Si bien el número de atentados a la infraestructura petrolera ha disminuido este año en relación con 2014, con el levantamiento del cese al fuego unilateral por parte de las Farc desde finales de mayo,  las acciones contra pozos, oleoductos y equipos para la producción, mantenimiento y el transporte de crudo, arreciaron en todo el país.

Según datos registrados por en el informe Lo que hemos ganado de la Fundación Paz y Reconciliación, en el año 2014 se presentaron 153 ataques a la infraestructura petrolera por parte de las Farc. Los departamentos de Putumayo y Norte de Santander concentraron el 80 por ciento del total de acciones, con 98 y 18 atentados, respectivamente[1]. Si bien la cifra ha disminuido en los últimos años tres años[2],   sigue siendo un problema importante para el gobierno nacional y local y para las empresas petroleras.

De otra parte, las acciones contra la infraestructura petrolera realizadas por el ELN han tenido un incremento progresivo. En 2012, se registraron 31 atentados. Al año siguiente, 60 atentados y en 2014, un total de 68. Estas acciones se presentaron principalmente en el oriente del país.

La tregua unilateral de las Farc, que inició el 20 de diciembre y terminó a finales de mayo, dejó un balance positivo para el sector. El número de atentados disminuyó en un 90 por ciento al pasar de 41 ataques, durante los primeros cuatro meses de 2014 a cuatro ataques en igual periodo de 2015.  Estos cuatro atentados fueron contra el Oleoducto Trasandino en el departamento de Nariño y al Oleoducto Caño Limón- Coveñas en Boyacá y Norte de Santander.

Sin embargo, con el levantamiento del cese al fuego unilateral por parte de las Farc desde finales de mayo, las acciones contra la infraestructura petrolera arreciaron en todo el país.  Según informó la Asociación Colombiana del Petróleo, a  junio 30 de 2015 se han presentado 48 ataques a la infraestructura de hidrocarburos, de los cuales el 88% son atribuibles a las Farc y el restante al ELN.  

Aunque la opinión pública califica la creciente ola de ataques de las Farc a la infraestructura petrolera, como una “escalada” del conflicto, datos recopilados por medios como la Silla Vacía, señalan los recientes atentados como un regreso a los niveles de conflicto que Colombia presentaba en periodos anteriores a la declaración unilateral de cese el fuego de este grupo armado ilegal, el 22 de mayo del presente año.

Este retroceso, muestra un cambio en la estrategia de ataque de las Farc. Tanto la infraestructura petrolera como los camiones de transporte de crudo han sido el eje de las principales acciones militares de este grupo, con lo cual, además de las pérdidas económicas, se ha generado una tragedia socio-ambiental.

Las consecuencias económicas, ambientales y sociales de las acciones contra la infraestructura petrolera

Las consecuencias de los ataques a la infraestructura afectan a las empresas petroleras y a la economía del país. Posterior a un ataque a un oleoducto, las válvulas se cierran como parte del plan de contingencia, por lo que el flujo de petróleo es interrumpido. Al llegar al tope de reservas de almacenamiento para este tipo de casos, se debe interrumpir por completo el flujo de hidrocarburos, y con ello, la cifra de producción es menor a la esperada. Los expertos lo denominan como producción diferida, es decir, el petróleo que no se puede extraer para exportar por problemas de orden público, comunidades u operacionales.

En 2014, se había dejado de producir 3.082.357 barriles de petróleo por atentados y bloqueos de comunidades, con pérdidas por 700 mil millones de pesos; en 2015, Ecopetrol reporta una pérdida de ingresos al Estado que asciende a los 60 mil millones de pesos  y, según el presidente de la compañía, se han dejado de producir por lo menos 17.000 barriles de crudo por día, a causa de los ataques a la infraestructura

Adicionalmente, el recrudecimiento de los atentados impacta la inversión en el sector. De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, de los 49 contratos vigentes que están en la cuenca Caguán-Putumayo (que incluye áreas de Meta y Caquetá), 25 están suspendidos, en su mayoría, por problemas de orden público.

De otro lado, según informó el  presidente de la ACP, Francisco Lloreda, 6,5 millones han sido derramados este año, causando importantes daños al medio ambiente. 

El impacto de los derrames de crudo depende de sus características y del ecosistema que afecte. En general, los expertos señalan que el derrame de petróleo sobre cuerpos de agua dulce forma una película en la superficie que impide el paso de la luz solar, la cual alimenta el lecho vegetal de ríos y mares, lo que provoca un total desbalance de la cadena alimenticia de estos ecosistemas. El resultado es la mortandad generalizada en las zonas impactadas. Esta película afecta a los organismos que sustentan su vida en la superficie del agua, como los peces y aves, quienes terminan muriendo a causa de la toxicidad y por otros factores, como obstrucción de las vías respiratorias e hipotermia (caso comúnmente registrado en aves). Esta situación, en casos en donde la mancha alcanza zonas costeras, presenta un impacto ambiental mayor debido al sustento de la vida marina en la vegetación acuática. Si el crudo no es recuperado, se disuelve en el agua, afectando la calidad de agua y con ello, la calidad de vida de la biota (flora y fauna).

La recuperación de las zonas afectadas no es tarea sencilla. En zonas donde el crudo alcanza el lecho del rio o el mar (generalmente zonas costeras), los componentes tóxicos se adhieren a los suelos, lo que hace más difícil el proceso de recuperación de los ecosistemas, que alcanza a tardar más de un siglo, dependiendo de la gravedad del derrame.

