre los meses de agosto y septiembre del 2021, luego de que las entidades noruegas y las contrapartes que hacen parte del sector de hidrocarburos costa afuera realicen un proceso de mapeo y planeación. Este tendrá una duración de cuatro años donde existirá una constante capacitación técnica y personal con el fin de salvaguardar la industria.
Ecopetrol indemnizará a la población de Lizama en Barrancabermeja por daño ambiental
Luego de una extensa investigación, la Fiscalía de la Nación logró comprobar el afloramiento de hidrocarburos en el pozo La Lizama 158, en Barrancabermeja, Santander. Gracias a esta declaración del ente acusador, Ecopetrol indemnizará a la población de la zona.
La emergencia se agravó por el manejo inadecuado del pozo, lo cual provocó finalmente la contaminación de las fuentes hídricas, como el río Sogamoso, el desplazamiento de especies y destrucción del ecosistema en el que varios pescadores laboraban.
Se planea indemnizar a 873 víctimas por valor de $6 500 millones COP, se pagará durante nueve meses un salario mensual a 752 pescadores acreditados en la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (Pispesca) al igual que a 121 comerciantes de pescado que pertenecen al gremio de Asocoporpal y Asocorramb.
Adicionalmente, el acuerdo establece un trabajo continuo por tres años en los que se proyecta una limpieza, tratamiento y monitoreo de los cuerpos de agua; donde se puede observar obras de protección y defensa de los ecosistemas, rehabilitación de vegetación, reincorporación de la fauna, entre otras.
La entidad encargada de supervisar este plan de recuperación del ecosistema será la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Oportunidad de inversión y desarrollo para la Costa con hidrógeno
El desarrollo del hidrógeno en el ámbito de la transición energética de Colombia abre novedosas oportunidades de inversión para la Costa Caribe. En esta zona se centra una buena parte de los proyectos de energía renovable solar y eólica del territorio que ayudarán al incremento de esta nueva tecnología.
El Gobierno, por medio del Ministerio de Minas y Energía, ya tiene lista la hoja de ruta para el progreso de la economía del hidrógeno en Colombia y divulgó el archivo que trazará el camino para la utilización de este energético en el territorio en los siguientes 30 años.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, afirmó “El hidrógeno complementará la transición energética de Colombia porque aprovecha los recursos de las energías renovables, provenientes del sol y del viento, para generar este energético por medio de electrólisis y así producir electricidad en días sin viento o en periodos sin luz solar. Esto permitirá avanzar hacia un sector energético más moderno, eficiente, confiable y sostenible.”
La apuesta por el hidrógeno está enmarcada en el compromiso del Gobierno con la reducción de emisiones en línea con los objetivos del Acuerdo de París del 2015. Este proceso cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de los gobiernos del Reino Unido y Alemania.
Fuente: El Heraldo: Hidrógeno, una oportunidad de inversión y desarrollo para la Costa 09/08/2021
Proyección de 4.800 MW en obras de energías renovables
Se considera que dichos proyectos entren en operación entre 2022 y 2023, si no se presentan inconvenientes en sus montajes. hay 2.300 megavatios (MW) (de 4.800 MW que quedarán programados) entre plantas solares y eólicas, las cuales permanecen en etapa pre constructiva o inicial en su montaje, o sea que todavía no entregan corriente a la matriz de generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
“Los proyectos renovables terminarán garantizando la energía en firme gracias a las baterías para los almacenamientos de corriente, cuya primera iniciativa se comenzará a desarrollar en Barranquilla” afirmó, Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia).
No ha sido fácil el proceso de consulta previa, pero el Gobierno y la empresa están a fondo para sacarla adelante. Pero podría presentarse un retraso. La condición de la anterior subasta indicaba que este tipo de retrasos no se consideraba como de fuerza mayor. Esto para efecto del cumplimiento de los contratos bilaterales. Pero si se podrían plantear posibles litigios, ojalá no se llegue a esa instancia, ya que se debe buscar una responsabilidad.
La entrada en operación de todos los 4.800 MW requiere tiempo, ya que hay que sortear las etapas de las consultas previas, el licenciamiento ambiental y el montaje de las plantas. La puesta en funcionamiento de las iniciativas será gradual.
