Crudo Transparente:  Distintos estudios y análisis demuestran que históricamente en Colombia ha existido una “maldición de los recursos”, que se traduce en que el aprovechamiento de los hidrocarburos y en especial del petróleo conlleva conflictos sociales, deterioro de la calidad de vida de las comunidades, impactos negativos en el medio ambiente. ¿Cómo el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y sus distintas estrategias ofrece soluciones para este problema histórico? ¿Cómo se está pensando la conexión entre los asuntos energéticos y la Paz?

Simón Gaviria:  El PND 2014-2018 ha enfocado al sector de minas y energía como parte de la solución a los problemas del conflicto interno que ha enfrentado el país durante las últimas décadas, identificando estrategias claras para  mantener el nivel de ingresos de las regalías recibidas por las actividades extractivas,  con el fin de conservar una política redistributiva más justa y de esta forma, atender las necesidades de los habitantes menos favorecidos del territorio nacional a través de los programas sociales del Estado.  

Dentro de las estrategias transversales del PND, se  incluye la llamada ‘Crecimiento verde’ la cual se califica como envolvente porque el tema ambiental,  en este Plan no está definido como una preocupación sectorial más, sino como una estrategia para que todos los sectores adopten  prácticas verdes con el fin de que el crecimiento sea económica, social y ambientalmente  sostenible.  

CT:  Si bien el PND plantea que el desarrollo del sector debe darse con responsabilidad y señala que es un proceso no limitado a la consulta previa, no especifica cómo se dará la interlocución con los distintos actores sociales del sector minero energético y tampoco qué instrumentos se proporcionarán para facilitar el diálogo social. ¿Cómo está pensada esta metodología de participación, diálogo e inclusión? ¿Con qué instrumentos concretos y/o instituciones se va a asegurar el diálogo entre las autoridades, las comunidades y las empresas?

SG:  Se continuará fortaleciendo el diálogo entre los sectores público y privado, mediante las mesas de Alto Gobierno, en las que participan las entidades del Gobierno nacional y representantes de la industria minero-energética. En ese sentido, se dará continuidad a los Acuerdos Gobierno Industria (AGI) del sector de hidrocarburos, y se estructurará un plan de trabajo a cuatro años, que involucre a todas las entidades pertinentes.

Se fortalecerá la articulación interinstitucional desde las etapas más tempranas de la planeación de los proyectos por parte de las entidades del sector minero-energético, las entidades del sector ambiental y las entidades encargadas de los procesos de consulta previa. En esa línea se seguirá fortaleciendo la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIIPE), como espacio de articulación entre los sectores minero-energético, ambiente, interior y transporte, entre otros.

Asimismo, se  fortalecerán los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES) para hacer frente a los principales cuellos de botella que afectan la agilidad y viabilidad del desarrollo de los proyectos en el sector minero energético.

CT:  Una herramienta esencial para asegurar el desarrollo territorial es la redistribución de las regalías, concretamente, ¿cómo se van a monitorear las inversiones, el destino final de los dineros?

SG:  El Acto Legislativo 05 que creó el Sistema General de Regalías también previó la creación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías, a cargo de la Dirección de Vigilancia a las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, cuyo objeto es velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.

Dicho sistema cuenta con medidas preventivas, correctivas y sancionatorias por el inadecuado uso de los recursos, las cuales se podrán aplicar a los departamentos, municipios y/o distritos y demás ejecutores, entre ellas se destacan la suspensión de giros, cancelación de proyectos y/o el reintegro de recursos. Cabe aclarar que todas las actuaciones que realiza el DNP son del orden administrativo. Por ello, se remiten traslados a la Procuraduría General de la Nación, para el control disciplinario; a la Contraloría General de la República, para el control fiscal; y, a la Fiscalía General de la Nación, para el control penal.

CT:  ¿Cómo se planea mejorar las capacidades de  las autoridades locales en el manejo de regalías?

