Columna de Opinión Nacional
Proyecto de ley sobre Coordinación y Concurrencia: más de lo mismo
Yessica Prieto Ramos
La semana pasada congresistas de los partidos políticos Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador presentaron el proyecto de ley que pretende establecer los mecanismos de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales, y de participación ciudadana para la exploración y explotación del subsuelo y los recursos naturales no renovables (RNNR).
Este acto, que busca cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en la polémica sentencia SU-095 de 2018, tiene temas discutibles que deben ser analizados. Por un lado, se plantea la creación de las Mesas Generales y Particulares de Coordinación y Concurrencia por departamento, las cuales estarán conformadas por los gobernadores y alcaldes de los respectivos entes territoriales, un representante del Ministerio de Minas y Energía, la ANM y la ANH, y la autoridad ambiental competente. La secretaría técnica será presidida por la Upme, las funciones serán diseñadas por el Min. Minas y el Ministerio Público servirá de garante.
En el diseño planteado, se presenta un desbalance en las fuerzas, ya que el Ministerio de Minas y Energía hará las veces de reglamentador y parte; y no se convocan a otras instituciones pertinentes como el Ministerio de Interior. Así mismo, las competencias de este mecanismo son demasiado vagas, no se determina cómo ni quién evaluará sus resultados, y solo están en la obligación de reunirse una vez al año. Esto último causa desconcierto, mas si se tiene en cuenta que este espacio debe ser permanente, si lo que se pretende es generar una articulación real entre lo nacional y lo territorial frente a la gobernanza de los recursosn naturales.
En cuanto a la participación ciudadana se propone crear la Audiencia Pública Regional de Asuntos Prioritarios de Desarrollo Territorial (nombre rimbombante, que no dice nada en sí), donde se convocarán a los ciudadanos en general y sus representantes, quienes deberán identificar “los asuntos prioritarios de desarrollo, los cuales serán de observancia para la toma de decisiones por parte de las Mesas de Coordinación y Concurrencia”. No se habla de la participación de los grupos étnicos, tampoco de equidad de género, entre otros temas; y agrava la situación el hecho que las comunidades quedarán relegadas, una vez más, a la socialización de temas y sus decisiones no serán vinculantes.
Por otro lado, se deja claro, a lo largo del texto, que los argumentos y medidas tomadas por las Mesas, deben estar basadas en un criterio técnico, el cual desconoce las dinámicas propias de los territorios, la cosmovisión de quienes habitan allí y el modelo de desarrollo que las comunidades quieren que se ejecute.
La sentencia SU-095 de 2018 le dio la espalda a las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana en la decisión sobre los proyectos extractivos, argumentando que los departamentos y municipios no están facultados ni constitucional ni legalmente para prohibir las actividades mineras y petroleras en sus territorios, y exhortó al Congreso de la República a promulgar una ley que trace una línea clara que permita que las entidades del orden nacional y territorial concerten los temas referentes al uso del suelo y subsuelo. Sin embargo, el proyecto de ley propuesto sigue negando la participación ciudadana, limita la discusión a un tema técnico y está lejos de ser una herramienta que permita la tramitación de los conflictos socioambientales en torno a la explotación de los recursos naturales en el país.
NOTICIAS
Campos del Magdalena Medio participan en la subasta de Ecopetrol
Debido a la complicada etapa que afronta el sector petrolero ocasionada por la pandemia y la baja en los precios del crudo, Ecopetrol en octubre pretende reactivar y recuperar la economía, con la subasta de nueve activos de desarrollo y producción, cuya ubicación se encuentra distribuida así: tres de los campos están en el Valle Medio del Magdalena, Tenerife, San Luis y Lebrija; tres en el Valle Superior Toy, Totare y Andalucía; y los otros tres en los Llanos Upía, La Punta y Rancho Hermoso.
