Hace unas semanas, estalló un escándalo alrededor de la industria petrolera y la zona de la serranía de la Macarena, pues la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia ambiental a la empresa estadounidense Hupecol para realizar exploración petrolera en una región entre los departamentos de Caquetá y Meta, a 67 kilómetros del río Caño Cristales, nombre del mismo parque estandarte de la industria turística nacional. Los trámites no se hicieron desde ayer, pues Hupecol estaba en la región desde 2008, con el buen visto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En 2011, se empezó el proceso de licenciamiento ambiental con la ANLA, que fue aprobado por una resolución el 18 de marzo de 2016.
¿Podría el parque natural Caño Cristales estar en riesgo por actividad petrolera? En todo caso, esto evidenció una contradicción del gobierno entre su voluntad de promover el turismo en este parque de ecosistema excepcional y la de acelerar la locomotora minera-energética, presentada como principal fuente de financiación de la educación, la salud, y sobre todo de la paz.
No falta decir que las reacciones no se hicieron esperar y que el Hashtag #LaMacarenaNoseToca cogió inmediatamente popularidad en las redes sociales, especialmente en Twitter.
Organizaciones como la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, la gobernadora del Meta, Claudia Marcela Amaya y el alcalde de la Macarena, Ismael Medellín, entre otros, expresaron su fuerte rechazo al proyecto, pidiendo que se revocara la licencia. La presión nacional e internacional llevó a que el 14 de abril el presidente Juan Manuel Santos, junto con Gabriel Vallejo, Ministro de Medio ambiente, tomara la decisión de suspender la resolución “hasta que se garantice protección medioambiental”. Sin embargo, el martes 19 de abril se revocó la licencia, generando manifestaciones de alegría por parte de los habitantes de la zona, y reacciones de indignación en los actores de la industria.
Tanto el representante legal de Hupecol, Leonardo Niño Zorro, como Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), gremio de empresas petroleras y mineras extranjeras, declararon que la revocación de la licencia era una señal de inseguridad jurídica para los inversionistas, que tanto se necesitan en esta época de baja producción y exploración petrolera en el país. La empresa Hupecol anunció la posibilidad de demandar al Estado colombiano por la pérdida de esa resolución.
Una semana después de la revocación de la licencia, el presidente Santos afirmó que la ANLA se equivocó otorgando la licencia, pues no tomó en cuenta un concepto negativo emitido por la corporación regional, Cormacarena.
Como consecuencia del escándalo, el director de la ANLA, Fernando Iregui, renunció a su cargo, un día antes de que tuviera que presentarse a un debate en la Comisión Quinta del Senado, por otorgar licencias petroleras para exploración, en zonas biodiversas del país. Este debate fue justamente lo más comentado y destacado de esa saga, especialmente el que se dio entre el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y Óscar Vanegas Angarita, ingeniero de petróleos y profesor de la Universidad Industria de Santander. El presidente de Ecopetrol debatió con argumentos extraños, invocando más humanos secuestrados por extraterrestres que acuíferos secados por la industria petrolera. Por su parte, el profesor ofendido puso en juego su tarjeta profesional: “Juego mi tarjeta profesional a que si sacan petróleo y no se secan los caños, renuncio a mi tarjeta”. Pero lo que más indignó fue la actitud de superioridad y arrogancia de Juan Carlos Echeverry hacia el profesor, pues dijo: “una persona con una tarjeta de profesor viene a decirnos que el agua moja” y pidió hablar solamente con iguales en su rango.
A raíz del debate, 64 profesores firmaron una carta criticando la actitud del presidente de Ecopetrol y pidiendo su renuncia. En las redes sociales, las reacciones fueron también duras hacia Echeverry, con un toque de burla en Twitter, Actualidad Panamericana, con caricaturas, y hasta en la página Wikipedia del presidente de Ecopetrol donde se le agregó la competencia de experto en ovnis a su presentación. Frente a la indignación general, Juan Carlos Echeverry pidió disculpas al profesor por teléfono y también mediante una carta. Al contrario, Óscar Vanegas recibió apoyo por parte de profesores, estudiantes y ciudadanos, aunque fue criticado en un artículo de El espectador por su falta de producción académica y por sus vínculos políticos.
¿Ahora bien, cuáles son las lecciones aprendidas de este escándalo?
Este escándalo nos ha mostrado que los ciudadanos sí pueden tener poder a la hora de defender su entorno y medio ambiente. Las modalidades de protesta e indignación son hoy más variadas y se expresan también en redes sociales como Twitter o en la plataforma change.org donde una petición para revocar la licencia logró reunir más de 40 mil firmas.
En cuanto a la industria petrolera, y específicamente a Ecopetrol, llamamos a que sean ejemplares en sus acciones y palabras. No es tolerable que el presidente de la mayor empresa de Colombia insulte a un profesor ingeniero de petróleos. Ya que la industria petrolera genera reacciones de desconfianza y de rechazo en las comunidades locales, adoptar una actitud de desdén es lo peor que se puede hacer. Pues, si ese es el trato dado a un profesor ¿qué se podría esperar con un campesino, un indígena, un sindicalista? ¿Qué imagen da de la Empresa ese tipo de reacción? Da al ciudadano común la impresión que a la Empresa no le importa sus argumentos, opiniones y valores. Esto en un contexto muy probable de posconflicto, cuando todos deben reapropiarse de la democracia, aprender a escucharse, respetarse, a debatir, y sin discriminación de género, de etnia, de nivel de estudios, entre otros. Es hora que la industria petrolera respalde el proceso de paz, más allá de lo que se diga en La Habana, más allá de la responsabilidad social empresarial y de sus políticas de comunicación, sino que se comprometa para avanzar hacia una sociedad de respeto, en la cual todos tenemos derecho a expresarnos sin sentirnos despreciados, – o en casos peores que desafortunadamente Colombia conoce muy bien – hasta sobornados, amenazados, y asesinados.
Desde Crudo Transparente llamamos a que las empresas desempeñen sus actividades en transparencia, socializando de manera participativa los proyectos que tiene la intención de llevar a cabo en las regiones, y proporcionando un trato de igualdad y de socios tanto a campesinos, trabajadores como a profesores o alcaldes. Todos tenemos derecho a informarnos y opinar sobre decisiones de importancia que se toman en nuestro territorio.
En cuanto al gobierno, desde Crudo Transparente, pedimos seriedad, coordinación entre las entidades estatales y coherencia en el discurso político; porque parece obvio que una zona que se promueve para turismo no se puede promover para exploración y explotación petrolera. Por otro lado, el gobierno promovió este bloque y acabó haciéndole perder tiempo y dinero a la empresa Hupecol; lo que a la vez envía señales desafortunadas de inseguridad a los inversionistas extranjeros. También las entidades nacionales y regionales deben coordinarse para evitar este tipo de escándalo, pues la ANLA no tomó en cuenta el concepto negativo emitido por la Cormacarena.
Esto sería lo mínimo que se puede pedir tanto por parte de la industria petrolera que del gobierno para avanzar hacia una sociedad mejor y construir una paz verdadera y durable.
Por: investigacion@crudotransparente.com
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