Columna de opinión semanal
EL APARENTE CONSENSO A FAVOR DE LA REFORMA AL SGR
El miércoles 28 de agosto, como parte de su actividad de análisis y socialización del sector hidrocarburos en el país, la Organización Crudo Transparente, estuvo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se llevó a cabo la audiencia pública sobre el proyecto de acto legislativo 365 de 2019, que busca modificar el artículo 361 de la Constitución, concerniente al Sistema General de Regalias (SGR).
El director encargado del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Rafael Puyana, resaltó que este proyecto busca establecer unos principios basados en la existencia de mayores recursos para los municipios productores, manteniendo la asignación de los no productores, revaluando la figura de los órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) para que exista mayor eficiencia de los recursos, y un marco constitucional sólido.
Mientras tanto, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, aseguró que incluyendo a los municipios más pobres del país, la participación de los territorios productores pasará de 11% a 25% y por medio de una disminución en funcionamiento y ahorro, se logrará que los no productores sigan con el nivel de ingresos que han tenido hasta el momento. Por otro lado, existirá un 1% directo para la preservación del medio ambiente.
Congresistas de Casanare como la senadora Amanda González y los representantes Jairo Cristancho y César Ortiz Zorro, coinciden en que un problema importante en su territorio en los últimos 25 años ha sido el aumento poblacional, explicado en gran medida por el desplazamiento de mano de obra calificada desde ciudades como Bogotá, Medellín o Bucaramanga. Consideran también que la actividad extractiva ha dejado muy pocos beneficios a su población, ya que hay déficit de vías terciarias, el acceso y calidad del servicio de salud es precario y la condición del agua ha desencadenado en enfermedades en niños y ancianos, por lo que concluyen que su departamento está en medio de una bomba de tiempo económica, social y ambiental.
Los representantes César Lorduy de Atlántico y Alejandro Vega del Meta, concuerdan en que el país está preparado para adelantar exploración y explotación de recursos naturales no renovables sin impactar el entorno medio ambiental, en el caso del representante Lorduy, cree que se debe acudir a técnicas no convencionales como el fracking, ya que si no hay petróleo no hay regalías, y los recursos para invertir en temas sociales o ambientales, serán escasos.
En su intervención, el representante por Caquetá, Harry González, planteó la posibilidad de que exista discriminación positiva en el caso petrolero, ya que no en todas las zonas del país se puede y debe hacer exploración y explotación, aseguró también que, para ser coherente, estaría dispuesto a que su departamento no reciba dinero de las regalías siempre y cuando no se adelante actividad extractiva en la región amazónica. Finalmente, Miguel Medellín, Director de Estadística y Estudios Fiscales de la Secretaría de Hacienda Distrital, considera que los porcentajes de distribución actuales de la reforma son justos, y la capital está dispuesta a apoyar el proyecto de acto legislativo, teniendo en cuenta que Bogotá ha estado financiando proyectos medioambientales importantes por medio del SGR.
Esta discusión permite inducir que la reforma al SGR, siempre y cuando no se modifique drásticamente, va a ser aprobada en su primer debate de segunda vuelta en la Cámara de Representantes, sin embargo, es importante que los OCAD permanezcan dentro del sistema, pero que se busque la forma en que puedan ser más eficientes y transparentes en sus funcionamiento, la centralización en los procesos de inversión y ejecución presupuestal no es una solución. Igualmente queda claro que las regiones petroleras y las que tienen potencial productivo, quieren un aumento significativo en los recursos que retornan hacia sus municipios, pero es evidente también la necesidad y el pedido por parte de estos entes territoriales de desarrollar sectores como el agrícola, que tiene grandes posibilidades de crecimiento y podría generar más empleo, competir internacionalmente, y generar un impacto ambiental mucho menor.
Noticias
Colombia y Perú firman acuerdos binacionales para mejorar economía creativa y buenas prácticas en el suministro de energías
En el marco del encuentro binacional, que se realizó en Pucallpa, Perú, los presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra firmaron un acuerdo binacional para estimular la economía creativa y las buenas prácticas en el suministro de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP).
En cuanto a la economía creativa, el objetivo principal se enmarca en el intercambio de experiencias que hayan sido útiles para mejorar el rendimiento y las capacidades en la creación de bienes y servicios producidos por las industrias culturales. Asimismo, el Acuerdo logrado en el ámbito de buenas prácticas en el suministro de energías, busca lograr que los dos países intercambien conocimientos en los temas de: técnicas de monitoreo, verificación de calidad y el uso de tecnología a la hora de impartir estos servicios, como también se vislumbra la posibilidad de mejorar la ampliación de cobertura de gas natural, energía eléctrica y gas licuado de petróleo.
