La reciente ola de ataques a la infraestructura por parte del ELN y de las FARC tras el cese unilateral al fuego por parte esta última, deja ver un panorama preocupante.  Estos ataques no pudieron presentarse en un peor momento para la industria de hidrocarburos, en la coyuntura de los bajos precios del petróleo. También son un golpe al delicado momento por el cual pasan las negociaciones en la Habana que debilita la confianza en la salida negociada al conflicto.

Si bien el número de ataques este año ha sido menor en comparación a periodos pasados, los daños resultan incalculables, si se suman décadas de conflicto armado.

Las autoridades afirman que los atentados han afectado a más de 160.000 personas en los cinco departamentos, quienes han visto afectados sus medios de subsistencia y limitado su acceso al agua a causa de la contaminación. El Ministro del Medio Ambiente calificó este periodo como el más grave que el país ha visto en los últimos diez años por los daños irreversibles en la flora y la fauna de ecosistemas vitales.

La Asociación Colombiana del Petróleo califica de vergonzosa la cobertura mediática nacional e internacional que han recibido los recientes ataques a la infraestructura petrolera, argumentando que el daño ambiental causado por los atentados de los últimos 30 años, supera con creces los desastres petroleros que han recibido extensa cobertura mediática global. En esto tienen razón.

En medio de señalamientos, el país continúa sumergiéndose en una crisis socio-ambiental. El gobierno señala a las FARC y el ELN como los responsables de la tragedia medioambiental por la que atraviesa el país, mientras que, según los grupos insurgentes, con las políticas económicas del Gobierno que impiden el control a transnacionales y que perpetran un constante “ecocidio”.  Si bien las FARC calificaron como “no deseadas” las consecuencias del ataque a la infraestructura petrolera del país, las justifican con el argumento de que buscan golpear la confianza inversionista.  Según los insurgentes, la actual situación obliga a que ambas partes deban esforzarse en buscar soluciones a la confrontación, o en pocas palabras, un cese bilateral que ha exigido desde principio de los diálogos.

A aquellos que creemos en la salida negociada del conflicto, la situación nos deja una mezcla de angustia, desconcierto e incertidumbre, mientras que alimentan con razones la posición de los detractores.

Si bien es cierto que el Gobierno pagaría un alto precio por abandonar las negociaciones, las FARC no están sumando con estas acciones. Si se trata de una estrategia de presión para lograr el cese bilateral o un acuerdo en materia de justicia transicional, creemos que el resultado es el contrario a lo calculado por la guerrilla. Lo único que están logrando con estos actos es desacreditar el proceso y a ellos mismos.

En Crudo Transparente pensamos que la salida negociada representa la única posibilidad real para terminar la confrontación armada. Sabemos que el proceso necesita apoyo, y los negociadores deberán tener una cabeza fría y un pulso firme para enfrentar la oleada de opiniones que han generado las acciones de las guerrillas. Nos preguntamos porque el sector de hidrocarburos, siendo entre los más afectados económicamente por el escalamiento de acciones de los grupos alzados en armas no es más enfático en insistir en una salida negociada al conflicto.

Crudo Transparente