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Columna de opinión semanal
Sistema General de Regalías, ¿recursos para todos o para unos pocos?
El Sistema General de Regalías – SGR sufrió cambios significativos en el año 2012 por medio de la ley 1530, después de aquella recordada frase del por entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry: “hay que repartir la mermelada sobre toda la tostada” y bajo la premisa de que el país debía utilizar los recursos de regalías para la totalidad de la población y apoyar a los territorios con mayores necesidades en la puesta en marcha de proyectos que puedan revertir su situación. Decisión inteligente ya que las fuentes de financiamiento de dichos proyectos eran escasas y de alguna manera el país debía ayudar a estas regiones vulnerables.
Entre las novedades de dicha reforma, se encuentra la incorporación de tres clases de regalías: las específicas, regionales y de ciencia tecnología e innovación, que junto a las directas ya existentes, implican mayor participación de los territorios con necesidades de mejorar sus condiciones de vida y que no se dedican a la actividad extractiva, la otra gran novedad fue la incorporación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD que ha sido una de las más importantes y también una de las más polémicas.
Estos OCAD nacieron por la necesidad que identificó el gobierno de Juan Manuel Santos de que existiera un ente encargado de evaluar, aprobar, viabilizar y priorizar los proyectos financiados con recursos del SGR, con representación directa en los territorios, sin embargo estos órganos, a pesar de ser una creación fundamental y bien pensada para el Sistema, no han tenido el desempeño esperado por los municipios, que estaban acostumbrados a que los recursos se giraran de manera directa a sus cuentas sin mayores trabas, a tal punto que en el año 2017 la Federación Colombiana de Municipios, solicitó al Departamento Nacional de Planeación – DNP, que por medio de fast-track se diera aprobación a la eliminación de los OCAD argumentando que se estaban reteniendo muchos recursos, además de ralentizar los procesos para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.
Otra polémica viene cuando se reasignan los porcentajes de participación, ya que se pasó del 80% para los territorios extractores, a un 80% para los territorios con dificultades económicas y sociales. En términos de equidad es una decisión importante y de peso, para así tener más recursos que permitan financiar proyectos para la totalidad del país, aunque las finanzas públicas de los departamentos que recibían gran parte de los recursos se vieron afectadas.
La reforma al SGR ha sido importante para que exista un mejor manejo de las regalías, pero no ha sido perfecta. Estas inconsistencias sumadas a las peticiones hechas por las regiones productoras y la evidente cercanía del gobierno de Iván Duque a las industrias, han hecho que desde su campaña presidencial el actual gobernante muestre su interés por reformar el SGR.
Dentro de lo que propuso se encuentra el hecho de terminar con los OCAD, en este caso remitiéndose a las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se observa que los OCAD no desaparecen pero si se les quitan funciones y modifican las formas de evaluar proyectos, lo cual sería un retroceso grande en el sistema, entregando un papel protagónico a los departamentos administrativos y ministerios. Sin embargo, el mismo Iván Duque ha decidido que los artículos 27 y 28 del PND no se consideren, dichos artículos fueron retirados del documento que se debate para su aprobación, el cual ya superó la votación de las comisiones económicas del Congreso de la República. Aunque el pasado 6 de marzo en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el mandatario nuevamente habló de terminar con los OCAD y de la reestructuración de FONADE, que pasaría de llamarse, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, a llamarse, Estructuradora Nacional de Proyectos en el Territorio, lo que contradice al propio gobierno y da un panorama poco optimista al respecto.
La otra reforma propuesta está dirigida a la participación en el presupuesto de regalías y es que lo más justo, según el gobierno, es que los departamentos productores reciban mayor porcentaje de los recursos, en el presupuesto bienal de regalías (2019-2020) aprobado por medio de la ley 1942 de 2018, la administración Duque les ha asignado el 40%, lo que significa un aumento del 10% con respecto al bienio anterior e invita a cuestionar de dónde vendrán los recursos para que los departamentos no productores cuenten con presupuesto suficiente para ejecutar proyectos.