Cuando el derrame se produce en la superficie terrestre, genera daños en la capa vegetal. El intercambio gaseoso entre suelo y atmósfera se afecta y se deterioran los procesos bioquímicos, afectando la composición, estructura y fertilidad del suelo. También impacta el hábitat, la salud y genética de la fauna. Según informó Ecopetrol, con base en un estudio realizado por el Instituto Alexander von Humboldt, la reciente ola de atentados afecta mamíferos en riesgo de desaparición como la danta, el armadillo, el manatí y el venado colablanca, y a 15 especies de reptiles y 20 de anfibios, como la rana marsupial, la rana de cristal y la babilla, entre otras especies. A lo anterior se suman los incendios que destruyen bosquen y la emisión de gases tóxicos que afecta la salud de animales y las comunidades.

A estas consecuencias económicas y ambientales, se unen las sociales. Solamente en el último mes, smás de 200.000 personas sufren el efecto de los ataques. Por un lado, las fuentes de agua que surten a comunidades locales ha sido contaminadas, por el otro, los pobladores han visto afectados sus actividades económicas y su principal fuente de alimento. La Cámara de Comercio de Nariño estima que más de 2 mil pescadores se han quedado sin trabajo por cuenta del derrame generado por los atentados al oleoducto trasandino en este mes, que ha sido calificado como la mayor tragedia ambiental de los últimos diez años por el Ministro de Ambiente.  

De otro lado, las condiciones de movilidad de los pobladores se ve restringida, a causa de la presencia de la fuerza pública que llega a  asegurar la zona para garantizar la reparación de los daños. 

Medidas adoptadas

En la última década, las zonas donde se asientan los complejos petroleros han visto una militarización importante, con el fin de garantizar la seguridad en las zonas con potencial petrolero y atraer inversión extranjera. De ahí que se crearan los Batallones Especiales Energéticos y Viales (BEEV), que tienen como misión contribuir a la seguridad de la infraestructura económica del país. Según fuentes militares, cada batallón implica una inversión de 30 mil millones de pesos[3].  Actualmente, el Ejército Nacional cuenta con 21 BEEV en todo el territorio nacional, de los cuales 14 se encargan exclusivamente del sector hidrocarburos.

Según el informe Petróleo y Transformación de Conflictos de Camilo González Poso e Indepaz, en la actualidad, la prevención de atentados contra la infraestructura petrolera se basa en una “Acuerdos de Protección Militar” entre las petroleras y el Ministerio de Defensa. Dichos acuerdos consisten en que se destinan unidades de las Fuerzas Armadas a la exclusiva tarea de seguridad de las operaciones de la empresa y la infraestructura, a cambio de inversiones logísticas para el Ejército[4].

Una muestra del trabajo conjunto entre las petroleras y las Fuerza Pública corresponde a la creación por parte del Gobierno Nacional de los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI), entidades que coordinan la seguridad entre las entidades estatales, las fuerzas armadas y el sector privado. Actualmente existen nueve COPEIS  en los principales departamentos productores de hidrocarburos.

A pesar de las medidas preventivas adoptadas en la última década, los atentados a la infraestructura petrolera continúan. Se han planteado una serie de medidas de contingencia para contrarrestar los impactos que se puedan sufrir tanto económicos, como sociales y ambientales, por este tipo de acciones.  Se expidió el decreto 321 de 1999, que estipula el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres (PNC); el cual establece los protocolos de respuesta para la atención de incidentes que ocurren como consecuencia de la operación, más no de ataques a la infraestructura por parte de grupos armados ilegales. Según afirma Poso, en la ley se evidencia una zona gris, donde no se estipulan de manera concreta las medidas y responsabilidades que tiene cada actor en los atentados contra la infraestructura.

Sin embargo, afirma que el protocolo de contingencia en los casos de atentados a los oleoductos tiene tres fases generales: i) medidas de seguridad, por medio de las cuales las Fuerzas Militares establecen las condiciones de seguridad necesarias para que las empresas puedan entrar; ii) entrada de los técnicos de las empresas para la reconstrucción del tubo y el restablecimiento del bombeo y iii) limpieza de la zona donde se produjo el derrame del crudo.

Este plan de contingencia, sin embargo, excluye actividades de alto impacto para la comunidad después del derramamiento, especialmente cuando estos suceden en zonas de alto impacto. Lo que obligaría a medidas de contingencia mayores. Algunos de los vertimientos de crudo han afectado notoriamente las bocatomas de acueductos de comunidades circundantes, poniendo en riesgo inminente a sus habitantes, con lo cual se exige una acción mayor del Estado, en aras de suplir la necesidades resultantes de la contaminación ambiental por el derramamiento del crudo.

Consideraciones finales

Según las cifras observadas, la tregua tuvo un efecto positivo en cuanto a la seguridad de la infraestructura energética, teniendo en cuenta que durante ese periodo, las acciones se redujeron en 90% con referencia al 2014. No obstante, la reciente ola de atentados ha dejado a su paso pérdidas económicas y daños incalculables en materia ambiental y social. La militarización de las zonas productoras de hidrocarburos  parece no ser la solución, teniendo en cuenta que los ataques siguen siendo un problema tanto para autoridades, comunidades y empresarios. Lo cierto es que, los ataques seguirán ocurriendo mientras que el país sigua inmerso en el conflicto.