Pulso Petrolero Regional Crudo Transparente. 31 de octubre de 2016
El año 2016, ha estado marcado por una oposición fuerte por parte de las comunidades a las actividades de exploración y explotación petrolera. El inconformismo de los habitantes de las áreas de influencia está relacionado con la falta de atención y concertación que el gobierno nacional ha tenido respecto al otorgamiento de licencias, ofrecimiento de bloques y en general, sobre el tipo de desarrollo que se quiere para las regiones. La necesidad de proteger el territorio, el medioambiente y los medios de vida tradicionales como la agricultura y ganadería, ha generado movimientos sociales que se oponen de manera constante a los proyectos hidrocarburíferos.
Durante el mes de octubre, el panorama sobre conflictividad social y medioambiental relacionado con la industria petrolera, ha mantenido la tendencia de los anteriores meses del año: movilizaciones sociales en las diferentes regiones del país, acciones de grupos armados no estatales en contra de la infraestructura petrolera, derrames y fugas de crudo, incautación de combustible destinado a la fabricación de estupefacientes, contrabando, instalación de válvulas ilegales y desmantelamiento de refinerías ilegales.
En materia de conflictividad social se presentaron siete protestas, dos cacerolazos, un bloqueo de vías, un paro cívico y un cese de actividades en campo petrolero. Las primeras tuvieron lugar en zona rural del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, donde los manifestantes pretendían mejores condiciones laborales y una mejor socialización de los proyectos adelantado por la operadora IJP, en el campo Palagua; los hechos generaron la paralización parcial de las actividades del campo y debió ser dispersada por el ESMAD. La empresa emitió declaraciones donde aseguró que quienes protestaban no eran personas de la comunidad sino que tenían intereses personales.
En el mismo orden de ideas, en el Huila, trabajadores de la empresa Paicol protestaron en la vía que conduce de los campos La Cañana y La Hocha, por la reducción del pago del transporte de crudo realizado por Hocol, la protesta se realizó de forma pacífica y no generó ningún inconveniente en las operaciones de los dos campos.
Por su parte en la región del Meta, trabajadores de varios municipios petroleros, entre ellos Castilla la Nueva, protestaron a inicios del mes de octubre porque consideraban que la empresa Ecopetrol estaba desconociendo la Convención Colectiva que mantienen con el sindicato de la USO y la disminución de salarios por parte de los contratistas de la estatal petrolera, basados en la tabla salarial de actividades no misionales de Ecopetrol. Representantes de la USO llamaron a que la empresa colombiana respetara los derechos de los trabajadores y exigiera a las empresas prestadoras de bienes y servicios, el respeto y garantía de los derechos de los trabajadores de la industria.
A mediados del mes, empleados del CPF de Floreña, en corregimiento de El Morro, Yopal, Casanare, trabajadores impidieron la actividad de uno de los taladros; protestaban por el ajuste salarial del 2017 decretado por la empresa Petrex, contratista de la operadora Equión. Por su parte la empresa Equión afirmó que no estaban de acuerdo en este tipo de vías de hecho y que es frecuenten que algunos líderes de este corregimiento acudan constantemente a este tipo de hechos para paralizar las operaciones de la planta y ganar algunos beneficios.
A finales del mes, los habitantes de Caquetá, manifestaron por el anuncio hecho por Emerald Energy, en el que aseguraban la puesta en marcha de 10 plataformas exploratorias en los municipios de Morelia, Milán y Valparaiso. Las comunidades de esta zona del país, se han opuesto al adelanto de estas actividades desde hace dos años y esperan continuar en la defensa del territorio hasta que se adelante un diálogo con el gobierno nacional sobre el tipo de desarrollo que quieren en su región.
Pero sin lugar a dudas el hecho más sobresaliente en el mes de octubre, son las movilizaciones sociales adelantadas por los habitantes de San Martín, Cesar, para impedir las actividades del pozo Pico Plata-1, en las cuales, según fuentes de la comunidad, se pretende realizar el uso de la técnica de fraccionamiento hidráulico, comúnmente conocido como fracking; método que es cuestionado en varias partes del mundo por las consecuencias que puede generar, tales como profundización de los acuíferos, aumento de actividad sísmica y contaminación de fuentes hídricas.
Los sanmartinenses adelantaron dos cacerolazos, un bloqueo de vías, un paro cívico y varias protestas por las calles del municipio, exigiendo al gobierno nacional la suspensión del proyecto perteneciente a la empresa ConocoPhillips y el adelanto de un diálogo sobre esta técnica y sus impactos negativos en el medio ambiente y la salud de los pobladores del municipio.
Por su parte el alcalde Saúl Celis Carvajal, autorizó al ESMAD levantar las movilizaciones; presentándose heridos, poniendo en peligro a la población civil y generando un aumento en el nivel de la confrontación que no es benéfico para ninguna de las partes. Once congresistas de diferentes partidos políticos, pidieron al gobierno local y nacional no continuar con el uso de la fuerza pública y adelantar un debate sobre el fracking y su conveniencia para el país.
Por otro lado, en temas de ambiente, se presentaron dos hechos considerables: el primero fue el derrame de crudo en la vía que de Neiva conduce al municipio de Garzón, Huila. En el hecho un carro tanque sufrió un accidente, aparentemente por excesos de velocidad y se corrió el riesgo de la contaminación de varias fuentes hídricas que pasan por la zona. Las autoridades hicieron llamado a los conductores de estos vehículos para que se mantengan sobre los límites de velocidad permitidos.
El otro suceso fue denunciado por los líderes de la nación U’wa, quienes argumentaron que a las afueras de la planta de gas de Gibraltar, Norte de Santander, se presenta un derrame de petróleo que ha llegado a toda la región del Sarare y que pone en peligro la salud de miembros de esta comunidad, entre los que se encuentran niños y mujeres embarazadas.
En temas de orden público, se produjeron dos atentados a la infraestructura petrolera del país, la desarticulación de una válvula ilícita, la incautación de 3918 galones de ACPM y de 10.500 de gasolina de contrabando, la confiscación de 7.500 galones de crudo y derivados utilizados para la fabricación de base de cocaína.
Los ataques se perpetuaron sobre el oleoducto Caño Limón – Coveñas; el primero se realizó en zona rural del municipio de Saravena, Arauca, el cual causó el derrame de 30 metros lineales de petróleo y la paralización de bombeo entre los campos Caricare y Caño Limón. El segundo, se presentó en Arauquita, Arauca, pero no ocasionó derrame de hidrocarburo porque no se estaba llevando a cabo bombeo por el tuvo en el momento del atentado. De acuerdo a información del Ejército Nacional, el responsable de estos hechos es el grupo armado no estatal Ejército de Liberación Nacional.
La incautación de contrabando de ACPM y gasolina se presentó en los departamentos de todos departamentos fronterizos. Por su parte la incautación de crudo y derivados para el procesamiento de alcaloides se llevó a cabo, por parte del Ejército Nacional, en los departamentos de: Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca; todo esto se produjo en operaciones contra mafias y grupos armados organizados.
Por último, se desmantelaron 7 refinerías ilegales en los municipios de El Tarra y Teorama, Norte de Santander; Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, Nariño. Según información proporcionada por el Ejército Nacional, estas instalaciones clandestinas eran destinadas para procesar crudo y utilizarlo en la fabricación de estupefacientes y contrabando.
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