Por: Marcela Vega de la Asociación de Becarios de Casanare, ABC
Introducción
La gran expansión que ha sufrido el sector minero energético en los últimos 20 años, ha generado que las comunidades perciban un desbalance respecto a los impactos de la industria petrolera y los beneficios en su desarrollo; Casanare no ha sido la excepción a este contexto. Desde la década de 1980 en este territorio el cambio de las dinámicas laborales, principalmente en la zona rural, los habitantes pasaron de ser campesinos a ser obreros al servicio de las contratistas petroleras, situación que condujo a que las comunidades se organizaran casi por completo alrededor de los turnos laborales de las compañías [1].
Alrededor de la primera década del 2000, en Casanare se evidenció la problemática de las Juntas de Acción Comunal (JAC) respecto al hecho de asumir un papel de intermediación con las petroleras para la asignación de cupos laborales. Los líderes comunales realizaban negociaciones con las compañías para la contratación de la mano de obra local y de esta manera las empresas también evitaban bloqueos sociales de su operación.
Con este escenario, en búsqueda de abordar las relaciones de conflictividad generadas a raíz de la contratación laboral por parte de las industrias extractivas, como se menciona en la investigación la crisis de la empleabilidad realizada por Crudo Transparente, el Estado colombiano ha implementado varias normativas. Una de estas es la Ley 1552 de 2012 que establece la competencia de los alcaldes para expedir los certificados de residencia y así vincular la mano de obra local en los municipios productores. Así mismo, se encuentra el Servicio Público de Empleo (SPE), reglamentado por medio de Ley 1636 de 2013, que ayuda a los trabajadores a encontrar un empleo acorde a su perfil y a las empresas a aumentar su productividad y competitividad [2].
Así las cosas, surgen algunos interrogantes en el contexto de Casanare: ¿Qué impacto ha tenido en las comunidades la intermediación de las JAC para la contratación laboral? ¿Cuáles son los retos que han enfrentado las comunidades de Casanare con los cambios de normatividad? ¿Cómo influye la residencia en el territorio en la selección para contratación laboral? En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar la percepción de las comunidades, de la industria petrolera y de las instituciones del Estado frente a los retos e impactos que ha generado la transición de la contratación laboral con la implementación del SPE en el sector de hidrocarburos en Casanare.
La intermediación laboral de las JAC en Casanare
La Junta de Acción Comunal (JAC) ha pasado a ser redefinida como “una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa” [3]
A la edad de 14 años las personas pueden convertirse en miembros de sus JAC; sin embargo, en Casanare su motivación depende principalmente del papel de estas instituciones en la definición de los cambios de empleo en las compañías petroleras. “Muchos se han volcado al trabajo petrolero abandonando el cultivo de la tierra o la actividad ganadera, asumiendo ahora las prácticas propias de un obrero” [4].
Según caracterización sobre el empleo en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal, realizada en el 2005 por la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), para ese momento el 79,4 % laboraba en el sector privado, el 20,4 % en el sector oficial (se incluyen trabajadores que laboran con contratistas del Estado). De la población que trabaja en el sector privado, el 49,3 % se ubicaba en los sectores comercio y servicios, el 18,7 % en el sector agropecuario, 9,9 % en el transporte, y el 8,8 % en la construcción; la industria petrolera se ubicaba en el sexto lugar con el 6,7 % [5].
Ahora bien, aunque la industria petrolera marcaba un porcentaje relativamente bajo en empleo con respecto a los otros sectores, se dio un cambio en la dinámica laboral en Casanare por diferentes razones: en primer lugar, el aumento poblacional desordenado hizo crecer repentinamente la demanda de empleo; en segundo lugar la industria petrolera, por las características técnicas de su operación, no requería toda la mano de obra disponible. Sin embargo, el crecimiento económico sostenido y la solvencia económica de muchos de los “recién llegados” generó una oferta informal de bienes y servicios que empleó a las inmensas mayorías del departamento; esta vez, como es natural, informalmente [6].
