Los Barí: lucha por la defensa del territorio

Investigación  abril – mayo 2018

 

“Para aquellos que hoy recuerdan la historia de nuestro pueblo, dejan la pausa en un escrito, hasta ese momento luchamos con las flechas y bajo la fuerza del guerrero; hoy solo dejamos que la sabiduría de nuestros ancestros nos guíen en una lucha sin violencia, ni muertes por preservar lo que es y será siempre nuestro: La Tierra. Posición para la defensa del territorio del Ichidjí ya ababí – Plan de Vida Bari.

 

 

 

*Las fotografías presentadas en el presente documento son tomadas de Asocbari.com

 

El pueblo Barí es una de las comunidades indígenas más representativas de las regiones de Santander y Norte de Santander. Habitan en la frontera entre Colombia y Venezuela en una zona denominada como la “Serranía de los motilones”, de allí el nombre por el cual se les conoce comúnmente como “los motilones”. Son una comunidad de cerca de 5.000 miembros, de los cuales el 94,1% habitan en el departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo; los demás se asientan en Bogotá y en diferentes zonas de la frontera colombo-venezonala[1]. La palabra Barí significa “Gente hijos de la selva”[2], en su lengua nativa.

 

Frente a la industria de los hidrocarburos, el pueblo Barí ha tenido una tradición de resistencia, en la cual se destacan los continuos enfrentamientos con las petroleras, la fuerza pública y el activismo de carácter judicial para la prohibición de proyectos de este tipo en su territorio. Es una historia de lucha que se ha constituido sobre todo a través de los últimos 60 años.

 

En la cosmogonía Barí, el territorio es sagrado y se entiende a partir de una relación directa con el medio ambiente. Para esta comunidad indígena “los recursos naturales son un espacio designado por las divinidades a cada uno de los pueblos indígenas, para su cuidado y protección, a través de acciones que son recompensadas con el equilibrio natural, la disponibilidad de los recursos, y la no proliferación de fuertes enfermedades”[3]; razón por la cual, los Barí entienden la protección del territorio como una necesidad fundamental para asegurar su subsistencia,  ya que cualquiera alteración del orden natural pone en peligro la existencia de la comunidad, bien sea por qué se puede causar una catástrofe ambiental o por que se modifican espacios en donde habitan deidades o espíritus sagrados. Una característica de esta comunidad es que es tradicionalmente defensiva, y al igual que otros pueblos indígenas, existe una fuerte defensa del territorio, ya que, como se explicó anteriormente, es una parte fundamental para la subsistencia.

 

El territorio y las luchas históricas

 

 

*En amarillo territorio Barí para 1961.

Fuente: Imagen tomada de ASOCBARI[4]

 

El territorio Barí ha disminuido casi que ininterrumpidamente desde hace dos siglos; esto debido, entre otros, a los continuos enfrentamientos con colonos, epidemias y desplazamientos. Si se observa la zona ocupada en cuanto a longitud, se encuentra  que para “1900 tenían una extensión de 16.000 km2; en 1960 se redujo a 5.100 km2; y en 1980 contaba con 2.400 Km2”[5]. Pese a esto, su población ha aumentado significativamente, ya que pasó de 1.800 a 5.923 indígenas entre los años 1990 y 2000[6].

 

Se puede inferir que este importante aumento demográfico va de la mano con el cambio en la forma de defensa del territorio que realizó la comunidad. La lucha histórica del pueblo Barí por su subsistencia en contra de “invasores extranjeros”, se puede dividir en dos periodos: el primero, tras la colonización española y la primera etapa de la vida republicana; y el segundo, a partir de los años 60 (del siglo XX) con la llegada de las empresas petroleras transnacionales como La tropical Oil Company a su región, la colonización por parte del Gobierno Nacional, entre otros.