La licitación que hizo la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) para el desarrollo del plan de almacenamiento de energía con baterías en Barranquilla es un primer paso para enseñar que los proyectos eólicos y solares tienen la posibilidad de asegurar la energía en firme que requiere el territorio. Empero falta la regulación de otros temas como el de implantar la remuneración de este almacenamiento con el aporte a la reserva del sistema, o el desempeño de la frecuencia.
Fuente: Portafolio: ‘El país proyecta 4.800 MW en obras de energías renovables’ 04/08/2021
RESEÑA
Se realizó el dialogo Mujeres Indígenas y Consulta Previa a cargo del CRSP y la Embajada de España
Elaborado por: Nicoll Valeria Quintero Arias
El 5 de agosto del 2021 se llevó a cabo el Diálogo: Mujeres Indígenas y Consulta Previa. El evento hizo parte del proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado dirigido por el Centro Regional Sector del Sector Privado (CR/SP), el cual busca promover los espacios de conversación en los que se construya una confianza a nivel regional sobre el tema.
Durante el encuentro hubo representación por parte de mujeres de los pueblos indígenas Mapuche, Chile; Guaraní, Paraguay; y Wayuu, Colombia.
Jessica Rupayan, abogada y activista del pueblo Mapuche mencionó la importancia de la consulta previa, pues se ha establecido que este es un derecho de los pueblos indígenas y debe ser reconocido por todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se recalca que este derecho no debe contemplar diferencia de género.
Como estipula el convenio 169, se declara que: “Pesa sobre el Estado la obligación de consultar a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente a través de sus instituciones representativas, mediante un procedimiento realizado de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
En el evento, se resaltó que cada Estado tiene dificultades y retos totalmente diferentes de acuerdo a los contextos legales y culturales. Un claro ejemplo de ello es el problema de reconocimiento constitucional que no poseen los pueblos indígenas en Chile.
En el caso paraguayo, Anna Romero Flores, integrante de La Articulación Nacional Indígena Por Una Vida Digna explicó como el decreto 239 de 2018 busca socializar los proyectos desarrollados con los 18 grupos reconocidos por la Constitución. Sin embargo, por parte del gobierno no se ha realizado lo pactado. Las líderes sociales son aquellas que han tomado la iniciativa de socializar los proyectos con los pueblos a través de talleres.
Gabriela Cotes, Líder Wayuu afirmó que existe una constante participación de las mujeres en las consultas previas, debido a sus costumbres. No obstante, ella aclara que el procedimiento no cumple con el principio de buena fe, pues el ejercicio se realiza como protocolo, pero las opiniones de la comunidad no son tomadas en cuenta y aun así se otorgan las licencias que le dan vía libre a los proyectos.
Finalmente, el evento cerró con un taller en el que los participantes tuvieron la oportunidad de preguntar el papel de la mujer indígena en las consultas previas. Durante esta sección del evento, se pudo concluir que las mujeres han estado en una constante búsqueda de redes en las que puedan encontrar otras mujeres que creen que su presencia en estos ejercicios comunitarios es de vital importancia. También, se destaca que están haciendo esfuerzos para organizarse y capacitarse con el fin de usar herramientas jurídicas que las respalden.
Columna de Opinión Regional
El libro de cristal una oportunidad para todos los portogaitanenses
Invitado especial:
Jaime Andrés Arias, Investigador Regional Llanos
En Colombia las Juntas de Acción Comunal (JAC) desempeñan un papel fundamental en los procesos organizativos y de participación ciudadana a nivel local. En los municipios de influencia de exploración y explotación petrolera, como es el caso de Puerto Gaitán (que tiene 52 JAC, 27 en el sector rural, 25 en el sector urbano y 4 adicionales en proceso de formulación), las JAC además de hacer parte de las decisiones que afectan las políticas públicas de su región cumplen una tarea esencial con una responsabilidad aun mayor; consistente en el manejo que se le debe dar al libro de afiliados. Donde nace una las principales problemáticas de control para la administración municipal en cuanto al seguimiento del cumplimiento en lo establecido en la ley 1668 de 2016, que regula lo referente a la contratación de personal y prioriza la mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
Sin lugar a dudas, la contratación de mano de obra local por parte de la industria extractiva ha sido una de las principales problemáticas presentes en Puerto Gaitán, esto se ve reflejado en las protestas, movilizaciones y bloqueos que son recurrentes en el municipio. Las últimas se dieron en el marco del paro nacional del 28 de abril, donde los presidentes de las JAC, en mesas de trabajo con representantes del gobierno local, departamental y nacional, además de las diferentes operadoras, exigieron que se haga un seguimiento a las empresas para que cumplan con el porcentaje de contratación de mano de obra local.
