Columna de Opinión Nacional
No nos olvidemos del Acuerdo de Escazú en tiempos del COVID-19
Katherine Casas Pérez
El tratado regional que busca mejorar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales, se conoce como el Acuerdo de Escazú. Este pacto se originó luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y luego de tres años, fue firmado en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018 por 14 países de la región en la ciudad costarricense de Escazú.
Este Acuerdo regional es considerado uno de los instrumentos ambientales más importante de América Latina y el Caribe, además de ser el primero realizado por la Cepal. En este momento de los 33 países de la región, 9 ya ratificaron el tratado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Ecuador que fue el último en ratificarlo en mayo del 2020.
Cabe recordar que para que entre en vigor ante la ONU es necesario la firma de 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En diciembre del 2019, Colombia dio el paso inicial con la firma del Acuerdo y está pendiente de ratificarlo para presentarlo ante el Congreso y sea aprobado para que se convierta en ley de la República.
Ante la comunidad internacional, la sola firma de Colombia de Escazú no tiene ningún peso sin el debido proceso ante el Congreso. Por eso, es preocupante su aparente olvido en la agenda de este año de los legisladores. El desarrollo de este Acuerdo regional es urgente para nuestro país, ya que uno de sus propósitos es trabajar por la defensa de los derechos ambientales y la protección de líderes y lideresas quienes han sido blanco de amenazas y ataques por luchar en contra de la de la deforestación, la restitución de tierras, la defensa del territorio, entre otras gestiones que vulneran los derechos humanos de las comunidades.
Solo en el 2018, 24 líderes ambientales en Colombia fueron asesinados, convirtiendo al país en el segundo más peligroso para estos activistas, según la ONG internacional Global Witness. Si bien estamos enfrentando una crisis sanitaria y económica por la propagación de COVID-19, Colombia tiene la posibilidad de materializar un compromiso real y efectivo para hacerle frente a este fenómeno de vulneración a la vida de estos defensores; además de fortalecer los temas de participación ciudadana, acceso a la información y a la justicia en sectores como la minería e hidrocarburos.
Aunque nuestro país tiene instrumentos en su marco normativo en materia de participación ciudadana y protección al medio ambiente, los recientes crímenes y amenazas contra estas personas demuestran que aún es necesario fortalecer la legislación y que se deben hacer muchos más esfuerzos. En medio de la coyuntura actual se pueden lograr avances a nivel nacional con la integración de autoridades ambientales, organizaciones internacionales y sociedad civil en audiencias públicas para entender y visibilizar los alcances de Escazú; una tarea que nuestro país vecino, Perú, ha ido gestionando en últimas semanas de gran manera.
La reflexión es avanzar sobre este tratado, ya que el próximo 20 de septiembre se vence el plazo para su ratificación ante la ONU. Por esta razón, es momento de trabajar en conjunto y con celeridad para volver realidad una propuesta excepcional que puede ayudar a enfrentar los desafíos en la protección de líderes sociales y hacerle frente a crisis como la del cambio climático.
Para el caso colombiano es relevante ir más allá de la firma, es una oportunidad de dar garantías legítimas a las comunidades en sus derechos en temas sociales y ambientales. Si la presión social llevó a la firma del Acuerdo, ahora el siguiente paso es movilizarnos para su discusión y ratificación dentro del Congreso y que no quede simplemente como un protocolo internacional como ha sucedido en anteriores casos.
NOTICIAS
Ratificación del Acuerdo Escazú de cara a su entrada en vigor
El pasado 27 de mayo, Crudo Transparente participó en el webinar: La protección del medio ambiente en tiempos de pandemia: La ratificación del Acuerdo de Escazú El webinar fue organizado por; Escazú ahora y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
¿Por qué es tan importante?, con la adopción de este acuerdo se busca fortalecer la gobernanza ambiental en cada uno de los países, con una perspectiva de derechos humanos, en la búsqueda de la institucionalidad y promoviendo la cooperación y el fortalecimiento de capacidades.
Se contó con la intervención de cuatro panelistas del Congreso de la República de Perú, un representante de la CEPAL y la Defensoría del Pueblo de Perú, que expusieron sus puntos de vista:
Para Carlos de Miguel jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, es importante el fortalecimiento de la reputación internacional en cuanto a legislación ambiental, de igual manera expresó que el acuerdo aportará justicia ambiental, tema que será clave para enfrentar crisis futuras como es la del cambio climático.
