Columna de opinión semanal

Ágora digital y linchamientos 2.0

 

Por: Andrés Vargas Ferro

 

Algunos de los fundamentos de la democracia son la participación y el reconocimiento de la diferencia, principios de oportunidad, libertad de expresión y rendición de cuentas. Todo esto se ha integrado en las redes sociales, con ciudadanos activos que opinan, difunden y exigen a políticos, empresas y entidades estatales responsabilidad y transparencia. Sin embargo, la plaza pública, epicentro de escenas democráticas hizo un salto a lo digital y los usuarios están constantemente expuestos a una serie de publicaciones que muchas de las veces toca el rastro de la desinformación y la manipulación.

 

La fuerza de la expresión digital va en aumento según las cifras de la agencia de la ONU para las telecomunicaciones ITU, la cual pronostica aproximadamente una conexión por banda ancha, de 4.300 millones de usuarios en el mundo. El uso masivo de la red y la expresión ciudadana suma una victoria que nos protege de regímenes autoritarios, abusos de autoridad y de megaproyectos invasivos, esto gracias al poder de la denuncia y la instantaneidad.

 

Casos de éxito hay en latinoamérica como el #yasuni en donde muchos sectores de la población ecuatoriana y ambientalistas del mundo, esperaban la protección de la explotación petrolera, de una de las áreas amazónicas con mayor biodiversidad y también, hábitat de pueblos originarios en el planeta. Para satisfacción de los conservacionistas, la consulta popular nacional 2018 en Ecuador votó “sí” con más del 65%, para poner un límite apto para la extracción de petróleo y minimizó de 1030 hectáreas a 300 hectáreas, el área probable de explotación del Parque.

 

En Colombia el #lamacarenanosetoca y la constante presión en redes sociales llevó a la derogación de la licencia ambiental otorgada por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), para desarrollar un proyecto petrolero por parte de la empresa Hupecol en 2016, con una proximidad preocupante a Caño Cristales y a través de un tuit el presidente dijo:

 

También hay otros caso en los cuales la desinformación establece una contienda entre la razón y la emoción y los argumentos que se presentan en las redes sociales para defender cierta causa queda enmarcada en un nuevo contexto de shitstorm, bullying cibernético, noticias falsas o linchamiento digital.

 

Kissinger afirmó: “El ciberespacio cuestiona toda experiencia histórica”, por lo que la veeduría es una constante en las redes, y más aún en proyectos de alto impacto como los extractivos, pero qué cuando la emoción inunda los contenidos de las plataformas y la alerta que suena, no es cierta y se lleva por delante el argumento o la razón.

 

¿Privilegiamos la opinión frente al entendimiento? ¿Nos privamos en algún punto de la verdad por defender alguna causa? El #desatrepetroleralizama es un desastre ambiental causado por el mal manejo de los recursos petroleros en Colombia. Pero eso no significa que sea fracking por ejemplo. Fracking es una cosa y lo que ocurrió ahí es otra, tampoco que #desastrepetrolerolizama sea la causa directa por lo que en Lebrija (Santander) esté saliendo crudo en una vivienda del municipio. Lebrija está a más de 1.000 mts de altura y la correspondencia con Lizama, al menos por acciones de la gravedad, hace casi imposible que sea una causal directa. No obstante el video lleva unos 9.000 retweets.

 

Que Duque es todo fracking y Petro es la muerte súbita de Ecopetrol. Ambos candidatos ya han manifestado al menos en los últimos foros y debates por un lado que, “primero hagamos bien los convencionales” y por el otro, “que la transición no se hace de la noche a la mañana”.

 

 

Con el uso del smartphone, la auto-producción y difusión de contenidos hacen del diálogo una constante en las redes y la presión social digital influye directamente, dentro de la política pública, pero la opinión mejor si tiene una base argumentada que no comprometa la calidad de nuestra participación y construcción de la democracia.

Corte Suprema emite fallos a favor de la Amazonía

 

 

La Corte Suprema de Justicia falló una sentencia sin precedentes que busca combatir el calentamiento global en nuestra región. La nueva legislación dice que la zona amazónica colombiana, al igual que el río Atrato, estarán protegidos por derechos constitucionales. Según la decisión, la región es ahora sujeto de derechos, tal como fue declarado río Atrato contaminado por la minería, y ahora autoridades nacionales y regionales deben poner en marcha actividades propias que cuiden a estos ecosistemas de la deforestación y la actividad humana.

