El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia

 

 

En febrero los problemas de conflictividad social, armada y ambiental en torno a la industria petrolera, tuvieron como protagonista los hechos de orden público e ilegalidad.

 

De esta manera, Norte de Santander y La Guajira fueron los territorios más afectados por estos sucesos; y la incautación de contrabando de combustible fue la actividad más registrada.  Con respecto a lo anterior, en este segundo mes estos operativos empezaron a incrementar, respecto a los meses anteriores del año, incautándose un total de 12 274 galones de combustible entre gasolina y ACPM.

 

Siguiendo con esta idea, es de resaltar que durante febrero no se notificaron ataques en contra de la infraestructura petrolera del país. A pesar de esto, la instalación de válvulas ilícitas sigue siendo una problemática social y ambiental en departamentos como Nariño y Norte de Santander. Aunque, para febrero se registró en Cundinamarca, una de estas pegas ilícitas, que llegó a contaminar cuerpos hídricos de la zona rural de Facatativá. 

 

Por otro lado, con respecto a la conflictividad social, se notificaron una protesta y una huelga en contra de Ecopetrol. La primera tuvo lugar en Puerto Wilches, Santander, y se relacionó con el Diálogo Territorial sobre Proyectos Piloto de Investigación; donde la ciudadanía mostró su inconformismo frente a la técnica del fracking.

 

También, junto con estas manifestaciones sociales, congresistas de diferentes bancadas, grupos sociales y ambientales, le hicieron llegar una carta al presidente, Iván Duque, sobre presuntas intimidaciones y amenazas que habían recibido líderes sociales de la región, por su postura frente a esta técnica.

 

Asimismo, es de resaltar que durante los dos primeros meses del 2021, se han registrado en total siete amenazas en contra de lideres sociales y ambientales que trabajan en la defensa de los territorios, la protección de los derechos laborales en torno a la industria petrolera y para salvaguardar los ecosistemas vulnerados por las actividades extractivas, y demás procesos que impactan el ambiente.

 

Por último, durante el mes en mención no se presentaron hechos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, actividades ilícitas como la instalación de válvulas y las incautaciones de refinerías ilegales, produjeron la contaminación de cuerpos de agua y la capa vegetal de las zonas rurales aledañas.

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.

 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Protesta

 

En Puerto Wilches, Santander, ambientalistas convocaron un cacerolazo frente al Centro de Integración Ciudadana del municipio en rechazo a los pilotos de fracking. Los manifestantes aseguran que no existe licencia social del proyecto Kalé; además, piden que no se les vulneren los derechos a un ambiente sano y a una vida digna en armonía con la naturaleza.

 

Por su parte, Ecopetrol afirmó que se medirán más de 200 variables ambientales durante la ejecución del piloto, y que no van a poner en riesgo el agua de la comunidad, ya que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, del total de agua que se consume anualmente, solamente el 3 % se utiliza para la industria petrolera.

 

Asimismo, la Corporación Regional Yariguies (CRY) y de la Alianza Libre de Fracking, sugirió a Ecopetrol a que invierta en proyectos de generación de energías limpias para buscar salidas a la actual crisis climática.

 

Huelga 

 

En Puerto Wilches, Santander, la comunidad entró en paro por 24 horas, ya que Ecopetrol no ha dado cumplimiento de sus compromisos contractuales y sostienen que la empresa no tiene licencia social, reclaman inclusión laboral de casi 50 profesionales. Por tal razón, exigen a Ecopetrol responsabilidad social y la presencia del presidente de la compañía Felipe Bayón. 

 

ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD

Instalación de válvulas clandestinas

 

En Facatativá, Cundinamarca, el cuerpo de bomberos del municipio encontró en la vereda los Manzanos, una válvula ilegal instalada en el poliducto Salgar Mancilla, la cual ocasionó un derrame de petróleo en fuentes hídricas como la quebrada La Selva, que desemboca en el río Andes; uno de los afluentes que alimenta el embalse Santa Marta.

 

Los habitantes del municipio, hacieron un llamado a la alcaldía y la compañía Cenit Transporte – que tienen a cargo el oleoducto-, ya que duraron cinco días sin servicio de agua, y el abastecimiento de los carrotanques no es suficiente. Igualmente, la Empresa de Agua de Facatativá afirmó que: “se están colocando barreras que retienen el posible combustible, que está en la parte superficial del agua”, así el servicio de agua podría ser restablecido en unos días.