 

 

 

Durante la colonización española, este pueblo indígena se vio enfrentado a los continuos intentos de colonización y evangelización de la corona española, y a las usuales escaramuzas con tribus vecinas: “Puede decirse que esta fue una recia lucha a intervalos continuados entre arcabuses y flechas, y un conflicto permanente entre el espíritu conquistador de la Fe Católica y el espíritu indígena defensivo de sus tierras y de su autonomía”[7]. Durante el periodo colonial, la presencia de evangelizadores católicos fue intermitente, cabe recordar que para la fecha este territorio se encontraba especialmente lejos de los centros poblados de la época como Pamplona, Norte de Santander.

 

Tras el inicio de la vida republicana y el abandono de la evangelización llevaban a cabo los capuchinos, los Barí entraron en un periodo de confrontación y paz, principalmente con los colonos y tribus vecinas que duraría más de un siglo.

 

Confrontación y desistimiento: lucha por la supervivencia

 

En la historia reciente del pueblo indígena, según la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia (Asocbari), existen puntos que pueden ser considerados como vitales para la colonización petrolera a nivel nacional. El primero, se dio a principios del siglo XX en el Gobierno de Rafael Reyes, tras la Concesión de Mares, concedida a Roberto de Mares; y la de Barco, concedida al General Virgilio Barco el 16 de Octubre de 1905, de estas dos concesiones la que más afectó a los Barí fue la última, ya que permitía “usufructuar fuentes de petróleo en cerca de 200 mil hectáreas baldías ubicadas en la región del Catatumbo, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela”[8].

 

La concesión Barco fue cedida posteriormente a la South American Gulf Oil Company en 1927, la cual caducó en 1936. La zona fue cedida a empresas de Estados Unidos, esta vez a la Texaco, a la COLPET, y a la Socony Mobil Oil[9]. Para este momento se tenía identificada la necesidad de proteger a los funcionarios de las compañías, por lo cual “En la cláusula XIX de contrato aprobado por la Ley 80 del 31 se señaló expresamente: El Gobierno prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de los Motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto fuere necesario”[10].

 

 

En especial “esta cláusula muestra que las labores de exploración y explotación petrolera eran concebidas como tareas de conquista de un territorio inexplorado, habitado por salvajes a quienes no se les reconocía ningún derecho sobre las tierras que ocupaban”[11].

 

Esta cláusula fue interpretada en su momento por el pueblo Barí, como una “declaración de guerra”[12]; ya que implicaba la invasión, transformación, y de alguna manera, enajenación del territorio ancestral y sagrado de este pueblo a la fuerza. De acuerdo a esto, la explotación petrolera en este territorio tiene tres periodos:

 

El primero entre 1930 y 1950 que incluye el inicio de la actividad petrolera y su posterior parálisis por efecto de la segunda guerra mundial y la violencia política de la mitad de siglo XX; el segundo período 1950 y 1964, cuando se reactiva la actividad petrolera en la zona; y finalmente el tercer período, cuando los Barí deciden parar su resistencia y establecer acuerdos con el Gobierno y los sectores locales”[13].

 

En el marco del primer periodo se puede apreciar que “se construyó en 1938- 1939, al sur del territorio ocupado en ese entonces por los Barí, la carretera Cúcuta-Tibú y Tibú-Convención, y se construyó el oleoducto Tibú-Convención-costa Atlántica”[14]. Además de una expansión de la infraestructura asociada a las actividades de los trabajadores como clubes, bares, casinos de servicios, etc[15]. Para “1940 se inició la extracción de crudo en los pozos de la zona de Tibú y su exportación a través del oleoducto”[16]. Así mismo, durante el periodo de construcción del oleoducto, el pueblo Barí demostró ser altamente combativo a través de acciones que intentaban detener las operaciones y ampliación de esta infraestructura, llegando a asesinar entre 250 y 500 funcionarios de las empresas petroleras[17], cabe aclarar que es un número aproximado y tampoco se conoce a ciencia cierta el número de indígenas muertos por el Ejército, así como tampoco de  soldados caídos en combate contra esta comunidad indígena.