 

La decisión es considerada histórica pues sería el primer fallo judicial en Latinoamérica en contra del cambio climático. La ley también incluye un periodo máximo de 4 meses para que la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y los entes de control regionales formulen un plan de acción para frenar el desarrollo de proyectos de deforestación en el Amazonas. Uno de los factores que influenció al alto tribunal fue el incremento del 44% en la deforestación en la zona amazónica, de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016.
Vía El Espectador: La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. 05/04/18

 

Salento iría a las urnas para decidir sobre extractivismos

 

 

Se ha dado el visto bueno al desarrollo de una nueva consulta popular en el municipio de Salento. El Tribunal Administrativo del Quindío aprobó la pregunta propuesta por Juan Miguel Galvis, alcalde del municipio. Los habitantes votarán a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña y mediana escala?”.

 

Según el Tribunal Administrativo, esta pregunta “formalmente es constitucional como quiera que está planteada en términos generales respecto a un tema sin que pueda observarse en la misma una intención, hipótesis o conclusión anticipada”.

 

Falta ver si hay los recursos, ya que, sigue en espera la consulta del municipio de Córdoba, Quindío, la cual no se ha realizado debido a que el Ministerio de Hacienda no ha girado la plata necesaria para su realización. El alcalde de este municipio, Guillermo Andrés Valencia ha presentado una acción de tutela para que se giren los dineros para esta votación.

 

Vía El Tiempo: Vía libre a consulta popular minera en Salento, Quindío. 06/04/18

 

ANLA frena licencias ambientales en Lizama

 

 

Después del lamentable #desastreambientallizama en Santander, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) quiere prevenir otro accidente y ha suspendido las licencias para nuevas perforaciones en la zona, que tenía Ecopetrol. El ANLA ha dicho que la compañía debe dar respuesta a las interrogantes sobre las causas del afloramiento de crudo, agua, lodo y gas en la vereda La Fortuna. Igualmente, la petrolera debe asegurar que el accidente no volverá a suceder y que cualquier proyecto a futuro no recaiga en los desafortunados impactos socio-ambientales.

 

Un documento redactado por el ANLA dice: “Le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados”.

 

Entre las compañías que tienen proyectos planificados de explotación en esta zona de Santander se encuentran Ecopetrol, Petrosantander (INC) y Vetra Exploración y Explotación Colombia S.A.S, quienes han sido notificados de la suspensión de la licencia por parte del ANLA.

 

Vía El Tiempo: La Anla suspende solicitudes para perforar nuevos pozos en zona Lizama. 06/04/18

 

Contaminación de petróleo cerca a Puerto Boyacá afecta ganado y peces

 

 

Habitantes de veredas aledañas al campo petrolero de Puerto Boyacá denuncian que Ismocol, la empresa contratista de Ecopetrol, es la responsable de la contaminación de crudo que ha afectado los ríos y al ganado por los últimos 5 años. Según estos habitantes, las tuberías de la compañía petrolera están en muy mal estado y se rompen constantemente. La denuncia dice que las fuentes de agua contienen grandes cantidades de líquido oleoso, y que los animales de las fincas beben estos líquidos y mueren días después.

 

Rosa Amelia Torres, dueña de una finca vecina del pozo petrolero, dice que Ecopetrol no ha hecho presencia y que no toma ninguna responsabilidad. En un comunicado, Ecopetrol argumenta que el pozo fue manejado 30 años por la petrolera Texas Petroleum Company, quienes fueron los que dejaron pasivos ambientales en la región. Igualmente, dicen que se han destinado 20.000 millones de pesos para la recuperación ambiental de esta zona.

Vía Canal 1: El ganado en Puerto Boyacá se está muriendo por tuberías rotas de petróleo. 07/04/18

 

ANH investiga si Ecopetrol incumplió contrato de operación de pozo Lizama

 

Foto: Construyendo Región

 

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el pozo Lisama 158 de Ecopetrol estaba temporalmente suspendido cuando se dió el afloramiento y derramó 550 barriles de petróleo en dos quebradas del corregimiento La Fortuna. A partir de esto, la Agencia adelanta investigaciones para verificar si Ecopetrol incumplió con las estipulaciones del contrato de operación de dicho pozo y las causas que provocaron el impacto social, económico y ambiental en la zona.

 

La ANH ha dicho: “frente al caso de Lizama 158 es importante precisar que no se trata de un abandono de pozo sino que este se encontraba temporalmente suspendido mediante autorizaciones de suspensión temporal otorgadas en junio 16 de 2016, enero 15 de 2017 y julio 15 de 2017”.

 

Y complementa: “los pozos suspendidos deberán estar debidamente asegurados bien sea a través de la colocación de un tapón de superficie y/o de válvulas en superficie o subsuelo”.

 

La ANH no es la única institución haciendo reconocimiento en la zona e investigando el accionar de Ecopetrol en la aplicación del plan de contingencia y los datos entregados por Ecopetrol, sobre la magnitud que presentaba el afloramiento. Otras instituciones que han intervenido son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; la Procuraduría General y la Fiscalía General.

 

Vía Vanguardia: Investigan posible incumplimiento de Ecopetrol en pozo Lisama de Santander. 03/04/18