Es necesario esperar a que se radique el proyecto de ley que busca reformar el SGR y que estaba presupuestado para el mes de marzo, pero es previsible, que los OCAD progresivamente desaparezcan o pierdan relevancia, lo que no solucionaría las inconsistencias del sistema, ya que puede afectar el proceso de descentralización del país, y ralentizar aún más la ejecución de los proyectos, además de tener menos representación directa en los territorios. Por otro lado ¿no es peligroso involucrar a una institución plagada de corrupción como FONADE? También es previsible un aumento progresivo de las asignaciones directas, pero entonces ¿de dónde provendrá el dinero para ejecutar proyectos sociales en territorios que lo necesitan?
De esta manera pasar de un SGR que busca equidad en la repartición de los recursos a uno que busca ser justo con los departamentos extractores tal vez no deba ser una prioridad, podría generar mayor impacto en el país un ajuste al actual SGR que mantenga la premisa de equidad y que esté dirigido a minimizar los niveles de corrupción, mejorar el funcionamiento y representación territorial de los OCAD y a un financiamiento mayor de proyectos en sectores como el de salud, educación, ciencia y tecnología, inclusión social, medio ambiente, agricultura, desarrollo rural e implementación del acuerdo de paz, que pueden generar un impacto directo en los territorios y que difícilmente obtengan inversión privada, y se quedan cortos en su asignación por parte del Presupuesto General de la Nación.
Noticias
Según pescadores de la Bahía de Cartagena, Reficar solo los ha compensado con paneles solares
Benavides Morelo Julio con 35 años dedicados a la pesca, dio su testimonio a El Universal diciendo que: “Reficar nunca se dirigido a nosotros a decirnos ‘aquí hay una compensación para los pescadores de la zona insular’, porque la zona más afectada es esta. A nosotros ni siquiera nos socializaron esa licencia (consignadas en las -Fichas del Plan de Manejo Ambiental para la operación del Terminal Portuario y de la Nuevas Plantas de la Refinería de Cartagena, medio abiótico, biótico y socioeconómico-)”.
De igual manera, el pescador expresó: “Nosotros tuvimos una reunión con un señor de Reficar y dijo que ya las compensaciones para pescadores se habían acabado, así que ya no tenemos ningún beneficio y nunca vimos nada más que esos paneles. También hemos tocado el tema del estacionamiento de los barcos tanqueros en la bahía porque son muy grandes, ocupan mucho espacio y están reduciendo el espacio para la pesca, pero no se han pronunciado con eso”.
Los pescadores manifiestan que únicamente han visto 32 paneles solares instalados, entregados a la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballos (Agropez). Según ellos, esta ha sido toda la compensación de la compañía.
Ante las acusaciones, la compañía se pronunció y dijo que: “A través del programa, los pescadores recibieron fortalecimiento técnico y organizacional, herramientas y equipos para realizar la actividad de pesca, espacios especializados para hacer el procesamiento, almacenamiento y comercialización del producto, y dotación del sistema de energía fotovoltaica para el proyecto de acuicultura”.
Vía El Universal: La petición de los pescadores de Pasacaballos a Reficar. 26/03/19
Reficar reportó ingresos por más de 4.000 millones de dólares en 2018
La empresa informó que obtuvo más de 59 millones de barriles el año anterior, de los cuales 27 millones se destinaron a exportación y los 32 restantes circularon en el mercado interno. Respecto al 2017, las ganancias recientemente reportadas representan un aumento del 41%.
De igual manera, la compañía contribuyó significativamente al mercado de combustibles en el país, 34% de diésel y 23% de las gasolinas que se consumieron, fueron participación de Reficar. “Este aporte se tradujo en ahorros para el país al reducirse la importación de combustibles, por aproximadamente más de US$2.000 millones (costo total aproximado de importar el volumen entregado por Refinería de Cartagena S.A.S.)”, manifestaron.
Por su parte, el presidente de Reficar, Amaury De La Espriella dijo: “La Refinería de Cartagena aportó al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento del medio ambiente en las ciudades de Colombia, gracias a la producción de los combustibles más limpios que se hayan refinado en el país”.
