En Casanare no se sabe cuál es la mayor preocupación: la sequía, la corrupción o el petróleo. Parece el mundo al revés: hay riqueza porque hay petróleo y hay conflicto porque hay petróleo.
En 2014 Casanare enfrentó una sequía que, sumada a la carencia de acueducto en Yopal, evidenció asuntos críticos que afectan al departamento: no hay agua, la poca que hay se invierte en las actividades económicas, entre estas la explotación petrolera (en parte de fracking), contribuyendo a una crisis medioambiental. Hay regalías, pero no se invierten eficazmente. Hay trabajo, pero hay dependencia de la economía del petróleo.
Así, a pesar de ser una región rica en petróleo, Casanare carece de acceso al agua potable. En Yopal, la capital del departamento, en 2011 un derrumbe destruyó la planta de tratamiento de agua y desde entonces el suministro de agua se hace por apenas 40 carrotanques. La comunidad protesta porque el agua distribuida no es potable y le enferma. Además, tiene que seguir pagando los recibos de agua que llegan.
En julio de 2014, un paro cívico reclamaba un nuevo acueducto. Después de tres días, se llevaron a cabo negociaciones con el Gobierno y se estableció un cronograma con fechas concretas para la construcción del acueducto. La licitación recién se abrió en enero de 2015, con un esfuerzo financiero interinsitucional entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Casanare, que no hubiera sido necesario si los 170.000 millones de pesos recibidos destinados en 2013 al tema del agua se hubieran invertido y ejecutado eficazmente. La construcción del acueducto se estimó en 53.500 millones de pesos y el departamento recibe anualmente cuatro veces este dinero en regalías. Por ejemplo, en 2013, recibió 426.728 millones de pesos de regalías. Crudo Transparente habló con la Defensoría del Pueblo en Casanare que indicó que la construcción del acueducto recién está iniciando y se terminará en 2016 o 2017. Es decir, al menos dos años más sin agua.
Mientras en Yopal no hay acueducto desde hace más de cuatro años, Casanare enfrentó una de sus peores crisis ambientales a principios de 2014, en la que murieron 50 millones de animales. Según una investigación de la Contraloría General de la República, esta sequía fue provocada por actividades de sísmica y perforación petrolera, ganadería y cultivos de arroz secano, entre otros. La explotación petrolera es acusada de gastar 15 millones de barriles de agua diariamente, dado que para extraer un galón de petróleo, se requieren de 10 galones de agua y para refinarlo se requieren 700 galones. La industria se defiende diciendo que no es la actividad económica que más recursos hídricos consume, sino que son la agricultura y la ganadería.
El caos es mayor si se consideran los casos de corrupción, como muestra del “manejo” de la inversión pública en el Departamento. Así, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al ex alcalde de Yopal, Willian Enrique Celemín Cáceres, por haber comprado paquetes turísticos y paquetes de relajación estético-corporal para sus funcionarios. En agosto, el ex gobernador de Casanare, William Hernán Pérez Espinel, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a una pena de ocho años y cuatro meses de prisión y a una multa de 43.260.000 de pesos, por favorecer con un millonario contrato a unos concejales del municipio de San Luis de Palenque en ese departamento. Por otro lado, la Fiduciaria Petrolera S.A. (Fidupetrol) sobornó a un magistrado de la Corte Constitucional para evitar el pago de 22.500 millones al Casanare. Pero, la Corte Suprema obligó la fiduciaria a devolver el dinero y la condenó. Sin embargo, la Fidupetrol no ha pagado, pues entró en liquidación.
Además de este dinero perdido, se entregaron más de 156.000 millones a particulares para llevar a cabo obras que no fueron terminadas. Así, la Gobernación tuvo que invertir 20.000 millones de pesos en el Hospital regional, cuando administraciones anteriores ya habían entregado 110.000 millones de pesos para esta obra. Y aún están pendientes cuatro obras en las que se han invertido regalías.
Crudo Transparente habló con el Director de la USO en Casanare, quien declaró: “las regalías deberían servir para financiar buenos servicios de salud, de educación, para un buen acueducto, etc. Pero la corrupción es un cáncer. Hay corrupción en la contratación: la plata en las alcaldías van a unas compañías amigas que no cumplen con la construcción de las infraestructuras. Por ejemplo, se invirtieron 130.000 millones de pesos en el hospital y apenas se está equipando.”
Para la Defensoría del Pueblo, “las regalías sí se invierten en educación, salud, en desarrollo básico, en los sectores deportivo y cultural y en el hospital. Hubo bastante desarrollo en las zonas de inversión de las empresas. Pero la inversión de las empresas es dispersa, atomizada. No hay proyectos de gran escala y falta concertación, tanto entre las empresas como entre las autoridades y las empresas.”