Así las cosas, las labores del campo, históricamente desgastantes y poco remunerativas pero de enorme valor social, han sido desplazadas por trabajos fugaces en la industria petrolera, con altos salarios, poco desgaste y nula rentabilidad social. Esta descampesinización (Proceso que ocurre cuando las fuerzas económicas del mercado empiezan a deshacer al campesino utilizando sus recursos industriales) progresiva, que supone una transformación en la estructura productiva de la región, pasa por el abandono de elementos culturales propios del habitante del piedemonte y del llanero de la sabana (…) Los testimonios de las comunidades hablan de precariedades, de conflictos, de violencias que contrastan con los balances económicos y sociales presentados por los gobiernos recientes” [7]
En Casanare las JAC en su estructura cuentan con la comisión laboral como la principal línea de sus estatutos, es la más activa y la que funciona de manera más clara. En contraste, comisiones como la ambiental, la de educación, entre otras, son débiles y en algunos lugares inclusive miembros de la comunidad desconocen quién es su coordinador(a). Esto evidencia aún más la relevancia del tema laboral en la organización comunitaria.
Es en medio de este contexto que se da la intermediación laboral, mecanismo que emerge para controlar los cupos laborales por parte de las JAC, lo cual como lo mencionó Clara López Obregón, Ministra de Trabajo en el año 2016, ha generado corrupción con la expedición de certificados domiciliarios a personas que no viven en la región, pues las empresas petroleras tienen la obligación de privilegiar en las vacantes a los habitantes de la misma zona”, agregando que hay denuncias en contra de juntas de acción comunal por esta práctica [8].
Así mismo, según entrevista realizada en el año 2014 por el medio de comunicación “La Reportería” al Defensor del Pueblo, Mauricio Mojica Flórez, la problemática que ha surgido con las JAC, se remonta especialmente a la relación que se ha tenido con la industria petrolera. “Las empresas petroleras, empezaron a promover de manera equivocada, una especie de unión comunitaria entre las veredas del área de influencia y empezaron a apoyarse en el trabajo de los presidentes de las juntas de acción comunal, para a escogencia de las comunidades que trabajaban y la escogencia de los bienes y servicios de la región” “no son todos, pero si algunos los presidentes de las JAC que amparados en sus cargos, solicitan aportes voluntarios y extraordinarios, a cambio de asignar cupos laborales o avales para incorporación de vehículos a la operación de la industria petrolera” [9]
Las JAC y la relación con el SPE en Casanare
A partir del contexto mencionado anteriormente, surgen una serie de normativas justificadas en que en las zonas petroleras no existía una institucionalidad para la búsqueda de empleo. La industria petrolera se había convertido en un para-estado, era la que definía la política de desarrollo de los municipios, no había reglas definidas en cuanto a oferta y demanda laboral; de esta manera, se crearon una serie de actores entre ellos las JAC que se ofrecieron como intermediarios para llenar la vacantes [10].
De acuerdo con el Decreto 2089 de 2014, en los campos petroleros es necesario que la totalidad de la mano de obra no calificada sea del Municipio del área de influencia mientras que la mano de obra calificada debe ser del 30 %. Sin embargo, la intermediación laboral en el sector generaba muchos beneficios para agentes que la ejercen de modo corrupto e ilegal. [11]
Para el 2013 surge la Ley 1636, en la cual se estipula que todos los empleadores están sujetos a registrar sus vacantes en el Sistema Público de Empleo (SPE). Aunque, esta estrategia se estableció para lograr mayor transparencia en la contratación de mano de obra, ha generado mucha inconformidad en las comunidades que han perdido ese poder de intermediación -y presión- para que Ecopetrol contrate a personas específicas o cambie los perfiles de ciertos cargos [12].
No obstante, en la práctica prima la existencia de acuerdos entre las comunidades aledañas al sector del proyecto petrolero y la operadora con el propósito de brindarle oportunidades laborales a los integrantes de su comunidad, razón por la cual las normas del Servicio Público de Empleo han sido de difícil incorporación en este ámbito.