 

Entre los años de 1943 y 1945 después del fin de la Segunda Guerra Mundial y con el recrudecimiento de la violencia política en Colombia en el año de 1948 por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, las operaciones se detuvieron en el territorio, lo que implicó el abandono de actividades por miles de trabajadores, quienes se asentaron en lugares cercanos a la infraestructura petrolera y en algunos casos se convirtieron en colonos, migrando a actividades rurales, y en otros se concentraron en cascos urbanos; acentuando la presencia extranjera en territorio Barí.

 

Estos asentamientos no fueron bien recibidos por la comunidad indígena. Se puede afirmar que durante este periodo “el avance de la infraestructura petrolera y el establecimiento de poblados con apoyo del Ejército se realizó sobre la persecución y destrucción de nueve comunidades indígenas, de la destrucción de un mayor número de bohíos, de la muerte y desplazamiento de la población y de la muerte de destacados guerreros Barí”[18]. Este periodo anterior a la década de los 60 es calificado por los Barí como un genocidio y exterminio humano[19].

 

El segundo periodo de explotación petrolera en territorio Barí se encuentra enmarcado entre 1950 y 1964, que es donde se consolida parte de la infraestructura petrolera y comienza el periodo de reducción de la población y del territorio en general, el cual pasa de 37.000 km2, antes de la época colonial, a 1.440 km2 en 1960[20].

 

Durante estos años surgen, aunque de manera incipiente, movimientos guerrilleros en Santander que posteriormente se extenderían a Norte de Santander, como el Ejército de Liberación Nacional -ELN. Frente a este auge es importante anotar que dentro de la historiografía que la comunidad indígena mismo ha producido, no se nombra a estos grupos armados como causantes de la disminución en masa de la población, sino más bien como ejecutores de asesinato selectivos sobre algunos líderes.

 

Según Asocbari, fue en este periodo donde se produjo la lucha más intensa entre los Barí y los colonos, llegando a reportar más de 100 colonos muertos y un número indeterminado de indígenas[21]; cifras que no fueron documentadas en su momento y que, por el paso de los tiempos, resultan imposibles de determinar. También es importante anotar que para inicios del siglo XX, la población alcanzaba cerca de 2.000 personas y entre 1950 y 1964 había caído drásticamente hasta llegar a 1.200 individuos. La resistencia y la lucha en contra de los colonos, fuerza pública e industria petrolera, disminuyeron su población y los puso en una situación particularmente vulnerable, que los tenía al borde de la extinción.

 

Sin embargo, no fue la única razón por la cual se redujo su población, al ser una comunidad tradicionalmente alejada, las epidemias no pudieron ser controladas, lo que conllevo a una agudización de los problemas de esta población:

 

[…] y así sufrieron cientos de muertes por epidemias infectocontagiosas de bronquitis y sarampión transmitidas por los colonos, y aún parte de la población que recibió tratamientos se encontraba tan vulnerable que no los resistía, tal como lo relata a una misión médica en 1964: “… en octubre (de 1964), tuvimos que volver a Francia por un período de quince días; antes de partir, habíamos advertido que era posible que se produjeran epidemias. Al regresar el desastre ya había tenido lugar. Los indígenas morían por docenas, víctimas de una epidemia de bronquitis y de sarampión (…). Varios murieron de disentería provocada por los antibióticos” (R Jaulin, 1973, citado por Jaramillo, 1993)[22].

 

Bajo esta perspectiva, lo único que se divisaba como futuro posible era la desaparición y desintegración del pueblo Barí. En un escenario catastrófico como el anterior, en donde se jugaba la supervivencia de toda la comunidad, se ajustó la estrategia de defensa, teniendo como objetivo principal el cuidado de la vida.

 

Es en ese sentido que comienza el tercer periodo de resistencia entre los años 1964 y 1972. Este estuvo principalmente enfocado en la lucha por el establecimiento de derechos con los gobiernos de Colombia y Venezuela, lo que se podría denominar como un “lobby” indígena por el reconocimiento de los territorios ancestrales a través de un misionero llamado Bruce Olsson (el cual se nombrará más adelante); también es importante recordar que aunque incipiente, se estaba empezando a posicionar poco a poco parte del conflicto armado con las guerrillas en todo el territorio de Norte de Santander, lo que implicaría problemas adicionales en el largo plazo, pero que la verdad sea dicha no significaba un cambio sustancial en la manera como vivía la comunidad.