Arlette Contreras Congresista de la República de Perú, por su parte, hizo énfasis que el Acuerdo de Escazú tiene por objeto: garantizar la implementación plena de los derechos del acceso a la información, la participación pública de procesos ambientales y el acceso a la justicia, contribuyendo así a la protección de los derechos las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Por otra parte, Alicia Abanto Defensora de Pueblo, menciona tres problemáticas relacionadas con el derecho a la información: 1) La calidad de los mecanismos informativos en algunos casos es muy baja porque está ausente de instrumentos de vigilancia. 2) Los medios de participación ciudadana no estaban sujetos a evaluación de la calidad y no garantizaban la participación efectiva de las personas. 3) Barreras burocráticas para el acceso a la información.
Adicionalmente, Richard Rubio Congresista de la República de Perú, define el acuerdo como un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, expone que la importancia radica en los tratados de los derechos humanos dejando como principal beneficiario a los pueblos indígenas, comunidades más vulnerables que por mucho tiempo han sido olvidadas en toda Latinoamérica. En otras palabras este acuerdo garantiza que la participación se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género, cuyo objetivo es la preservación del medio ambiente.
En conclusión se tuvo que la adopción del Acuerdo de Escazú permite el apoyo al sistema de recuperación del medio ambiente, la reactivación verde y la inclusión social, avanzando hacia una justicia ambiental con el propósito de que las instituciones trabajen activamente en la transparencia al acceso de información oportuna y de calidad.
Protestas en El Centro, Barrancabermeja, por vinculación de mano de obra local
El pasado 28 de mayo en la zona petrolera del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, Santander, se llevaron a cabo protestas en contra del Grupo Ecopetrol, por parte de la comunidad que requiere que la compañía reactive la vinculación laboral y se contrate una cuota más alta de empleo en la zona de El Centro.
Las protestas iniciaron con bloqueos en la vía, en la que los manifestantes pidieron la ayuda del gobierno distrital para que los respalde ante la presente problemática.
Edwin Palma, presidente de la USO Nacional, señaló en sus redes sociales que el próximo miércoles 3 de abril en horas de la tarde habrá una reunión con las subdirectivas de El Centro, para hablar sobre las protestas que se han venido presentando. Esto con el fin de escuchar a los actores sociales.
Por otro lado, Ecopetrol en un comunicado de prensa les pidió a los líderes de la protesta que se sienten a dialogar y que suspendan los actos de sabotaje como son el cierre abrupto de válvulas de 42 pozos petroleros y las amenazas a trabajadores de la empresa Mecánica Asociados UT, encargados del mantenimiento del campo de la Cira Infantas.
Finalmente, Ecopetrol señaló que va a seguir priorizando la mano de obra local de Barrancabermeja una vez comience la reactivación del campo Cira Infantas.
Vía Vanguardia: Continuarán las protestas en El Centro por contratación.28/05/2020.
Vía La República: Ecopetrol reportó el sabotaje de 40 pozos petroleros en Barrancabermeja.27/05/2020
Colombia ocupa el puesto N° 25 en el Índice de Transición Energética 2020
En el Índice de Transición Energética realizado por el Foro Económico Mundial 2020, Colombia presentó los mayores avances en transición energética en comparación al resto de los países de América Latina y el Caribe. El país subió 9 lugares, pasando de la posición 34 en el 2019 a la 25 este año, entre un total de 115 economías analizadas.
El país se ubicó por debajo de Uruguay quien mantuvo su puesto número 11. Sin embargo, logró superar a naciones como Costa Rica y Chile, quienes obtuvieron las posiciones 27 y 29 respectivamente. La clasificación es liderada por Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca y Noruega.
Colombia se destacó por el buen funcionamiento y características de su sistema energético. Asimismo, presentó una alta preparación ante la transición por medio de los progresos logrados en materia de Regulación y Compromiso Político, en el que se incluyen los avances en las metas del Acuerdo de París, la estabilidad política y la regulación para energías renovables y eficiencia energética.
La Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, resaltó que la nueva posición del país dentro del Índice de Transición Energética se debe a los avances efectuados en cuanto a equidad y desarrollo para disminuir el cambio climático. Al mismo tiempo, aseguró que el país tendrá un mayor uso de energía solar y eólica en la red eléctrica del país, al aumentar la capacidad instalada de 50 MW a 2500 MW para el año 2022, con el objetivo de fortalecer la matriz eléctrica y convertirla en eco amigable.