En entrevista con Ofelia Jiménez, funcionaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una de las instituciones encargadas de implementar el SPE, considera que los principales retos de la transición de la contratación laboral en el sector de hidrocarburos son:
- Para la Institución: que las comunidades conozcan los mecanismos y todo el sistema normativo, que puedan postularse, que las plataformas de autogestión sean accesibles tanto para empresas que buscan el talento humano como para las personas que buscan el trabajo.
- Para las comunidades: romper costumbres tradicionales frente al manejo del empleo, ya que lo consideraban como parte de la responsabilidad social. El reto principal es la generación de confianza frente a los procesos de contratación del SPE; asimismo, el nivel de escolaridad y la brecha tecnológica son unas grandes limitantes y también influye el nivel de organización comunitaria, ya que donde es fuerte se facilita más el proceso tanto de formación como de aplicación de los mecanismos.
- Para la Industria: lograr que en el relacionamiento con las comunidades haya un mensaje de un proceso participativo, tener mayores claridades frente al cumplimiento de la normatividad y transmitirlo a la población aledaña a sus proyectos. Finalmente, tener conocimiento del sistema y sentir que es asequible y que les sirve.
Un criterio adicional para la selección de personal en la contratación de mano de obra en la industria petrolera es acreditar la residencia de un(a) candidato(a), para lo cual la Ley 1551 de 2012 estableció que es competencia de los alcaldes expedir el respectivo certificado de residencia con base en los registros electorales o del Sisben, así como los registros de afiliados de las JAC. En este aspecto, existe un vacío regulatorio a nivel municipal y departamental en relación a las calidades que debe tener un certificado de residencia y la vigencia del mismo, lo que implica una labor compleja para verificar la idoneidad del certificado; pues se ha logrado evidenciar que con el propósito de ingresar a laborar en el sector de los hidrocarburos, con gran frecuencia los aspirantes tienden a falsificar estos documentos, aprovechando la falta de regulación en la estandarización de los certificados de residencia. [13].
Según el Secretario de Gobierno de Yopal de 2017 en entrevista al medio Casanare 24horas, reiteró que estos certificados que en su mayoría se utilizan para comprobar la residencia de un ciudadano en un sector de la ciudad, frente a una oportunidad laboral, de vivienda o beneficio social, han sido en muchas ocasiones entregados de manera falsa, mediante actos de corrupción, burocracia, intereses políticos, y otras formas ilegales. Estas constancias son un documento público y cualquier irregularidad en su expedición, puede ser causal de una sanción de tipo penal [14].
Los criterios a tener en cuenta para solicitar el certificado de residencia son:
1. Censo electoral, siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año inscrito en el mismo. 2. Sistema de potenciales beneficiarios de programas sociales, como el Sisbén, siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año inscrito en el mismo. 3. Libros de afiliados de las Juntas de Acción comunal, debidamente registrados ante la entidad de inspección, control y vigilancia, siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año en los mismos. 4. Las solicitudes de certificado de residencia son resueltas dentro de los quince días siguientes a su recepción. 5. La vigencia del certificado de residencia será de seis (6) meses, contados a partir de su fecha de expedición. [15].
Además de la lucha de los pobladores por la contratación local principalmente de la mano de obra no calificada; actualmente, hay una fuerte discusión en torno a la contratación de mano de obra calificada, ya que a diferencia del contexto de años atrás, se considera que Casanare se ha fortalecido en términos de educación, como lo manifiesta Jessica Avella, Concejala de Yopal y el departamento cuenta con diez universidades y 64 programas académicos dentro de los cuales se encuentra Ingeniería de Petróleos y otras carreras asociadas a la operación de la industria de hidrocarburos.
Casanare ocupó el décimo puesto entre los 32 departamentos en la prueba Saber 11 del año 2018. Eso demuestra que la región ha hecho esfuerzos por mejorar la calidad de la educación básica y en especial es notoria la mejoría en la educación pública. Sin embargo, los bachilleres casanareños tienen dificultades para ingresar a universidades acreditadas de alta calidad. Aspecto que afecta el desarrollo del capital humano para ciencia, tecnología en investigación en la región [16].