En la puja podrán participar compañías nacionales e internacionales que quieran posicionarse en el país o que quieran ampliar sus operaciones, ya que según la empresa, se pueden incorporar “más de 3.000 barriles de crudo y gas por día y un volumen estimado de 17 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe) de reservas 3P, de los cuales 11 son reservas probadas”. Así mismo, los activos pueden conseguir el aumento de recursos contingentes estimados en 13 mbpe y una posibilidad exploratoria calculada en 35 mbpe de recursos prospectivos.
El desarrollo del proceso está previsto para los meses de octubre a diciembre de 2020, se realizará por subasta electrónica, mediante el método de ofrecimiento al alza y podrán competir las compañías que cumplan con los requisitos de acreditación vigentes, establecidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH para este tipo de activos.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, invitó a intervenir activamente a otras compañias para adquirir de activos que tienen opciones de incremento de producción y reservas, lo que redundará en más empleos y ayudarán a la reactivación del sector petrolero y la economía de las regiones del país.
Vía Vanguardia: Pozos del valle medio del magdalena entran a la subasta de ecopetrol. 25/09/2020
Se activa plan de contingencia por derrame de petróleo en el Catatumbo
La empresa Cenit, filial de transporte del Grupo Ecopetrol, informó la ultima semana de septiembre sobre la activación de un plan de contingencia debido a la presencia de crudo en el río Tibucito, vereda Miramonte del municipio de Tibú, Norte de Santander por lo que las autoridades de la región investigan las causas del derrame. La zona se encuentra militarizada por el Ejército Nacional que respalda la entrada de personal técnico para atender la emergencia y estudiar qué originó el evento.
Se desconoce si se trató de un atentado al tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas o a la instalación de una válvula clandestina, ya que entre enero y agosto de 2020 Ecopetrol ha identificado y retirado cerca de 900 válvulas ilícitas en los ductos de transporte de crudo en todo el país, lo que en promedio equivale a 3 conexiones diarias ilícitas. . La instalación de estos artefactos vienen en aumento, en agosto de 2019 se habían encontrado cerca de 747 conexiones ilegales en oleoductos y poliductos.
Debido al derrame presentado Ecopetrol, mediante un comunicado, informó de un punto de protección en la bocatoma del acueducto del municipio de Tibú, un punto de control alternativo en la vereda Miramontes y dos puntos de control operativo adicionales sobre el río Tibucito, así mismo, avisó a los Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Tibú, Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Norte de Santander, a Corponor y la Secretaría de Salud Municipal de Tibú, haciendo un llamado a la comunidad para abstenerse de consumir y tratar agua del río Tibucito hasta que terminen las labores de prevención y mitigación.
En agosto de 2020 se registró el hurto de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos en promedio, de los cuales 2.439 corresponden a crudo, proveniente en su mayoría del oleoducto Caño Limón Coveñas, según lo reporta Ecopetrol.
La transición energética es una realidad en Colombia
La transición energética se convierte en una realidad para 25 departamentos de Colombia, entre ellos: el Valle del Cauca, Antioquia, el Atlántico, Boyacá, Santander, Tolima, Risaralda, Bolívar y Guajira, en los cuales se ejecutarán diferentes proyectos, que se espera permitan el desarrollo de una matriz energética equilibrada, limpia y sostenible.
Con el objetivo de llevar a cabo esta transformación, distintos actores como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), han manifestado su interés por reforzar las infraestructuras solares del país con 7.016 Mw, las eólicas con 2.001 Mw, las PCH con 305 Mw y biomasa con 25 Mw. Esto representaría un gran avance en temas de desarrollo frente a las modalidades de energías, la descarbonización, la protección en temas socioambientales y la seguridad energética.
Por su parte, con el objetivo de mitigar el cambio climático, dejar de utilizar combustibles fósiles e innovar en modelos de energia, Colombia dio un paso hacia la producción de hidrógeno verde, el cual, traería consigo grandes beneficios a diferentes regiones del país conforme a: el uso de energías alternativas (eólica y solar), que son la fuente de generación en las plantas donde se separan las moléculas del agua (H2O) y mejoras en la industria y agricultura. Frente a este panorama, el director de Siemens Energy Colombia, Guilherme De Mendonca explicó que “ es necesario revisar lo que puede significar para la economía nacional la producción de hidrógeno verde, porque Colombia no solo es rica en recursos renovables, sino que cuenta con una excelente ubicación para exportar diversos productos.”