Sin embargo, la dinámica de contratación foránea que se genera por la migración laboral que atrae la industria extractiva, es difícil de controlar por parte del gobierno local, ya que este no cuenta con las herramientas jurídicas que le permitan controlar esta problemática; no solo porque no es la llamada a hacer seguimiento a este tipo de procesos contractuales, sino porque además la Ley 1558 de 2019 no le dio herramientas que le permitan tener un manejo sobre el certificado de residencia, el cual es requisito para que una persona sea contratada en áreas de influencia de los proyectos del sector petrolero.
Esta norma limita al alcalde y lo insta a expedir el certificado a cualquier ciudadano siempre y cuando aparezca registrado en una de las tres bases de información de censo electoral, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) o en los libros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal.
En este sentido y ante las reiteradas solicitudes que le den solución a esta problemática, la administración municipal optó por iniciar un proceso para la implementación del llamado libro de cristal, que años atrás había tenido algún avance, pero que fue abandonado y ahora se retoma con la esperanza de que haya mayor transparencia en los procesos de afiliación comunal.
Este libro de cristal es una plataforma electrónica, a la cual se puede ingresar desde cualquier dispositivo y les permite a todas las personas acceder de manera veraz a la información que contiene los inscritos en las diferentes JAC. Llevando el libro de afiliados de un estado convencional, que para este momento es de manera manuscrita y con acceso restringido, a una presentación electrónica y pública que permite tener mayor acceso y transparencia de toda la información.
No obstante, no es una tarea fácil, ya que hay denuncias de la misma ciudadanía quienes han manifestado posibles procedimientos inadecuados en el manejo del libro de afiliados, donde supuestamente los presidentes de algunas JAC se han visto envueltos en actos de corrupción al cobrar a personas de otras ciudades que ni siquiera son de la región de la Orinoquia, dinero a cambio del certificado de afiliación en las juntas.
Además del manejo histórico, tradicional y claramente ilegal que se daba desde hace años donde para esquivar la norma se expedían cartas de traslado de una junta a otra, las cuales además estaban siendo falsificadas por algunas personas para luego ser presentadas en la alcaldía con el ánimo que se expida el anhelado certificado de residencia.
En Puerto Gaitán se presentan diariamente cerca de 250 solicitudes de residencia, lo que hace más difícil su verificación, sin embargo, si bien es cierto la actuación del alcalde está limitada por la norma, esta no le impide negar los certificados a través de una forma de verificación, que es la visita al domicilio del solicitante. Gracias a este mecanismo la administración municipal ha negado, en el primer semestre de 2021, cerca de 6 810 solicitudes y aprobó 7 510.
Con el ánimo de lograr este propósito del libro de cristal, la secretaria de Gobierno Municipal, a través del enlace de Juntas de Acción Comunal, la Dirección de Empleabilidad y la Gerencia de Acción Comunal y Participación Ciudadana de la Gobernación del Meta están aunando esfuerzos junto con las JAC rurales y urbanas con el fin de depurar las listas de afiliados, las cuales según el Decreto 1158 de 2019 deben presentarse con un plazo máximo al 30 de julio de 2021.
Así las cosas, el anhelo de los ciudadanos de Puerto Gaitán es que haya transparencia en todos los procesos de registro de residentes, así como un mayor sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos y presidentes de las JAC, con el fin de que, finalmente, se cumpla la ley y puedan tener oportunidad de acceso a un trabajo dentro del sector como ciudadanos del municipio con mayor producción de petróleo del país.
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