Según cifras del censo poblacional en 2018 Casanare se acerca a los 400 000 habitantes, Yopal tiene cerca de 200 000. En promedio cada año 5 900 casanareños terminan el nivel de escolaridad, para 2018 136 jóvenes de Casanare obtuvieron más de 350 puntos en la prueba Saber; sin embargo, a pesar de tener los mejores resultados, no pueden ingresar a instituciones educativas de calidad, por eso se requiere de una estrategia para fortalecer el talento humano de la región y facilitar el retorno para el desarrollo de proyectos asociados en ciencia y tecnología [17].
Por su parte, según lo evidenciado en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Es el tiempo de Casanare, Productivo, Equitativo y Sostenible” una meta que se plantea la administración es aumentar la tasa de cobertura de educación superior en cinco puntos, ya que actualmente se encuentra en 25,2 % [18].
En línea con esto, Juan Pablo Riaño, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios de Casanare (ASPEC) manifiesta que “Existe un descuido por parte de la industria petrolera e incluso de las autoridades municipales y departamentales por no tener cuenta a las personas originarias y antiguas quienes han tenido que vivir todos los impactos. Acá lo que se está presentando es una inequidad, una injusticia social, marginan y excluyen a quienes fundaron y formaron los municipios de Casanare”.
Desempleo en la industria petrolera: Aguazul, Tauramena y San Luis de Palenque
Aguazul, Tauramena y San Luis de Palenque son municipios ubicados en el centro, sur y nororiente de Casanare, respectivamente. Por esta razón, analizar la situación de empleo resulta importante frente a las inquietudes respecto a los retos que genera la transición de las dinámicas de contratación laboral en el departamento.
Según la información obtenida de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre la producción fiscalizada tanto de gas como de crudo, a febrero de 2020 Aguazul cuenta con siete campos de producción y 2 son de hidrocarburos. Por su parte, San Luis de Palenque tiene siete campos de gas y 22 de crudo. Tauramena, tiene 8 y 16 de gas y crudo respectivamente. Esto sugiere que siguen siendo municipios con una operación importante; por lo tanto, que requiere una cifra relevante de empleos para cubrir las necesidades de estos proyectos [19].
Sin embargo, según el Ministerio de Minas y Energía, para abril de 2020 bajó la producción petrolera, con respecto a la producción de marzo, debido principalmente al cierre temporal de pozos por los precios internacionales del crudo, la emergencia sanitaria por el COVID-19 y factores de orden público. En Casanare los campos afectados principalmente fueron Tigana (Tauramena) y Cupiagua (Aguazul), situación que pudo verse reflejada en pérdida o suspensión de empleos en el sector [20].
Según el SPE, en el 2019 en Casanare se generaron 30 059 vacantes, cifra significativamente mayor a la registrada en el 2015, tiempo en el cual se relacionan 4 293. Este dato ha aumentado de manera progresiva tal como lo muestra el gráfico uno [21].
Ahora bien, con respecto al sector de hidrocarburos, este generó 77 356 trabajos formales durante 2019, gracias a la gestión de las agencias y bolsas de empleo autorizadas. Casanare, fue el segundo departamento del país donde más oportunidades laborales se registraron con 12 996 [22].
Gráfico 1. Número de vacantes por año en Casanare, Yopal, Aguazul, San Luis de Palenque y Tauramena
Fuente: elaboración propia con datos del SPE – Junio 2020
Aguazul, Tauramena y San Luis de Palenque a pesar de los impactos por la inestabilidad del precio del petróleo, siguen siendo municipios donde el sector petrolero es la principal fuente de ingresos. Tal como lo manifiesta Luisa María Avella, fiscal de una JAC de Aguazul, la producción petrolera es el recurso más grande del municipio seguido por la ganadería, el cultivo de arroz y de palma. Para acceder a las ofertas laborales han tenido que aprender a manejar las plataformas del SENA y Comfacasanare del SPE, para lo cual han recibido varias capacitaciones que brindan estas instituciones, la alcaldía y las compañías petroleras.