SG:  El Departamento Nacional de Planeación con la creación del Sistema General de Regalías dispuso un equipo, la Coordinación de Inversiones de Regalías, que realiza acompañamiento permanente a alcaldías, gobernaciones y a otros ejecutores en la estructuración, formulación y ejecución de proyectos.

De igual manera, las entidades territoriales reciben recursos de fortalecimiento anualmente para orientarlos a incrementar la capacidad organizativa, de conocimiento y fortalecimiento de los recursos físicos y tecnológicos de estas en la formulación, presentación y verificación de requisitos de los proyectos.

Ahora bien, no solo los acompañamos o y brindamos asistencia técnica, pues hemos venido trabajando con las Universidades de los diferentes departamentos del país para formar a sus docentes, a sus estudiantes y a funcionarios públicos y contratistas en formulación, estructuración y ejecución de proyectos con el fin de solucionar los problemas de las regiones y propender por el cierre de brechas, generando así más equidad y empleo.

CT:  Llama la atención que el PND señala que el sector generará importantes recursos para financiar las inversiones que van a requerir los tres pilares. ¿Cómo está prevista la financiación del plan ante la caída en los precios del petróleo, uno de los principales ingresos del país?

SG:   El Plan  Nacional de  Desarrollo (PND) es realista con la situación fiscal del país. Su financiación se calculó en un promedio de petróleo de 48 dólares barril frente a una proyección inicial de 70 dólares.

El Gobierno fue prudente en sus estimativos y redujo el valor del Plan de 790 a 703 billones de pesos debido, precisamente, al efecto que puede causar la baja del precio internacional del crudo.

Este Plan no es un listado de buenas intenciones y no queremos hacer promesas que luego no podamos cumplir. Si bien hay un ajuste fiscal por la baja del precio del petróleo, este no es un fenómeno que afecte solo a Colombia sino que se extiende a otros  países.

Además  Colombia tiene otros sectores que impulsarán el crecimiento de  la economía  en los próximos meses como son la construcción, la industria y el renglón agropecuario. 

CT:  En su opinión, ¿qué rol tienen las empresas del sector para el alcance de la paz? 

SG:  Las empresas del sector hidrocarburos tienen un rol importante para el alcance de la paz a través de la generación de empleo en las zonas productoras, así como los recursos que genera el sector en términos de impuestos y regalías ($ 8,2 billones de pesos en regalías en el 2013) para la financiación de proyectos sociales y de infraestructura que adelanta el Gobierno Nacional.

CT: En departamentos petroleros como Arauca y municipios como Puerto Gaitán, ¿qué está previsto para los procesos relativos al post-conflicto? ¿Qué cambiará en el funcionamiento del sector petrolero? (responsabilidades de las empresas del sector frente al post-conflicto, desmovilización, etc.)

SG: El PND 2014 – 2018 busca la diversificación de la canasta energética y llegar a la universalización del servicio de energía eléctrica con lo que se busca mejorar la calidad de vida los habitantes de las Zonas No Interconectadas –ZNI- alcanzando a la prestación del servicio de forma eficiente y con la reducción de emisiones por la utilización de combustibles líquidos como el diésel y empleando Fuentes Renovables No Convencionales –FRNC-.

CT:  ¿Qué está pensando el Plan Nacional de  Desarrollo en generación de energías alternativas? ¿Cómo se incentiva la producción de estas a nivel masivo?

SG:  Se impulsarán esquemas de generación de energía con fuentes no convencionales de energía y sistemas híbridos en la Zonas No Interconectadas –ZNI-, así como la aplicación de estrategias de eficiencia energética. Para estos efectos se implementarán esquemas empresariales con inversiones públicas y privadas, tales como áreas de servicio exclusivo de energía eléctrica.

Así mismo, el PND buscará avanzar en la reglamentación e implementación de la Ley 1715 de 2014 para fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la energía, mediante un esquema de incentivos para fomentar la inversión de recursos empleando este tipo de tecnologías y la estructuración del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía –Fenoge.