Columna nacional de opinión
Semanas agitadas para la industria de los hidrocarburos en Colombia
Katherine Casas, investigadora nacional
El gobierno de Gustavo Petro está a punto de cumplir sus primeros 100 días. Desde que se posesionó el pasado 07 de agosto, el mandatario y su gabinete de ministros se han enfocado en temas relacionados a la salud, el aumento del precio de la gasolina, la reforma agraria, la reforma tributaria y la aceleración de la transición energética entre otros aspectos.
Desde sus inicios como presidente de Colombia, siempre el tema energético y la actividad extractiva han estado en el debate nacional y los últimos días la discusión fue aumentando paulatinamente; siendo una semana bastante agitada para la industria.
En primer lugar, con un alza del dólar acercándose a los 5 000 pesos, un precio histórico que se presume seguirá incrementando, los gremios y analistas económicos afirman que los anuncios iniciales del mandatario y la cartera minero energética de no firmar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos han contribuido a este contexto alarmante.
Es cierto afirmar que la posición radical del mandatario y su política anti extractivista, sumado a sus anuncios de los impuestos al mercado o el posible incumplimiento de la regla fiscal, han contribuido al alza del dólar. El problema es que la ofensiva petrolera de Petro contribuye a generar volatilidad en el mercado e incertidumbre en el plano económico local. Sin embargo, no se puede olvidar que factores externos como las tasas de interés en países desarrollados, el precio del petróleo y la Guerra en Ucrania han contribuido a esta subida.
La primera moción de censura del Gobierno Petro
Otro tema que resonó mucho dentro de la industria, y que está estrechamente relacionado con lo anterior, es la radicación de la moción de censura de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La funcionaria será la primera que tendrá una moción del gobierno de Petro.
Los comentarios de Vélez frente al decrecimiento económico, la negativa de las firmas a nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, las presuntas intenciones de comprarle gas a Venezuela y sus confusiones sobre la cifra billonaria a la gasolina, habrían sido la motivación para la solicitud de dicho debate dentro del Congreso.
Además, promotores de la iniciativa aseguran que las declaraciones apresuradas de la ministra supuestamente están generando pánico económico que contribuirán al alza del dólar en Colombia. Aquí lo realmente importante es que a través de instrumento de control político, la titular de la cartera responda a los cuestionamientos en el capitolio, y si el caso corresponde debe enfrentar a las sanciones políticas impuestas. Por supuesto, si continúa en el cargo debe moderar su postura y declaraciones para generar confianza en el mercado.
¿Falta coordinación interna entre el mandatario y sus funcionarios?
Por último, la semana agitada terminó con el cambio de la Junta Directiva de Ecopetrol y el anuncio de la postura de Petro sobre si habrá nuevos contratos petroleros; anuncios que aumentaron la zozobra y supone falta de coordinación entre los funcionarios del Gobierno. Con respecto al primer tema se venía comentando desde hace meses estos cambios, en especial de que Iván Duque, dejó “amarrada” a la junta e incluso cambió los estatutos para aumentar su periodo en la empresa.
El 27 de octubre, se realizó la designación de Carlos Gustavo Cano Sanz como el presidente de Junta Directiva y se ratificó en el cargo al presidente actual de la estatal, Felipe Bayón. La elección de Cano, ex ministro de Agricultura de Álvaro Uribe, envió un mensaje tranquilizador al mercado; un tema importante dado que la acción de la petrolera ha caído alrededor del 40 % desde inicios de marzo.
Sin embargo, Cano duró menos de 24 horas como presidente de la junta directiva. Luego que la designación se hiciera pública, en un comunicado se informó que Petro desaprobó la designación y pidió adelantar la sesión para destituir a Carlos Gustavo. Ahora el presidente de la empresa de la iguana es Saúl Kattan, que dirigió a ETB en el 2012 y es cercano al mandatario.
Es usual que los gobiernos impongan a alguien de confianza en los cargos de una propiedad estatal y mayoritariamente pública, lo que genera zozobra es que la junta se escoja libremente, para que luego el presidente del país interceda caprichosamente en ella para modificar su decisión; “jugaditas” criticadas por Petro en gobiernos anteriores. Aquí lo más preocupante es que lo ocurrido con Cano muestra una falta de coordinación del gobierno en un tema muy importante y la comunicación sobre estos asuntos deben ser herméticos para, de nuevo, calmar al mercado en medio de la incertidumbre.
Y ahora, aunque es una noticia positiva para las finanzas del país, el anuncio de Petro sobre reconsiderar su decisión de firmar más contratos de exploración y explotación de petróleo, creció la sensación de que no hay consensos y coordinación entre sus funcionarios. Por un lado, la viceministra de energía Belizza Ruiz, dijo a varios medios “no habrá nuevos contratos…” y ese mismo día Ocampo, ministro de Hacienda, le respondió de manera pública: “Esa decisión , perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”. Se le suma que la semana siguiente, Vélez reafirmó: “Hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”. Esa falta de claridad de los ministros y las ministras ha sido tal que el mismo presidente del Senado los ha regañado en medios de comunicación.