Por su parte, en entrevista realizada a una funcionaria de una operadora petrolera de Aguazul, quien pide reservar su nombre, considera que actualmente funciona bien el proceso a través del SPE según lo establece la normatividad vigente. “El reto fue muy grande porque las comunidades manejaban este proceso de contratación a través de listados y adaptarse a este sistema fue complejo en la medida que debía romperse con la intermediación laboral. Para esto se ha hecho una serie de capacitaciones y sensibilización por parte de las Agencias Públicas de Empleo y las operadoras”.
Finalmente, es relevante tener en cuenta el impacto del COVID-19 dentro de la situación de desempleo en Casanare, aspecto que se relaciona en el sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Casanare en abril de 2020 y que evidenció que un 72 % de las empresas tuvieron que parar temporalmente actividades y un 11 % hizo un cierre total, condiciones que tienen efecto directo en el empleo de los casanareños. Dentro de las principales medidas está: 20 % reducción planta de personal, 18 % suspensión de contratos, 15 % vacaciones colectivas y 15 % vacaciones anticipadas [23].
Conclusiones
El proceso de transición de la contratación laboral en el sector de hidrocarburos ha traído consigo diferentes efectos. La falta de regulación respecto a los mecanismos de contratación de mano de obra local, por parte del sector de hidrocarburos, tuvo como efecto la intermediación laboral por parte de las JAC. Lo anterior desencadenó conflictos de poder al interior de las organizaciones comunitarias, corrupción y cobros ilegales para la asignación de cupos de trabajo.
En línea con esto, a partir de la Ley 1636 de 2013 el SPE busca brindar igualdad de oportunidades a todos los miembros del municipio; sin embargo, se generó un choque respecto al sistema anterior. Las comunidades mantienen establecidas unas listas rotativas de sus miembros para acceder a las vacantes de los proyectos petroleros que operan en su territorio. Es por esto que por ejemplo en Tauramena, El Morro, entre otros, se siguen presentando bloqueos sociales por parte de las comunidades dada la negativa de la operadora a contratar personal de su comunidad, ocasionando suspensiones de líneas productivas por un término amplio; lo cual genera una afectación negativa de la producción petrolera [24].
Así mismo el SPE ha generado importantes retos tanto para las comunidades, como para la industria y las instituciones a cargo de la implementación.
- La adaptación al cambio por parte de las comunidades es compleja en la medida que han sido más de 30 años de aprendizajes de las dinámicas organizativas que la oferta laboral ha generado. Es así que temas como el nivel de escolaridad, la brecha tecnológica, el nivel de organización comunitaria han sido factores que influyen fuertemente en que se facilite o no el manejo del SPE.
- Para la industria petrolera también ha requerido una constante adaptación a las diferentes normatividades que han surgido en torno a la contratación laboral en Casanare. Un punto esencial es entender el sistema, apropiarse y hacerlo funcional frente al relacionamiento con las comunidades, en la medida que la contratación laboral es uno de los principales motivos de conflictividad social.
- Para el SPE como sistema integrado por diferentes instituciones (Ministerio de Trabajo, SENA, Comfacasanare, etc…) el reto es trabajar articuladamente, y en ese sentido lograr que tanto las comunidades como las empresas tengan las competencias necesarias para el uso adecuado de los mecanismos, herramientas y plataformas. De manera que lo se busca es un sistema funcional y transparente; además, que mitigue aspectos como la corrupción y se pueda perfilar a las comunidades para que cumplan con los requerimientos de los cargos de la industria petrolera.
Finalmente, el panorama laboral en Casanare es complejo, si bien las cifras del SPE respecto a las vacantes en el departamento muestran un incremento progresivo, este año a la luz de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y los bajos precios del petróleo a nivel mundial, impactan negativamente en el empleo directo e indirecto generado por el sector de hidrocarburos. Esto implica grandes retos para la industria, las comunidades y la administración departamental en lo referente a las estrategias para lograr avanzar en el desarrollo territorial.
Bibliografía
[1] Ministerio de Trabajo, Decreto 2089 de 2014. Disponible en: https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2014/10/cambios-en-la-normatividad-laboral-para-empresas-p
[2] Crudo Transparente. La crisis de empleabilidad en el sector extractivo y los fallos del proceso de contratación. Análisis del Decreto 1072 De 2017. Disponible en https://crudotransparente.com/2020/04/24/crisis-de-empleo-en-sector-extractivo/
[3] Ministerio del Interior, Congreso de Colombia, Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal.