En medio del caos, la industria petrolera parece borrar con el codo lo que hace con las manos, genera empleo e invierte en hospitales y sistemas de provisión de agua, mientras que en materia de política medioambiental y desarrollo comunitario es cuestionada. Está el caso de BP y las consecuencias ambientales de la construcción del oleducto Ocensa, demanda hoy por los campesinos mientras Ecopetrol ha asumido los daños. Además, el líder sindicalista Gilberto Torres acusó a la BP de complicidad en su secuestro por paramilitares. El líder había organizado protestas en Casanare, tras el asesinato de un colega sindicalista. La ONU estima que 6.000 activistas sindicales han desaparecido en Casanare en los últimos 30 años. Está Perenco y la insuficiente inversión en las tuberías, que causa derrames de petróleo en las zonas rurales. Las protestas son también ante Geopark y Equión.
Según el Director de la USO en Casanare, las empresas no cumplen con sus compromisos ambientales. Cuando hay contaminación, compran el silencio de las autoridades locales como los presidentes de Juntas de Acción Comunal, quienes no denuncian la contaminación. Por estas razones, hay bloqueos y protestas por parte de las comunidades.
A esta situación se suman problemas de seguridad y orden público que conoce el departamento. En julio de 2014, para conmemorar sus 50 años de existencia, el ELN amenazó de atentados y declaró paro armado a la industria petrolera. Los atentados a la infraestructura tienen un alto costo en pérdidas económicas por ventas y regalías, los costos de reparación de los oleoductos y de tratamiento de aguas. El departamento se ve afectado por otros problemas de seguridad como el micro tráfico de drogas. Según la Defensoría del Pueblo, la implementación de la industria petrolera atrae gente de afuera que adelanta actividades de prostitución, tráfico de drogas y mendicidad. Afirma que esta problemática afecta todos los municipios.
Bajo este panorama, en 2015, la caída de los precios del petróleo y su consecuente impacto sobre la generación de empleo, el aplazamiento de proyectos de exploración y la disminución de las regalías, que empieza a afectar a los municipios como Paz de Ariporo y Tauramena, demanda un reajuste en las políticas públicas y los planes de inversión de la industria. Hay que subrayar que Casanare se encuentra en alto riesgo económico, dado que 72 por ciento de su PIB depende de la industria petrolera.
Crudo Transparente entrevistó a la Defensoría del Pueblo, el Director de USO y la Secretaria de Gobierno de Paz de Ariporo y todos están de acuerdo en que la caída de los precios del petróleo tiene como consecuencia que las empresas se retiren del territorio, reduzcan su personal y se afecte la economía local (hoteles, alimentación, transporte, etc.). Alrededor de 4.000 empleados fueron despedidos.
La mayor preocupación de la comunidad es la caída de los precios y sus efectos sobre el empleo. La comunidad acusa a la industria de no recurrir a mano de obra local, ni a bienes y servicios de la región.Así, la Defensoría del Pueblo afirmó: “Las empresas petroleras tienen una posición dominante. Nada interfiere en su actividad. Hay conflictos con respecto a la mano de obra calificada y no calificada. Despiden gente y contratan gente calificada que viene de otras partes. Al contrario, la mano de obra no calificada viene de Casanare, lo que genera conflictos. Ahora en Yopal hay cinco o seis universidades, entonces hay oferta profesional, hay cantidades de profesionales calificados.”
Para el Director de la USO en Casanare, “el inconveniente de Casanare es que depende mucho del petróleo. La actividad petrolera sí puede traer bienestar para la gente. Es buena para la economía porque trae gente a Yopal, que gasta en el comercio y los servicios. Hay buenos salarios pero son contratos temporales. Es bueno que haya oportunidades de trabajo pero no hay continuidad. Por ejemplo, no hay seguro de desempleo. No hay garantías, no hay seguridad del trabajo.”
Con respecto a los bienes y servicios, la Defensoría del Pueblo afirmó que las empresas ahora usan los bienes y servicios propuestos por un grupo de empresarios que se constituyó mediante la Cámara de Comercio, pero subraya que esto fue una lucha de 20 años.
Por otro lado, con la caída de los precios del petróleo y la alerta sobre el “fin de las reservas”, la implementación del fracking está en debate en el país. En Casanare, este método de extracción se está usando desde el año 2008 en dos pozos. Al respecto, el Director de la USO en Casanare nos manifestó estar en total desacuerdo con el fracking, ya que “el método contamina el agua con más de 800 químicos y además los vapores afectan a las personas y a los animales”.
Crudo Transparente intentó conseguir declaraciones por parte de las empresas New Granada Energy Corporation, Repsol; Pacific Rubiales, Geo Park, Advantage Energy y Perenco, pero no accedieron a la entrevista.
Jasmine Cozic & Catalina Jiménez
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