Vía El Colombiano: Avanzamos en transición energética, pero aún falta 27/05/2020
Acuerdo de financiación entre productores y transportistas de petróleo
El 29 de mayo, empresas como Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, Oleoducto Central S.A. (OCENSA), Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y Oleoducto de los Llanos Orientales, S.A. (ODL) acordaron con productores establecer un plan de financiación del 50% sobre la tarifa de oleoductos hasta por seis meses, con el objetivo de otorgar alivios frente a las consecuencias de la caída de precios del petróleo y la pandemia.
A la extensión de financiación se le agregarán descuentos a la tarifa, que irán desde 6% al 21% de acuerdo con el tramo y cantidad de petróleo transportado. Además, se ofrecerán periodos de gracia específicos a cada empresa y la flexibilización en nueve contratos de transporte, dependiendo de sus condiciones particulares. Sin embargo, para los productores y comerciantes constituye un alivio que las medidas de financiamiento no están sujetas a la condición de volúmenes mínimos facturados o a un determinado precio del petróleo.
Diego Mesa, viceministro del Ministerio de Minas y Energía consideró positivo el acuerdo y resaltó la importancia del sector de hidrocarburos para el país en el ámbito tanto de la economía como del desarrollo. Pese a que, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) declaró también estar conforme con el acuerdo, recalcaron que seguirán trabajado en conjunto con el Gobierno y las empresas para que el precio del transporte de petróleo por oleoductos se reduzca, con el objetivo de aumentar la competitividad de Colombia en el tema de inversiones.
Columna de Opinión Regional
Antipatía de Ecopetrol con la mano de obra de Barrancabermeja
Silvia Pabón
El 20 de mayo Ecopetrol anunció que después de un proceso transparente y competitivo, el contrato para proveer alimentación a los trabajadores de la refinería de Barrancabermeja, la Policlínica y áreas de influencia por 27.734 millones de pesos, fue adjudicado a la multinacional británica Compas Group. En el comunicado oficial la estatal afirma que sólo había una empresa local Alimentar y Suministros que cumplía con las condiciones para participar de la convocatoria y que ante la falta de oferentes, se extendió la invitación a otras empresas.
Ecopetrol siempre ha ratificado su compromiso con el desarrollo regional y con proveedores locales; sin embargo, en esta ocasión pareció olvidar su responsabilidad social con el puerto petrolero y más en una época donde Barrancabermeja requiere de ayudas urgentes para afrontar la crisis, pues su economía se ha visto afectada como consecuencia de la caída de los precios del crudo y la progresiva reactivación de algunas de las operaciones que realiza la estatal en la zona y que tuvieron que ser suspendidas.
Aunque días después la estatal presentó un informe en el que evidenciaba que durante los primeros cuatro meses del año, Barrancabermeja fue el municipio donde se contrataron más servicios por un monto de $119.000 millones, no deja de ser cuestionable la decisión de la petrolera con el contrato de alimentación.Demostró que no prioriza el beneficio a la mano de obra local en medio del difícil momento por el que pasa su economía que parece tener una recuperación lenta.
Además, que de las seis empresas oferentes solo dos pertenecieran al departamento no refleja que el proceso de contratación haya sido muy competitivo, tal como lo afirman en el comunicado. Los empresarios locales debían cumplir con criterios relacionados con la capacidad técnica, financiera y los certificados de seguridad alimentaria; condiciones alcanzables teniendo en cuenta que hay proveedores que cumplen con lo establecido legalmente y no es la primera vez que la estatal realiza una convocatoria de este tipo.
Así, es importante que Ecopetrol garantice que al menos la mitad de los participantes en los procesos contractuales sean de la localidad donde operan. Para esto, la administración municipal, la estatal y los empresarios locales deben sentarse a evaluar los requerimientos exigidos en el esquema de contratación y analizar las condiciones del tejido empresarial de Barrancabermeja, con el fin de determinar la viabilidad de adecuarlos respondiendo a sus capacidades. Sólo así se pueden dar los primeros pasos para garantizar una competencia más incluyente en los procesos de selección que adelantan en los territorios y se puede demostrar la verdadera voluntad y empatía con la mano de obra local.
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