En definitiva en estos últimos días se ha aumentado el debate nacional alrededor de la industria de los hidrocarburos y su futuro. Como se suponía, estos temas es uno de los puntos más álgidos en las decisiones y la agenda programática de Petro, por tal razón al ser uno de los elementos centrales del proyecto político del mandatario, y más al proponer una transición energética justa, sus mensajes, declaraciones y decisiones deben estar encaminadas en generar confianza y estabilidad.
NOTICIAS
El proceso de transición energética del gobierno Petro costaría 8000 millones de dólares
El gobierno de Gustavo Petro reveló que el proceso de transición energética justa que han planteado y que han tenido como bandera desde el proceso de campaña, costaría alrededor de 8 mil millones de dólares para un periodo de ocho años. El enorme monto requerirá de inversión privada.
En un documento borrador del ministerio de Minas y Energía, se señala que en este periodo post pandemia los fondos del gobierno son limitados y se están priorizando servicios de atención médica; sin embargo, se afirma que el proceso de transición energética es sumamente relevante por lo cual los procesos de asociación entre el sector público y privado son fundamentales para impulsar inversiones multianuales que materialicen los proyectos de transición.
Existen cuatro áreas que serían la base del proceso y las que el gobierno priorizaría, la primera es la denominada “comunidades energéticas” la cual busca promover proyectos de generación de energía para que ciertas comunidades logren venderle energía al sistema. El segundo punto es la electrificación del transporte público y privado, esto se buscará mediante la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, la renovación de la flota de diferentes sistemas de servicio público y la compra de trenes y tranvías eléctricos. El tercer punto está centrado en la promoción de proyectos que permitan mejorar y ampliar los servicios de almacenamiento de energía. Por último, se encuentra en apoyo a nuevas tecnologías que permitan la generación de energía limpia, ejemplo de ello son los proyectos de hidrógeno verde.
Emisiones de gases efecto invernadero alcanzaron concentraciones récord en 2021
En su más reciente boletín de gases de efecto invernadero, la Organización Meteorológica Mundial reportó que los tres principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, alcanzaron máximos históricos durante el 2021. De estos tres gases, el que contribuye en mayor medida a la crisis del cambio climático es el dióxido de carbono, dicho gas alcanzó un 140 % del nivel preindustrial, su aumento se debe principalmente a la combustión de combustibles fósiles y a la alta producción de cemento alrededor del mundo.
La Organización también reveló que de todas las emisiones procedentes de actividades humanas durante el 2011 y 2020 un 48 % se acumuló en la atmósfera, mientras que un 26 % y 29 % se acumularon en el océano y la tierra respectivamente.
A este informe se le suma el comunicado de las Naciones Unidas el cual anunció que los diferentes planes por parte de las naciones para contrarrestar el cambio climático y reducir la temperatura global han sido insuficientes, por lo cual la temperatura global podría aumentar más de 2°C durante los próximos años.
Gobierno Petro si firmaría nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo
Debido a la situación en materia fiscal del país, el gobierno de Gustavo Petro considera cambiar su postura frente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, esto lo comunicó el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta Ramos. Acosta expresó que dependiendo de los nuevos números y de esa realidad en materia de liquidez internacional, en el mercado de deuda, en los mercados cambiarios, serán los números los que determinen la decisión final.
Este importante anuncio cambia radicalmente el discurso del gobierno respecto a la actividad petrolera ya que hasta ahora se había expresado que si bien se respetarían los acuerdos ya firmados, no se firmarían más contratos de este tipo con ninguna empresa.
Cabe señalar que diferentes miembros de partidos pertenecientes a la oposición, como la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, afirmaron que es correcto que el gobierno de Petro se de cuenta de sus posturas erróneas y las corrija antes de que repercutan de forma negativa en los intereses del país.
RESEÑA
Por: Juan Felipe Ortiz
El 27 de octubre se realizó la presentación de resultados del Barómetro Petrolero 2022 a cargo de Jaime Artiaga y Asociados, JA&A. En este evento estuvieron presentes miembros del Centro Nacional de Consultoría, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del ministerio de Minas y Energía, de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la ANDI y Ecopetrol. Diana Cuestas, directora ejecutiva de JA&A, ejerció como moderadora y maestra de ceremonias y afirmó que este espacio tenía como objetivo conversar sobre el rol que el sector energético cumple en el proceso de transición energética.