 

El papel del Gobierno en esta época no solo fue de espectador, hubo avances en materia jurídica y de tierras que favorecieron de cierta forma a los Barí. “En 1963 se estableció a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria , INCORA,  una titulación parcial del territorio Bari, mediante la Reserva Motilón-Bari por Resolución 101 de 12 de octubre con un área de 83.000 ha”, que fue reconocida en 1974”[23]. Bajo este modelo se reconoció que la comunidad tenía el derecho a la posesión o mejor dicho, que podían vivir en ese lugar; no obstante, la propiedad de la tierra, junto con las riquezas del subsuelo, eran propiedad del Gobierno Nacional, así lo dictaba la norma constitucional de 1886 en artículo 202[24].

 

 

Actualmente, los Barí se encuentran ubicados en una región que se denomina como la “La Tierra del Trueno allí se localizan el Parque Natural Nacional Catatumbo-Barí, el Área Natural única Los Estoraques en La Playa, la Zona de Reserva Forestal Los Motilones (Ley 2 de 1959) y los resguardos del pueblo Barí Catalaura y Motilón Barí”[26].

 

Frente a estas continuas luchas Crudo Transparente consultó a Ashcayra Arabadora, representante legal de Ñatubaiyibari, asociación responsable de la defensa jurídica del pueblo Barí, quien nos compartió un documento que habla sobre los mecanismos jurídicos que han ejecutado durante los últimos años para detener los continuos intentos de explotación por parte de Ecopetrol en su territorio. Una de las luchas más importantes se dio en 2002 con el intento de implementación del proyecto Alamo 1, en donde sin pedir permiso a la comunidad se realizaron estudios de suelo y exploración petrolífera en una zona ancestral de esta comunidad, algo que causó conmoción y que puso en pie de lucha a los indígenas. En su momento se intentó llevar a estancias nacionales, también se protestó a nivel internacional, se realizaron audiencias públicas, sesiones de verificación, etc. Este activismo buscó la intervención de la sociedad civil en general dentro del proceso.

 

Frente a este escenario en 2002, la empresa elevó una consulta a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, pidiéndole la certificación de existencia de comunidades étnicas en estos territorios. En primera instancia el Ministerio certificó su existencia (lo que obligaba a la compañía a realizar una consulta previa); no obstante, Ecopetrol no se quedó de brazos cruzados y en 2004 pidió de nuevo certificación de existencia de etnias pero esta vez al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT), y al mismo tiempo solicitó la expedición de la licencia ambiental. El MAVDT ratificó la existencia de los Barí y también otorgó la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto.

 

Ecopetrol decidió llevar a cabo un proceso de consulta previa a través de socializaciones, sin tomar en cuenta al Ministerio del Interior (quien está obligado a participar por ley en este tipo de procesos, a través de la Dirección de Etnias). La comunidad, por su parte, no tenía claro cuál era el procedimiento que se estaba llevando a cabo, así que decidió elevar derechos de petición ante la compañía la cual respondió afirmativamente indicando que las socializaciones que se realizaban correspondían a un proceso de consulta previa.

 

Para los Barí esto representó un engaño; razón por la cual, decidieron interponer acciones jurídicas para la defensa de los derechos a la consulta previa y entutelaron un proceso que llega a la Corte Constitucional en donde se ordena en Sentencia T-880 de 2006, entre otras disposiciones “a la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. suspender las actividades exploratorias que adelanta en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander y adoptar las medidas necesarias para que la medida se cumpla efectivamente”[27], además se pide que se establezca si existen o no resguardos indígenas en el lugar donde se planea ejecutar el proyecto.

 

Por su parte, la empresa petrolera estatal ha venido adelantando, a través de su fundación, diferentes proyectos en bneficio para la comunidad barí, entre los cuales se desta recientenmente la dotación de páneles solaes para el resguardo Catalaura, en zona rural de Tibú, Norte de Santander; con esta iniciativa se busca “cerrar las brechas en el acceso a los servicios públicos en las comunidades ubicadas en las zonas más apartadas del Catatumbo”[28].