No menos importante, la compañía reportó pérdida neta de US$262 millones, que se desglosan en depreciación y el impairment (que hace referencia al resultado de compra razonable de la empresa, frente al valor neto de todo lo que la compone, es decir, planta y equipos al cierre del periodo contable).
Académicos puntualizan sobre afectaciones confirmadas por llevar a cabo la técnica del fracking
En una nota para El Espectador, expertos del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional -OCA-, emitieron una publicación en UN Periódico Digital, donde detallan los lugares en los que se han ejecutado proyectos de fracking, e insisten en que los riesgos son de suma consideración si se da vía libre a este proyecto en el país.
De acuerdo con los análisis expuestos por el Observatorio, se muestran una serie daños directos, producto del fracking, al agua en un 69% de los casos estudiados, mientras que en el aire se registraron emisiones contaminantes de hasta un 87%, las afectaciones a la salud de las personas alcanza el 84%, lo que significa un daño potencial.
Por ejemplo, en EE.UU., hay suficiente evidencia de daños a fuentes de agua potable producto del fracking, así como también perjuicios a pozos subterráneos. En el estado de Pensilvania, se informaron más de 300 pozos de agua limpia contaminados durante más de ocho años. Lo anterior se desprende de la facilidad que tienen las empresas petroleras para actuar por parte del Gobierno estadounidense.
Para más información siga la nota completa en: Vía El Espectador: Expertos de la Universidad Nacional detallan los peligros comprobados del fracking. 27/03/19
Campetrol: campos convencionales aún tienen petróleo por extraer
Según el presidente de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Germán Espinosa, en diálogo para Portafolio aseguró que las ejecuciones actuales en los yacimientos convencionales no debe limitarse únicamente a los campos existentes.
El ejecutivo señaló que: “Hay que aprovechar al máximo el desarrollo de los yacimientos convencionales, que es con lo que cuenta hoy el país. Por esa vía queda mucho petróleo para sacar. El tema de la producción de los YNC (yacimientos no convencionales) a través del fracking es un capítulo aparte. El Gobierno está haciendo bien esa tarea y hay un buen futuro, pero mientras esto comienza hay que sacarle el mayor provecho a los convencionales”.
Espinosa no desconoce que la autosuficiencia petrolera del país es demasiado “precaria”, pues varios estudios proyectan un total de 7 años, lo cual sería muy poco tiempo teniendo en cuenta que los ciclos de exploración pueden demorar hasta 8 años. Así mismo, señala que “(…) la minuta offshore (…) permite un desarrollo con producción garantizada, ya que entre más pozos de exploración se realicen más aumenta la probabilidad de crecer la extracción”.
Al hacer referencia a la reactivación de los campos convencionales y la inclusión de los campos con prospectiva, expresó: “En términos reales sería de mínimo el millón de barriles promedio día al final del presente cuatrienio (2018-2022). Pero para llegar a esta meta se debe hacer adquisición sísmica, y los cálculos de Campetrol son en promedio de 20.000 km por año. Hay que hacer entre 120 y 140 pozos exploratorios por año y, de igual forma, de 1.200 a 1.500 pozos de desarrollo por año (…) al 2022, la inversión estaría por encima de los US$8.000 millones en inversiones para exploración y producción”.
Vía Portafolio: ‘Todavía queda mucho petróleo por sacar en los campos convencionales’. 31/03/19
Según Naturgas, infraestructura gasífera del país evidencia retraso
Las redes de transporte del gas natural, se encuentran rezagadas, lo que podría generar un grave impacto en la calidad del servicio. Información de Naturgas evidencia que trabajos como los del gasoducto Jobo-Medellín-Mariquita-Bogotá, que brindarían mayor distribución hacia el centro del país, no se tienen en cuenta en el plan de expansión del Gobierno.
Orlando Cabrales Segovia, presidente de la compañía, señaló: “Desde el gremio le hemos pedido al Gobierno Nacional que le dé prioridad a varias líneas de transporte como es la que va desde Jobo hasta Bogotá, por el occidente del país, ya que al cerrar el anillo se le da confiabilidad al suministro, por si llega a presentarse interrupción del servicio en la línea del oriente”.
