Columna de Opinión Nacional
Villagarzón y Puerto Gaitán. Dos realidades de una misma situación
Yessica Prieto Ramos
La semana pasada estuvo caracterizada por dos hechos muy importantes para la industria petrolera en el marco del paro nacional. Por un lado, lo ocurrido en inmediaciones del campo Costayaco, en Villagarzón, Putumayo; y por el otro, los acuerdos logrados en Puerto Gaitán, Meta, para levantar los bloqueos que impedían el tránsito hacia los campos Rubiales, Quifa y CPE6.
Al analizar la forma en la que estos sucesos fueron abordados por parte de las autoridades competentes y las empresas, se evidencia, una vez más, la lógica en la que el gobierno y las compañías enfrentan las problemáticas que surgen alrededor de la industria, dependiendo la región en donde se desarrollen.
En Costayaco, pese a que la fuerza pública se había comprometido en acompañar, de manera pacífica, la protesta que estaban adelantando los campesinos y los indígenas de la zona, agentes del Estado, hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Murió Yordany Rosero Estrella, integrante de la guardia indígena, y otros manifestantes quedaron gravemente heridos.
A más de una semana del lamentable suceso, Gran Tierra Energy, compañía operadora del campo, no se ha pronunciado al respecto y afirma que está evaluando la situación para poder emitir una declaración oficial. Por su parte, la Policía afirmó que la muerte de Jordany se produjo “distante” del lugar de los hechos y que se pondría a disposición de los órganos de investigación, tanto las armas como los uniformados, para que se lleven a cabo las averiguaciones pertinentes. Nada ha avanzado.
Las comunidades indígenas, afros y campesinas de Putumayo llevan por años exigiéndole a las empresas y el Estado que realicen las consultas previas a las que están obligados por ser comunidades étnicas y que además, efectúen una inversión social pertinente que ayude a suplir la grave crisis de educación, salud y trabajo que presentan. Sin embargo, la respuesta estatal es la militarización de los campos petroleros y el otorgamiento de nuevos contratos sin la participación ciudadana.
Respecto a Puerto Gaitán, Meta, se logró un acuerdo entre las comunidades rurales y urbanas, las autoridades y las compañías para para levantar los bloqueos que impedían, desde hace varias semanas, el tránsito de maquinaria, insumos y carrotanques desde y hacia los campos del municipio.
Luego de varias jornadas de diálogo, se acordó que las compañías y la alcaldía destinarán 112 mil millones de pesos para la pavimentación de un tramo de la vía que conduce del Alto de Neblinas hacia el campo Rubiales; asimismo, la contratación de 800 trabajadores (300 en junio), el no despido de empleados, y ningún tipo de veto o persecusión laboral por parte de las operadoras y contratistas a personal del municipio que quiera vincularse a la industria.
Puerto Gaitán es un municipio estratégico para las finanzas nacionales, más en la actual crisis. De su territorio se extrae cerca del 50 % del petróleo que produce el país; además, cuenta con una alta prospección en términos de gas y petróleo. Por su parte, Putumayo no alcanza a producir más del 5 % del crudo nacional y ha sido una zona abandonada históricamente por el gobierno central.
Para concluir, gran parte de la solución de las problemáticas que hoy tienen a cientos de ciudadanos resistiendo en las calles, tienen que ver con la atención integral, por parte del Estado, de todo el territorio nacional y de una respuesta adecuada a la crisis que actualmente tiene a cerca del 50 % de los colombianos, especialmente de las mujeres, sumergidas en la pobreza y sin una esperanza real de mejoría.
NOTICIAS
Hocol anuncio éxito en el descubrimiento de gas en Córdoba
En un comunicado de prensa el pasado 1 de junio, Hocol, empresa del Grupo Ecopetrol, anunció éxito en la delimitación del descubrimiento de gas Arrecife en el Caribe Colombiano.
El hallazgo fue en el pozo exploratorio de delimitación Arrecife 3 en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba). El pozo se perforó entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre de 2020, alcanzó una profundidad final de 10 604 pies (3.232 metros) y encontró la formación productora Ciénaga de Oro Superior, a una profundidad de 7 580 pies (2 310 metros), en la cual se encontró gas natural en varios de sus intervalos arenosos.
La presencia de gas fue comprobada mediante pruebas iniciales y está distribuida en varios segmentos. Durante la verificación se tuvieron producciones de gas entre 2.5 y 9.5 MMPCD (millones de pies cúbicos por día), con presencia menor de condensado y sin producción de agua de formación.
“El descubrimiento de Arrecife y su plan de evaluación apalancan la estrategia exploratoria de Hocol y sigue fortaleciendo su posición como productor de gas en el norte de Colombia como parte del territorio” aseguró Rafael Guzmán, presidente de Hocol.
Según el comunicado, la confirmación de este nuevo recurso de gas contribuye al aseguramiento del consumo actual del país, al tiempo que constituye un incentivo al desarrollo de nuevas industrias.