Francisco Lloreda, presidente de la ACP, inició su intervención refiriéndose a la tensión e incertidumbre que se evidencia, a nivel local y mundial, sobre el tema del petróleo, su producción y su futuro. Lloreda explicó que dentro de todo el nerviosismo que se vive al interior de la industria, era necesario que Colombia iniciara esta discusión para empezar a crear consensos que sirvan para el corto, mediano y largo plazo. Igualmente, el presidente del gremio resaltó la importancia de la industria del petróleo y del gas en Colombia y afirmó que de acabar con estas actividades el país sufriría un golpe tremendo en términos económicos y sociales.
Por otro lado, Jaime Artiaga, director general de JA&A, presentó los resultados de una encuesta realizada a 2 850 personas, entre las cuales se encontraban individuos pertenecientes a grupos directivos de empresas petroleras en Colombia y miembros de autoridades locales, nacionales y ambientales del país.
En las encuestas se pudo evidenciar que la gran mayoría de los entrevistados creen que en los próximos cinco años las operaciones petroleras se reducirán, esto debido a razones como el cambio de gobierno, la falta de apoyo de las comunidades situadas en zonas de exploración y explotación minera y la falta de estabilidad jurídica.
Asimismo, la encuesta demostró que el 48 % de los encuestados cree que se avanzará sustancialmente en el desempeño de las operaciones en términos ambientales. En cuanto a la transición energética, el 51 % afirmó que el sector se vinculará y se comprometerá aún más con este proceso dentro del próximo lustro.
Artiaga también resaltó los resultados que indican que los ciudadanos aprecian las oportunidades que esta industria genera en sus regiones. El 79 % consideró que las actividades extractivas son necesarias para el desarrollo de programas sociales en el país, 73 % afirmó que las empresas petroleras promueven la contratación de locales en sus operaciones fomentando de esta manera el buen estado del mercado laboral. Además de esto, aseguró que, incluso contando a las regiones no productivas en términos de gas y petróleo, se reconoce que estos elementos son el segundo rubro más importante para exportaciones del país.
La encuesta igualmente reafirmó la desigualdad que se vive en el país. Esto se midió mediante la comparación de satisfacción de los ciudadanos, situados en regiones productivas y no productivas de petróleo y gas, con servicios básicos. Mientras el 77% de los habitantes de regiones no productivas encuestados afirmaron estar satisfechos con el servicio de energía eléctrica, en las regiones productoras este número bajó hasta el 69 %. En cuanto al acceso y buen funcionamiento del servicio de acueducto y alcantarillado, en regiones no productivas la cifra fue de 67 % y en las regiones productivas fue de 53 %. Con esto no solo se midió la desigualdad sino también la falta de confianza por parte de los ciudadanos con las instituciones gubernamentales que no garantizan de forma eficiente el acceso a servicios.
Retomando el tema de la transición energética, 86 % de los encuestados opina que lo que se genera en el sector petrolero y gasífero debe financiar alternativas que sirvan como fuente de energía en un futuro. Artiaga finalmente hizo énfasis en el resultado que indicó que el 63 % de los encuestados cree que las finanzas del país se verían seriamente afectadas en caso de frenar la exploración de nuevos pozos y yacimientos. Otra pregunta fue contundente, ¿cuál cree que deba ser el papel de Colombia en el escenario mundial? 69% respondió que Colombia debe priorizar la superación de la pobreza incluso si eso significa depender de la producción de petróleo y carbón; el otro 31 % respondió afirmando que Colombia debe suspender todas las actividades de petróleo y carbón con el fin de luchar contra el cambio climático.
Para más información de las encuestas y sus resultados haz click en el siguiente link: https://ja-a.co/resultados-de-barometro-petrolero-2022/
En la discusión de cierre, Sergio Guzman, director de Colombia Risk Analysis, comentó que el foco de atención y los esfuerzos deben atender al problema de la deforestación, este fenómeno que reduce la captación de Co2 del país y que es promovido por grupos al margen de la ley.
Además, agregó que la industria extractiva es fundamental para el proceso de transición energética, por lo cual es importante contar con una buena relación con el gobierno; esto permitirá articular de forma más eficiente cientos de iniciativas que requieren de consensos. En cuanto a este último punto, Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, estuvo de acuerdo al afirmar que la relación con el gobierno se debe cuidar para mantener una gestión público-privada eficiente.
Finalmente, Nancy Gutierrez, columnista de El Tiempo, afirmó que la industria extractiva y sus dividendos repercuten de manera positiva en diversos campos sociales como por ejemplo, el empleo. Además, agregó que las actividades petroleras y gasíferas contrarrestan la informalidad. Por su parte, Ernesto Borda, Director Ejecutivo de TRUST – Gestión Estratégica de Riesgos, habló acerca del discurso en campaña de Gustavo Petro, caracterizado por las críticas hacia el sector extractivo. El discurso del mandatario le habría servido para ganar la presidencia pero no le servirá para ejercerla, esto ya que existen múltiples desafíos que requerirán de esfuerzos apalancados en el petróleo y el gas; dos elementos demasiado importantes como para darles la espalda de un momento a otro.
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