 

Refinerías ilegales

 

En el corregimiento Guayacana, Tumaco, Nariño, 80 hombres de las Fuerzas Especiales de Hidrocarburos de la Policía, incautaron 11 piscinas de petróleo que extraían Oleoducto Trasandino (OTA), con el fin de refinarlo para producir cocaína a gran escala. La investigación, conjunta con la Fiscalía, pudo determinar que habían recolectado 129 000 galones de petróleo y 6 300 galones de crudo refinado. 

 

Daño de maquinaria petrolera

 

En Riohacha, Guajira, seis buses de la empresa Amtur Guajira, la cual se encarga de transportar a los trabajadores de la compañía Cerrejón desde Riohacha a la mina, fueron incendiados. Por su parte, Cerrejón y El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), condenaron y rechazaron los actos de violencia protagonizados por personas desconocidas. 

 

Amenaza a personal de empresas petrolera 

 

En Puerto López, Meta, Fabio Hernando Londoño Ospino, vicepresidente de la USO Subdirectiva Meta y actual presidente de la Asociación de Trabajadores de la Región Circunvecina Apiay ARCA, recibió amenazas. Londoño sostiene que viene realizando acompañamiento a las comunidades, en el marco de las reclamaciones a la Empresa Independence Drilling S.A, contratista de Ecopetrol que violó los acuerdos pactados en  los procesos de contratación de mano de obra local para los cargos que provee en la zona.

 

Amenaza a líderes sociales 

 

En Barrancabermeja, Santander, el líder social Luis Alberto González presidente de JAC las Parrilas, recibió un panfleto en el que lo amenazaban y le daban 72 horas para irse de la zona. Vale resaltar, que  esta no es la primera vez que González es blanco de intimidaciones. 

 

Frente a esta situación, el líder social acudió a la corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) para recibir apoyo y orientación.  De esta manera, Credhos afirma, que estas amenazas comenzaron cuando el líder inició, en el 2020, a hacer veeduría y denuncias, sobre presuntas irregularidades de un proyecto que entregó la Corporación Regional de Santander (CAS) y en el que Ecopetrol es el principal financiador.

 

Por otro lado, en Sabana de Torres, Santander, se conoció un nuevo intento de asesinato contra David Canchila, coordinador de veedurías de Sabana de Torre, un trabajo que ha venido realizando con la comunidad. Es de recordar, que meses anteriores Canchila, lideró una de las protestas que se realizaron en el municipio, contra la tercerización de la contratación que venía haciendo Ecopetrol a través de varias empresas. 

 

Por último, en Puerto Wilches, Santander, denuncian que varios jóvenes del Comité para la defensa del Agua, la Vida y el Territorio AguaWil han sido amenazados, por oponerse a los pilotos de fracking que se  van a desarrollar en el municipio. 

 

Por dicha razón, en conjunto con varios congresistas y organizaciones ambientales, La Alianza Colombia Libre de Fracking solicitó al Gobierno la suspensión de los proyectos pilotos, para garantizar la seguridad e integridad de los activistas ambientales.

 

Contrabando de crudo o sus derivados

 

Con relación a las acciones en contra de esta actividad ilícita, se adelantaron las siguientes operaciones.

 

En Arauca, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en conjunto con el Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana, incautaron 498 galones de combustible de origen extranjero. 

 

Por otro lado, en Pasto, Nariño, fueron decomisados dos vehículos con tanques adaptados para transportar aproximadamente 320 galones de combustibles;  también, se inmovilizaron una camioneta que transportaba alrededor de 250 galones de gasolina y un furgón que llevaba 73 galones de combustible. 

 

En Gamarra, Cesar, la Armada Colombiana y la Policía aprehendieron 7 460 galones de combustible transportado de manera ilegal a bordo de tres embarcaciones artesanales, dos camiones tipo furgón, tres motocarros y una camioneta. 

 

En Cúcuta, Norte de Santander, la Policía Nacional a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, logró la captura de dos personas y la incautación de 174 galones de combustible tipo ACPM avaluados en $1 566 000. Igualmente, en Hatonuevo, Guajira, los Policías de Tránsito y Transporte confiscaron 2 500 galones de gasolina, avaluados en $15 000 000. 

 

Asimismo, en El Banco, Magdalena, la Policía decomisó 220 galones de gasolina de contrabando avaluado en $1 760 000. Por último, en Puerto Leguizamo, Putumayo, Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina detuvieron 669 galones de gasolina y 110 galones de ACPM que eran transportados de manera ilegal a bordo de una embarcación artesanal.