Petróleo y Posconflicto


Resumen Ejecutivo

El Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron inicio a negociaciones de paz en octubre de 2012. La metodología de negociación (“nada esta negociado hasta que todo este negociado”) y comunicación del Gobierno (reserva absoluta de lo que sucede en la mesa de negociación) han hecho que la sociedad esté sumida en la incertidumbre sobre lo que sucede en la mesa de negociaciones y sus implicaciones para el país. Adicionalmente, los anuncios sobre la posibilidad del Gobierno de comenzar negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dan muestras de que el Gobierno tiene intenciones firmes de cerrar el capítulo de la insurgencia en Colombia. Si bien esta es la actitud del Gobierno, no es claro si la sociedad, el sector privado y específicamente la industria petrolera lo acompañan en este objetivo.

Frente a la industria petrolera, el ELN y las FARC se muestran contrarios a la presencia de compañías multinacionales en los territorios y reclaman una agenda nacional petrolera que dé prioridad al medioambiente, la soberanía energética, la redistribución de la participación social en la producción y consumo energético, el desarrollo tecnológico nacional y el fortalecimiento de la actividad gremial y sindical. Contrastan estas actitudes hacia la industria con los actos que cometen estos grupos insurgentes contra ella con la voladura de oleoductos, que causan graves daños ambientales, económicos y sociales, al igual que las acciones extorsivas y secuestros contra los empresarios y trabajadores del sector.

La tendencia a la baja de los precios internacionales del petróleo, junto con las menguantes reservas con las que cuenta el país, pintan un panorama económico muy preocupante. La extracción de crudo juega un papel vital para la economía de Colombia, pues esta representa el 22% de la inversión extranjera en el país, el 52% de las exportaciones y alrededor de 30% de los ingresos fiscales de la nación. La importancia del petróleo para la economía del país y el financiamiento fiscal, junto con la crisis de los precios del petróleo, dejan un ambiente de preocupación sobre el panorama económico.

La posibilidad de que el país entre en una etapa de posconflicto presenta una oportunidad única de discutir de manera amplia y participativa el futuro energético y cómo serán utilizadas las riquezas minerales de la nación para fijar un rumbo de desarrollo territorial sostenible y equitativo. No obstante la falta de confianza entre los distintos actores sociales y económicos de la industria, la carencia de agendas comunes y la ausencia de convocantes que cuenten con credibilidad y legitimidad impiden que se lleven a cabo estas discusiones. A través de las distintas agencias y ministerios, el Gobierno nacional ha mostrado una aproximación a conciencia y seria sobre los desafíos del posconflicto, sin embargo, no ha sabido comunicar bien sus planes y expectativas para la sociedad y el sector privado en cuanto al posconflicto. Ante el ambiente de incertidumbre en las negociaciones y el contexto del mercado petrolero internacional, las empresas no han desarrollado estrategias y planes específicos para contribuir a un marco de actividades posconflicto. Si bien algunas comunidades han desarrollado planes y actividades de reconciliación y desarrollo para el posconflicto, estas necesitan que el Gobierno comunique sus estrategias de financiamiento y apoyo logístico.

Los desafíos que enfrenta la industria petrolera en caso de firmarse los acuerdos con las FARC y el ELN tendrán implicaciones locales, nacionales y regionales. En lo local, el fin de la confrontación armada entre el Estado colombiano y la insurgencia generará una transformación del ordenamiento social colombiano, el cual verá un incremento de los reclamos populares por la falta de presencia estatal, la abundancia de necesidades básicas insatisfechas y las necesidades laborales. Al mismo tiempo, el vacío dejado por los grupos alzados en armas desmovilizados será aprovechado por organizaciones criminales que atentarán contra la industria a lo largo de la cadena de valor, restándole competencia y haciéndola menos atractiva a los inversionistas. En lo nacional, el Sistema General de Regalías (SGR), implementado en el 2011, revive el debate entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales ya que el Departamento Nacional de Planeación exige mayores requisitos para aprobar el uso de recursos de regalías, muchos de los cuales pueden ser usados para financiar iniciativas de posconflicto.  Finalmente en lo internacional, el punto más controversial será si la industria petrolera (y el sector empresarial del país) deciden hacer parte de una comisión de la verdad y hablar sobre el papel que han jugado en la financiación y prolongación de la lucha armada, un evento que podría traer consecuencias judiciales importantes a nivel de casa matriz de las mayores empresas petroleras que han operado en el país.

Que el Gobierno logre firmar acuerdos de paz con las FARC y el ELN representa apenas un primer paso, será fundamental que el país y la sociedad tengan discusiones sinceras abiertas y realistas del rumbo a tomar. En este aspecto, el tema petrolero amerita una discusión más profunda por parte del Gobierno y la sociedad. Este informe pretende ser un instrumento de debate para que los distintos actores puedan comenzar una agenda de trabajo y discusión frente a los desafíos que nos plantea el posconflicto y dar inicio a preparativos para que el posconflicto no nos tome desprevenidos. 

Por: Sergio Guzmán

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