En el encuentro binacional también se comentaron los temas de corrupción y los incendios que azotan la Amazonía; para lo cual Duque afirmó que la corrupción se está tratando en el marco de la Alianza del Pacífico, bajo la creación de una “lista negra” de compañías corruptas, donde los Estados puedan identificarlas y sancionarlas. Sobre la Amazonía señaló: “Enfrentar conjuntamente la extracción ilegal de minerales, enfrentar conjuntamente el uso ilegal de maderables, enfrentar conjuntamente los cultivos ilícitos, pero adicionalmente, promover el empoderamiento colectivo y social para la protección de la Amazonía”.
Con más de US$2.000 millones el Gobierno plantea reactivación hidrocarburífera offshore
El Gobierno Nacional busca fortalecer las reservas de petróleo y gas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió la firma de 16 contratos de exploración y producción, en los cuales se proyecta una inversión de US$2.172 millones.
Según el boletín de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), la inversión se empleará en un 84%, es decir US$1.852, en operaciones offshore, mayormente hacia gas natural.
Campetrol indicó que, “los Programas Exploratorios Mínimos (PEM) consideran la perforación de 35 pozos exploratorios, en su mayoría sobre plataforma continental, y 5.437 kilómetros cuadrados (km2) de adquisición sísmica 3D, permitiendo así, aumentar el conocimiento del país acerca de los sistemas petrolíferos y recursos presentes en estas áreas poco exploradas”.
El proyecto se llevó a cabo sobre el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), en donde se ofertaron un total de 20 bloques, la mayoría de estos ubicados en la cuenca madura de los Llanos Orientales (Arauca, Casanare, Meta y Vichada). Asimismo, se agregaron dos áreas offshore adjudicadas a nuevas compañías extranjeras, Noble Energy y Hunt Overseas. En segunda medida, se realizó la estructuración de la nueva minuta para contratos E&P offshore.
De acuerdo con Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH: “Con la suscripción de nueve contratos E&P Costa Afuera, la ANH tiene previstas inversiones adicionales superiores a US$1.700 millones… a la fecha, se han suscrito cinco de estos nueve contratos: Ecopetrol (COL-5); Shell y Noble Energy (COL-3 Y GUA OFF-3); y con Ecopetrol, Repsol y ExxonMobil (GUA OFF-1 y COL-4)”
Vía Portafolio: Invertirán US$2.000 millones en más proyectos petroleros 27/08/19
Tema de fracking se retomará el 10 de septiembre en el Consejo de Estado
El recurso de súplica emitido por el Gobierno Nacional en noviembre del año pasado, referente a la detención temporal del fracking en el país, se volvió a tratar en la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado el pasado 29 de agosto, concluyendo una prórroga en la discusión hasta el 10 de septiembre.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional manifestó a través de un comunicado la importancia de garantizar la suficiencia energética en el país, teniendo en cuenta que compone un tema primordial para el desarrollo económico, la oferta de empleo y la sostenibilidad fiscal de Colombia, sin embargo, la labor del Gobierno Nacional se enmarca en el control y la supervisión de la normativa que regula el sector extractivo.
Campetrol señaló la pertinencia de progresar “con los proyectos piloto integrales de investigación (Ppii) para obtener información veraz, confiable y transparente, sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que se puedan presentar al utilizar técnicas no convencionales”.
El tema del fracking se detuvo, luego que el año pasado el Consejo de Estado interrumpiera provisionalmente el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014; normativa con la cual se habían determinado los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en el país. No obstante, la decisión del recurso de súplica no sería permanente, pues bien, el Consejo de Estado requirió en junio a la Universidad Nacional, un estudio sobre los riesgos del fracking, para lograr tomar una determinación que resuelva las dudas entorno a la práctica.
Reactivación de las disidencias de las Farc involucra recursos extractivos
El pasado 29 de agosto, Iván Márquez anunció el comienzo de la “segunda Marquetalia” en Colombia. Entre dicho pronunciamiento da cuenta de su inconformismo en cuanto a la “oligarquía excluyente”, el despojo de tierras y el rechazo con respecto a lo acordado en el Acuerdo de Paz.
Asimismo, mencionó que: “Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del Eln y con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas que tremó la patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas para seguir operando en las profundidades de las selvas remotas, no, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor, los sueños de vida digna y de buen gobierno que suspiran la gente del común”.
Entre sus declaraciones, dan cuenta del inconformismo con las multinacionales. El actor armado no estatal se declara como protectora del medio ambiente, la selva, la fauna y asimismo se muestran su desacuerdo con la práctica del fracking, que según ellos, contamina las aguas subterráneas.