Comunicado de prensa Hocol. 1/06/21
Vía Portafolio: Confirman descubrimiento de gas en el caribe colombiano. 1/06/21
Choques entre fuerza pública y manifestantes en Costayaco – Villagarzón
El pasado lunes 31 de mayo, un grupo de manifestantes se tomó el pozo Costayaco 10 de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy, en el municipio de Villagarzón, Putumayo. Durante la toma, se señaló que hubo confrontaciones entre la Fuerza Pública y los manifestantes, lo que ocasionó varios lesionados. Entre los heridos estaba el líder del pueblo Nasa, Víctor Campo.
En medio de las tensiones, los protestantes se reunieron con organizaciones de defensa de los derechos humanos y con el gobernador del Putumayo, Álvaro Arturo Granja Buchelli, para llegar a un acuerdo.
Sin embargo, ante la exigencia de los manifestantes del retiro de la Fuerza Pública de la zona, la autoridad regional se negó porque debía cumplir con el recién emitido decreto presidencial 575, que ordenó el “máximo despliegue militar” tanto en el departamento del Valle del Cauca, como en el Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón – Putumayo (ACIMVIP) denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales en el punto de Costayaco de ese municipio. Asimismo, denunció que pese a que estaban manifestándose de manera pacífica, la Fuerza Pública arremetió contra las comunidades movilizadas de manera violenta e indiscriminada.
En el lugar de los hechos la Asociación Minga confirmó la muerte de un integrante de la comunidad campesina, Yordani Estrella Rosero de 22 años. Por medio de una solicitud de acción urgente, la Asociación hizo un llamado a las autoridades para que garanticen el derecho a la protesta pacífica y se actúe conforme a protocolos establecidos.
Adicionalmente, la Asociación llamó a las autoridades competentes, como el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y el ESMAD, a que respeten los estándares de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Vía Publimetro: Terror en Villagarzón (Putumayo) por manifestaciones del Paro Nacional. 31/05/21
Vía Facebook Asociación Minga: En Putumayo Fuerza pública agrede a manifestantes. 31/05/21
Periodistas del Putumayo silencian sus espacios por 48 horas
Los Periodistas del departamento del Putumayo y ante los últimos acontecimientos que han tenido lugar en nuestra región después de analizar las situaciones presentadas con colegas de distintos medios de comunicación, a quienes se les ha señalado, amenazado, intimidado y estigmatizado por los distintos sectores de la sociedad putumayense tanto del orden estatal como no estatal en medio de la protesta social y el paro nacional en nuestra región, hemos decidido lo siguiente:
- Silenciar los espacios informativos por 48 horas los días jueves 3 y viernes 4 de junio del presente año, como medio de protesta pacífica ante la situación que está viviendo el periodismo putumayense.
- Solicitarle a la sociedad civil, líderes sociales, fuerza pública, en algunos casos entes estatales y comunidad en general, frenar los señalamientos, intimidaciones, amenazas y estigmatizaciones al periodismo putumayense en general, partiendo del principio de imparcialidad y neutralidad que tenemos los periodistas como base y eje de nuestra profesión.
- Los periodistas debidamente identificados, tenemos derecho a realizar grabaciones de audio, registros fotográficos y fílmicos, que son la base para realizar nuestro trabajo y así brindar una información lo más completa posible a la comunidad.
- Hacer un llamado a los organismos garantes de los derechos fundamentales como son Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría y organismos internacionales como la ONU, entre otros, para que por intermedio de ellos se generen espacios de garantía para el libre ejercicio del periodismo en el Putumayo.
- Informar a la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Reporteros Sin Fronteras, al Colegio Nacional de Periodistas y a los medios de comunicación regionales y nacionales sobre la decisión tomada y el porqué de la misma.
Somos conscientes de la tensión que se vive en el Departamento, pero exigimos respeto y comprensión ante la labor del periodista, toda vez que es menester escuchar todas las voces para que la comunidad tenga una información fluida y veraz.
Rechazamos totalmente todo tipo de violencia y expresamos nuestra voz de repudio por la pérdida de vidas humanas.
Finalmente queremos expresar que somos garantes de la libertad de expresión y respetamos la Protesta Social Pacífica como un derecho fundamental a expresar el descontento; que nuestra labor siempre está encaminada a informar la verdad venga de donde venga y a respetar a las personas que por sus creencias o ideologías piensan diferente.
Atentamente,
CORPORACIÓN DE PERIODISTAS DEL PUTUMAYO. – CORPEP.
PERIODISTAS EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
‘Levantar los bloqueos’: la petición que hacen los trabajadores de la UTIPEC
Desde la UTIPEC (La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia) realizaron un llamado de carácter urgente, para suspender los bloqueos derivados del Paro Nacional, que ya lleva más de un mes.
El departamento del Meta, según indica la agremiación, ha sido la región que más se ha visto afectada ya que ha tenido que suspender las operaciones en varios campos petroleros importantes, y con ello poner en duda la continuidad de los contratos de los trabajadores por causa de la deficiencia de la producción petrolera.
El Presidente de UTIPEC, Alejandro Ospina Angarita manifestó: “Total respeto al derecho de protesta pacífica y respetuosa, pero rechazó rotundamente los bloqueos ilegales y la violencia que destruye al país; es momento de actuar articulada y solidariamente”.