Los proyectos de energía renovable pretenden ser un beneficio para la comunidad, a partir de la generación y entrega de energía a todos los rincones del país, promoviendo la equidad como parte de una estrategia nacional para apoyar la construcción de una nueva infraestructura energética que fomente el uso correcto de los recursos públicos, para la implementación de políticas de transición hacia las fuentes renovables.
-Vía Portafolio: Con 294 proyectos, Colombia transita a energías limpias. 24/09/20
-Vía Semana: Colombia tiene potencial para producir hidrógeno verde 23/09/20
Hostigamiento contra empresa petrolera
En el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se reportaron hechos de orden público e ilegalidad. Se registraron ataques contra la infraestructura de la petrolera Emerald Energy Colombia, siendo víctima de hostigamiento por parte de lo que se presume son disidencias de las antiguas FARC-EP. En específico, en el campo Los Pozos, una camioneta se acercó a las instalaciones para posteriormente, arrojar artefactos explosivos, los cuales no dejaron ningún herido.
En el hecho también se reconoció que los presuntos responsables dejaron panfletos alusivos al ‘“Mono Jojoy”, en lo que al parecer hace alusión al décimo aniversario de su muerte. Frente a este panorama, la secretaria de gobierno del Caquetá, Sandra Rodriguez, explicó que “en el lugar de los hechos fueron usados tatucos, contra la infraestructura, uno hizo explosion y los otros dos se encuentran en manos de las autoridades antiexplosivos para detonarlos controladamente”
En el transcurso de esta semana, las autoridades municipales realizan las investigaciones pertinentes para hallar a los responsables.
Preocupación por la baja demanda de petróleo
El Covid-19 ha dejado varios mercados y sectores con una fuerte crisis económica que aún no termina, y que con la segunda ola de brote va a disminuir la demanda de petróleo. Esto sumado al levantamiento parcial del bloqueo a Libia, causó un estancamiento en el precio de este valioso líquido alrededor del mundo, cotizándose a no más de 40 dólares por barril. Según el ministro de energía ruso Alexander Novak, la demanda global caerá hasta un 10% comparado con el año anterior, además será una recuperación lenta y gradual.
En la mañana del lunes 28 de septiembre, el petróleo de referencia Brent caía $ 32 centavos de dólar quedando a $41,60 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate bajaba 36 centavos de dólar con un precio final de 39,89 dólares por barril.
Para varios expertos esta incertidumbre irá hasta que se resuelva esta difícil situación, así como lo explica el analista de BNP Paribas Harry Tchilinguirian sobre los envíos de petróleo de Libia. Aunque se levante el bloqueo por completo y las productoras puedan hacer un millón de barriles por día no van a encontrar compradores para el petróleo.
Según el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo, dijo que se espera que los inventarios comerciales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) caiga por debajo del promedio, para el primer trimestre de 2021.
Sin duda, la Covid afectó a todos los sectores que por la cuarentena estuvieron cerrados, y aunque estamos en un proceso de nueva normalidad hasta que la segunda ola de contagios no pase o se halle una cura, la economía no tendrá una pronta recuperación para ninguno de los sectores afectados.
Vía:Precios de petróleo caen debido a que aumento de casos de covid-19 nublan panorama para demanda 28/09/2020
Vía: Petróleo borra las pérdidas con caída del dólar 28/09/2020
Huila dijo no a la privatización
Luego de varias manifestaciones sociales y políticas además de las reuniones con los trabajadores y el sindicato, manteniendo la explotación directa en el departamento que desde hace 26 años se viene dando por parte de Ecopetrol. La Unión Sindical Obrera (USO) celebró la decisión tomada por Ecopetrol, en la que no le entrega 22 campos petroleros huilenses a la filial Hocol, los cuales producen 16 500 barriles diarios y cuentan con una reserva de 2 500 millones de barriles.