Márquez dice que debido a todas las inconformidades han sido obligados a retomar las armas, por lo que seguirán la gesta de Manuel Marulanda Vélez. Así pues, convocan a un nuevo diálogo de paz, que involucre a todos los actores armados, para establecer una paz duradera. Explica en el video que la política se ha obviado como un medio efectivo para traer beneficios tangibles a la población, al contrario, se han usado las leyes para beneficios personales.
Para finalizar invitan al pueblo a ejercer la soberanía y a buscar las salidas más concertadas para llegar a la exclusión de la miseria, buscando incidir en los procesos de cambio de América, por medio de una Asamblea Constituyente.
Vía Youtube: Iván Márquez y Jesús Santrich anuncian el nacimiento de una nueva guerrilla 29/09/19
¿Santander a portas de una nueva emergencia ambiental?
Ramón Ramírez, director de Gestión de Riesgo del Santander, advirtió del desolador panorama que se evidencia en la Ciénaga San Rafael de Chucurí del municipio de Puerto Parra, debido a la posible ruptura del oleoducto que pasa por ese territorio.
Las declaraciones del Director expusieron que un espacio de 400 metros de tierra entre el río Magdalena y la Ciénaga se desgasta de forma rápida, lo que podría romper el oleoducto instalado en la zona. La infraestructura traslada entre 25 mil y 30 mil barriles de petróleo.
Según Ramírez, la socavación del río podría generar una grave afectación del complejo cenagoso, por lo que se requiere de manera urgente un seguimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), con el objetivo de verificar la utilización forestal que llevó a cabo la empresa Mansarovar Energy, para asegurar la mitigación de riesgo al desastre, que padece la ciénaga San Rafael de Chucurí.
De igual forma, instó la presencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cormagdalena, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las alcaldías de Puerto Wilches y Barrancabermeja y la Gobernación de Santander para que se lleven a cabo las medidas, con el fin de preservar la ciénaga y el oleoducto.
Vía LaFm: Otra emergencia ambiental podría darse en Santander por riesgo en oleoducto 01/09/19
Columna de opinión regional
Campo Tibú sin garantías para reiniciar operaciones petroleras
Desde el 27 de julio de 2019, el municipio de Tibú (Norte de Santander), ha visto congelada su principal actividad económica, la explotación de petróleo, como consecuencia de las manifestaciones y actos violentos de las personas dedicadas al hurto de crudo conocidas como “pategrilleros”. Su nombre se debe a que, de manera artesanal, convierten el crudo en un combustible denominado “pategrillo”, utilizado para reemplazar la gasolina en la producción de cocaína.
Actos como la obstaculización de la vía Cúcuta-Tibú, el derribamiento de una torre de energía e incineración de dos vehículos provenientes de la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) fueron realizados como forma de protesta a los operativos contra el contrabando de gasolina realizados por La Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército; en donde se inmovilizaron algunos vehículos y fueron detenidas y judicializadas tres personas por vender ilegalmente hidrocarburos en espacios públicos.
En consecuencia, Ecopetrol decidió suspender las operaciones de 76 pozos de producción de petróleo y 61 pozos inyectores en el campo Tibú y en la planta de gas Sardinata, ubicados en Norte de Santander con el fin de mantener la seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. No obstante, todavía se presentan acciones de vandalismo y hurto que han impedido que Ecopetrol autorice el retorno de las actividades en el Campo Tibú, por falta de garantías en cuanto a seguridad de la población.
Por lo tanto, los impactos negativos no se harían esperar. La Estatal tuvo que suspender 34 contratos laborales con los cuales se afecta a 376 personas de la región; además, alrededor de 64 proveedores locales se han visto afectados porque facturan cerca de $1.200 millones mensuales por la prestación de bienes y servicios a las empresas contratistas de Ecopetrol. De igual forma, desde la suspensión de las actividades se han dejado de producir 73.450 barriles de hidrocarburos que representan $12.400 millones para la empresa y un millón de pies cúbicos de gas diarios.
Resulta indispensable dar una solución inmediata a la problemática. Es importante que las autoridades refuercen sus esquemas de vigilancia con el fin de controlar y disminuir las acciones que conllevan al hurto de crudo; no obstante, es una actividad ilícita que debe ser analizada con mayor detalle desde la gobernación y la alcaldía del municipio con programas que busquen la raíz del problema.
En este tipo de casos, entender las razones por las cuales las personas deciden convertirse en “pategrilleros”, puede ser la vía para buscar correcciones de fondo que realmente permitan una solución definitiva. Dichos programas deben tener presente las características del territorio, pues por años ha sido una zona afectada por las dinámicas del conflicto armado del país; además, su relación con la frontera con Venezuela y la situación que este país vive, ha afectado económicamente el municipio. Toda esta contextualización, análisis del problema y búsqueda de alternativas podrán servir para dar el primer paso de una actividad que ha afectado a la industria petrolera y con ello, al medio ambiente y a las comunidades de la región.
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