UTIPEC es la entidad creada en el 2011 para representar a los trabajadores de la industria petrolera en Colombia. La Unión Insiste en que son tiempos de construir y no destruir las cadenas productivas, protegiendo el goce de los derechos fundamentales.
En el último comunicado de prensa por parte del Presidente de UTIPEC, Alejandro Ospina, se señala que se lograron levantar los bloqueos presentados en el Meta a través del diálogo entre el Gobernador del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán y las comunidades presentes en estas acciones. Hace un llamado a que de igual manera se logre llegar un diálogo entre el Gobierno Nacional y las diferentes ciudades que se han visto afectadas por estas manifestaciones.
Columna de Opinión Regional
Equidad de género y la búsqueda de oportunidad laboral en el sector de hidrocarburos
Invitado especial:
Adelaida Cardoso Bustos, Lideresa Social y Representante Legal de la asociación de mujeres “ABRIENDO CAMINOS HACIA EL FUTURO”
Puerto Gaitán (Meta) es uno de los principales productores de hidrocarburos en Colombia, lo que implica una alta presencia de empresas que dependen de esta industria. Entre las operadoras encontramos Frontera Energy, Tecpetrol, ODL, Hocol y Cepsa-Caracara, las cuales a su vez tienen contratos con alrededor de 256 empresas para desarrollar trabajos en los campos petroleros del municipio.
La presencia de la industria tiene una incidencia positiva en el desarrollo de la economía local y regional, sin embargo, esta dinamización ha traído inmerso un sinnúmero de problemáticas sociales; una de las principales en el sector laboral, no solo por la alta migración hacia el municipio, sino además por la evidente discriminación que existe a la hora de contratar mujeres.
La poca vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo y la falta de una política pública local con enfoque de género ha permitido que la industria extractiva termine vulnerando los derechos de cientos de mujeres Portogaitanensas. Esto se vio reflejado en los datos dados por Ecopetrol en las mesas desarrolladas en el marco del paro nacional, donde se informó, por ejemplo, que tienen 4 217 personas contratadas, de las cuales solo el 8 % son mujeres.
Según información de la alcaldía hay 11 asociaciones de mujeres, seis son de mujeres rurales y una de mujeres indígenas, lo que indica claramente la necesidad de voltear la mirada hacia este grupo poblacional con el fin de empoderarlas y fortalecerlas técnica, profesional y laboralmente. En cambio la realidad que hoy vive el municipio es denigrante por decir lo menos en cuanto a oportunidades laborales se refiere; ya que para ellas, siempre hay una justificación, no siempre legal, para no contratarlas.
Es tan grave la vulneración de sus derechos, que en muchos casos se han visto en la necesidad de cambiar su perfil profesional y no registrar en los formularios entregados a las bolsas de empleo los estudios superiores que han realizado, esto con el fin de al menos ser contratadas como obreras o de servicios generales.
Sin lugar a dudas es un desacierto el generalizar que las mujeres solo sirven para ejercer cargos determinados a funciones de aseo, orden y alimentación, ya que muchas de ellas se han formado en perfiles altamente calificados. A pesar de esto, a todos los obstáculos que tienen se suma la falta de experiencia que también les impide alcanzar el tan anhelado éxito laboral.
Para empeorar su situación, las pocas mujeres contratadas en servicios generales, se ven sujetas a situaciones de abuso laboral, como son los casos públicamente denunciados, en los cuales por ejemplo, supuestamente Sodexo y Duflo Buenavista someten a las empleadas a turnos extensos, horas extras no pagas, entre otras condiciones de maltrato laboral.
Para estos casos, manifiestan las operadoras, o por lo menos en el caso de Ecopetrol, que existen unos mecanismos de denuncia, las cuales pueden hacerse a través de la oficina de participación ciudadana o a través del recorredor laboral; quien es el encargado de recoger todas las inquietudes, quejas y reclamos de los empleados. A pesar de esto, cuando las denuncias son presentadas, a estas no se les da ningún trámite, al punto de dilatar todo el proceso y lo que finalmente pasa es que las trabajadoras denunciantes quedan vetadas y nunca más las vuelven a llamar para ningún trabajo.
Con este panorama, es evidente que no hay un programa de inclusión laboral que cobije a las mujeres, así como tampoco se ve una iniciativa por parte de la industria que ayude a cerrar las brechas que existen para que las mujeres puedan acceder a un empleo con todas las garantías que deberían tener. En ese sentido es deber de la administración local y regional, en articulación con la industria petrolera y la participación de las diferentes asociaciones de mujeres ajustarse a la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y las normas establecidas para su protección y que ademas previenen y sancionan la discriminación como es el caso de la Ley 1257 de 2008.
De igual manera, la creación de políticas públicas y corporativas de empleo con enfoque de género que le permitan a la industria ser más incluyente y mejorar el papel de la mujer dentro de sus actividades, además que ayude con acciones a reducir la cantidad de mujeres desempleadas y así lograr un verdadero impacto social y de desarrollo económico en las familias Portogaitanences que tanto lo necesitan.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores.
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