 

Todo lo anterior, es es una pequeña muestra de cómo los cambios metodológicos en la lucha por la consolidación de soberanía en territorio ancestralmente indígena, ha logrado victorias más estables en el tiempo para los barí.

 

Conflicto armado y los Barí: más resistencia

 

Según Asocbari, entre 1975 y 1990 se produjo la llegada de los primeros grupos armados no estatales a este  territorio indígena, entre ellas se destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es claro que el Catatumbo y Norte de Santander, representan un territorio estratégico, ya que por una parte tiene acceso a la frontera con Venezuela, lo que la convierte en una ruta relativamente sencilla de cubrir para el narcotráfico, además de ser una territorio fértil y apto para la hoja de coca; y por el otro lado, porque se encuentra parte importante de la infraestructura petrolera del país como el oleoducto Caño limón – Coveñas.

 

Para la comunidad la presencia del ELN y las FARC “agravaron los conflictos en territorio Barí debido a la invasión e irrespeto tanto al territorio, como a las comunidades y a sus autoridades tradicionales; y especialmente al establecerse cultivos de coca”[29]. Con el recrudecimiento del conflicto, llegaron en 1996 las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, quienes entraron a disputarles a las guerrillas, la producción de la hoja de coca. Sus mayores financiadores durante este periodo fueron los mismos ganaderos de la región, según versiones paramilitares[30].

 

Durante este periodo, el accionar de los grupos armados no estatales en el Catatumbo colombiano causó terror en la población. La confrontación armada, causó ocho masacres que dejaron cerca de 78 víctimas entre campesinos e indígenas durante los años 2003-2006. “Por su parte las Farc cometieron 3 masacres, de 47 víctimas, 2 en Tibú y otra en Teorama; los autores desconocidos el mismo número de homicidios múltiples (14 víctimas) en Cúcuta y San Cayetano y Cucutilla en la zona Sur; el ELN perpetró una masacre de 13 víctimas en Cúcuta y las AUC otra en El Tarra, que arrojó 4 víctimas”[31].

 

El terror sembrado por el enfrentamiento entre estos grupos, puso en situación de peligro al pueblo Barí; causando el desplazamiento de 50 familias de la comunidad hacia Venezuela[32]. Tras el desarme de las AUC en 2006, los grupos paramilitares al mando de Salvatore Mancuso se retiran de la zona del Catatumbo. Es importante recordar que durante el periodo que duran los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y fuerza pública hay un desplazamiento de cerca de 120.000 personas entre campesinos e indígenas[33].

 

La lucha por el control del territorio de grupos armados al margen de la ley fue de distintos matices; pero es claro que desde 2005 a 2007, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la presencia militar aumento significativamente, pasando de aproximadamente 230 hombres a más de 7.000[34]. Esto se ubicaron en su mayoría en la cabeceras municipales del departamento; lo cual significó un aumento en las confrontaciones en medio de las comunidades de la zona.

 

Durante los últimos años, en territorio Barí se han presentado conflictos intermitentes entre los indígenas y los grupos armados no estatales, colonos y fuerza pública. Los registros, sin embargo, muestran un matiz diferente, y es la forma en como estos han actuado frente a quienes no son autóctonos del territorio: y es la resistencia pacífica y jurídica, en donde han encontrado no solo métodos más efectivos, sino también con mayor duración y legitimidad. Sin duda alguna la influencia de Bruce Olsson, filólogo y antropólogo de origen escandinavo le dio un vuelco a la forma de lucha de los Barí.

 

Bruce Olsson y el cambio en la forma de combatir

 

 

La integración con Olsson se debió, según la comunidad; “gracias a la intervención de los chigbarí (espíritus superiores que vigilan, castigan y protegen a los indígenas Barí), él pudo seguir viviendo. Y es que, de acuerdo con los recuerdos de un integrante de la comunidad, estos seres les ordenaron no hacerle daño al blanco, porque era buena persona”[36].