[4] Pmabogados, El servicio público de empleo en el sector petrolero y la tensión con las cuotas de empleo de las comunidades, 2018. Disponible en:
[5] Cámara de Comercio de Casanare, Caracterización del empleo en Casanare, 2005. Disponible en: https://www.cccasanare.co/wp-content/uploads/2019/03/02-Caracterizaci%C3%B3n-del-empleo-en-Casanare-2005.pdf
[6] Plan de Gestión Social Integral, 2014-2018, Equión Energía
[7] Rojas, Z. 2017. Transformaciones económicas y sociales en las juntas de acción comunal a causa de la industria petrolera el caso de la vereda el Banco Buenos Aires, Hatocorozal, Casanare. Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/34369/RojasCortazarAndersonZamir2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[8] Actualícese.com, “Mano dura contra la intermediación laboral”, 2016. Disponible en: https://actualicese.com/mano-dura-contra-la-intermediacion-laboral-ilegal-en-zonas-petroleras/
[9] La Reportería, Las JAC no pueden cobrar por cupos laborales: Ministerio de Trabajo, 2014. Disponible en: https://lareporteria.com/2014/08/10/1375/
[10] Camacho, C. Revista Portafolio, 2017, “No existía una institucionalidad para la búsqueda de empleo” Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/no-existia-una-institucionalidad-para-la-busqueda-de-empleo-506800
[11] Ministerio de Trabajo, Decreto 2089 de 2014, Por el cual se adoptan medidas especiales para garantizar la vinculación de mano de obra local a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
[12] Nuñez J. Costos de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos en Colombia. Desequilibrio social en las regiones convertido en desequilibrio económico en las empresas y los municipios. PNUD, 2016. Disponible en: https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAmbiente/undp-co-Costos%20de%20la%20conflictividad%20social%20en%20el%20sector%20de%20hidrocarburos%20en%20Colombia-2016.pdf
[13] Pmabogados, El servicio público de empleo en el sector petrolero y la tensión con las cuotas de empleo de las comunidades, 2018. Disponible en:
[14] Casanare24horas, Secretario de Gobierno De Yopal, “jaló” las orejas a quienes expiden certificados de residencia de manera fraudulenta. 2017. Disponible en: https://casanare24horas.com/?p=2542
[15] Alcaldía de Yopal, Criterios para solicitar el certificado de residencia, 2020.
[16] Hurtado, MF., El Nuevo Siglo, Hay que fortalecer el acceso a la educación superior, 2019. Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-hay-que-fortalecer-el-acceso-la-educacion-superior
[17] Hurtado, MF., El Nuevo Siglo, Hay que fortalecer el acceso a la educación superior, 2019. Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-hay-que-fortalecer-el-acceso-la-educacion-superior
[18] Asamblea Departamental de Casanare, Ordenanza 002 de 2020, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” 2020 – 2023.
[19] Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, Producción fiscalizada de gas y crudo, febrero del 2020.
[20] Prensa Libre Casanare, 2 de junio de 2020. Campos en Casanare disminuyeron la producción petrolera. Disponible en: https://prensalibrecasanare.com/industriapetrolera/37634-campos-en-casanare-disminuyeron-producciun-petrolera-en-abril.html
[21] Sistema Público de Empleo, Anexo Demanda – mayo de 2020
[22] Sistema Público de Empleo, “Sector hidrocarburos generó cerca de 78 mil trabajos en 2019 a través del SPE”, mayo de 2020. Disponible en: https://www.serviciodeempleo.gov.co/prensa/noticias/2020/sector-hidrocarburos-genero-cerca-de-78-mil-trabaj
[23] Cámara de Comercio de Casanare, Encuesta de Medición de Impacto del COVID-19 en empresas casanareñas. Abril de 2020.
[24] Pmabogados, El servicio público de empleo en el sector petrolero y la tensión con las cuotas de empleo de las comunidades, 2018. Disponible en:
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