Tanto el sindicato como las 54 empresas contratistas aplaudieron la decisión, pues Ecopetrol les da mayor estabilidad económica y mejores garantías a los 1 000 trabajadores tercerizados y 250 trabajadores directos, como seguridad social y prestaciones, comparados con lo que la filial puede ofrecerles.
Además de ganarle la batalla a la privatización de la petrolera colombiana, a esto se le suma la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto 811 de junio de 2020, con el que el Gobierno buscaba subastar Ecopetrol, Cenit SAS, ISA y otros bienes públicos, la Corte explicó su decisión afirmando que no existe causa entre la emergencia y el contenido del decreto, ganándole nuevamente a la privatización del estado colombiano.
Vía: No entregarán 22 campos petroleros del Huila a filial Hocol 26/09/2020
Columna de Opinión Regional
Zona rural del Huila pide mayor inclusión laboral en el sector petrolero
Elizabeth Perea
El 24 de agosto, 11 comunidades del norte del Huila, Guacirco, San Jorge, Dindal, San José, San Francisco, Tello, Venado, Venadito, Balcones, Ceibas y Caimán; comenzaron manifestaciones en las zonas de extracción petrolera alegando violación de los derechos laborales por parte de las contratistas de Ecopetrol S.A.
Lo anterior surge a partir del comienzo de actividades de la empresa de Servicio de Seguridad Privada, Servisión, en las modalidades de vigilancia fija y móvil en las instalaciones de la Estatal; exponiendo que el proceso de selección de personal llevado a cabo los días 22 y 23 de agosto, no se desarrolló en las fechas programadas por la entidad y desconoció a los proveedores de bienes y servicios locales, ocasionando la nula participación de la ciudadanía y con ello, malestar e incremento de desempleo.
Esta situación implica una violación al Decreto 2089 de 2014, expedido por el Presidente de la República y los Ministerios de Trabajo y Minas y Energía, el cual señala que la totalidad de la mano de obra no calificada necesaria para el desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos deberá en principio ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre. Mientras que, la mano de obra calificada (personal con formación técnica, tecnológica o profesional) corresponde al 30% de este.
De la mano con lo anterior, la oferta de vacantes debe tener un orden de priorización. Primero, se realiza en los municipios del área de influencia; donde en caso de no encontrar el personal idóneo para el cargo, el Servicio Público de Empleo debe certificar que efectivamente no hay oferentes que cumplan con el perfil. Después, se procede a buscar en las zonas aledañas, departamento y por último en el orden nacional. Ante ello, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, de las zonas afectadas afirmaron que esto no se cumplió y que en su banco de hojas de vida cuentan con personal que cumple con los perfiles requeridos por Servisión para aplicar a los cargos de supervisor y HSE operativo.
Por esta razón, el 4 de septiembre, se realizó una mesa de negociación entre la contratista, las JAC, Ecopetrol y la Personería Municipal, con el ánimo establecer compromisos como: i) generar mecanismos para crear oportunidades a la empresa de transporte de la comunidad; ii) realizar evaluaciones de desempeño cada seis meses, iii) dispones 25 cupos de fundamentación de vigilancia para las comunidades; iv) desbloquear y cesar las vías de hecho, siempre y cuando, se cumpla lo pactado, entre otras.
Sin embargo, las responsabilidades adquiridas por las partes después de la reacción de la población no son el debido proceso; teniendo en cuenta que, se deben ofrecer oportunidades a las personas residentes en las zonas petroleras, tal y como lo establece la ley, para así, promover mejores prácticas durante la contratación de personal.
En definitiva, se requiere que las entidades gubernamentales pertinentes realicen un seguimiento al cumplimiento de los términos de contratación en las zonas de influencia, contando como única excepción de incumplimiento de porcentajes por parte del empleador la inexistencia de perfiles requeridos, lo cual debe ser avalado por las agencias de empleo. Esto impide que las empresas tengan la facultad de determinar que ninguno de los postulantes cuenta con las condiciones técnicas y de esta manera, se le garantiza a la comunidad mayor participación y equidad en los procesos.
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