 

Olsson pasó más de 28 años conviviendo con las comunidades indígenas e hizo parte de las comisiones de negociación de los Barí ante el Gobierno Nacional reuniéndose en 1963 con el presidente Guillermo León Valencia y siendo designado “como asesor técnico, ad-honorem, para sus relaciones con los Barí durante la presidencia de Misael Pastrana”. Su gestión se centró en buscar el reconocimiento de los territorios, por parte del Gobierno, en donde se ubicaban las comunidades indígenas. La presencia de Olsson buscó ampliar el conocimiento del mundo Barí con relación al mundo occidental junto con una labor evangelizadora; razón por la cual fue criticado, entre otros, en el libro “La paz blanca, introducción al etnocidio” del antropólogo francés  Robert Jaulin, en donde se caricaturizaba la idea de que un blanco pudiera colaborar con una comunidad indígena en la negociación y establecimiento de relaciones con terceros.

 

Es principalmente por este libro, que el ELN secuestró a Olsson en 1989 y lo condenó a pena de muerte. En el comunicado donde se anunciaba lo anterior, el grupo armado concluía “que el señor Bruce Olsson ha incurrido deliberada e irresponsablemente en delitos muy graves al desarrollar una actividad explotadora y colonizadora, diezmando una tercera parte de su población durante los años de 1963 a 1970. Por la veracidad de los cargos formulados lo consideramos culpable de un crimen de lesa humanidad contra los grupos motilones de Colombia, y en consecuencia lo condenamos a la pena de muerte”[37]. Los Barí intercedieron y finalmente el ELN liberó a Olsson.

 

Bajo la influencia del misionero, los Barí dieron inicio a un cambio metodológico en su lucha por el territorio que tiene dos vías. La primera, de resistencia pacífica ante los actores armados como las guerrillas; y la segunda, el emprendimiento de acciones jurídicas a través de los medios que provee el Estado colombiano. Esta última, trajo frutos hasta el año 2017 mediante la sentencia de la Corte Constitucional que exige la restitución territorial en los términos que el pueblo Barí exige.

 

Lo jurídico y lo logrado…

 

El año pasado (2017) la Corte Constitucional dicto la sentencia más importante en la relación que ha tenido el Estado con la comunidad Barí desde su fundación. La sentencia T-052/17, resolvió entre otras disposiciones:
TERCERO.-  ORDENAR al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o a las demás entidades que la hubieren sustituido en su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra  que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes, en el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de esta sentencia [38].

 

Frente a esto, se exige a las autoridades competentes volver a delimitar el territorio y extensión los resguardos ya existentes, esto con el fin de devolverles a los Barí el espacio del cual son los legítimos dueños históricos y en donde han desarrollado su vida como comunidad.

 

Si se observa el proceso desde el inicio, se puede encontrar que en especial esta lucha jurídica se remite hasta 2014, cuando el representante de Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí – ÑATUBAIYIBARI, presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cúcuta, alegando que desde el 2005 su comunidad se encontraba en la misión de unificar territorios que son considerados como sagrados:

[…] A partir del año 2005 el pueblo Barí ha promovido y realizado diversas acciones tendientes a la recuperación de porciones de los territorios que consideran ancestrales, pero que no hacen parte de las áreas oficialmente definidas como pertenecientes a los resguardos mencionados en el punto anterior. Estas gestiones incluyen solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de esos territorios, propósito que no se había logrado aún para la fecha de presentación de esta tutela[39].

 

Frente a esta demanda especifica se había pronunciado también la Defensoría del Pueblo en el año 2010 donde recomendaba al “INCODER que se tramite la solicitud de la comunidad indígena barí relacionada con la unificación o fusión de los resguardos indígenas Catalaura – La Gabarra y Motilón Barí”[40].