A lo anterior, se suma otra petición del gremio, la cual tiene que ver con el sistema de almacenamiento de gas natural, que se encontraría ubicado a la salida de los grandes cascos urbanos, o en puntos estratégicos, todo con la finalidad de asegurar un suministro del combustible en momentos de irrupción de las grandes líneas de abastecimiento.
Naturgas expresa que se debe realizar un inventario a nivel nacional, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), donde se logre establecer un empalme de los gasoductos prioritarios para conectar esos campos al sistema y así contar con otra fuente de aprovisionamiento.
Vía El Universal: Red de transporte para el gas tiene rezagos: Naturgas. 31/03/19
Columna de opinión regional
El riesgo de la inestabilidad laboral en la industria petrolera
La industria petrolera en Colombia se ha constituido en un pilar para la generación de recursos nacionales. El sector minero energético representa para el país el 8,5% del Producto Interno Bruto colombiano-PIB; es posible observar que las utilidades generadas por la exploración y explotación de éste recurso en el suelo colombiano, e incluso en sus mares representa una alta rentabilidad para la industria colombiana.
Para la ejecución de las actividades en la cadena de suministros del sector hidrocarburos, además de la maquinaria y equipos con tecnología de punta, es indispensable la adquisición y formación del talento humano idóneo de acuerdo a cada perfil de cargo estipulado. Esta inminente necesidad nos hace pensar acerca de cómo es el impacto económico y social de la actividad petrolera en el recurso humano colombiano.
Alrededor del 70% del recurso humano de esta industria es de nivel técnico y tecnológico y sus salarios superan en un 310% a los salarios de los demás obreros del país. Así mismo, es posible observar que el 30% restante de la mano de obra requerida es de nivel profesional, cuya asignación salarial supera en un 200% a la de los demás profesionales en Colombia. Para satisfacer esta demanda tan sólo el 4,1% de los graduados a nivel nacional corresponde a personal cualificado para las labores del sector minero-energético.
Con relación a lo anterior, podemos preguntarnos por qué a pesar de las constantes propuestas del Ministerio de Educación Nacional para incentivar la formación en los distintos niveles, la mayoría de los jóvenes no están interesados en capacitarse para desempeñarse profesionalmente en la industria petrolera.
Para responder a esa pregunta nos centraremos en analizar las condiciones de empleabilidad que se ofrecen en este sector productivo. De acuerdo a los mencionado por Reyes Pedraza (2015) acerca de los aspectos fundamentales de la contratación de mano de obra, el de las vinculaciones del sector hidrocarburos son por obra o labor, y su duración está directamente asociada al cumplimiento de los trabajos de los cuales son objeto, una vez cumplidos éstos, las obligaciones de las partes finalizan. Éste tipo de contrato genera inestabilidad laboral en el personal, debido a los cortos períodos de tiempo.
Por otra parte, las petroleras exigen a sus empresas contratistas, que son mayoritariamente quiénes reclutan el talento humano, la inclusión obligatoria de dos cláusulas en sus contratos, la primera consiste en un “acuerdo de confidencialidad” y la segunda en la “no vinculación directa”, en la que se exime a la petrolera de cualquier tipo de relación u obligación con el empleado. Además de lo anteriormente mencionado, la industria del petróleo se ha mostrado inestable en el tiempo, ya que cuando los ingresos por la venta del petróleo caen, esto afecta a toda la cadena de suministros y las empresas asociadas a ella adoptan la estrategia de bajar costos por medio de la desvinculación del personal, con el fin de mantener sus utilidades.
La industria petrolera genera grandes dividendos representados en la economía nacional y oportunidades de empleo. Además, la remuneración en el sector petrolero es más llamativa en cifras que la de otros sectores; pero esta industria ofrece poca estabilidad de las condiciones laborales a lo largo del tiempo, aspecto que hace que su atractivo disminuya. Por ello, es pertinente preguntarnos si las políticas del estado colombiano para la ejecución de este tipo de proyectos satisfacen con equidad los intereses de los implicados.
Indicadores Brent y WTI / semana
Crudo Transparente por un sector minero-energético abierto, informado y responsable
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