 

En ese sentido, la comunidad Barí exige ser ella misma la que delimite sus fronteras territoriales, tomando como principio el territorio histórico. El fallo de la Corte Constitucional es trascendental porque por primera vez ordena al Estado colombiano, que los resguardos se delimiten según los requerimientos de los indígenas y no de la manera en que este considere necesario o conveniente para sus intereses. Sin duda alguna, se puede hablar de un antes y un después del trato del Estado hacia los indígenas.

 

Otras de las pretensiones de la comunidad era exigir una consulta previa antes de  la implementación de una Zona de reserva campesina en el Catatumbo, esto con el fin de saldar de una vez por todas, los problemas con los colonos que habían arribado a la zona tras la implementación de la industria petrolera. La Corte reconoció dicho derecho y está aún por iniciarse este proceso.

Conclusiones

 

 

La lucha jurídica de este pueblo indígena se ha enfocado en ganar más espacios de autodeterminación, en donde las decisiones que se tomen estén por un lado apegadas a las leyes vigentes, pero por otro no descuiden sus tradiciones y cosmovisión.

 

Históricamente, esta comunidad se ha visto golpeada por diferentes factores, como la evangelización, colonización, los grupos armados no estatales, entre otros; sin embargo, el que más ha afectado es sin lugar a dudas la expansión de la industria petrolera. En su momento trajo enfermedades, violencia, desplazamiento y eliminación étnica.

 

Es por lo anterior que la industria no se puede expandir sin ningún tipo de control, y debe aceptar que no se puede llevar a cabo operaciones en todos los lugares. Por eso es primordial que se reconozca la autodeterminación y la capacidad de toma de decisiones de las comunidades, que sean estas mismas quienes definan su futuro y la manera como quieren adelantarlo.

 

La resistencia de los Bari frente a las situaciones causadas por las empresas petroleras, el Gobierno, los grupos armados al margen no estatales, colonos, etc., ha sido un ejemplo de perseverancia, en donde la comunidad no ha desfallecido frente a quienes quieren para sí parte de su territorio. Sin duda alguna ha tenido un costo significativo, pero ha dado frutos en la lucha por su territorio.

 

La delimitación que autorizo la Corte Constitucional en la sentencia T-052 de 2017, debe ser acatada con prontitud por las entidades pertinentes, esto le permitirá a los Barí constituir un solo resguardo indígena; ayudándolos a afianzar los rasgos identitarios y proteger su territorio. Así mismo, la zona de reserva campesina que se quiere formar debe tener en cuenta estos límites y aunque la colonización en muchos casos tiene un tiempo considerable, primero está la posición de los Barí quienes han sido los dueños ancestrales de esos territorios,  con una historia que se remonta mucho antes de la llegada de los españoles.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

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  2. Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari (Asocbari), (s.f), “Documento Preliminar Memoria Histórica”, [en línea], disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/comunidades-etnicas/assets/pdf/Informe-de-Memoria-Pueblo_Bari.pdf
  3. Op. Cit.
  4. Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí (Asocbari), (s.f), “Mapa de territorio Bari en 1960”. [en línea], disponible en: http://www.asocbari.org/mapas/Territorio%20Bari%20actual%20-%20Comunidades.jpg
  5. Op. Cit.
  6. Op. Cit.
  7. Ministerio del Interior, (s.f), “Caracterización del Pueblo Barí”, [en línea], disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_motil_n_bar_.pdf
  8. Tribuna Roja, (1982 marzo), “La concesión Barco: una oprobiosa entrega de la que no habla el LLerismo”, [en línea], disponible en: http://tribunaroja.moir.org.co/LA-CONCESION-BARCO-UNA-OPROBIOSA.html
  9. Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí (Asocbari), (s.f.), “La Historia de la explotación de petróleo en Colombia y especialmente en el Catatumbo”, [en línea], disponible en: http://www.asocbari.org/espanol/amenazas.petroleohistoria.html
  10. Op. Cit.
  11. Burgos González, Ana Cecilia, (2006). “Petróleo e indígenas en Colombia. Una mirada desde la seguridad humana”, [en línea], disponible en: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/766/
  12. Op. Cit.
  13. Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí (Asocbari), (s.f.), “Las fases de la explotación petrolera y la resistencia de los Barí”, [en línea], disponible en: http://www.asocbari.org/espanol/amenazas.petroleofases.html
  14. Op. Cit.
  15. Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, (2009 julio), “Informe de la situación de Derechos Humanos del pueblo Indígena Motilon Bari. Norte De Santander. Colombia”, [en línea], disponible en: http://ccalcp.org/old_site/docs_e_infos/Infos_N_%20Santander/200907%20INFORME%20PUEBLO%20BARI%20AL%20RELATOR%20ONU.pdf
  16. Op. Cit.
  17. Op. Cit.
  18. Op. Cit.
  19.  Salazar Carlos Augusto, (2005 agosto), “ISHTANA, EL TERRITORIO TRADICIONAL BARÍ. Informe final sobre territorio tradicional del Pueblo Indígena Bari, Región del Catatumbo, Norte de Santander”, [en línea], disponible en: http://www.asocbari.org/informes/informe_final_ishtana_y_mapas.pdf.
  20. Mapa Comunidad Bari Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
  21. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), (1971), “La colonización del Catatumbo: estudio socio-económico y plan integral de vida”, INCORA, INDEC, Bogotá.  
  22. Jaramillo Orlando, (1993), “Los Barí”, [en línea], disponible en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2809
  23. Op. Cit.
  24. Constitución Política de Colombia de 1886. Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153
  25. Op. Cit.
  26. Salinas Abdala Yamile, (2014 diciembre), “Catatumbo: Análisis de la conflictividades y construcción de paz”, [en línea], disponible en: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-catatumbo-2014.pdf
  27. Corte Constitucional, (2006 octubre 26), “Sentencia T880 de 2006”, [en línea], disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-880-06.htm
  28. Ecopetrol, (2015 abril 27), “La energía limpia llegó a la comunidad Motilón Barí”, [en línea], disponible en: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/noticias/Noticias-2015/Noticias-2015/la-energia-limpia-llego-a-la-comunidad-motilon-bari/!ut/p/z0/vY-xTsMwEIafpYNHy25QKxgthIJKSoUAKXiprsk1HDhn13YrHh-HASYYGDr990mn_75TVrXKMpxogEyewRV-scvt1WZe17eP-u7yeXOjjWmW909NUz0YrVbK_r5g6oupgd4OB2uU7Txn_Miqxc4HzNG7LSahv0loPmLKESSOIWICoRM4kD3Kgjwx-0wdQfqZZKXni781Js-iUcX19XpQNkB-lcR7r9pSjoxxIJCOxjCFw8HLkiA7Px6ZeujlWG45z3IHkc7zkNBf3ZyF_o9jeLe7hTs1xsxmn4dxfCg!/
  29. Op. Cit.
  30. Op. Cit.
  31. ACNUR, (s.f.), “Diagnostico departamental Norte de Santander”, [en línea], disponible en: http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2182.pdf?view=1
  32. Op. Cit.
  33. Flórez Suárez Jaime, (2015 octubre 5), “”El ingreso de los paramilitares al Catatumbo fue bestial”, [en línea], disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ingreso-de-los-paramilitares-al-catatumbo-fue-bestia-articulo-590793
  34. Op. Cit.
  35. Olsom Bruce, (s.f.), “Un misionero en la jungla”, [en línea], disponible en: http://vidacristiana.com/articulos-de-revista/articulos/15738-un-misionero-en-la-jungla

36.Santa Fe de Bogotá, El Espectador  Revista del Jueves, No. 1046, Mayo 15 de 1997.

  1. Op. Cit
  2. El Espectador,  Revista del Jueves,No. 1046, Mayo 15 de 1997
  3. Corte Constitucional de Colombia, (2017 febrero 3), “Sentencia T-052 de 2017”, [en línea], disponible en:  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-052-17.htm
  4. Primer informe de seguimiento a la resolución Defensoríal N° 060 del 29 de diciembre de 2010 “Situación ambiental y de tierras en los territorios de la comunidad indígena barí en norte de santander” Bogotá DC 20 de septiembre de 2011.